nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, once de agosto de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 12; Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliado domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado y nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en contra de nombre reservado, representada legalmente por su Superintendente Rolando Aniñir Pañinao, ambos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, por su actuación arbitraria e ilegal, consistente en la intervención de la Segunda Compañía del nombre reservado, decidida en Reunión Extraordinaria del Directorio General de fecha 4 de agosto de 2025 y formalizada mediante las Órdenes del Día N°39/2025 y N°40/2025 de 7 de agosto de 2025, lo que estiman que vulnera los numerales 2°, 3°, 4° y 16° del artículo 19 de la Constitución.

Relatan que el 1 de agosto de 2025, un grupo de 24 voluntarios de la Segunda Compañía envió carta al Superintendente y al Honorable Directorio General denunciando irregularidades internas, afectaciones a la salud mental de los voluntarios, división en la convivencia y la necesidad de una auditoría integral de la documentación física, digital y contable. Agrega que el 2 de agosto, el Superintendente informó vía WhatsApp al Director de la Compañía sobre esta carta, sin iniciar procedimiento formal ni canalizar el reclamo por conductos regulares. El día 4 de agosto de 2025, el Directorio General, en reunión extraordinaria, resolvió intervenir la Segunda Compañía y remover a toda su oficialidad, decisión que fue formalizada el 7 de agosto de 2025 mediante las Órdenes del Día N° 39/2025 y N° 40/2025. Dicha intervención designó al voluntario honorario nombre reservado como interventor, asignándole la administración temporal y supervisión de la Compañía hasta su reorganización completa.

Informan que la intervención dispuso la remoción inmediata de toda la oficialidad, incluidos los recurrentes; la designación de un interventor con amplias atribuciones, sin investigación previa ni proceso disciplinario formal, y la adopción de medidas que afectaron la honra, el cargo y la trayectoria voluntaria de los afectados. Expone que no se otorgó audiencia, derecho a defensa ni oportunidad de presentar descargos, configurándose así un acto arbitrario e ilegal.

Agregan que la medida se basó principalmente en la denuncia individual de nombre reservado, voluntaria que es hija del ex Capitán nombre reservado y que anteriormente había denunciando supuestos hostigamientos y discriminación involucrando directamente a la Secretaría y al Director de Compañía.

En cuanto a la ilegalidad cita el artículo 553 del Código Civil y afirman que el acto ha infringido dos de sus prohibiciones esenciales: la prohibición de que el órgano de administración ejerza funciones disciplinarias, ya que el Directorio General carece de competencia para remover oficialidades sin procedimiento previo ante el órgano disciplinario, y la exigencia de un procedimiento racional y justo, en tanto, no se permitió audiencia previa, presentación de descargos ni revisión de antecedentes.

Alegan que, además, hubo exceso de atribuciones según el Reglamento General del nombre reservado, ya que si bien el artículo 15 del Reglamento General faculta al Directorio General a intervenir en casos graves que afecten la disciplina o el honor institucional, dicha intervención debe respetar las formalidades reglamentarias y las garantías de los afectados.

Denuncian arbitrariedad en cuanto estima que hubo fata de motivación del acto, en que se priorizó la denuncia individual de nombre reservado por sobre la de los 24 voluntarios y en cuanto existiría falta de proporcionalidad al decidir la intervención inmediata y la remoción de toda la oficialidad. Concluye que esta decisión afectó la continuidad institucional, la reputación y el ejercicio de funciones de los recurrentes, quienes vieron interrumpida su labor voluntaria y dañada su trayectoria en la institución.

Argumentan como afectados los derechos fundamentales de la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, su honra y libertad de trabajo.

Piden que las Órdenes del Día N°39/2025 y 40/2025 sean declaradas ilegales y arbitrarias, retrotrayéndose las cosas al estado anterior; que se reincorpore a los recurrentes a todas sus funciones, derechos y prerrogativas; que no conste anotación alguna relacionada con estos hechos en las hojas de vida de los recurrentes y que el nombre reservado emita disculpas públicas a los recurrentes mediante comunicación formal dirigida a la totalidad de la institución, con costas.

