CALZARTE O CALZADOS ARTE LTDA. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Certifico que la presente causa se integra extraordinariamente con la Ministra señora Ana Cienfuegos Barros, en reemplazo de la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales, quien se encuentra recusada en la presente causa, lo que puse en conocimiento de las partes que se anotaron para alegar por el recurso la abogado doña Roxana del Villas y contra el recurso la abogado doña Constanza Hevia. En Santiago, a 30 de agosto de 2018. nombre reservado. Relatora.

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil dieciocho.

Al escrito folio N° 48199: Téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, comerciante, por sí, y en representación de Sociedad Inmobiliaria Rentas e Inversiones Artepiel Ltda., la primera del giro de venta de calzados y la segunda del giro de manufactura, elaboración y fabricación de calzados, respectivamente, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, representada legalmente por su alcalde don Luis Humberto Sanhueza Bravo, por estimar que se le han conculcado las garantías de los numerales 2º, 21º, 23º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en razón del manifiesto acto ilegal y arbitrario consistente en la orden de clausura emitida por la actual administración municipal, no obstante existir un acuerdo verbal arribado en el mes de diciembre de 2017 con don nombre reservado, administrador de la Municipalidad, y posteriormente con don nombre reservado, Jefe Jurídico cuyo objeto era evitar la clausura.

Expone que dicho acuerdo estaba siendo cumplido hasta el mes de abril recién pasado, en el que desconociendo absolutamente lo acordado, el 18 de mayo último, a las 15:43 horas, inspectores municipales efectuaron las clausuras y colocaron sellos al local comercial de Calzados Arte Ltda., ubicada en María Auxiliadora N°818, comuna de San Miguel, dando cumplimiento a Decreto Exento N° 2746, y de Sociedad Inmobiliaria y de Rentas Artepiel Ltda., ubicada en María Auxiliadora N° 820, comuna de San Miguel, dando cumplimiento a Decreto Exento N°2747, ambos de 30 de noviembre de 2017, que disponen las clausuras por infringir el artículo 29 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales.

Señala que sus representadas son dueñas de los inmuebles ubicados en domicilio reservado y en los referidos inmuebles, los recurrentes desarrollan sus actividades comerciales propias de su giro, las cuales se encuentran amparadas por las patentes comerciales definitivas, con los giros de comercialización que cada una de éstas desarrolla y que se encuentran vigentes desde hace ya más de veinticinco años a la fecha.

Agrega que el día 18 de mayo de 2018, funcionarios de la Municipalidad de San Miguel, notificaron a los recurrentes del Decreto Exento N° 2.747, de 30 de noviembre de 2017, por medio del cual el Alcalde Titular don Luis Humberto Sanhueza Bravo, ordenó las clausuras de los locales ya señalados por encontrarse con la patente rol N°101178 con morosidad desde el 2º semestre del año 2006.

Indica que ambos Decretos Exentos recurridos y consecuentes órdenes de clausura son arbitrarios e ilegales, desde que conculcan derechos o garantías fundamentales de las que son titulares y respecto de las cuales han sido privadas y perturbadas en el ejercicio legítimo de sus derechos de rango constitucional, privándolas de seguir desarrollando una actividad económica y a la vez conculcándose su derecho de propiedad tanto respecto del dominio de los inmuebles en el cual se desarrollan tales actividades, así como respecto de los derechos que emanan de las citadas patentes comerciales, razones por las que solicita se adopten inmediatamente las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con el propósito de poner freno a los actos arbitrarios e ¡legales alegados.

Hace presente que las recurrentes se dedican, una de ellas, a la venta y comercialización de los productos, mientras que la otra, a la manufactura, elaboración y fabricación de calzados, las que ejercen sus labores y actividades económicas en los inmuebles cuya clausura se dispuso, desde hace ya más de veinticinco años a la fecha, otorgando empleo a más de veinticinco personas y siendo fuente de producción y desarrollo económico para nuestro país, además las patentes comerciales que favorecen a los recurrentes tienen el carácter de definitivas, otorgadas hace más de veinticinco años a la fecha, y no se encuentran sujetas a plazo o condición alguna.

