nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, treinta de octubre de dos mil veintitrés.

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esente:

Primero: Que la abogada Francisca Ignacia Saavedra López interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de pronunciamiento de sus solicitudes de permanencia definitiva, omisión que afecta su derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, lo que también transgrede el artículo 27 de la Ley 19.880.

Expone que el recurrente solicitó su permanencia definitiva el 27 de septiembre de 2021, y que desde esa fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del recurrido, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Sostiene que la omisión es arbitraria e ilegal toda vez que a la fecha de interposición del presente recurso ha transcurrido un plazo excesivo sin que la autoridad administrativa se pronunciara sobre la solicitud formulada; actuar que infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la ley 19.880.

Previas citas legales, solicita se acoja el presente recurso ordenando al recurrido pronunciarse sobre las solicitudes, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, previo a evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita se declare inadmisible el recurso.

Explica que la presente acción constitucional no reúne los requisitos básicos establecidos en la Constitución Política de la República y el Auto Acordado que rige la materia, y que, según ha resuelto la Excma. Corte Suprema en las sentencias ROL 115064-2022 y 115368-2022, ambas de 20 de marzo pasado, no existe ilegalidad ni arbitrariedad ni aun en grado de amenaza que pueda ser tutelada mediante el presente arbitrio excediendo la materia con creces la tutela cautelar que es propia de la acción de protección. Refiere que tampoco se reclama la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser cautelado por esta vía.

En subsidio, alega falta de legitimación pasiva, ya que la supuesta acción u omisión que se considera ilegal emana de terceros indeterminados. Estima que la autoridad ha actuado conforme a la normativa por la que se rige sin dejar en la indefensión a la parte recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permite realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista limitación alguna.

Tercero: Que, evacuando traslado la parte recurrente, indica que es incorrecto por parte de la recurrida argumentar la inadmisibilidad de la acción sobre la base de la falta de existencia de vulneración a las garantías del actor, puesto que la concurrencia de un acto u omisión que vulnere derechos del recurrente corresponde tramitarse y resolverse en el fondo del asunto, no siendo esta una reposición a la admisibilidad del recurso ya decretada por la sala tramitadora.

En relación con la alegación de falta de legitimidad pasiva, expone que existe una interpretación errónea de lo que configura dicha excepción. Esto, porque la entidad recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, es el organismo exclusivo frente al cual los ciudadanos extranjeros solicitan los permisos migratorios, siendo esta entidad la encargada de su tramitación, resolución y notificación de acuerdo con la Ley 21.325. Así, comprende que la recurrida sí es el legítimo contradictor para responder sobre la pretensión del recurrente, no siendo posible entonces configurar la excepción de legitimación pasiva cuando el único organismo al que se debe recurrir por la presente acción de protección es el Servicio Nacional de Migraciones.

Cuarto: Que informando el Servicio sobre el fondo del recurso, solicita el rechazo de la acción.

Indica que respecto de don nombre reservado, este ingresó al país como turista a través del Aeropuerto Internacional nombre reservado con fecha 13 de abril de 2018, y que luego mediante Resolución Exenta 136874 se le otorgó visa temporal sujeta a contrato de trabajo por dos años la que se encontraba vigente hasta marzo de 2002. Don nombre reservado luego solicitó residencia definitiva el 27 de septiembre de 2021 bajo código N°31369978. Hace además presente que actualmente la solicitud se encuentra en etapa de “Resolución”.

Señala que el artículo 38 de la Ley N°21.325 establece expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones.

Afirma que ha remitido una serie de oficios a diversas instituciones públicas con la finalidad de que se reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con el comprobante de residencia definitiva o prorroga de residencia temporal en trámite, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la citada ley.

Añade que la Ley de Presupuesto para el Sector Público contempla un presupuesto de casi mil millones de pesos para regularización rezago de solicitudes migratorias, para abordar el retraso en la resolución de las solicitudes presentadas a dicho servicio.

En cuanto al tiempo de tramitación, por el aumento exponencial de los flujos migratorios al país, se configura un caso fortuito o fuerza mayor que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, justifica el lapso transcurrido desde que se inició el respectivo procedimiento administrativo para la obtención de permanencia definitiva a que alude el recurso.

Además, indica que cualquier acción judicial que tenga por causa la vulneración del referido artículo 43 por parte de un tercero, deberá ser dirigida en contra de éste y no contra el Servicio Nacional de Migraciones, como ha sido establecido por la Excma. Corte Suprema.

Solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a la recurrida.

Quinto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese derecho.

Sexto: Que, resolviendo la alegación del Servicio en cuanto a la inadmisibilidad del recurso, se observa que la acción constitucional cumple con cada uno de los presupuestos establecidos en el numeral 2° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección sobre las Garantías Constitucionales, lo que ya fue declarado por la sala tramitadora de esta Corte, por lo que se rechazara ́dicha solicitud.

Séptimo: Que, en relación con la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la autoridad migratoria, cabe señalar que el recurso se funda en la falta de un pronunciamiento de término en el procedimiento administrativo seguido ante el Servicio Nacional de Migraciones, razón por la que no cabe hacer lugar a la defensa en examen en tanto la acción ha sido dirigida, precisamente, en contra del órgano estatal al que se atribuye la omisión impugnada.

Octavo: Que, en cuanto al fondo del recurso, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de la situación migratoria del recurrente.

Noveno: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y de los antecedentes allegados, se constata que el recurrente no ha obtenido respuesta a su solicitud de permanencia definitiva presentada en septiembre de 2021. De esta manera, corresponde examinar si la omisión denunciada puede ser calificada de arbitraria o ilegal.

Décimo: Que la recurrida ha retardado en resolver la solicitud del recurrente, apartándose de los dictados del referido principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que ha transcurrido más de 2 años contado desde la petición. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, al mantener pendiente la petición de la parte recurrente durante un tiempo ostensiblemente mayor al plazo general de seis meses consagrado en el artículo 27 de la Ley 19.880 a la Administración.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Se rechaza la solicitud de inadmisibilidad efectuada por la parte recurrida.

II.- Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva, impetrada por la parte recurrida.

III.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y se ordena al recurrido que dentro del plazo de treinta días corridos emita un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud planteada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3423-2023 Protección