SINDICATO INTEREMPRESAS N° 6 DE CONDUCTORES Y TRABAJADORES FLOTA TALAGANTE CONTRA ASISICACION GREMIAL DE EMPRESARIOS DE TAXIBUSES FLOTA TALAGANTE

Foja: 98 Noventa y Ocho Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que a fojas 11 comparece don nombre reservado, en su calidad de presidente del Sindicato Interempresas Nº 6 de Conductores y Trabajadores Flota Talagante quien interpone recurso de protección a favor de todos los conductores socios y en contra de la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante solicitando que se acoja el recurso de protección y que se restablezca el imperio del derecho ordenando a la recurrida a remover las cámaras de video instaladas que graban de forma exclusiva y directa a los conductores de las micros de la flota Talagante, con costas.

Indica que en la Provincia de Talagante el transporte público de pasajeros inter urbano se realiza por más de 130 empresarios, los que se encuentran agrupados en la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante y que dicha asociación, en el mes de agosto de 2016, acordó la instalación, en todos los buses, de una tercera cámara de vigilancia la que enfoca y graba únicamente al conductor, apuntando a su cara, capta imágenes y audio durante toda la jornada de trabajo de manera ininterrumpida, permite dejar registros de las grabaciones y además una revisión en tiempo real, (transmisión en línea), cámaras cuya instalación comenzó el 16 de agosto de 2016.

Agrega, que ha intentado dialogar con representantes de la Asociación, a fin de hacerles presente que la instalación de dichas cámaras implica un menoscabo a los choferes, la recurrida nunca ha accedido a buscar soluciones y que de hecho una serie de choferes han dado cuenta que los empresarios los han atemorizado señalándoles que con la aplicación de este sistema podrían saber todo lo que hacían y controlarlos.

Explica que cada autobús, desde hace varios años, cuenta con 2 cámaras, una que enfoca hacia fuera del mismo, a fin de registrar lo que ocurre en el exterior y posibles accidentes y una que enfoca al interior, cuyo plano de grabación es de un 10% a la cabina del conductor y 90% a los pasajeros, la que se instaló para prevención delictual, además, que los conductores cuentan como medida de protección, fuera de las dos cámaras con una jaula metálica rígida que los separa de los pasajeros, haciendo presente que si bien los empresarios han señalado que estas nuevas cámaras tienen por objeto dar mayor seguridad, dicha finalidad no se cumple si sólo se capta al chofer y que la colocación de las cámaras viene a perjudicar aún más a los conductores que trabajan más de 14 horas diarias, sin descansos legales y con pésimas condiciones laborales que deberán soportar un trato indigno de control total y completo por parte del empleador, pues las cámaras afectarán su vida privada, honra y dignidad como trabajadores, vulnerando la garantía establecida en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, esto es, el respeto y protección a la vida privada y honra de la persona.

Cita jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ante el conocimiento de casos análogos, una sentencia de la Excma Corte Suprema y un fallo del Tribunal Constitucional.

Añade que en la especie lo que existe es una colisión de derechos, por un lado el derecho de los trabajadores al respeto de su vida privada y por otro el derecho de los empresarios a la libertad de empresa y de propiedad empresarial por lo que debe aplicarse el denominado “juicio o test de ponderación” que consta de los juicios de adecuación o idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, agregando que si bien las cámaras permiten alcanzar el fin buscado, existen otras vías mediante las cuales se puede obtener el mismo resultado, por lo que no resulta justificada ni proporcional la decisión adoptada por la recurrida.

Por último, manifiesta que es importante destacar que la instalación de cámaras no consta en ningún reglamento interno ni en los contratos de trabajo, por lo que no podría alegarse que existe consentimiento de los trabajadores respecto a estas cámaras que los graban fijamente y en definitiva, pide que se acoja la acción de protección, se restablezca el imperio del derecho y se ordene a la recurrida a remover las cámaras de video instaladas que graban de forma exclusiva y directa a los conductores, con costas.

Acompaña al recurso set de fotografías impresas y legalizadas ante notario en que consta la instalación de la cámara de grabación al interior de la cabina del conductor en el bus patente WH-2030; solicitud de fiscalización efectuada por el sindicato Interempresas N°6 de conductores y trabajadores Flota Talagante a la Dirección Regional Metropolitana Poniente del Trabajo efectuada el 1° de septiembre del año en curso, haciendo presente la instalación de cámaras, cuyas características indica, al interior de los buses, situación que estiman vulneradora de garantías fundamentales; correo electrónico en que expresan su molestia por la instalación de cámaras; y acta en que consta la calidad de Presidente del Sindicato Interempresas N°6 de conductores y trabajadores Flota Talagante del recurrente.