Refiere que el acto ¡legal y arbitrario denunciado implica la vulneración de diversas garantías constitucionales que no sólo provocan un daño patrimonial grave e irreversible, puesto que les impide continuar realizando las actividades económicas lícitas y ajustadas a derecho, sino que, además, los exponen a dejar a una cantidad significativa de personas y a sus familias, sin los medios habituales para proveer su subsistencia diaria, creando un problema de índole social, en virtud de un acto arbitrario, exponiendo a las recurridas a eventuales acciones legales en su contra, sea por parte de sus trabajadores, sea por parte de terceros, a quienes han dejado de entregar los productos, por eventuales incumplimientos contractuales.

Aclara que en el mes de diciembre de 2017 se arribó a un acuerdo con don nombre reservado, administrador de la municipalidad, y posteriormente con don nombre reservado, jefe jurídico para evitar clausuras, acuerdo que estaban cumpliendo hasta el mes de abril recién pasado, en el que desconociendo absolutamente lo acordado, el 18 de mayo último la recurrida procedió a clausurar los inmuebles ya aludidos.

Agrega que si bien es cierto que por ley, la municipalidad está obligada a exigir el pago de patente municipal, no resulta menos cierto, que ésta en la práctica con anterioridad a los hechos que motivan este recurso ejerció otras acciones jurisdiccionales tendientes a dicho fin, e igualmente, mediante los decretos alcaldicios recurridos desconoce e ignora de mala fe de dichos procesos, lo que constituye una arbitrariedad y desacato a sus propios actos, no pudiendo ignorar su existencia por haberlos iniciado ella misma.

Arguye que consta de los antecedentes documentales que se acompañan en un otrosí de este recurso, que con antelación a éstos la municipalidad de San Miguel entabló dos procedimientos ejecutivos por no pago de patentes, los cuales dieron inicio a los autos rol N°42.794-2010 y rol N°7.924-2011, tramitados ante el 4° y 1° Juzgado Civil de San Miguel, respectivamente, actualmente pendientes, procesos en los cuales aquélla manifiesta su voluntad de actuar por dicha vía persiguiendo el cobro de tales tributos.

Explica la teoría de los actos propios y concluye que aparece de manifiesto que el acto administrativo que declara la clausura resulta contraria a los actos emanados de la propia municipalidad, que en su oportunidad se manifestó por la vía de impetrar acciones judiciales tendientes a exigir el pago de tales patentes, habiendo efectuado abonos millonarios a aquellas y no obstante existir acuerdos y negociaciones en el último tiempo, aquella actúa en contra de sus actos propios y conculca el goce de derechos legítimamente por las recurrentes y que han sido ejercido por un período superior a veinticinco años a la fecha, en pleno conocimiento de los órganos municipales correspondientes.

Expone a mayor abundamiento, que las razones justificativas de dicho estado de cosas y que permiten explicar tales negociaciones y lo dificultoso de responder al pago de las patentes municipales, radican en la circunstancia que el "capital propio" de la empresa no se condice con la realidad actual, aquello se determinó hace veinte años atrás, cuando se facturaban ciento cincuenta millones mensuales, hoy se factura alrededor del 10% de ese monto, lo que consta de las propias facturas emitidas mes a mes. Esto se traduce en que las patentes son un porcentaje altamente significativo de las ventas, lo que dificulta enormemente su pago, máxime si se le suma el impacto en el rubro de la manufactura importada, que ha pulverizado la fabricación de calzados en Chile.

Señala que la administración anterior aceptó un sistema de pago de acuerdo a la realidad, y de este modo abonó periódicamente ante la Tesorería Municipal, montos que exceden los diez millones de pesos a la fecha, cubriéndose las patentes de Sociedad Inmobiliaria Rentas e inversiones Arte Piel Ltda. y Calzados Arte Ltda.

Añade que la ley de Insolvencia y Reemprendimiento tiene como principio tutelar, el que la empresa pueda seguir desarrollando su actividad económica entregándole las herramientas jurídicas y financieras tendientes a dicho propósito a objeto de ver pagados a sus acreedores y a fin de evitar el cierre de aquéllas, velando por la continuidad de la misma, predicamentos que tampoco han sido considerados por la recurrida.

Explica en relación a la arbitrariedad denunciada, que en la especie, el actuar de la recurrida resulta arbitrario e ilegal, desde que vulnera y conculca de manera grave los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, en lo que se refiere a la prohibición constitucional de efectuar diferencias o tratos discriminatorios; del N°21 del referido artículo, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; del N°23 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y del N°24 del mismo artículo 19, esto es, el derecho de Propiedad.

