nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HEROES

San Miguel, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación Los Héroes representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones en virtud de una deuda actualmente judicializada y pendiente de resolución por un Tribunal de la República, lo que vulnera y amenaza la garantía fundamental consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Refiere que es trabajadora de un establecimiento educacional de la Escuela Especial Renacer II de la comuna de El Bosque. Aduce que la recurrida ordenó a su actual empleador realizar descuentos por planilla por un crédito que se encuentra actualmente judicializado.

Alega que la recurrida ha sido negligente en el cobro del crédito, por lo que inició un proceso judicial a fin de solicitar la prescripción de la acción ejecutiva seguida en causa C-2175-2021 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. Sostiene que en los meses de enero y febrero de 2021 se le han efectuado descuentos en sus remuneraciones y que existe la amenaza de que se seguirán realizando en el futuro ya que, a pesar de los reclamos formulados a la Caja de Compensación, estos descuentos siguen practicándose, pese a que con anterioridad habían cesado.

Solicita se acoja su acción y se ordene a la recurrida abstenerse de realizar estos descuentos y reintegrar los montos ilegalmente percibidos, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado Carlos Stevenson Valdés en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Indica que su representada otorgó al recurrente un crédito social el 30 de abril de 2018, por un capital de $4.630.184 pagadero en el plazo de 60 meses, con una cuota de $151.677, de las cuales se han pagado solo 11.

Afirma que en la especie se configura la existencia de una litispendencia ya que la recurrente ha interpuesto una acción con el objeto de que se declare prescrita la acción ejecutiva. Agrega que dicha acción no le ha sido notificada y que la actora solicitó una medida prejudicial de exhibición del pagaré que da origen al crédito, lo que se cumplió el 24 de junio de 2021.

Estima que no ha cometido un acto arbitrario ni ilegal al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene la recurrente, ya que se encuentra actuando dentro de los márgenes legales de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº18.833 y en el Código del Trabajo. Indica que la Superintendencia de Seguridad social sostiene que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social las que deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por lo que el empleador tiene la obligación de deducir, retener y enterar en las cajas acreedoras las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin necesidad de la autorización del deudor. En consecuencia, entiende que simplemente ha ejercido sus derechos emanados del contrato de crédito al cual la recurrente concurrió voluntariamente y que no ha sido invalidado por sentencia judicial alguna.

Añade que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social y que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº18.833 que establece que lo adeudado por este tipo de prestaciones, deberá ser deducido de la remuneración del trabajador afiliado por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora y se rige por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Explica que no resulta arbitrario ni ilegal el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que se trata de una actividad apegada al derecho que tiene como finalidad obtener el pago de lo que se adeuda. Sostiene que la prescripción, para que surta efectos, debe ser declarada judicialmente y que mientras ello no suceda, el acreedor puede seguir ejerciendo acciones de cobranza extrajudicial.

Indica que la vía judicial intentada no es la idónea ya que no existe un derecho indubitado y que la acción constitucional de protección no puede emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, resultando evidente que existe controversia sobre la existencia de la deuda, la prescripción de la acción de cobro y la forma en que la caja puede ejercer su facultad de cobrar lo que se adeuda.

Tercero: Que, el 16 de diciembre del presente se prescindió del informe solicitado a la empleadora de la recurrente y se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, el acto que se impugna por esta vía consiste en los descuentos efectuados por la recurrida en las remuneraciones de la actora en virtud de un crédito social moroso y respecto del cual la deudora solicitó se declarara la prescripción de la acción ejecutiva.

Séptimo: Que, conforme lo expone la propia recurrente dedujo una demanda de prescripción de la acción ejecutiva que emana del crédito social que da origen a este recurso, existiendo una controversia respecto a la vigencia de la obligación que justificaría los descuentos efectuados por la recurrida a las remuneraciones de la actora. En consecuencia, el derecho pretendido por la recurrente no es un derecho indubitado o incontrovertido, excediendo los márgenes de esta acción cautelar.

A mayor abundamiento, no se acreditó en autos la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere alguna garantía constitucional de la recurrente.

Octavo: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, la presente acción de protección no puede prosperar.

Y de conformidad, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Nº345-2021 Protección.