Además acompañó a la proceso capturas de pantalla del sitio web sbschile.com en que la primera se indican los servicios que ofrece, entre ellos grabación de videos y audio y en la segunda la tecnología que la misma empresa ofrece, ambas con imágenes ilustrativas.

Que a fojas 40 se tiene por interpuesto recurso de protección, siendo notificada la recurrida Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante quien a fojas 48 informa al tenor del recurso solicitando el rechazo del mismo, con costas.

En primer término, indica que la recurrida carece de legitimación pasiva, haciendo presente que de conformidad a la normativa aplicable en los servicios de transportes de pasajeros remunerado debe existir un “responsable del servicio”, persona o entidad encargada de las inscripciones en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros y sus variaciones, la operación de los terminales, la entrega de información y/o comunicaciones y que actualmente la calidad de responsable del servicio la detenta la entidad denominada Cooperativa de Servicios de Transporte Talagante-Santiago Limitada, conocida como Tasacoop Ltda y que fue ésta quien en el año 2009 suscribió un contrato con SBS Chile Limitada para la instalación de cámaras en los buses de sus asociados.

Añade, que la recurrida no es una sociedad ni una empresa sino que simplemente una organización que reúne a los empresarios a fin de desarrollar, racionalizar y proteger las actividades que les son comunes, siendo principalmente el medio de comunicación con la autoridad, sin tener la calidad de empleadora de los conductores, ni de dueña de los buses ni de los inmuebles donde operan los terminales, por lo que en consecuencia el recurso ha sido mal entablado ya que debió dirigirse contra el responsable del servicio, quien es el contratante del sistema de cámaras, esto es Tasacoop.

En segundo término, manifiesta que el recurso se interpuso de manera extemporánea, haciendo presente, que los recurrentes tomaron conocimiento de la instalación de cámaras al interior de las cabinas de los buses en el año 2009, ya que en dicho año se instalaron tres cámaras y no dos, como aduce el recurrente, con las mismas características de operación y los mismos planos acotados y que la instalación a la que se hace referencia en el recurso es sólo una renovación, con un nuevo proveedor, por lo que el recurso de autos se interpuso fuera del plazo legal y debería ser rechazado por esta razón.

En cuanto al fondo de la acción deducida, indica que, efectivamente hace 7 años, en julio de 2009, Tasacoop contrató a una empresa para que instalara cámaras y otros elementos de seguridad en los buses de sus asociados, empresarios de locomoción colectiva rural de la provincia, en lo pertinente tres cámaras, dos de ellas de 90 grados y la otra de 120 grados a color y con sonido, medidas de seguridad que eran conocidas y aceptadas por los choferes, lo que consta en sus contratos de trabajo y reglamentos internos, haciendo presente que sin perjuicio de ello muchos trabajadores inutilizaron maliciosamente las cámaras.

Señala que desde agosto de 2016 Tasacoop comenzó un proceso de renovación de las tres cámaras situadas en la cabina de los buses de los asociados y que la única diferencia con las cámaras anteriores es que tienen mejor resolución, mencionando que siguen siendo tres cámaras, que no graban con audio por lo que no registran las conversaciones del chofer, que ninguna apunta directamente al conductor ni a su rostro, y que no permiten la visualización en línea, renovación que está efectuando por un proveedor con el que aún no han suscrito contrato.

Manifiesta que la existencia del sistema de cámaras no produce privación, perturbación, ni amenaza al legítimo ejercicio del derecho constitucional de respeto y protección a la vida privada y honra de los conductores ni constituye un acto ilegal, arbitrario ni vulnerador de garantías constitucionales.

Que los actos señalados por la recurrente, tercera cámara que registra grabaciones ininterrumpidas “apuntando exclusivamente al rostro del conductor”, posible de ser revisado en tiempo real, hace necesario excluir la concurrencia de una presunta vulneración al derecho a la honra, siendo imposible que dicho acto lesione su buena fama, prestigio o reputación, por lo que en consecuencia el conflicto quedaría circunscrito a determinar si la instalación de las cámaras afecta o no el derecho a la protección de la vida privada de los conductores, agregando, que la instalación de las cámaras se encuentra plenamente ajustada a derecho, pues el sistema de dispositivos de video se encuentra contemplado en los contratos de trabajo, sus anexos y reglamentos internos de orden, higiene y seguridad.

Explica, que las cámaras fueron instaladas y renovadas sin clandestinidad, que están a la vista de conductores y pasajeros, que funcionan sin sonido y con encuadres panorámicos que captan imágenes de manera amplia y sin posibilidad de acercamiento. Que aquella que está ubicada en el techo del pasillo muestra una visión general del salón, pasajeros y puerta trasera, la cámara frontal permite una vista del exterior similar a la que tiene el chofer, mientras que la que está situada en costado superior izquierdo del conductor (tercera cámara) capta la vista panorámica de la puerta, zona de ingreso, caja de boletos y dinero y asientos ubicados al lado derecho del conductor, mostrando sólo raramente la cabeza del chofer.

