nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

San Miguel, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Beatriz Ximena Roa González, abogada, interpone recurso de protección en favor de Alyxon nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Señala que el 3 de agosto de 2022 presentó una solicitud de nacionalización y a la fecha no ha recibido una respuesta final.

Sostiene que se trata de una omisión ilegal que afecta el derecho a la igualdad ante ley, explicando que esta demora ha establecido dos categorías de extranjeros, aquellos cuya resolución de nacionalización ocurre dentro de un plazo razonable y aquellos que no.

Argumenta que el actual procedimiento de nacionalización de la Ley 21.325 se establece que el procedimiento aplicable es el administrativo general, regido por la Ley 19.880 y esto significa que debe cumplir con los principios del procedimiento administrativo, especialmente el principio de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad.

Refiere, por otra parte, que este procedimiento no podrá exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley mencionada. En este sentido, afirma que es improcedente invocar caso fortuito o fuerza mayor, puesto que desde el 1 de octubre de 2021 todos los servicios públicos están trabajando presencialmente.

Manifiesta que la recurrida ha infringido un deber legal y dicha omisión es relevante jurídicamente en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 27 de la Ley de Bases Generales del Procedimiento Administrativo. Asimismo, vulnera lo establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Indica, finalmente, que el recurso debe tenerse por presentado dentro de plazo mientras se mantenga la situación omisiva por parte de la Administración.

Solicita se ordene al Servicio Nacional de Migraciones, que remita los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, dentro de quinto día hábil contado desde la notificación de esta sentencia, o, en subsidio, el plazo que el tribunal determine.

Segundo: Que, al informar, Servicio Nacional de Migraciones, solicita que se rechace el recurso de protección por no configurarse los presupuestos constitucionales y legales para su interposición.

Señala como antecedentes de hecho que el 05 de julio de 2015 ingresó al país y el 15 de noviembre de 2016 le fue otorgada la permanencia definitiva. Luego, el 3 de agosto de 2022 solicitó la carta de nacionalización y el 22 de septiembre de 2025, se le solicitó acompañar documentación consistente en la carpeta tributaria para créditos del Servicio de Impuestos Internos y certificado de deuda de la Tesorería General de la República, otorgándosele un plazo de 60 días.

Indica que en la actualidad la solicitud se encuentra en trámite, en etapa de solicitud de documentos adicionales.

Menciona que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva y se trata de un beneficio asimilado al actual beneficio de residencia definitiva, en virtud del artículo 6° transitorio de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, ostentando la calidad de extranjero residente y por esa razón, la situación de pendencia de su solicitud no conlleva perjuicio alguno de su estatus migratorio.

Expone que la naturaleza jurídica de la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado por gracia. El decreto es firmado, por delegación, por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, regulado en el artículo 1° Título IV, N° 4 de la Ley 16.436 de 1966.

Señala que la autoridad legal que concede la carta de nacionalización es el Presidente de la República a través de decreto refrendado por el Ministerio del Interior, en conformidad al artículo 1° del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960 del Ministerio del Interior.

Enfatiza que su participación termina con la remisión mediante oficio ordinario de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización, junto con todos los antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Indica que uno de los trámites esenciales del procedimiento es la elaboración de un informe por parte de Policía de Investigaciones. En ese sentido, expone que la solicitud no ha superado la etapa de elaboración del referido informe, encontrándose en la etapa de Primer Análisis Como punto central de su informe, indica que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 sólo puede ser superado cuando concurra el caso fortuito o fuerza mayor. Añade que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país tuvo como consecuencia una mayor cantidad de solicitudes recibidas, conllevando a un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria. Por lo tanto, no implica una vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros.

Agrega que no se trata de un plazo fatal, puesto que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza y tampoco existe una sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. Se trata de un término referencial y prudencial para la administración. Así lo ha confirmado también la Corte Suprema (Causa rol N° 13364-2023 de 10 de mayo de 2023).

Por último, añade que esta Corte ha optado por rechazar este tipo de acciones recalcando que la calidad de residente y la condición migratoria regular del solicitante, obsta a que el estado de pendencia constituya una vulneración de garantías.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley — o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, debido a no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de la solicitud de nacionalización de la parte recurrente.

Quinto: Que la carta de nacionalización es un beneficio constitucional que concede el Estado de Chile por gracia del Presidente de la República, que importa el otorgamiento de un reconocimiento eventual, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, por lo cual aparece que el recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

Sexto: Que, además, se tiene presente que el retardo en resolver la solicitud de la parte recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, toda vez que éste cuenta con residencia definitiva en nuestro país, por lo que no es necesario adoptar medida urgente alguna, lo que impide que la presente acción constitucional pueda prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Alyxon nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 3523-2025 Protección