Protección contra Servicio de Impuestos Internos

PAGE 45/cuarenta y cinco San Miguel, veinte de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A fojas 14 comparece doña nombre reservado, comerciante, quien deduce acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, sección timbrajes de boletas, Oficina de San Miguel, cuya encargada es doña nombre reservado, cuyo segundo apellido ignora.

Indica que es comerciante en el rubro botillería, cervecería y restaurante que funciona en el local ubicado en Comandante Riesler N° 499-A, comuna de San Joaquín, el que funciona amparado por patente comercial N° 400078, otorgada por la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, la que fue adquirida en vida de su padre don nombre reservado, y durante más de 50 años el Servicio de Impuestos Internos ha timbrado las boletas de compra-venta en forma ininterrumpida, pues han sido junto a su padre, cumplidores de las normas tributarias y jamás han sido clausurados. Agrega que su padre falleció el 18 de abril de 2010 y que éste mediante un legado la instituyó como legataria de dicha patente, según consta en testamento verbal publicado por el Primer Juzgado Civil de San Miguel en causa Rol V-56-2010.

Adiciona, que los antecedentes que tuvo en cuenta el Servicio de Impuestos Internos para autorizar a su padre para explotar comercialmente el local antes indicado, consistieron e un avenimiento celebrado con fecha 29 de mayo de 1992 ante el Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, en causa Rol C-360-1992, con el propietario de dicho inmueble, don nombre reservado, en virtud del que se acordó que el referido bien raíz sería transferido a su padre, a través de una permuta con otro inmueble.

Señala que nunca el Servicio de Impuestos Internos puso dificultades para el timbraje de boletas, de lo que deduce que dio por cumplidas las exigencias para que en dicho local funcionara la botillería, sin que se haya dictado ninguna resolución administrativa que haya revocado la autorización para el timbraje.

Adiciona que el 15 de septiembre del año en curso su contadora concurrió al Servicio antes indicado a timbrar boletas y la encargada de dicha sección negó el señalado trámite aduciendo que debían contar con la autorización del dueño del inmueble, don nombre reservado, negativa que resulta arbitraria e ilegal, constituyendo una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de su derecho constitucional a la libertad del trabajo y su protección, y además vulnera su derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Refiere que cuenta con una patente municipal, paga sus impuestos, que “toda la vida” su padre y la compareciente han timbrado boletas ante el Servicio de Impuestos Internos sin traba administrativa. Que el hecho de haber trabajado más de 50 años en dicho local constituye un derecho adquirido a seguir explotando el rubro botillería y la negativa repentina del Servicio mencionado la está privando de su fuente de trabajo y su único medio de vida, dejando a sus hijas menores sin el alimento necesario para subsistir.

Que el local comercial donde funciona la botillería ha estado en poder de su padre y suyo por más de 50 años, con ánimo de señor y dueño, ya que en un avenimiento judicial se pactó una permuta y solo falta para la inscripción del dominio, obtener el cumplimiento forzado del avenimiento, trámite que en calidad de heredera iniciará a la brevedad, encontrándose la causa desarchivada. Adiciona que ante el Cuarto Juzgado Civil de San Miguel se sustanció una demanda de precario en su contra deducida por el señor nombre reservado, Rol C-16.878-2010, la que fue rechazada gracias a la existencia del avenimiento referido, agregando que tiene un título para ocupar dicho inmueble, por permuta.

Atendido lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita acoger el recurso interpuesto en todas sus partes, ordenando que el recurrido deberá proceder a autorizar el timbraje de las boletas de ventas y servicios de forma que pueda seguir funcionando el negocio ubicado e Comandante Riesler N° 499-A, comuna de San Joaquín.

Acompaña los documentos rolantes de fojas 1 a 13 que consisten en copia avenimiento de fecha 29 de mayo de 1992 entre nombre reservado como demandante y nombre reservado en calidad de demandado, copia de sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de San Miguel en los autos rol: V-56-2010 de fecha 21 de julio de 2010, copia de sentencia dictada por el Cuarto Juzgado Civil de San Miguel en los autos rol: C-16.878-2010 de 31 de diciembre de 2013.

A fojas 20 doña nombre reservado, Jefe de Grupo N° 1 Atención de Contribuyentes, Departamento de Plataforma de Atención y Asistencia, XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, informa al tenor del recurso interpuesto.