Refiere en relación a la primera garantía, que se ha aplicado en el acto impugnado, de manera arbitraria, el artículo 29 de la Ley de Rentas Municipales, atendido que la recurrida ordenó la clausura de la actividad comercial que desarrollan las recurrentes, en la especie, la arbitrariedad y discriminación se configura, desde el momento que la autoridad edilicia por sí y ante sí, asumiendo y ejerciendo facultades jurisdiccionales, decretó la clausura de los establecimientos de comercio en cuestión, arrogándose facultades que la Constitución Política no le otorga, procediendo a dictar los Decretos -motivo de este recurso-, adoleciendo tales actos administrativos de nulidad de Derecho Público.

Indica que, sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando, si bien es cierto que el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales preceptúa que: "El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley" y que el artículo N° 58 del citado Decreto Ley, dispone que: "Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de ios negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes”; no resulta menos cierto, que tal prerrogativa es facultativa y no de carácter imperativa para la autoridad edilicia, que debe ser ejercida dentro de un marco de discrecionalidad y no arbitrariamente, comunicando anticipadamente al infractor dicha decisión, para que en el plazo que se determine, éste pueda hacer valer sus defensas, cosa que tampoco ocurrió en la especie.

Manifiesta que las medidas adoptadas por la recurrida, son además excesivas y desmedidas, desde que ha transgredido y obviado acuerdos previos pactados entre la municipalidad y los recurrentes, arribados tanto con la antigua como con la nueva administración, conculcando, además, situaciones e intereses que la municipalidad no previó, al violar el respeto y protección a la vida privada, poniendo en riesgo la fama, honra y reputación de su persona que en la calidad de empresario del calzado por más de veinticinco años a la fecha, importando también un deterioro de la imagen corporativa de las empresas que dirige, irrogándole perjuicios en su calidad de comerciante, y perjuicios para los trabajadores, clientes emergentes y talleres que les prestaban servicios.

Expone en relación a la segunda garantía constitucional invocada, esto es, el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica legítima, sin otra limitación que la de respetar las normas que regulan la actividad que se pretende desarrollar, que por medio del acto administrativo recurrido, la autoridad municipal lesiona su patrimonio, sus ingresos, sus inversiones y compromisos económicos asumidos, e impide que los recurrentes continúen ejerciendo la explotación legítima de sus establecimientos de comercio, actividad que se encuentra autorizada en virtud de actos propios emanados de la municipalidad y que han sido ejercido interrumpidamente por los recurrentes durante veinticinco años, con pleno conocimiento de la recurrida.

Agrega en relación a la garantía de libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, que se configura al privarlos y limitarlos en la ocupación de un bien comercial, sea el inmueble, las patentes o adquirir sus frutos, al impedir su funcionamiento y respecto a la garantía constitucional del derecho de propiedad, se ha vulnerado, por cuanto se les ha privado del dominio que se ostenta, por un lado, sobre los inmuebles en los que se desarrollan la actividades comerciales, y por el otro, sobre el derecho de propiedad que otorga la patente para desarrollar las actividades comerciales comprendidas en el giro, así como de ejercer los derechos de uso, goce y disposición respecto de dichos bienes, facultades inherentes al dominio.

Concluye que la clausura decretada, acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y carente de razonabilidad ha devenido en una especie de expropiación, sin tener tal carácter, que impide ejercer los atributos de la propiedad sobre los bienes y derechos que emanan de las patentes comerciales y respecto del inmueble que les provoca un daño, a sus familias, a sus trabajadores y a sus clientes, al impedir ¡legalmente la ocupación tranquila y pacífica de los inmuebles donde funcionan dichos establecimientos de comercio, situación que describe.

Solicita en definitiva se dejen sin efecto los Decretos Exentos Nos. 2746 y 2747 y se revoque la clausura decretada con fecha 18 de mayo último, o lo que se estime al efecto, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de los Decretos Exentos Nos. 2746 y 2747 de la municipalidad de San Miguel.

2.- Copia de comunicación de clausura, de 18 de mayo de 2018.

3.- Copia de personería y vigencia de la misma.

4.- Listado de los trabajadores del recurrente.

5.- Listado de clientes emprendedores y emergentes 6.- Listado de los trabajadores de talleres asociados con el recurrente.

