Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S

San Miguel, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que el 4 de enero de 2026 realizó su solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida. Sin embargo, señala que el día 5 de enero del presente año, recibe un correo electrónico que indicaba que su solicitud había sido rechazada, ya que el certificado de afiliación al sistema previsional fuera de Chile debe estar debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la vigencia informada en la ley 18.156.

Indica que el 9 de enero ingresó reclamo a la Superintendencia de Pensiones y que, el 12 de enero, recibió un correo electrónico de la recurrida, en el que se le señalaba que “En este caso, la solicitud no fue ingresada por no contar con la documentación mínima requerida, situación informada oportunamente al afiliado por correo electrónico. El documento presentado (Constancia Electrónica de Cotizaciones) no acredita la cobertura previsional exigida y no se encuentra apostillado ni legalizado. Asimismo, una declaración jurada emitida por el propio interesado carece de valor probatorio para estos efectos. Finalmente, esta situación no impide que el afiliado presente nuevamente su requerimiento acompañando la documentación que cumpla con las formalidades legales y administrativas vigentes…”.

Agrega que cumplió con los requisitos solicitados, acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo como ya fue indicado anteriormente la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos.

Señala que acreditó de manera suficiente, clara y verificable su afiliación vigente al sistema de seguridad social de su país de origen mediante constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo público competente en materia previsional, documento que da cuenta de su afiliación, y que, conforme a la legislación venezolana, implica automáticamente la cobertura integral de las contingencias exigidas por la Ley N°18.156.

Sostiene que la AFP recurrida ha fundado el rechazo de la solicitud de retiro exclusivamente en la supuesta “falta de apostilla” del documento presentado, exigencia que resulta arbitraria, carente de sustento legal y de imposible cumplimiento en la realidad actual, aceptar la exigencia de apostilla como condición de procedencia implicaría, en los hechos, modificar por vía administrativa el contenido y alcance de la Ley N°18.156.

Afirma que se han vulnerado las garantías del artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad sobre los fondos de capitalización individual, además de infringir la igualdad ante la ley al imponer requisitos extralegales que generan una retención injustificada de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a tramitar la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión en un plazo razonable.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, señalando que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sin embargo, sostiene que dicha solicitud adolece de un problema, y que se refiere a los documentos presentados con la solicitud, donde se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones'. Dicho rechazo de la solicitud fue comunicado oportunamente el 5 de enero de 2026.

Señala que el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada. Además, descarta como medios idóneos las certificaciones electrónicas genéricas no firmadas y no apostilladas/legalizadas, y las declaraciones juradas, aun cuando se encuentren certificadas ante notario y apostilladas, por no emanar de la autoridad previsional competente.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 de la Constitución.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 17 de junio de 2026, informa que el 9 de enero de 2026 la recurrente realizó una consulta a través del portal de atención ciudadana de la Superintendencia, relativa a la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero. Señala que el organismo respondió mediante correo electrónico de 12 de enero de 2026, informando los requisitos y aspectos relevantes de la Ley N°18.156. En cuanto al marco normativo aplicable, la Superintendencia explica que la Ley N°18.156 regula una situación excepcional destinada a técnicos extranjeros afiliados a sistemas previsionales en sus países de origen, permitiéndoles eximirse de cotizar en Chile y solicitar devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley.

Estos consisten en: mantener afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera. Añade que la normativa debe interpretarse restrictivamente, atendido su carácter excepcional.

Sostiene que, conforme a su interpretación administrativa y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el trabajador extranjero debe acreditar cobertura efectiva respecto de todos los riesgos previstos en la ley durante el tiempo trabajado en Chile, mediante certificación emitida por la institución previsional extranjera debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, indica que el documento acompañado por el recurrente, consistente en un certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de apostilla o legalización y no cumple con las condiciones de autenticidad y suficiencia necesarias para acreditar válidamente la afiliación y cobertura previsional exigida por la ley.

Finalmente, la Superintendencia manifiesta que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Planvital constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°346-2026 Protección.