SOCIEDAD GONZÁLEZ Y CABRERA LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA

San Miguel, doce de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que don nombre reservado, en representación de la Sociedad González y Cabrera Limitada, recurre en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, por considerar ilegal y arbitrario el acto de dejar sin efecto el Ord. N° 221 de 12 de julio de 2023, que admitió la sustitución de la multa N° 1842/23/21 por un programa de capacitación, lo que importaría una amenaza y vulneración a las garantías constitucionales previstas en los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que por resolución N° 1842/23/21 de 28 de abril de 2023, se le aplicaron tres multas, por 4 UTM, 4 UTM y 21,38 IMM, a raíz de las siguientes infracciones:

1.- No proteger todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de la máquina refinadora de pan, incumpliendo con ello las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo, lo que implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores.

2.- No contar con la señalización visible y permanente en las zonas de peligro indicando la condición de riesgo en el uso de la maquinaria y/0 uso de elementos de protección personal, lo que constituye un incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo, lo que implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores- 3.- No exhibir toda la documentación exigida y requerida por medio de acta de 19 de abril de 2023, que deriva de las relaciones de trabajo, necesarias para efectuar las labores de fiscalización, en particular no exhibe copia de evaluación de riesgos y matriz de riesgos e indicaciones técnicas realizadas por el experto en prevención de riesgos de la empresa.

Señala que, a raíz de las multas, el 30 de mayo de 2023 presentó solicitud de sustitución de multa en conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, la cual fue resuelta por la recurrida mediante ordinarios N° 221 y 222 de 12 de julio de 2023 aceptando la solicitud de sustitución de dos de las tres multas.

Respecto de la solicitud de multa 1842/23/21-3 se autoriza al solicitante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo la sustitución por capacitación, debiendo ser citado en su oportunidad a un curso impartido por la Inspección del Trabajo, según instrucciones contenidas en circular N° 97 de la Dirección de Trabajo, de 14 de septiembre de 2012. Advirtiéndose que en caso de inasistencia se entenderá que no se ha cumplido con los requisitos necesarios para impetrar el beneficio de sustitución y el monto de la multa originalmente impuesto será aumentado en un 25%, adquiriendo a partir de esa fecha mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

Manifiesta que cumplió dentro del plazo con la incorporación al programa de asistencia con la Asociación Chilena de Seguridad en el que se acreditó la corrección de las infracciones sancionadas y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quedando a la espera de la citación por la parte recurrida para asistir a dicho curso, habiendo en reiteradas oportunidades consultado respecto de la fecha de la capacitación indicando la parte recurrida que será citado.

Señala que no habiendo transcurrido el plazo de 60 días legales el 31 de agosto de 2023 por medio de correo electrónico se notificó resolución N° 166/2023 de 29 de agosto del año en curso, la cual establece que el recurrente no asistió al programa de capacitación impartido el 2 de agosto de 2023, por lo que se aplicó una multa equivalente a 5.345 IMM.

Agrega que la resolución señalada fue sorpresiva ya que nunca recibió citación para la realización de la capacitación, y especialmente porque aún no vencía el plazo de 60 días establecido en el inciso final del artículo 506 ter del Código del Trabajo, lo que fue debidamente informado mediante correo electrónico a la parte recurrida a fin de buscar solución.

Indica que el correo fue respondido por la parte recurrida, donde se señala que se envió citación al empleador para el curso correspondiente a casilla de correo electrónico registrado por la empresa en la plataforma virtual de la Dirección del Trabajo, el que cita para el día 14 de agosto del año en curso.

Señala que la Resolución N° 166/2023 indica que la recurrente de autos no habría asistido a la realización de una capacitación el día 2 de agosto de 2023 a la cual nunca fue citada, y solamente el 9 de agosto de 2023 se habría citado a una capacitación online para el día lunes 14 de agosto de 2023 respecto de la cual no se tuvo conocimiento oportunamente, y tampoco se habría enviado link para la conexión al curso.

Así las cosas manifiesta que la parte recurrida, actuó sin fundamento suficiente y contra el texto expreso de lo dispuesto en la norma legal del artículo 506 ter del Código del Trabajo, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal provocando una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la CPR, al establecer diferencias arbitrarias no respetando el texto expreso de la Ley, y afectando en forma indebida y arbitraria el derecho de propiedad de la recurrente al obligarlo a pagar una millonaria multa ascendente a 21,38 I.M.M. además de un incremento ascendente a 5,345 I.M.M. en circunstancias que la recurrente había dado cumplimiento a todos los requisitos legales para optar a la sustitución de las multas cursadas mediante Resolución N° 1842/23/21, y encontrándose dentro de plazo legal para realizar y asistir a la capacitación dictada por la institución recurrida en conformidad a Ord. N° 221 dictado por dicha institución.

Finalmente solicita se deje sin efecto la resolución N° 166/2023 de 29 de agosto de 2023, declarando en consecuencia que se realice la capacitación respectiva a la recurrente en conformidad a lo establecido en Ord. N° 221 de 12 de julio de 2023 y lo dispuesto en el art. 506 ter del Código del Trabajo, ello, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Felipe Andrés Palma González, abogado en representación de Inspección Provincial Del Trabajo Cordillera, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con costas, por cuanto este carece de fundamentos tanto de forma como de fondo.