7.- Copia y declaración Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos de Sociedad Inmobiliaria Rentas e Inversiones Artepiel Ltda., RUT: RUT reservado

8.- Copia de primera página de causas rol 42794-2010 y rol 7924-2011 tramitándose ante el 4° y 1° Juzgado Civil de San Miguel, respectivamente.

9.- Copia de dominio vigente de los inmuebles de domicilio reservado.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, comparece la abogada doña María Constanza Hevia Yáñez, solicitando que el recurso interpuesto sea rechazado en todas sus partes.

Indica, en primer lugar, que el mecanismo de impugnación de los actos de la administración municipal no es la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, puesto que el mecanismo de impugnación de los actos de la administración municipal, ha sido dispuesto por el legislador como un acto contencioso administrativo especial consagrado en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, denominado reclamo de ilegalidad municipal, y al establecer el legislador un procedimiento especialísimo del control de los actos administrativos de las municipalidades, se hace evidente que la acción de protección, no ha sido creada para el contencioso administrativo, ni menos para supervigilar los actos administrativos.

Refiere que utilizar la acción constitucional de protección como un sucedáneo del reclamo de ilegalidad, es una práctica ampliamente difundida y realizada, dado que sus tiempos y plazos de tramitación son inferiores, sin embargo no es una acción cuyo fundamento sea la invalidación de un acto contencioso administrativo ordinario, sino un procedimiento calificado de amparo de derechos fundamentales, que no controla la legalidad de los actos administrativos, sino tutela ciertos derechos constitucionales de las personas.

Hace presente que existe jurisprudencia que señala que la impugnación de los actos administrativos municipales, no debe ser realizada a través de la acción constitucional de protección, sino del procedimiento especial creado expresamente para tales efectos. Cita jurisprudencia en este sentido.

Agrega, en cuanto a la acción u omisión arbitraria e ilegal, que el municipio mediante Decretos Exentos N° 2.746 y 2.747, ambos de 30 de noviembre de 2017, declara: 1)

"Clausúrese la actividad comercial que se desarrolla en María Auxiliadora N° 818 de propiedad Calzados Calzarte Ltda., Rut RUT reservado, con giro de fábrica de calzados, por encontrarse con la patente Rol N° 101178 con morosidad desde el segundo semestre del año 2006, infringiendo el artículo 29 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales". 2) "Clausúrese la actividad comercial que se desarrolla en María Auxiliadora N° 820 de propiedad Inmobiliaria Rentas e Inversiones Artepiel Ltda., Rut RUT reservado, con giro de venta de calzados, por encontrarse con la patente Rol N° 223194 con morosidad desde el segundo semestre del año 2006, infringiendo el artículo 29 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales".

Explica que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define "clausurar" como: "Cerrar, inhabilitar temporal o permanentemente un edificio, un local, etc.", y para aplicar este concepto en el ámbito del derecho administrativo, primeramente, se necesita realizar un somero análisis de los llamados "permisos administrativos". Cada vez que un particular requiere ejercer cierta actividad calificada como prohibida o limitada, debe solicitar a la autoridad competente el permiso correspondiente, para ello, debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. Pero esta actividad autorizadora de la Administración Pública, en adelante la Administración, no finaliza una vez otorgado el permiso, sino que pasa a una segunda etapa: el control del eficiente cumplimiento y mantenimiento de todas las reglas, sean del giro comercial o industrial, tiene la obligación de resguardar el interés general para que la actividad se ejerza en condiciones de legalidad.

Indica que la Administración, en ejercicio de las potestades administrativas tiene una gama de posibilidades entre las cuales está, precisamente, la clausura. Al existir un incumplimiento de las normas, tiene que clausurar y establecer los plazos en que se lleve a efecto dicha sanción. En consecuencia, la "clausura" en el ámbito de lo Municipal, la podemos contextualizar como una potestad-sanción que goza el órgano administrativo para cerrar o inhabilitar temporal o definitivamente la actividad o local comercial de un particular que, contando con el permiso correspondiente, no la ejerce cumpliendo cabalmente con la normativa legal aplicable, mediante una resolución municipal.

