nombre reservado con nombre reservado

En Santiago a diez de octubre de dos mil diecisiete VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 15, don nombre reservado, licenciado en arquitectura, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de la Comuna ya indicada, a fin de que esta Corte ordene dejar sin efecto las sanciones impuestas al recurrente, por ser ellas arbitrarias e ilegales, se borren de su Hoja de Vida y se le restituya en su cargo de Capitán de la Compañía de Bomberos a la que pertenece.

Explica que por Resolución de 27 de junio del año en curso, emanada del Consejo Superior de Disciplina de la institución recurrida, se le aplicó la sanción de suspensión por 90 días de la misma, lo que en su opinión, constituye una privación, afectación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías resguardados en el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Carta Fundamental.

Expone al respecto, que el 25 de abril del año en curso, fue citado a comparecer ante la Primera Sala del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, con motivo de ciertos hechos no precisados, ocurridos durante un incendio en el sector de Los Naranjos, oportunidad en la que fue sancionado con amonestación escrita, sin que la resolución en la que ella se le impone se encuentre fundamentada en norma estatutaria o reglamentaria que permita dicho reproche. Dado ello, con fecha 5 de mayo solicitó la nulidad de tal decisión, sin embargo, en un acto carente de racionalidad y proporcionalidad, con fecha 25 de mayo, la solicitud de nulidad fue conocida por al menos uno de los miembros que se pronunció en la resolución impugnada, el señor Vicepresidente, don nombre reservado, y pese a que su petición invalidatoria fue acogida, el mismo órgano ordenó la aplicación de una sanción más gravosa, consistente en la separación por 90 días de la institución. Acto que impugnó apelando del mismo y que fue conocido por la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina, en Sesión de 27 de junio de 2017, reduciéndose la sanción a 90 días de suspensión, mas no se indica en la resolución que la contiene, el fundamento en alguna norma estatutaria ni reglamentaria, a lo que se agrega que algunos de los documentos en que se sustenta, corresponden a informes emitidos por miembros del directorio de la Corporación.

Alega que la última resolución aludida carece de fundamentación suficiente, limitándose a exponer una serie de antecedentes, sin señalar cuál sería la norma quebrantada o la supuesta infracción cometida, por lo que estima que se ha transgredido el principio constitucional de nulla poena sine lege, dificultándose además de esta manera la cabal y adecuada comprensión de la sanción por el afectado.

Indica que, además, dicho castigo carece de proporcionalidad, puesto que se basa en meros comentarios descalificatorios que habría proferido contra personal de la Segunda Compañía de Bomberos, sin detallar aquello de manera alguna, lo que vulnera su derecho al debido proceso constitucionalmente consagrado.

Por otra parte, afirma que la sanción impuesta es ilegal, por cuanto al adoptarse, se trasgredió el artículo 553 del Código Civil, toda vez que el órgano disciplinario estuvo integrado por miembros del Directorio de la organización, lo que es incompatible a la luz de la norma precitada y ratificada por el artículo 41 del Modelo de Estatuto de nombre reservado emanado del Ministerio de Justicia, que no consideran como integrantes del Consejo Superior de Disciplina a quienes pertenecen al Directorio.

Por lo expuesto, sostiene que el Estatuto del nombre reservado estaría transgrediendo las disposiciones mencionadas, porque éste contempla como partícipes del Consejo Superior de Disciplina a miembros del Directorio, lo que se advertiría de los artículos 24 y 53 del mencionado estatuto.

Refiere que la intervención de los miembros del Directorio en la aplicación de la sanción, no se limitó a la participación en el Consejo, sino que, además, miembros de éste se abocaron a investigar los hechos que la motivan, todo lo cual deviene en la vulneración de los derechos establecidos en los numerales 2º y 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Manifiesta que el retrotraer las cosas al estado anterior a la perpetración del acto, importa restablecerlo en su cargo de Capitán y borrar de su hoja de vida la sanción en comento, por lo que concluye solicitando lo más arriba indicado.

SEGUNDO: Que a fojas 57, don nombre reservado, en representación del nombre reservado, evacúa el informe que le fuera requerido, solicitando se rechace el presente recurso, con costas.

Esgrime al efecto, que en Sesión de 28 de abril del Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, se aplicó la sanción de amonestación por escrito al Capitán de la Primera Compañía de Bomberos de dicha localidad, el recurrente. Agrega que posteriormente, se acogió la petición de invalidación de lo actuado planteada por el señor nombre reservado, citándolo nuevamente a comparecer ante el organismo disciplinario.

Así, con fecha 25 de mayo de este año, sesionó la Primera Sala del ente disciplinario más arriba indicado, el que después de oír los descargos del recurrente, lo sancionó con 90 días de separación de la Institución. Decisión que con fecha 5 de junio de este año, fue apelada por el voluntario y Capitán de la Primera Compañía de Bomberos, recurso que fue conocido por la Segunda Sala del Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado el día 27 del mismo mes y año, ocasión en la que considerando la solicitud del recurrente y los antecedentes que se indican, relativos a incidentes acaecidos el 25 de enero de 2017, en los que se vio involucrado el recurrente, al emitir comentarios descalificatorios en contra del personal de la Segunda Compañía de Bomberos, corroborados por personal presente en el lugar de los hechos, y, el altercado que sostuvo con otros voluntarios, principalmente doña nombre reservado, en el que ambos se habrían insultado, culminando con la retirada de la voluntaria y otro Bombero, señor nombre reservado.

