nombre reservado CONTRA nombre reservado Y JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE PUENTE ALTO

Foja: 31 Treinta y Uno En Santiago, a diez de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

PRIMERO: Que doña nombre reservado interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, receptora judicial, y en contra del Juzgado de Cobranza Laboral de Puente Alto, por las acciones arbitrarias de los recurridos que han vulnerado de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio.

Expone que con fecha 12 de septiembre pasado, llegó a su domicilio ubicado en domicilio reservado, una persona que no entregó su nombre y solo señaló que era receptora, agregando que le embargó un refrigerador y un equipo musical, sin entregar ninguna información, salvo que la diligencia era ordenada por el Juzgado de Cobranza Laboral de Puente Alto.

Indica que este embargo no es el único de que ha sido objeto por orden del Tribunal requerido, manifestando que han ingresado a su domicilio “no habiendo nadie” (sic) y que no la han notificado legalmente.

Refiere que ha concurrido al Tribunal en reiteradas ocasiones para presentar escritos solicitando se dejen sin efecto los embargos en su contra, fundamentando su petición en el hecho que fue víctima del delito de apropiación indebida por parte de su contador nombre reservado, acreditando lo anterior con una querella criminal que actualmente se encuentra en tramitación, pero sin perjuicio de ello, no ha sido escuchada y le señalan que debe comparecer representada por abogado, lo que expone no realizar por no contar con dinero suficiente para pagar los honorarios de un profesional.

Manifiesta que agotó ante el Tribunal requerido todas las instancias posibles antes de concurrir a esta Corte de Apelaciones, con el objeto que se corrijan las acciones arbitrarias de las cuales ha sido objeto.

Precisa que el actuar de los recurridos ha vulnerado su derecho a ser informada por el receptor de la diligencia que estaba realizando, derecho que señala, se encuentra consagrado en el numeral primero inciso tercero del artículo 19 de la Constitución, al señalar el constituyente que “se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegitimo” (sic). Arguyendo que fue víctima de este apremio por parte de la receptora, cuando le embargó bienes sin ninguna explicación al respecto y añade que además se han producido vulneraciones al debido proceso legal, debido a que el Juzgado de Cobranza Laboral ha vedado su derecho a poder defenderse y no ha escuchado sus argumentos, derecho que manifiesta se encuentra regulado en el numeral segundo del citado artículo 19.

Razona que esta vulneración al debido proceso también se ha producido al negarle el derecho a hacerse parte en los juicios seguidos en su contra, al ordenar embargos sin antes notificarle la demanda o las costas personales y procesales, por lo que, en su opinión, estos procedimientos deben ser declarados nulos de oficio por el Tribunal requerido, por lo que solicita se instruya a los recurridos en orden a que sus facultades jurisdiccionales no pueden ser ejercidas en términos que vulneren sus garantías constitucionales.

SEGUNDO: Que a fojas 14 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, quien manifiesta que efectivamente le correspondió dar cumplimiento a la orden emanada del Juzgado de Letras del Trabajo, consistente en la traba de embargo, dictada en causa RIT P-744-2011 caratulada “AFP Provida con nombre reservado”, representada por la recurrente y tal como consta en el estampado allegado al expediente, cumplió dicha diligencia el 12 de septiembre del año en curso en presencia de la representante de la demandada, razón por la cual no despachó carta certificada, ya que en dicha oportunidad le entregó un formulario con todos los datos del juicio.

TERCERO: Que a fojas 17 rola informe de doña nombre reservado, Juez Presidente del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, exponiendo que la recurrente mantiene un total de nueve causas, todas seguidas sobre cobro de cotizaciones, las que fueron iniciadas por las distintas entidades previsionales y figurando en todas ellas como ejecutada la parte requirente, luego enumera todas las causas que mantiene la ejecutada en dicho Tribunal, señalando el estado procesal de cada una de ella, de acuerdo al detalle que indica.

CUARTO: Que complementando el informe anterior, el tribunal recurrido indica que efectivamente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto se sigue la causa RIT 744-2011, caratulada "A.F.P. Provida S.A. con nombre reservado", sobre cobro de cotizaciones previsionales impagas, en que aparece como representante de dicha empresa doña nombre reservado.

Explica que se inició dicho procedimiento, despachándose mandamiento de ejecución y embargo por la suma de $56.030, de fecha 11 de abril de 2011, ampliándose luego la demanda, conforme lo autoriza la ley 17.322, por un monto total de $112.060. Siendo notificada y requerida de pago, luego de ampliada la demanda, personalmente doña nombre reservado el día 01 de octubre de 2012, según consta en estampado de esa misma fecha emitido por la Receptora Judicial doña Alicia Ortiz Díaz. Se certificó por el ministro de fe del tribunal que no se opusieron excepciones a la ejecución con fecha 18 de diciembre de 2012.

