nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del extranjero, de 20 de agosto de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 13 de agosto de 2025 el actor solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo y/o anexo que establece expresamente la cláusula de exención de cotizaciones conforme a la Ley N°18.156, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad para extranjeros vigente y certificado del sistema de seguridad social, que acredita su afiliación vigente.

Indica que se le requirió acompañar un certificado de afiliación válido y su cédula de identidad frontal, agregado que acompañó carta explicativa en que hizo presente la imposibilidad de apostillar la constancia de afiliación.

Añade que el 20 de agosto pasado fue notificad0 del rechazo de su solicitud, fundado en que “(…) 1.- Respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, informamos que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza (…)”.

Indica que, atendido lo resuelto, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones haciendo presente la imposibilidad material de legalizar el documento, adicionando que recibió un correo electrónico del ente fiscalizador respaldando el actuar de la recurrida.

Estima haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, imponiéndosele una condición imposible de cumplir, lo que constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Afirma que el recurrente sigue estando afiliado al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de seguros Sociales.

Denuncia que la negativa de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, se reconozca como válida la documentación acompañada, se instruya a la recurrida a seguir con la tramitación de la petición y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Expone que el 18 de agosto de 2025 el extranjero presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, acompañando su título profesional, declaración jurada realizada ante Notario Público chileno, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo y anexos suscritos con su empleador.

Refiere que la solicitud fue rechazada, fundada la decisión en que la parte recurrente acompañó a su solicitud un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, documento que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación ni señala las coberturas con las que cuenta el afiliado, sino que menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional de su país de origen. Asimismo, atendido que no se encuentra firmado por la autoridad que lo emite y no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En relación a la declaración jurada realizada por el recurrente, afirma que tampoco es apto para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, al no ser un documento emitido por la entidad de Seguridad Social correspondiente ni por la Embajada o Consulado correspondiente.

Argumenta que no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria de la norma, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la ley.

Añade que, en uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio Ordinario N°3141, de 20 de febrero de 2024, que “(…) para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile”. Asimismo, mediante Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, ha sostenido que “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156”.

Así, refiere que la parte recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la ley, esto es, acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, asevera que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República consagra.

Tercero: Que, asimismo, informa la Superintendencia de Pensiones y detalla que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterados en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Afirma que, como se evidencia tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que la “constancia electrónica de cotizaciones” aportado por la parte recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el actor, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que La Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por una entidad de su país de origen –documento no legalizado ni apostillado–, y una declaración jurada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Además, la situación del país de origen del recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Undécimo: Que, finalmente, cabe hacer presente que los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3484-2025 Protección