nombre reservado con SINDICATO UNIFICADO DE LA EMPRESA VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

CERTIFICO: que se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso el abogado señor Ignacio Ferrari Ramírez y contra el mismo el abogado señor .Rafael Pereira Lagos San Miguel, 19 de diciembre de 2023. Emil Ibarra Sáez, relator.

San Miguel, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

A los escritos folio 20 y 21: Téngase presente.

Visto y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, trabajador de Viña San Pedro, para interponer acción constitucional de protección en contra del Sindicato Unificado de la Empresa Viña Concha y Toro S.A., representada legalmente por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la expulsión del actor de dicha organización, lo que vulnera las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se le rehabilite en su condición de socio y Director del Sindicato Unificado de la Empresa Viña Concha y Toro S.A, todo con expresa condena en costas.

Expone que en el mes de julio del presente año se desarrollaron votaciones para renovar la directiva en el sindicato recurrido. En dicha elección, resultaron electas cinco personas incluyendo al actor, con una vigencia entre el 11 de julio de 2023 y 11 de julio de 2027. Señala que dicho proceso tuvo irregularidades de diverso tipo, las cuales denunció y que generaron quiebres en la relación con los demás integrantes de la dirección del Sindicato. Fue por ello, que luego fue acusado de intentar dividir al Sindicato y quebrarlo, promoviendo la formación de un Sindicato paralelo. Así, se levantó una acusación en su contra, solicitando su salida, abriéndose un proceso sancionatorio.

Indica que el 14 de agosto de 2023 recibe un e- mail, citándolo de manera irregular a una sesión para el día 20 de agosto del mismo año, realizándose la reunión conforme a lo previsto por los cuatro dirigentes que buscaba su expulsión del Sindicato. Se presentó la carta acusatoria de 23 delegados, realizando sus descargos. Una vez cerrado el debate se dio término a la asamblea y en ese momento el Presidente del Sindicato informo que la votación se haría en un acto posterior y que se abría un plazo de una hora para tal efecto, a través de la plataforma de la empresa VotaLatam, lo que implicó ciertas ilegalidades. Finalmente, del padrón de socios habilitados, de 803 personas, solo votaron 249, procediendo a su expulsión.

Refiere que dicho acto vulneró las garantías fundamentales contenidas en los artículos 19 N°2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República toda vez que, al ser expulsado de manera irregular, se lo ha discriminado y expulsado a través de un procedimiento indebido, en una votación que no cumple con los requisitos básicos que den garantías de un proceso respetuoso de sus derechos, ya que la directiva transgredió sus estatutos sindicales. Asimismo, se le priva de su derecho de propiedad sobre la condición de socio del sindicato, privándosele del derecho a negociar colectivamente y de los beneficios económicos que resultan de los contratos colectivos que el sindicato celebre con la empresa, atentando, además, con el derecho a la libertad sindical. Recalca que el Código del Trabajo no prevé la expulsión de un dirigente sindical como un acto válido, ya que la única vía procedente es la de censura.

Segundo: Que, informó al tenor del presente recurso Rafael Pereira Lagos, abogado, en representación del Sindicato Unificado de la Empresa Viña Concha y Toro S.A., solicitando el rechazo del recurso deducido, con costas.

Expone que el 11 de julio del presente año se inició el mandato del actual directorio, el cual estaba integrado por el actor. El 6 de agosto del año en curso, el recurrente convocó a una reunión para formar un nuevo sindicato, dadas las supuestas irregularidades que denunció. Ante ello, se solicitó por 23 representantes la aplicación de una sanción al actor, citándose a una asamblea extraordinaria para el 20 de agosto.

Agrega que, el día indicado, se desarrolló la asamblea, de manera virtual y con la asistencia de 249 socios, formulando el actor sus descargos. Posteriormente, se procedió a la votación de la solicitud de expulsión, mediante voto electrónico, aprobándose la moción por 166 votos a favor y 76 en contra.

Indica que dicha decisión fue comunicada a la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, a fin de registrar al nuevo director que reemplazó al recurrente, solicitud que fue rechazada y que implicó el inicio de la causa I-41-2023 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, dictándose sentencia que acogió la acción deducida, ordenando el registro del reemplazo del recurrente, reconstituyendo el directorio sindical.

Señala que el presente recurso es improcedente ya que los hechos que denuncia le habrían permitido accionar en sede del Trabajo, por la vía de una acción de práctica antisindical, a través de un procedimiento de lato conocimiento. Además, carece de un derecho indubitado, por lo que debía haber iniciado un juicio de lato conocimiento.

Añade que no se han vulnerado las garantía fundamentales reclamadas por el actor ya que, respecto al debido proceso, se aplicaron estrictamente los estatutos, teniendo derecho a expresar sus descargos y ejercer su defensa. Respecto a su derecho a propiedad, lo reclamado es inverosímil, porque no se encuentran en negociación colectiva, no existiendo privación de beneficio alguno. Respecto al derecho a la libertad sindical, e independientemente de que lo reclamado corresponde al derecho a sindicación, el ejercicio del cargo de director conlleva deberes, y uno de ellos es no desarrollar acciones que debiliten a la organización. A mayor abundamiento, esta situación fue analizada en la causa RIT I-41-2023 ya mentada, siendo validada la medida por el tribunal.

Finalmente, entiende que no existe acto arbitrario y/o ilegal, porque la acción desplegada por su representada, tal como se indicó, fue validada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, al conocer del reemplazo del líder sindical.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que de los antecedentes consta que el 13 de octubre de 2023 se dictó sentencia por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, en causa RIT I-41-2023, la cual acogió la reclamación formulada por la recurrida en contra de la resolución de 24 de agosto de 2023 dictada por el Inspector Provincial del Trabajo de Cordillera, la cual no autorizó al reemplazo del director sindical que recurre en el presente recurso.

En efecto, del mérito de dicha decisión, se observa que el tribunal referido, luego de tramitar legalmente un proceso de reclamación efectuada por la recurrida de autos en contra de la negativa de la Inspección del Trabajo de registrar el reemplazo del actor como director sindical, estimó que el procedimiento de expulsión, que es lo que aquí se denuncia como acto vulneratorio, se realizó correctamente, sujetándose a las normas estatutarias, por lo que la decisión administrativa fue dejada sin efecto ordenándose el registro del reemplazo del recurrente y la reconstitución del director sindical.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que el fundamento del presente recurso ya fue examinado en sede jurisdiccional, por la cual se desestimó la concurrencia de ilegalidad en el proceso de expulsión del actor, ello en el contexto de una causa legalmente tramitada y con plena garantía del ejercicio de los derechos procesales que corresponden a las partes.

Dicha circunstancia permite a esta Corte concluir que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión recurrida, por lo que el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Sindicato Unificado de la Empresa Viña Concha y Toro S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3522-2023 Protección.