Añade que en virtud del principio de legalidad que rige en el derecho público, la Administración sólo puede ejecutar aquellos actos para los cuales ha sido facultada, de modo que las sanciones administrativas son únicamente posible de aplicarlas conforme los preceptos que las establecen y por las causales que en esos se contemplan, así, en el ámbito de "la clausura", no se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ninguna norma que faculte al Alcalde o Concejo Municipal para decretar la clausura de una actividad o local comercial, sino que aquella potestad está dispersa en distintas normas jurídicas, como ocurre en el caso de marras que la facultad para clausurar las empresas de la recurrente, está expresamente establecida en el Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, en cuyo Título X, respecto de las Sanciones, establece en su artículo 58 incisos 1º y 2°, lo siguiente: Artículo 58.- La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora u sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes." Señala sobre la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, que en la argumentación de la parte recurrente, no se aplica ninguno de los presupuestos para que opere el recurso de protección, esto es, un accionar arbitrario o ilegal que afecte alguna garantía constitucional, lo que se desprende de la lectura de la fundamentación del recurso.

Manifiesta que el recurso de protección interpuesto resulta improcedente, toda vez que no se ha vulnerado ninguna garantía a través de una infracción arbitraria e ilegal y analiza cada una de las vulneraciones alegadas, a saber, en relación al derecho de igualdad ante la ley, señala que la municipalidad no ha actuado ilegal ni arbitrariamente, menos aún ha infringido garantías constitucionales, dado la aplicación Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, Título X, respecto de las Sanciones y lo que establece su artículo 58 incisos 1° y 2°, por lo que queda de manifiesto que la emisión de los Decretos Exentos N° 2.746 y 2.747, ambos de 30 de noviembre de 2017, se han ajustado a derecho, no existiendo ilegalidad vinculada causalmente con una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental, pues de los antecedentes contenidos en la dictación de los Decretos Exentos de clausura, se cumplió con las normas establecidas en la ley que regula este tema. Siendo el acto administrativo final, plenamente fundado, coherente y ajustado a derecho.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica refiere que no existe vulneración alguna a la norma constitucional, menos aún un actuar arbitrario e ilegal por parte de la autoridad, debido a que solo se le está exigiendo que cumpla con la normativa vigente y una vez cumplida podrá seguir desarrollando su actividad económica.

Respecto a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, expresa que no se encuentra establecido en las peticiones concretas del recurso, y en relación al derecho de propiedad en diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, indica que debe tratarse de un actuar arbitrario e ilegal, y la decisión tomada por la autoridad alcaldicia lo que previo informe de la Dirección de Administración y Finanzas, la que se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual no existe vulneración alguna por parte de la Municipalidad recurrida.

Pide en definitiva desestimar el recurso, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Copia del Decreto Exento N° 2.746, de fecha 30 de noviembre del año 2017.

2) Copia del Decreto Exento N° 2.747, de fecha 30 de noviembre del año 2017.

TERCERO: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, de lo que se concluye que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

QUINTO: Que el fundamento del recurso deducido, es que se ha decretado por la municipalidad recurrida la clausura de los locales comerciales de propiedad de las recurrentes, por no pago de patente municipal desde el segundo semestre del año 2006, deuda que ha sido reconocida por éstas, sin perjuicio de alegar abonos a la misma y acuerdos verbales de prórrogas para su pago.

SEXTO: Que el artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063, sobre rentas municipales, establece que “la mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado. Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes”.

SÉPTIMO: Que, con los antecedentes acompañados por las partes, lo expuesto en estrados y lo señalado precedentemente, se estima que la municipalidad recurrida obró conforme a derecho y dentro de sus facultades al decretar la clausura de los establecimientos de la parte recurrente, ya que ésta no ha pagado las patentes respectivas que implican la autorización para funcionar, por lo que no se advierte que aquella haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario, sino, por el contrario, se ha limitado a dar estricto cumplimiento a sus obligaciones dentro de la esfera de su respectiva competencia, conforme al principio de legalidad constitucional.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el mecanismo de impugnación de los actos de la administración municipal se encuentra consagrado en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que prevé un procedimiento especialísimo de control de los actos administrativos de las municipalidades, esto es, la reclamación de ilegalidad municipal.

NOVENO: Que, en consecuencia, no existiendo actos ilegales o arbitrarios provenientes de la recurrida, resulta inconducente entrar a analizar la eventual transgresión de las garantías constitucionales que invoca la parte recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, comerciante, por sí, y en representación de Soc. Inmobiliaria Rentas E Inversiones Artepiel Ltda., en contra de la Municipalidad de San Miguel.

Notifíquese y regístrese.

ROL 3498-2018-PROTECCION