Reitera que las imágenes no pueden ser revisadas en línea, por lo que no existe un control o monitoreo constante y permanente, ni remoto; que las cámaras se instalaron en todos los buses sin existir discriminación alguna; que el conductor tiene derecho a requerir copia de los registros; y que la instalación de éstas constituye una medida idónea y necesaria para cumplir el objetivo de seguridad buscado, sin que exista otro mecanismo que parezca más adecuado.

Por último, señala que las cámaras en ningún caso enfocan sitios que por su naturaleza sirvan o estén destinados a actos o conductas privadas y el lugar donde desempeña sus funciones el conductor de un bus está a la vista de todos los pasajeros, por lo que su privacidad queda difuminada y que el derecho a la vida privada debe conjugarse con la libertad de empresa y actividad productiva y así han existido pronunciamientos judiciales por vía de protección y ante tribunales del Trabajo que han legitimada el uso de cámaras de seguridad.

En definitiva solicita el rechazo del recurso deducido, con costas.

Acompañó al proceso diversos informes que dan cuenta de la inscripción vigente en el registro nacional de Transporte Público y Escolar de 6 buses que individualiza, todos adscritos al responsable del servicio la Cooperativa de Servicios de Transporte de Pasajeros Talagante-Santiago Ltda; copia de los Estatutos de la asociación gremial de Empresarios de taxibuses Flota Talagante; copia de contrato de mantención celebrado entre SBS Chile y Tasacoop de fecha 1 de julio de 2009; copias de diversas facturas emitidas por SBS Chile de fechas entre 2008 y 2016: siete hojas con impresiones que indica corresponden a hechos grabados por las cámaras antiguas instaladas en los buses; impresiones de imágenes captadas por las nuevas cámaras que se instalaron en los buses; informe de equipamiento; listado de máquinas 2016; cuatro copias de contratos de conductores vigentes; copia de Reglamento interno de Orden Higiene y seguridad del empresario nombre reservado; copia de requerimiento de Fiscalía Local de Talagante a la empresa Bupesa; copia de escrito por parte de la defensa del imputado en causa que señala a la Fiscalía Local de Talagante; diversas publicaciones de noticias relacionadas con videos captados; copias de Oficios que dan cuenta de denuncias de usuarios; y DVD con muestra de imágenes captadas por equipos antiguos y nuevo .

Que a fojas 63 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que previo a entrar al fondo del asunto planteado, respecto de las alegación de la recurrida en cuanto a que no detentaría legitimación pasiva, ésta será desestimada, por cuanto, como Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante se hizo cargo evacuando el traslado conferido y a mayor abundamiento, según se señaló en estrados por su apoderado, tanto la Asociación Gremial recurrida y la Cooperativa de Servicios de Transporte Talagante-Santiago Limitada, quien se sindica como la responsable del servicio estarían conformadas por los mismos empresarios y dueños de los buses.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por la recurrida a fin de instar por su rechazo, del mérito de los antecedentes allegados, analizados de acuerdo a las reglas de la sana critica, se pudo establecer: 1) que el año 2009 se implementó la instalación de cámaras de video al interior de los buses conducidos por quienes a cuyo favor se recurre, por contrato celebrado entre Tasacoop y SBS Chile; 2) que de la existencia de las mismas habría constancia en contratos de trabajo de los conductores de los vehículos y en Reglamentos Internos de las empresas asociadas, según se apreció en los que a modo de ilustración acompañó la recurrida; y 3) que en agosto del presente año se empezaron a intervenir los buses en cuanto a dichas cámaras, según la recurrente se les instaló una tercera cámara de grabación en la cabina del conductor y según la recurrida se trata solo del reemplazo de los equipos existentes por otros de mejor calidad.

Que, en razón a lo anterior se infiere que el acto impugnado sería, la instalación de una nueva cámara enfocando la cara del conductor o el reemplazo de la anterior en igual ubicación, según lo expuesto por cada parte, cuya ejecución comenzó de acuerdo a lo señalado por la actora “el 16 de agosto del presente año” y “a mediados de agosto”, según señaló la recurrida, por lo que no cabe sino rechazar la alegación por haberse accionado dentro de plazo.

TERCERO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, cabe consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado.