Manifiesta que previo a señalar las razones por las que estima que debe ser desestimado el recurso, es importante indicar que la contribuyente nombre reservado, registra inicio de actividades de fecha 26 de octubre de 2013, con giro en venta al por menor de bebidas y licores y establecimientos de comida rápida, además de poseer giro de otras actividades de servicios profesionales de fecha 28 de marzo de 2008. Ante el Servicio de Impuestos Internos registra domicilio en domicilio reservado, el que se solicitó fuera acreditado, según anotación en el sistema computacional de dicho servicio de 26 de octubre de 2012, fecha en que el recurrente realizó inicio de actividades como contribuyente de primera categoría, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Sin perjuicio de aquello, se ha realizado a la contribuyente timbraje de documentos, en particular boletas de ventas y servicios con fecha 28 de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 27 de diciembre de 2013, 22 de julio y 24 de septiembre de 2014, timbraje que la totalidad de las veces lo ha realizado la mandataria nombre reservado. Destaca que desde el primer timbraje de documentos realizado por la contribuyente con fecha 28 de marzo de 2013, se ha estampado en los formularios 3230, presentados con motivo del trámite requerido, la existencia de la anotación que solicita acreditación de domicilio a efectos de continuar con la autorización de la documentación tributaria.

Agrega que el artículo 68 del Código Tributario impone a las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera y segunda categorías a que se refieren los números 1° letras a) y b), 3°, 4° y 5° de los artículos 20, 42 Nº 2 y 48 de la ley sobre Impuesto a la Renta, deberán presentar al Servicio dentro de los dos meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación. Que la circular Nº 31 de 2007 del Servicio de Impuestos Internos, que regula la materia, dispone que el aviso de iniciación de actividades realizada por el contribuyente deberá serlo mediante el formulario 4415 existente al efecto, el que deberá contener nombre del contribuyente, domicilio, giro del negocio y código de actividad económica, sucursales, domicilio postal y domicilio urbano para notificaciones, en su caso y capital inicial, socios y participaciones. En cuanto al domicilio informado por el contribuyente, la misma circular, en su numeral 1.5.2 indica que el domicilio que se debe registrar debe coincidir con el lugar donde se realice la actividad principal del negocio o giro. Además dispone que deberán acreditar su domicilio los contribuyentes que realicen actividades clasificadas como de 1ª categoría, de conformidad a la Ley de Impuesto a la Renta. Finalmente el mismo numeral dispone que de conformidad al artículo 13 del Código Tributario, el domicilio indicado constituirá uno de los lugares habilitados para practicar al contribuyente las notificaciones que correspondieran.

La norma referida señala, en su punto 2.1.3.9 titulado Acreditación de domicilio, que en caso que la actividad sea ejercida en un inmueble de un tercero cedido bajo cualquier otro concepto (que no sea arrendamiento) deberá acompañar autorización escrita ante Notario u Oficial Civil, de no existir el primero, del propietario o arrendatario para realizar la actividad declarada y acompañar además el original o fotocopia autorizada ante Notario de la cédula de identidad de quien otorga la autorización. En virtud de tales instrucciones, con motivo del inicio de actividades de la recurrente se solicitó acreditar el domicilio en que ejerce sus actividades, requerimiento que ha sido reiterado en cada ocasión que ésta ha solicitado timbraje de documentos y no ha sido efectuado a la fecha.

Manifiesta, que Al respecto la contribuyente señala que la actividad comercial es ejercida en el mismo domicilio en que la ejerció su padre nombre reservado, de quien es legataria de patente comercial en virtud de la que explotan el negocio de botillería, por testamento verbal publicado por el Primer Juzgado Civil de San Miguel, en causa V-56-2010. Agrega ésta que su padre celebró un avenimiento con nombre reservado, ante el Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, Rol C-360-1992, acordando una permuta de propiedades, en que el inmueble de Comandante Riesler Nº 499-A, sería transferido al primero, avenimiento cuyo cumplimiento forzado sería iniciado a la brevedad, y que el señor nombre reservado interpuso demanda de precario ante el mismo tribunal, en causa Rol C.16.878-2010, la que fue rechazada. La contribuyente arguye su derecho a utilizar el domicilio referido en su calidad de heredera y legataria de su padre, respecto de lo que indica se debe tener presente que el uso que haya hecho el contribuyente a otro título que no sea propietario del bien raíz, no la habilita para ejercer actividades propias, por lo que a ella corresponde acreditar su título para hacer uso del inmueble de propiedad de un tercero, de nombre reservado.

