nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veintiseis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, para interponer acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que presentó una solicitud de la devolución de fondos previsionales y el 18 de agosto de 2025, la recurrida le notificó el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, fundándose en que “-No sirve declaración jurada del trabajador para efectos de acreditar requisito establecido en la letra a) del artículo N°1 de la Ley N°18.156. En efecto, esta certificación debe ser emitida por la Institución Previsional correspondiente, y, excepcionalmente, por la delegación consular de su país en Chile (embajada/consulado), actuando en representación de la entidad previsional de origen. -Para acreditar la cobertura previsional conforme a la Ley N° 18.156, no basta con un documento genérico sobre las coberturas del sistema. Es necesario que la autoridad previsional del país de origen certifique expresamente que el trabajador estuvo efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos durante su permanencia en Chile. La Constancia Electrónica de Cotizaciones no resulta suficiente para estos efectos. Además, el documento presentado carece de legalización o apostilla. -Existe una doble e incompatible manifestación de voluntad entre cláusula segunda y tercera del anexo de contrato de trabajo de fecha 10 de agosto de 2023.”

Indica que la recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Alega que la conducta de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le impone requisitos no previstos por el legislador, ya que no se exige documento legalizado, y se le impide disponer de sus fondos. Sostiene que el acto impugnado se funda en una interpretación excesivamente formalista y contraria al propósito de la ley, afectando injustificadamente su patrimonio.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y que dentro de un plazo razonable se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Señala que la actora solicitó el 18 de agosto de 2025, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, sin embargo, sostiene que la documentación que acompañó presenta dos deficiencias que impiden acceder a la devolución, por no cumplir los requisitos copulativos establecidos en las letras a) del artículo 1° de dicha ley.

Explica con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el recurrente acompañó dos documentos: una declaración jurada otorgada ante la Notaría de San Miguel, y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente, ya que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y ninguno de los documentos cumplen con esos requisitos, ya que la declaración jurada emanada de la misma parte y la Constancia electrónica carece de firma autorizada y no ha sido apostillada ni legalizada, y aun cuando lo estuviera no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias referidas en la ley durante todo el tiempo trabajado en Chile.

Indica que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de pensiones en diversos pronunciamientos, entre ellos el Oficio Ordinario N°20.294, de 8 de octubre de 2020, y el Oficio Ordinario N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, en los que se instruye que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. En particular, este último oficio establece que los documentos que acrediten los requisitos de las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 deben presentarse con la correspondiente legalización consular o apostilla, según corresponda, como condición esencial para su validez en Chile.

Agrega que la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, en concordancia con la letra c) del numeral 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el contrato o anexo laboral del trabajador extranjero debe contener una cláusula en la que este exprese su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional de su país de origen y en este caso, se advierte una contradicción directa entre las cláusulas segunda y tercera del anexo de contrato de trabajo suscrito el 10 de agosto de 2023, ya que mientras una cláusula declara la voluntad de acogerse al régimen previsional extranjero conforme a la Ley N°18.156, otra cláusula autoriza expresamente el pago de cotizaciones previsionales en Chile, lo que implica una reafiliación al sistema previsional nacional y esta doble manifestación de voluntad, incompatible entre sí, impide establecer de manera inequívoca cuál régimen previsional ha sido efectivamente elegido.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 ni N°24 de la Constitución.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, la Superintendencia de Pensiones expuso que nombre reservado no registra reclamos previos ante dicho organismo sobre los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Indicó que la normativa aplicable -Ley N°18.156- establece un régimen excepcional de exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, sólo procedente respecto de trabajadores extranjeros dependientes, técnicos o profesionales, que cumplan copulativamente los requisitos señalados en su artículo 1°, esto es: estar afiliados a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en el contrato de trabajo la voluntad de mantenerse en dicho sistema.

La Superintendencia explicó que dicha ley debe interpretarse restrictivamente y sólo procede cuando se acredita el cumplimiento íntegro de las condiciones legales. Añadió que, en el caso de autos, según indicó la propia recurrente, acompañó a su solicitud de retiro de fondos ante AFP Planvital, la Constancia Electrónica de Cotizaciones y el Certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla y, además, dicho documento no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile.

Asimismo, precisó que la señora nombre reservado habría adjuntado una declaración jurada a su solicitud de retiro de fondos, emitida el 11 de agosto de 2025, en la que declara encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Este documento, al igual que el anterior, no cumple con los requisitos dispuestos para acreditar el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional, pues no acredita cobertura y tampoco es emitido por la autoridad competente del país de origen de la recurrente.

Ahora bien, expresa que respecto del requisito contemplado en la letra b) del artículo 1 de la ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, se debe hacer presente que la jurisprudencia de ese Servicio ha establecido que, cuando la voluntad del trabajador manifestada en el contrato de trabajo, o en éste y sus anexos, es contradictoria, no procederá la devolución de los fondos previsionales.

Por último, la Superintendencia señaló no contar con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente señora nombre reservado, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por la recurrente a A.F.P Planvital constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que, la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019 y el N° 12.954, de 15 de julio de 2025, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una “declaración jurada” que no es un documento que emane de la autoridad previsional de su país, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Por otra parte, respecto del cumplimiento del requisito de la letra b) del mismo artículo 1° de la ley 18.156, efectivamente entre la cláusula segunda y tercera del anexo de contrato de trabajo, celebrado entre la recurrente y su empleador, es posible evidenciar una contradicción que no permite apreciar su voluntad clara de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, tal como lo exige la Superintendencia del ramo.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas legales y administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3472-2025 Protección.