nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP PlanVital S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en la anulación o rechazo de su trámite de retiro de fondos para extranjero, comunicada el 8 de agosto de 2025.

Expone que solicitó, por medio del portal web de la administradora, la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y retiro de fondos. Señala que la AFP fundó el rechazo en que no se acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, debidamente apostillada o legalizada, que acreditara que la trabajadora se encuentra afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile con prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile. Sostiene que dicho requisito adicional no está expresamente contemplado en la ley especial y que, además, resulta de difícil o imposible cumplimiento para nacionales venezolanos dada la inexistencia de representación consular operativa para estos efectos. Afirma que cumple íntegramente con los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, por ser profesional extranjera, mantener afiliación a la seguridad social venezolana y haber expresado en el contrato de trabajo su voluntad de mantener esa afiliación.

Refiere que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sí permite acreditar su afiliación previsional. Indica que ese documento contiene un código alfanumérico susceptible de verificación en línea en el sitio oficial del IVSS y que también puede validarse mediante el número de cédula de identidad venezolana, por lo que la AFP contaba con distintos medios tecnológicos para comprobar su autenticidad y contenido. Afirma que la recurrida omitió efectuar dicha verificación y rechazó la solicitud sobre la base de una interpretación formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, pese a que la constancia electrónica emana de un organismo público, es verificable y, además, fue complementada con declaración jurada otorgada ante notario. Añade que otras administradoras, como AFP Cuprum, habrían aceptado constancias semejantes, lo que demuestra el carácter arbitrario del actuar de PlanVital.

Sostiene que la exigencia de apostilla o legalización, además de no encontrarse expresamente en la ley especial, impone una carga imposible de satisfacer en el actual contexto de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Alega vulneración de la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, porque se le habría dado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales condiciones, y del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por cuanto los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual le pertenecen y la negativa a restituirlos importa una retención injustificada. Añade también la garantía del artículo 19 N°26, sosteniendo que se le han impuesto requisitos no previstos en la ley que afectan la esencia de sus derechos.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitrario el acto de AFP PlanVital S.A. de 8 de agosto de 2025 que rechazó verbalmente el retiro de fondos para extranjero, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, procediendo dentro de un plazo razonable a la devolución de los fondos previsionales solicitados o adoptando las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de AFP PlanVital S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Expone que el 7 de agosto de 2025 la recurrente ingresó en la página web de la administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Señala que dicha solicitud fue rechazada y comunicada oportunamente el 8 de agosto de 2025, por cuanto la documentación acompañada, consistente en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”, no cumplía con las exigencias necesarias para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1 de esa ley.

Indica que, conforme al Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, el trabajador extranjero debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que contó efectivamente con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada. Añade que el mismo oficio establece que no sirven para acreditar debidamente ese requisito ni las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos, ni tampoco las declaraciones juradas del afiliado, aun cuando estén notariadas o apostilladas, porque no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen.

Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por ello, de interpretación restrictiva, aplicable solo cuando se cumplen copulativamente todas sus exigencias. Precisa que dichos requisitos son tres: que el solicitante tenga a lo menos la calidad de técnico; que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Afirma que el Oficio N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones señala expresamente que el trabajador extranjero debe aportar una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en esos casos, entendiendo por debidamente legalizada que el documento debe contar con la apostilla respectiva o con la legalización necesaria para producir efectos en Chile, según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Añade que dicho oficio concluye expresamente que los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin requerirse otra intervención adicional sobre esa apostilla.

Afirma que el rechazo informado por la administradora no fue ni ilegal ni arbitrario, sino que se funda en las normas legales y administrativas aplicables. Invoca la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, que exige afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile con prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Cita además el artículo 2 del D.F.L. N°101 de 1980, que atribuye a la Superintendencia de Pensiones la autoridad técnica de supervigilancia y control de las administradoras; el artículo 3 del mismo cuerpo legal, que le confiere facultades para interpretar la legislación y dictar normas obligatorias; el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, que asigna a dicha Superintendencia la función de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema con carácter obligatorio; y el artículo 47 de la Ley N°20.255, que le encomienda velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos e instrucciones impartidas. Añade que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y, en particular, el Oficio Ordinario N°12.954 imponen reglas de cumplimiento obligatorio para todas las AFP, incluida PlanVital, de modo que la aplicación de esas instrucciones no es facultativa, sino obligatoria. Señala que, por ello, su representada no ha actuado ilegalmente. Afirma que su actuar ha sido razonado y se ha ajustado al principio de igualdad de trato respecto de todos sus afiliados, por lo que tampoco puede calificarse de arbitrario.

Finalmente, hace presente que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a pedir la devolución de fondos, pues se trata de un acto subsanable. Agrega que el recurso de protección no resulta procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no ponen término al procedimiento ni afectan de manera irreversible derechos fundamentales, más aún cuando el afiliado dispone de mecanismos para plantear su situación ante la administradora o ante la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones informa que nombre reservado no presentó reclamo previo ante ese organismo por estos hechos, por lo que no existen antecedentes administrativos específicos sobre su caso. Sin perjuicio de ello, señala que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, que solo permite la devolución de fondos si el trabajador extranjero acredita copulativamente afiliación a un sistema previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y la voluntad contractual de mantener dicha afiliación.

Añade que, conforme a su jurisprudencia administrativa, no basta una constancia genérica ni una cartola de cotizaciones, sino que debe existir una certificación específica de la autoridad previsional competente que acredite cobertura efectiva durante todo el tiempo trabajado en Chile. Indica que la declaración jurada de la recurrente no sirve para ese fin y que la constancia electrónica del IVSS tampoco resulta idónea, porque no está firmada, ni apostillada o legalizada, y además no precisa coberturas ni período de protección.

Finalmente, sostiene que esa interpretación ya ha sido respaldada por fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema en casos análogos, por lo que no cuenta con antecedentes para concluir que la recurrente cumpla los requisitos de la Ley N°18.156 para obtener la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones del IVSS” de 5 de septiembre de 2025, sin legalización ni apostilla.

Séptimo: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia y de apostilla de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3466-2025 Protección