nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Al folio 12: Téngase presente.

Al folio 13: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y técnico profesional, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que solicitó el retiro a través del portal web de la AFP y que, mediante correo electrónico de 29 de agosto de 2025, se le informó el rechazo por no acompañar título ni certificado de afiliación debidamente apostillados, señalando la recurrida que la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada presentada no serían medios idóneos según el Oficio N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que su título universitario sí se encuentra apostillado, aunque con fecha anterior, y que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales contiene un código de verificación que permite comprobar en línea su autenticidad y las semanas cotizadas, acreditando su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Alega que la AFP desconoce la normativa de la Ley N° 18.156 y exige requisitos adicionales no previstos en la ley, sin verificar la constancia electrónica pese a contar con medios tecnológicos para ello, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados.

Sostiene que cumple íntegramente las condiciones del artículo 1 y del artículo 7 de la Ley N° 18.156, por cuanto se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en Venezuela y manifestó en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Destaca que la constancia electrónica de cotizaciones fue emitida por la autoridad venezolana competente, es verificable mediante el código alfanumérico que incorpora y acredita las contingencias cubiertas, que coinciden con las exigidas por la ley chilena.

Alega que la negativa de la AFP a aceptar dicha constancia, a verificarla en los portales oficiales y a considerar la declaración jurada notariada, constituye un actuar arbitrario e ilegal, basado en una interpretación excesivamente formalista que agrega la exigencia de apostilla o legalización no contemplada en la normativa especial y que, además, resulta de imposible o muy difícil cumplimiento ante la ausencia de representación consular venezolana en Chile.

Estima que este proceder vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, al imponer condiciones más gravosas a los trabajadores extranjeros, y el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al impedir disponer de sus ahorros previsionales sin fundamento normativo suficiente e importa una retención injustificada de sus fondos, desconociendo el objeto de la Ley N° 18.156 de facilitar la contratación de técnicos extranjeros sin obligarlos a cotizar en sistemas previsionales paralelos.

Solicita acoger el recurso de protección y declarar ilegal y arbitrario el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. que rechaza su solicitud de retiro de fondos para extranjero, ordenando reconocer como válidos los documentos acompañados, y disponer que se emita un nuevo pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, conforme a derecho que permita efectuar la devolución de los fondos previsionales.

Segundo: Que, al evacuar informe, Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Señala que el actor fundó su acción en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, decidido el 29 de agosto de 2025 por no acompañar título profesional ni certificado de afiliación debidamente apostillados o legalizados. Indica que el recurrente solo presentó copia simple de una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin firma de quien la emite y sin apostilla ni legalización, además de una declaración jurada otorgada ante notario chileno sobre su afiliación previsional.

Sostiene que, conforme a la Ley N° 18.156, al Código de Procedimiento Civil y al Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones, tales documentos no constituyen medios idóneos para acreditar afiliación a un régimen de seguridad social extranjero ni la cobertura exigida en el artículo 1 de dicha ley.

Expone que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir si el actor cumple o no los requisitos del artículo 7 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 18.156, por cuanto dicha cuestión requiere una declaración de derechos y no existe un derecho preexistente e indubitado que pueda ser amparado. Señala que el actor puede controvertir la decisión ante la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar la normativa previsional y fiscalizar a las AFP.

Detalla que la Ley N° 18.156 configura un beneficio excepcional y de interpretación restrictiva, que exige acreditar copulativamente la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Sostiene que el actor no ha acreditado su calidad de técnico o profesional ni la afiliación y cobertura previsional requeridas mediante instrumentos válidos.

Indica que el título profesional acompañado carece de apostilla o legalización, por lo que no cumple las formalidades de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para tener validez en Chile. Añade que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS no está firmada por quien la emite ni apostillada o legalizada, de modo que no acredita adecuadamente cobertura previsional en el extranjero.

Añade que la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, reiteró a las Administradoras que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar el requisito de cobertura previsional del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156 y que las declaraciones juradas de los afiliados, aun certificadas ante notario chileno y apostilladas, tampoco constituyen medios idóneos, por cuanto la única competente para certificar dicha circunstancia es la autoridad previsional extranjera.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así́ como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no se encuentra debidamente apostillada ni legalizada, no cumpliendo con las exigencias legales establecida. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3530-2025 Protección