Agrega que con fecha 21 de diciembre de 2012 se solicitó fuerza pública para embargo de bienes, la cual se concedió con fecha 24 de diciembre del mismo año. Con fecha 28 de junio de 2013, se solicitó un nuevo oficio, el cual no fue concedido ordenándose que se practicará notificación por cédula al domicilio de la ejecutada, conforme lo exige el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de seis meses sin tramitación. Dicha notificación se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2014, concediéndose la fuerza pública para embargo el 26 de diciembre de 2014. Con posterioridad con fecha 10 de septiembre de 2015, se solicitó la liquidación del crédito, la tasación de costas procesales y regulación de las personales, a lo cual nuevamente se ordenó notificar por cédula atendido el tiempo transcurrido, (art. 52 del C.P.C.). La cual se llevó a efecto el 21 de diciembre de 2015.). Así el 01 de agosto de 2016, se ordenó la fuerza pública para el embargo de bienes en el domicilio de la demandada, lo que fue previamente solicitado por el ejecutante.

Expone que finalmente el día 12 de septiembre del presente, la receptora judicial doña nombre reservado, procedió a efectuar embargo de bienes en el domicilio del ejecutado, en compañía del Cabo Primero nombre reservado, según consta en dicho estampado, indicando además que se efectuó la diligencia en presencia del ejecutado, según estampado que se acompaña.

Hace presente que con fecha 28 de diciembre de 2015, una persona llamada nombre reservado, hizo devolución de documentos recibidos en el domicilio señalado en estos, por no existir en él la persona del demandado. Está presentación se tuvo presente por el tribunal, atendido que se trata de un tercero ajeno al juicio, con fecha 29 de diciembre de 2015 y conforme al mérito del proceso, solo con fecha 25 de noviembre de 2016, se presentó ante este Juzgado escrito de la Sra. nombre reservado, indicando solo la cédula de identidad y su oficio, mediante la cual solicitó se oficiara al Ministerio Público, indicando que con fecha 22 de noviembre del presente año se le había informado en la Fiscalía Local de Puente Alto que el señor nombre reservado, quien señala como su contador sería formalizado, y acompañando los documentos en que se funda la petición. Así, esa solicitud fue resuelta con fecha 06 de diciembre de 2016, por medio de la cual, se despachó el oficio respectivo a la Fiscalía Local de Puente Alto, se tuvo presente la petición de pagar las costas procesales, con citación y se tuvieron por acompañados los documentos aportados.

Aclara que la recurrente de protección señala que se pagó el capital adeudado lo que no es efectivo, pues solo existe un monto retenido por la suma de $56.030, sin considerar las costas procesales, costas personales y la liquidación del crédito de autos a la fecha. No existen otras consignaciones.

Afirma que conforme al mérito de este procedimiento, se han seguido todas las etapas y cumplido los requisitos para llevar a efecto la ejecución informada, y asimismo se ha resuelto con prontitud las peticiones efectuadas por la ejecutada, que en el caso, consiste en la petición de fecha 25 de noviembre de 2016. Sin que conste antes alguna presentación o comparecencia de la recurrente en la causa informada, como tampoco la petición de audiencias con los jueces de este tribunal, según el libro llevado al efecto.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, de lo expuesto por las partes y antecedentes allegados a la causa, aparece que el acto recurrido se materializó en una resolución dictada en un procedimiento ejecutivo laboral, en el expediente Rol Nº 744-2011, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, de fecha 1 de agosto de 2016, en virtud de la cual se accede a la fuerza pública para realizar el embargo, acto que estima ilegal y arbitrario, denunciando amagados sus derechos constitucionales contemplados en los artículos 19 Nº 1 y 3 de la Carta Fundamental y 7º y 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

SEPTIMO: Que no resulta posible estimar que el acto en cuestión sea arbitrario, vale decir, que emane de una decisión caprichosa o antojadiza del recurrido, pues de lo razonado hasta ahora queda claro que el Juez de Letras del Trabajo de Puente Alto y la receptora recurrida, han actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y en el marco de un procedimiento legalmente tramitado, además de no haberse acreditado que la actora haya impugnado por la vía de los medios y recursos jurisdiccionales ordinarios el embargo decretado, tratándose claramente de un asunto ya sometido al imperio del derecho, por lo que no se vislumbra de qué manera pueden entenderse vulnerados los derechos constitucionales invocados por la recurrente, razón por la que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 3510-2016 – PROT.

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