nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

San Miguel, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Grineldo Díaz Mendoza, en representación de nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la I. Municipalidad de San Joaquín, con motivo de la supuesta medida de desalojo con auxilio de la fuerza pública adoptada en su contra.

Explica que la afectada se encuentra domiciliada en una población histórica de la ciudad, que se ha visto constantemente cuestionada por la legalidad de los títulos de los pobladores que inicialmente la habitaron desde 1950.

Manifiesta que ante los registros del Servicio de Impuestos Internos aparece como propietaria de aquel. Añade que, gracias al esfuerzo de todos los pobladores, se han ido instalando servicios básicos con recursos propios y que tanto el suministro de agua como de luz se facturan a nombre de su representada.

Señala que en 1980 la recurrente comenzó a ejercer la posesión pacífica, ininterrumpida, pública, notoria y con ánimo de señor y dueño sobre el terreno que le sirve de domicilio. Detalla que en el lugar construyó una casa y crió a sus hijos con quienes vive tranquilamente.

Indica que el 4 de mayo de 2022, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (“SERVIU”) presentó en su contra una demanda de precario ante el 1° Juzgado Civil de San Miguel, tramitada bajo el RIT C-1365.2022, a fin de obtener la restitución del inmueble. Refiere que el tribunal rechazó la demanda, acogiendo la defensa presentada por su parte en el juicio, desde que no se acreditó que el SERVIU fuera poseedor inscrito.

Sostiene que el 25 de septiembre del año en curso, cuatro funcionarios de la I. Municipalidad recurrida, cuyos nombres indica, junto a más de diez personas, incluido un funcionario de Carabineros y dos camionetas de Paz Ciudadana, le indicaron que deseaban ingresar al inmueble para desalojarla con auxilio de la fuerza pública.

Reclama que no se le exhibió orden judicial alguna para ingresar y que en cambio se le entregó un acta de notificación personal de fecha diversa a aquella en que se practicó la diligencia.

Plantea que no hay fundamento legal para tal actuación, por cuanto en la sentencia dictada por el 1° Juzgado Civil de San Miguel se estableció de manera fehaciente que el SERVIU no era dueño del inmueble y menos aún la recurrida. Añade que, en la actualidad, nadie ha demostrado el dominio sobre la vivienda, más que ella, su cónyuge y sus hijos.

Afirma que los actos cometidos por la recurrida, en cuanto a desalojarla de la propiedad, constituyen un actuar ilegal y arbitrario que ha afectado gravemente su integridad psíquica y su propiedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso, declarado el cese inmediato de toda acción judicial o extrajudicial tendiente a obtener el desalojo de la recurrente y grupo familiar del inmueble ubicado en domicilio reservado, con costas.

Segundo: Que comparece la I. Municipalidad de San Joaquín, evacuando informe al tenor del recurso.

Indica que el 25 de septiembre del año en curso, se notificó a la recurrente el Decreto Alcaldicio N°1973 de 30 de junio del año en curso, que ordenó la demolición de las edificaciones carentes de recepción final y con decreto de inhabilidad, existentes en la propiedad ubicada en domicilio reservado, con dirección domicilio reservado. Explica que, de conformidad a las normas de derecho urbanístico, en especial, los artículos 116, 145 y 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 3 de mayo del año en curso, la Directora de Obras Municipales de la comuna de San Joaquín, mediante Memorándum N°79/2023, solicitó la demolición de las edificaciones emplazadas en el predio que fue traspasado al municipio, según consta de Certificado N°260 de autorización de uso de inmueble.

Detalla que en informe de inspección N°156/ITE/21, emitido por la Dirección de Obras Municipales, se constató: (i) la existencia de una ampliación del segundo piso en proceso de ejecución con destino vivienda, la cual, de conformidad con los antecedentes y registros de dicha repartición, no cuenta con permiso de edificación ni recepción definitiva; (ii) la existencia de vanos cercanos a predios vecinos; (iii) existencia de dos locales comerciales emplazados en el antejardín de la propiedad que no cuentan con patente comercial vigente.

Recalca que el informe de inspección sugirió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, declarar la inhabilidad de la propiedad.

Señala que mediante Decreto Alcaldicio N°3058 de 13 de diciembre de 2021, se declaró la inhabilidad del inmueble debido a que las construcciones existentes no cuentan con recepción definitiva.

Refiere que, posteriormente, en razón de una nueva inspección de 27 de abril del año en curso, en informe N°29/ITE/23 se evidenció la existencia de edificaciones sin autorización municipal y teniendo en cuenta el Decreto de Inhabilidad N°3058, se sugirió la demolición de las propiedades, por vulneración al artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Sostiene que, entonces, el 19 de julio del año en curso se notificó al SERVIU el Decreto Alcaldicio N°1973, sección primera, de 30 de junio pasado, que ordena la demolición de todas las edificaciones emplazadas en el lugar, construidas sin autorización municipal, correspondiente a edificaciones de uno y dos pisos destinadas a la habitación y comercio, ocupando la totalidad del inmueble.

Añade que el 13 de septiembre del mismo año, se notificó a ese Servicio el Decreto Alcaldicio N°2811, sección primera, de 6 de septiembre pasado, que ordenó la inhabilidad de todas las edificaciones antes mencionadas.

Asegura que la decisión del municipio se encuentra amparada por el derecho urbanístico y las potestades entregadas por ley a la Dirección de Obras Municipales y al Alcalde, puntualizando en la facultad de ordenar la demolición total o parcial de las obras, a costa de propietario de las mismas, que no cumplan con las normas urbanísticas o en caso de peligro inminente, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 148 y 156 de la ley del ramo.

Finalmente, aduce que la acción constitucional intentada es improcedente y que la competencia para conocer de estos asuntos es del juez de policía local respectivo.

Tercero: Que, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, emite informe el SERVIU, señalando que es el actual y exclusivo dueño del inmueble ubicado en domicilio reservado y que es parte de lo no transferido de un inmueble de mayor cabida que consta inscrito fojas 2143, número 3579, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1952, encontrándose dicha inscripción trasladada y agregada a los carteles 969 y 970 del año 1961 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.

Refiere que si bien el certificado de dominio inscrito da cuenta que el titular del dominio es “La Caja de la Habitación”, respecto de un inmueble ubicado en domicilio reservado de la chacra de la Legua de la comuna de San Miguel, esa entidad es una de las Corporaciones incorporadas a SERVIU en el año 1976, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, inciso 1 y 4, y 2 del Decreto N° 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, por lo tanto, su patrimonio también lo es, pudiendo entonces gozar, usar y disponer de él, en función de la ejecución de los planes y programas diseñados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la actuación que la recurrente califica como ilegal y arbitraria se relaciona con la orden de demolición de las edificaciones emplazadas en el inmueble que le sirve de domicilio, dictada por el Alcalde de la I. Municipalidad de San Joaquín.

Sexto: Que, en cuanto a tal decisión, de los documentos acompañados se desprende que fue adoptada con la sugerencia previa de la Directora de Obras Municipales, en consideración tanto a las inspecciones técnicas realizadas en el inmueble, como a los decretos de inhabilidad dictados a su respecto con anterioridad.

Séptimo: Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que, en la especie, se trata de un acto administrativo debidamente fundado, dictado en el ejercicio de las facultades que los artículos 148 y 156 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones reconocen al Director de Obras Municipales y al Alcalde en materia urbanística, de manera que no se vislumbra ilegalidad alguna que permita a esta Corte adoptar medidas de carácter urgente en favor de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 3514 – 2023 Protección