Segundo: Que, Patrick Saavedra Barra, abogado, en representación de la recurrida informa al tenor del recurso. Expone que los recurrentes formaban parte de la Directiva de la Segunda Compañía de nombre reservado, en distintos cargos y que el 30 de julio de 2025, un grupo de 24 voluntarios de un total de 70 que forman parte de esa compañía dirigió una carta al Superintendente y al Honorable Directorio General denunciando irregularidades internas, afectaciones a la salud mental de voluntarios, la división en la convivencia y la necesidad de una auditoría integral de la documentación física, digital y contable. Señala que en la carta solicitaron, que, en caso de comprobarse las irregularidades, se aplicarán medidas correctivas, incluyendo la suspensión o remoción de la oficialidad actual.

Añade que el 29 de julio, la voluntaria nombre reservado, también había hecho llegar al Director, copiando a los Oficiales Generales, una carta en que denunció situaciones de hostigamiento en su contra, las que podrían configurar actos de discriminación atendida su condición de persona TEA.

Agrega que el 4 de agosto de 2025 se realizó una reunión extraordinaria del Directorio General del nombre reservado, presidida por el Superintendente Rolando Aniñir Pañinao, con el objetivo de dar a conocer estas denuncias, el resultado de esta reunión fue el acuerdo de nombrar un interventor para la Segunda Compañía, adoptado por 9 votos a favor y sólo 2 en contra, uno de estos últimos del recurrente nombre reservado, quien participó de dicha instancia en su calidad de Director de la referida compañía.

Indica que en reunión del Directorio General de 6 de agosto se designó como interventor, en forma unánime, al voluntario nombre reservado. Al día siguiente, el Superintendente y el Secretario General remitieron una carta a los Directores de las Compañías que lo conforman el nombre reservado, informándoles el acuerdo acerca del Interventor y la remoción de los recurrentes como directores de dicha Compañía, así como los antecedentes que se tuvieron en consideración para ello.

Sostiene que el procedimiento en base al cual se decretó el nombramiento de interventor y la remoción de los recurrentes de sus cargos se realizó con estricto apego a lo establecido en el Reglamento General del nombre reservado y dentro del ámbito de competencias de su Directorio General, atendida la urgencia que demandaba tomar una decisión debido a la gravedad de las acusaciones formuladas en contra de los recurrentes y el buen desarrollo de las actividades de la Segunda Compañía.

Argumenta que las decisiones adoptadas no pueden ser catalogadas como arbitrarias ni ilegales, ni en caso alguno constituyen una amenaza, vulneración o privación a los derechos a la igualdad ante la ley, a no ser juzgados por comisiones especiales ni al derecho a honra ni a la libertad de trabajo de los recurrentes.

Sostiene que se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en su Reglamento General, y que la labor del Interventor está en curso y ha logrado detectar y acreditar hasta la fecha hechos eventualmente configurativos de delitos, por lo que se evalúa la presentación de una querella criminal en contra de los responsables.

Manifiesta que las sanciones definitivas a los recurrentes serán aplicadas o no conforme el resultado del informe que debe presentar el interventor y según los resultados de la investigación que habrá de efectuar el Ministerio Público una vez se presenten las acciones correspondientes. Informa que todos los recurrentes han conservado y conservan su calidad de bomberos voluntarios.

Finalmente, pide condenar en costas a los recurrentes o en subsidio, disponer que cada parte pague sus costas, eximiendo a su parte del pago de las eventuales costas del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que corresponde precisar que el acto que por esta vía se estima ilegal y arbitrario, consiste en la decisión del nombre reservado de intervenir la Segunda Compañía del nombre reservado, removiendo a su directiva, lo que fue formalizado mediante las Órdenes del Día N°39/2025 y N°40/2025 de 7 de agosto de 2025.