Adiciona que el avenimiento mencionado constituye un título ejecutivo que habilita al compareciente o a su heredera a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, manteniéndose como propietario del inmueble mientras la transferencia no se realice el señor nombre reservado, el dueño original, siendo éste quien debe autorizar a la recurrente a utilizar a cualquier título el inmueble de su propiedad. Añade que han transcurrido más de 20 años desde la celebración del avenimiento sin que se haya exigido su cumplimiento. Agrega que en la especie, dicha autorización no existe de modo que no es posible según la normativa señalada, tener por acreditado el domicilio en que la recurrente ejerce sus actividades. En cuanto al juicio de precario a que alude la recurrente, el documento acompañado es una fotocopia simple de la sentencia, sin valor alguno. Añade que dicho título exhibido por la demandante indica como domicilio domicilio reservado, en tanto el señalado por la actora en su libelo es el ubicado en domicilio reservado. Además la sentencia acompañada indica que la acción es rechazada por no cumplir con el tercer requisito de la acción de precario, esto es, la ignorancia o tolerancia del dueño en la tenencia del bien por parte del demandado, lo que no ocurre en la especie ya que el título es el avenimiento arribado en causa Rol 360-1992, excluyendo la mera tolerancia alegada por el actor. En opinión del Servicio la sentencia referida no establece validez del título en virtud del cual la recurrente ocupa el inmueble, sino que señala que la acción de precario no es procedente porque no hay en el uso del bien mera tolerancia o ignorancia, sino un título para ello, respecto del cual no emite pronunciamiento. Añade que estima que el título acompañado por la recurrente a fin de acreditar su domicilio, no resulta suficiente para ello de conformidad a la normativa referida y en virtud de lo señalado, no es posible a dicho organismo dar por acreditado el domicilio en que ésta ejerce su giro, requisito exigido con motivo de su inicio de actividades.

Indica, que señalado lo anterior, cabe efectuar el análisis respecto de la improcedencia del recurso. Al efecto, refiere en primer lugar la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, manifiesta que el recurso de protección tiene por finalidad poner pronto remedio a actos u omisiones arbitrarias e ilegales, a fin de evitar un daño o perjuicio inminente al recurrente, siendo requisito indispensable para que proceda un hecho gravoso, el que supuestamente en la especie sería, respecto del Servicio, la negativa a efectuar timbraje de documentos, en este caso, de boletas. Que la compareciente señala que el día 15 de septiembre concurrió su contadora a timbrar boletas, lo que fue negado por la “encargada de dicha sección”, aduciendo que debían contar con la autorización del dueño del inmueble. Al respecto, precisa que cada vez que la recurrente ha concurrido a efectuar timbraje de documentos se ha realizado tal gestión, no obstante la anotación existente en el sistema informático y en las copias de formulario de timbraje de documentos Nº 3230, en cuanto al requerimiento de acreditar el domicilio del giro, lo que se demuestra en los formularios 3230 que acompaña, aun cuando no lo ha sido en el total requerido. En cuanto a la comparecencia que señala la recurrente el día 15 de septiembre, no existe constancia en dicho Servicio, a lo que se agrega que la contribuyente señala que la encargada de dicha sección negó el trámite, correspondiendo la “suscrita” a quien haría referencia, es contra ella que se dirige la acción, sin que en esta oportunidad hubiese existido entrevista de su parte con la recurrente.

Señala, que así las cosas, es posible sostener que no ha existido acción alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos que implique alguna vulneración de los derechos de la contribuyente, sino que por el contrario cada vez que ha comparecido y pese a la anotación que posee se ha procedido a la autorización de timbraje solicitada.

Atendido que no existe un hecho que pueda constituir vulneración de garantía, como lo es la denegatoria de timbraje de documentos, la acción intentada carece de uno de sus presupuestos básicos de admisibilidad, esto es, la descripción de un acto o una omisión susceptible de ser recurrida, por lo que estima que se debe declarar inadmisible sin más trámite.