Señala que bien es cierto la recurrente se centra en el punto 3 de la resolución N° 166, donde se indica que no asistió al programa de capacitación el 2 de agosto de 2023, es también efectiva la existencia de notificación ajustada a derecho, al correo que la propia recurrente ha indicado como aquel fijado para recepción de las notificaciones, y en ese sentido, y para los efectos del cumplimiento establecido en la normativa ya citada, no asistió, en la fecha indicada en la resolución recurrida, ni en la fecha en la que el correo electrónico derivado del Servicio, por lo que el recurso es improcedente.

En subsidio informa sobre el fondo, indicando que el 28 de abril de 2023 se cursan 3 multas a la parte recurrente, presentando el correspondiente recurso administrativo en contra de estas, resolviendo acoger el recurso y respecto de multa N° 3, el 12 de julio de 2023, se emitió resolución Nº 221/2023, en la que se autorizó la sustitución de la multa por capacitación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, debiendo ser citado en su oportunidad al curso impartido por la Inspección del Trabajo.

Indica que el 9 de agosto de 2023, se notificó a la empresa recurrente al correo electrónico correo reservado, respecto de citación al curso de sustitución de la multa Nº 1842/23/21-3, para el día 14 de agosto de 2023 vía plataforma teams, señalando que para poder participar se debe contestar una prueba de diagnóstico, y que el link de conexión será enviado en los próximos días.

Señala que el 29 de agosto de 2023, se emite la Resolución Nº 166/2023, donde se indica que el infractor no concurrió a programa de capacitacion el 2 de agosto del año en curso, por lo que se cursa la multa correspondiente.

Finalmente manifiesta que no existe vulneración del derecho o garantía establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, por lo que se debe rechazar el presente recurso, ya que, en un primer orden, no existe una exposición clara y precisa en cuanto a cómo es que se conculcaría tal garantía. Resolución que de ninguna forma viola la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, al no amenazar el derecho de propiedad del recurrente, ya que el derecho de propiedad asegura a los particulares la posibilidad jurídica de usar, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales e incorporales, siempre y cuando, el uso, goce y disposición de dicho derecho, se realice conforme a la ley.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la resolución de multa por no haber asistido a capacitación el 2 de agosto del año en curso, y en especial que dicha multa fue impuesta encontrándose pendiente el plazo legal establecido en el inciso final del artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Quinto: Que, el inciso final del artículo 506 ter del Código del Trabajo establece: “Autorizada la sustitución de la multa de conformidad a lo dispuesto precedentemente, si el empleador no cumpliere con su obligación de incorporarse en un programa de asistencia al cumplimiento o de asistencia a programas de capacitación, según corresponda, en el plazo de 60 días, procederá al aumento de la multa original, el que no podrá exceder de un 25% de su valor”.

Sexto: Que surge de los antecedentes acompañados por las partes, que la sustitución de la multa fue aceptada el 12 de julio de 2023, y la resolución recurrida fue dictada el 29 de agosto de 2023, indicando como fecha de no presentación el 2 de agosto de 2023, fecha que no corresponde a la citación al curso respectivo para la parte recurrente.

Séptimo: Que, como ya se expuso, el artículo 506 ter del Código del Trabajo establece un plazo de 60 días para cumplir con el programa de capacitación. Plazo que según Circular N° 97 del 14 de septiembre de 2012, del Departamento de Relaciones Laborales del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, debe contarse desde la respectiva autorización de sustitución de multa.

En tal sentido, teniendo la autorización de sustitución fecha 12 de julio de 2023, al dictarse la resolución que dispuso mantener incrementada en un 25% la multa original, el 29 de agosto de 2023, aún no habían transcurrido los referidos sesenta días.

Octavo: Que, establecido lo anterior, corresponde analizar si la actuación de la Inspección del Trabajo que se ha descrito resulta arbitraria o ilegal o si, por el contrario, ella se ajusta a derecho y en caso de darse tal hipótesis, si se han conculcado o no, las garantías constitucionales invocadas.

Así las cosas, aparece del mérito de autos que la resolución recurrida fue dictada cuando no era procedente, excediendo la recurrida el marco jurídico de sus atribuciones. Amenazando los derechos y garantías establecidas en los Nos 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, tanto por haberle dado a la recurrente un trato desigual más gravoso que el previsto en la normativa aplicable al caso y, por que lo obrado implica hacer exigible el pago de la multa originalmente sustituida incrementada en un 25%, comprometiendo el patrimonio de la recurrente.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, es útil precisar que ambas partes concuerdan en que el correo electrónico registrado del empleador recurrente es correo reservado pero, las comunicaciones de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera aparecen dirigidas a uno diferente, correo reservado

Por estas consideraciones y atento a lo que disponen los artículos 19 Nº 16 y 24 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en favor de la Sociedad González y Cabrera Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera y, en consecuencia, se decide que queda sin efecto su Resolución N° 166/2023 de 29 de agosto de 2023, debiendo la recurrida a la brevedad fijar una nueva fecha para la actividad de capacitación, previa la remisión de la prueba de diagnóstico.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del ministro (S) René Cerda Espinoza.

Rol Nº 3512 – 2023 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Sylvia Pizarro Barahona y señor René Cerda Espinoza y Abogado Integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.