Quinto: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que el Reglamento General del nombre reservado, en el Título II, referido al Directorio General, en su artículo 15 señala que “El Directorio podrá intervenir en cualquier asunto, incidente o querella que suceda en el Cuerpo en general o en las Compañías en particular, tomará injerencia y someterá al Consejo Superior de Disciplina a los voluntarios implicados. Si los motivos al principio expuestos comprometieran a una o más Compañías, el Directorio General someterá, en reunión exclusiva para este tema, la posibilidad de intervenir y reorganizar las o las Compañías en cuestión para su resolución, todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre o buen servicio de una o más Compañías. En el caso de dictaminarse una intervención a la o las Compañías, será el Directorio General quien designará a uno de sus miembros o al voluntario que considere apto para ejecutar tal función, que no será de la Compañía afectada, para que asuma la administración de la o las Compañías. Mientras asuma la administración de la o la Compañía intervenida, será para efectos administrativos, denominado Interventor. Deberá generar un plan de trabajo que comprometa cambios a las condiciones que derivaron a la intervención, estas deberán ser medibles, además asignará la directiva provisoria, generará informes de avance cada 15 días al Directorio General, podrá exigir también que se juzgue la conducta de alguno de los voluntarios, aún en actos ajenos al servicio, pero que comprometan gravemente el honor y dignidad que debe mantener un bombero, será el Interventor quien solicite al Directorio General levantamiento de la intervención por considerar que los informes de avance están generando resultados positivos medibles, si así lo dispusiese el Directorio General, el Interventor citará a la reunión de elección de oficiales de Compañía, supervisará la votación y entregará la nómina de los oficiales electos al Directorio General, en ese momento el Directorio visará esta elección, la comunicará y pondrá los cargos en servicio. Dictaminará también la caducidad del Interventor en la Compañía aludida anteriormente.”

Sexto: Que, sin perjuicio que el Reglamento General permite el nombramiento de un interventor y que éste nombre a una directiva provisoria, conforme se desprende de los antecedentes aportados por ambas partes, la remoción provisoria de los directivos de la compañía recurrida se ha mantenido en el tiempo, sin que a la fecha conste una decisión definitiva al respecto.

Séptimo: Que, si bien las asociaciones o corporaciones de voluntarios, como son los Cuerpos de Bomberos, disponen de autonomía para regular su régimen interno y disciplinario, el ejercicio de dicha potestad no es absoluto ni puede sustraerse del respeto a los derechos fundamentales de sus integrantes, requiriendo que toda medida de destitución o remoción de cargos directivos esté precedida de una investigación objetiva y de la oportunidad real de defensa de los afectados en un plazo razonable, cuestión esta última que no ocurre en la especie, lo que constituye un acto de carácter arbitrario que amenaza y vulnera la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, en consecuencia, para restablecer el imperio del derecho y tutelar las garantías conculcadas sin entrabar indebidamente la potestades correctivas de la institución, resulta indispensable ordenar a la recurrida que radique la sustanciación de la investigación disciplinaria en contra de los directivos removidos, fijando para tal efecto un plazo prudencial e improrrogable, y disponiendo que cualquier efecto definitivo de remoción quede supeditado al resultado de dicho procedimiento previo, el que deberá garantizar la audiencia y el contradictorio de los recurrentes.

Noveno: Que, en ese orden de ideas, el recurso se acogerá solo en cuanto se establecerá un plazo para la resolución definitiva respecto de los hechos que originaron la remoción provisoria que involucra a los recurrentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra del nombre reservado, solo en cuanto en el término de cuarenta y cinco días deberán realizarse las gestiones correspondientes para la debida resolución definitiva respecto de los hechos que originaron la remoción provisoria que involucra a los recurrentes.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°3457-2025.