Añade, no se acreditaron los hechos fundantes del recurso, que del mérito de los antecedentes no es posible tener por acreditado que se haya verificado un hecho puntual por el cual se ha recurrido, esto es, la presunta negativa por parte del servicio de Impuestos Internos de timbrar boletas a la recurrente, lo que es suficiente para rechazar la acción intentada. La recurrente no acompaña ningún antecedente que acredite la existencia de la actuación que califica de ilegal o arbitraria, a lo que debe agregarse que ésta, representada por nombre reservado, ha obtenido timbraje de documentos en diferentes oportunidades, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Adiciona que existe falta de nexo causal entre el acto supuestamente arbitrario e ilegal realizado por el Servicio de Impuestos Internos y el agravio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrente no explica en su libelo de que manera se ven afectados los derechos protegidos ni la relación causal que existe entre el presunto acto llevado a cabo por dicho organismo y la vulneración. Que en cuanto al derecho de propiedad, no se identifica cual sería el bien corporal o incorporal del cual se habría visto privada la contribuyente por parte de la administración tributaria. De lo expuesto, no cabe mas que concluir que la actuación del Servicio de Impuestos Internos no ha implicado ninguna privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales invocados por lo que estima que la acción debe ser rechazada.

Acompaña los documentos rolantes a fojas 30 a 38 que consisten en copia formularios de declaración jurada para timbraje de documentos, correspondientes a la recurrente, de fechas 28 de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 27 de diciembre de 2013, 22 de julio y 24 de septiembre de 2014, impresión de cartilla del Servicio de Impuestos Internos con detalle de timbraje de boletas de ventas y servicios, correspondiente a la recurrente, impresión de cartilla del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a la recurrente. Señala fechas de timbraje. Usuario s12028921.

A fojas 43 se trajeron estos autos en relación.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y garantías constitucionales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por tanto, supone la existencia tanto de hechos indubitados como de agentes determinados, de manera que sea posible actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela.

SEGUNDO: Que de lo anterior se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, vulnerando una o más de las garantías protegidas, consideración básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha motivado el presente recurso.

TERCERO: Que cabe dejar asentado que la recurrente ocupa el inmueble de domicilio reservado en virtud de un avenimiento alcanzado entre su padre don nombre reservado y don nombre reservado, dueño del inmueble, en virtud del cual este último, teniendo perfecto conocimiento que allí se explotaba el negocio de botillería autorizó la ocupación del mismo, adquiriendo ambos comparecientes en el referido documento obligaciones recíprocas que tenían como finalidad la entrega material de dicha propiedad a su dueño una vez cumplidas, lo cual no se ha verificado a la fecha, habilitando por tanto la ocupación del inmueble por parte de la recurrente en calidad de sucesora de los derechos y obligaciones adquiridos por su causante en dicho acuerdo judicial.

CUARTO: Que si bien es cierto, el padre de la recurrente ocupaba el inmueble autorizado por su dueño, esta autorización no se comprende en la sucesión de su padre, pues estamos en presencia de un sujeto tributario distinto, la recurrente, que debe cumplir con lo previsto en la Circular Nº 31 del Servicio de Impuestos Internos y con el artículo 13 apartado 2.1.3.9 de la Ley de Impuesto a la Renta en la cual se indica que en caso que una actividad sea ejercida en un inmueble de un tercero cedido bajo cualquier otro concepto que no sea arrendamiento deberá acompañar autorización escrita del propietario o arrendatario para efectuar la actividad declarada y acompañar original o fotocopia autorizada ante Notario de la cédula de identidad de quien otorga la autorización.

QUINTO: Que a fojas 30 a 38 figuran agregados en copia formularios de declaración jurada para timbraje de documentos, correspondientes a la recurrente, de fechas 28 de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 27 de diciembre de 2013, 22 de julio y 24 de septiembre de 2014, impresión de cartilla del Servicio de Impuestos Internos con detalle de timbraje de boletas de ventas y servicios, correspondiente a la recurrente en la cuales se puede apreciar que en el último timbraje se autorizaron boletas desde la 5501 a la 6.000 lo cual se contradice con el motivo que tuvo para recurrir de protección, esto es, “El día 15 de septiembre del año en curso mi contadora concurrió al Servicio de Impuestos Internos a timbrar boletas y la encargada de dicha sección negó dicho trámite aduciendo que debían contar con la autorización del dueño del inmueble, don nombre reservado”, presupuesto fáctico que no se logra acreditar en autos.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes se desprende que en el presente caso no ha habido actos u omisiones arbitrarios o ilegales que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del recurrente, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de a Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 14 y siguientes por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Kadis Cifuentes.

N° 347-2014 – PROT.

Pronunciado por la Ministro de la Cuarta Sala Sra. nombre reservado, Fiscal Judicial Sra. Tita Aránguiz Zúñiga y Abogado Integrante Sr. Juan Kadis Cifuentes.

San Miguel, veinte de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.