CUARTO: Que, los actos arbitrarios e ilegales realizados por la recurrida en los que el actor funda su acción, consistirían, en síntesis, en la instalación de una cámara de video grabación permanente, con audio, al interior de los buses ya referidos que estarían dirigidas al conductor del mismo con enfoque de su rostro, acción que, de acuerdo a lo que expone atenta contra el derecho a la vida privada y a la honra de los trabajadores.

QUINTO: Que, del estudio de los antecedentes, esto es, las alegaciones vertidas por el recurrente en su presentación y el recurrido al evacuar el informe respectivo y documentos acompañados por ambos a efectos de acreditar sus pretensiones, se pudo establecer que desde el año 2009 existen cámaras de video al interior de los buses Flota Talagante conducidos por quienes a cuyo favor se recurre, de las cuales una graba hacia los pasajeros y otra hacia afuera del vehículo las que no han sido cuestionadas y tampoco ha sido controvertido que su objetivo es otorgar seguridad y resguardo tanto a conductores como a pasajeros y que a partir de mediados de agosto se ha procedido a la instalación de nuevas cámaras.

El acto que, de acuerdo a lo planteado por el actor, vulneraría los derechos de los trabajadores de los buses sería la instalación de una tercera cámara de video grabación que antes no estaba, tercera cámara que según la recurrida ya estaba instalada con anterioridad, al igual que las otras dos y que solo se trataría de su reemplazo, es una discrepancia que no resulta trascendental para los efectos de la acción deducida. pues lo cuestionado es el enfoque dado a la cámara. En efecto, quien recurre señala que ella solo graba con imágenes y sonido, en forma permanente el rostro de los conductores de los buses de la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante lo que sería atentatorio a sus derechos.

SEXTO: Que, así las cosas, constatada la existencia de cámaras de video grabación instaladas en las cabinas de los buses donde se sitúan los conductores, las cuales, de acuerdo a las imágenes aportadas por la recurrente, pueden perfectamente ser dirigidas a enfocar a quien conduce la máquina y si bien no existen antecedentes que acrediten fehacientemente las perturbaciones que dicen haber sufrido los recurrentes, cabe tener presente que las acciones denunciadas se efectúan dentro del ámbito de una relación laboral, -trabajadores conductores de buses que se sienten afectados por acciones de sus empleadores- en que se implementan tecnologías de resguardo y seguridad.

Lo anterior, considerando que los empleadores y quienes los representan deben respetar el derecho de los trabajadores no sólo en lo que dice relación con las estipulaciones contractuales, sino que también respecto de sus derechos fundamentales, entre ellos su privacidad o derecho a la vida privada, el que como se ha sostenido doctrinaria y jurisprudencialmente, puede ser ejercido en espacios aún de acceso público y en especial dentro del lugar en que cualquier trabajador desempeñe su actividad pues éste tiene derecho a su privacidad y el propio Código del Trabajo establece en su artículo 154 inciso final que toda medida de control solo podrá efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y en todo caso, su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador, mientras que el artículo 5° prescribe que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieren afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos.

Por otro lado, atendido lo señalado por la recurrida que el objetivo y finalidad de la instalación de cámaras en los buses es la protección y seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros y no el control de los primeros, una cámara de grabación enfocando exclusivamente al conductor o el rostro del mismo y con audio no se condice con el objetivo explícito de la medida y si aparece como un medio de control, entendiéndose de esta forma o a lo menos amenazado, el derecho constitucional contenido en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Por estas consideraciones, debe respetarse el derecho antes aludido que les asiste a los trabajadores, y no constituyendo la instalación de las cámaras cuestionadas el acto perturbador sino que lo constituye el objetivo o enfoque de los mencionados dispositivos audio visuales, los recurridos deberán verificar el enfoque de grabación y adoptar de inmediato las medidas correspondientes para que se redireccionen las cámaras con el objeto de que cumplan la finalidad declarada, respetando los derechos fundamentales de sus empleados, sin perjuicio de las acciones legales que a éstos les pudieran corresponder.

Con lo razonado y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva realizada por la recurrida por las razones expuestas en el considerando primero.

II.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrente, según se razonó en el motivo segundo.

III.- Se hace lugar a la acción de protección de lo principal de fojas 11, y, en consecuencia, la recurrida, deberá respetar los derechos de los recurrentes, conductores de la Flota de buses Talagante pertenecientes a los Empresarios asociados a la Asociación Gremial de Empresarios Taxibuses Flota Talagante, que se han señalado como amenazados, en la implementación de las cámaras de seguridad de los vehículos de locomoción que les pertenecen, en los términos señalados en el considerando séptimo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Interina María Leonor Fernández Lecanda.

Rol N° 3441-2016 PRO Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros Titulares don nombre reservado, doña nombre reservado y la Ministra Interina doña María Leonor Fernández Lecanda.

En Santiago, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.