Conforme a tales antecedentes, se rebajó la sanción a 90 días de suspensión, desde la notificación de la primeramente impuesta, vale decir, el 27 de mayo de 2017. Castigo que conlleva la pérdida del cargo de Capitán de la Primera Compañía y fue aplicada acorde a lo dispuesto en los artículos 57 letra d) del Estatuto y 78 también letra d) del Reglamento General.

Destaca que de acuerdo al Estatuto del nombre reservado, específicamente el Título XIV del Régimen Disciplinario del Cuerpo y de su Compañías, en su artículo 55 letra b) establece que los miembros de ellos pueden ser juzgado por el Consejo Superior de Disciplina, organismo que puede sesionar en Pleno o en Sala, correspondiendo a la Primera Sala conocer de los asuntos en primera instancia, en tanto que a la Segunda Sala le compete conocer de las apelaciones que el afectado pueda deducir.

Hace presente que dicho Consejo Superior de Disciplina, no es un Tribunal de Derecho, sino que conocen y resuelven como Tribunal de Honor, actuando como jurado, de acuerdo a las prácticas y tradiciones bomberiles de hace más de 150 años.

En cuanto a la falta de fundamentación del acto impugnado, argüida por el recurrente, resalta que se recabaron una serie de antecedentes para conocer de los hechos acaecidos el 25 de enero de 2017, en base a los cuales y a aquellos entregados por el señor nombre reservado, el Consejo impuso la sanción cuestionada y que al efecto acompaña, de cuyo examen, según asevera, se verifica que contiene los fundamentos necesarios para su entendimiento.

Agrega que tanto el Estatuto como el Reglamento General se refiere a faltas que pudieran cometer los miembros del Cuerpo de manera genérica y en ningún caso se encuentran tipificadas, puesto que no se trata en la especie de un Código Penal, de manera que no ha podido contravenirse el principio nulla poena sine lege alegado por el recurrente, afirmación que por consiguiente, carece de sustento. Reitera que los organismos disciplinarios de los cuerpos de Bomberos están integrados por sus propios miembros y funcionan como jurado.

Indica que contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la Resolución de la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina contiene claramente los artículos tanto del Estatuto como del Reglamento General vulnerados, además de no ser la sanción aplicada la más gravosa que ellos contemplan.

En cuanto a la proporcionalidad de aquella, aduce que no existen “grados” para la imposición de las mismas, sino que ellas son aplicadas de acuerdo a las circunstancias de los hechos y a los miembros involucrados. En la especie, al momento de ocurrir los sucesos, el recurrente sancionado ejercía el cargo de Capitán de la Primera Compañía, el que supone un comportamiento adecuado a su función de oficial de mando y jerarquía sobre los demás miembros de la institución.

En lo relativo a la ilegalidad de la sanción por haber sido impuesta contraviniendo el artículo 553 del Código Civil, manifiesta que entre la fecha de promulgación y entrada en vigencia de la Ley 20.500, sobre Corporaciones y Asociaciones, pospuesta para un año después de su promulgación se dictó la Ley 20.564, Ley Marco de Bomberos de Chile. Norma que establece la normativa por la que se rigen los Cuerpos de Bomberos, esto es, dicha Ley, sus Estatutos y Reglamentos, y sólo en lo no estipulado, en forma supletoria, por las normas del Título XXXIII del Código Civil, respecto a las personas jurídicas.

Regla que según asevera, se estableció atendida la naturaleza de los Cuerpos de Bomberos, vale decir, organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, disciplinadas y jerarquizadas, cuyo funcionamiento se basa en el importante rol que cumplen en el sistema nacional de protección civil.

Dado lo anterior, señala que es errado dar primacía a la Ley 20.500, que dispone que en dichas organizaciones, no pueden integrar los entes de disciplina, miembros de esas instituciones que formen parte de los organismos de administración. Lo que en opinión del recurrido, claramente sucede en el caso de miembros de los Directorios y que en nada ha obstado a que la mayoría de esas instituciones hayan dictado normas que han impuesto a los organismos disciplinarios cumplir con los principios del debido proceso que impidan la imposición de castigos arbitrarios y desproporcionados, tales como la doble instancia y ser oído.

Adiciona que lo referido no puede ser obstáculo para la existencia de reglas claras para sus miembros, de modo que sus integrantes cumplan las obligaciones que voluntariamente han aceptado al incorporarse a la Institución, o al aceptar cargos en la organización, cuyas obligaciones están señaladas y establecidas en sus Estatutos y Reglamento vigente.

Expone que por consiguiente, en este caso, es falso que el recurrente haya recibido un trato distinto al de cualquier otro miembro de la Institución, o que las faltas por las que se le sancionó hubieran sido determinadas por un organismo establecido sólo para su situación, ya que la sanción aplicada lo fue precisamente por el organismo establecido en el nombre reservado para todos sus integrantes, el que conoció el caso y lo juzgó como jurado y Tribunal de Honor que es. De modo que no se ha conculcado en forma alguna el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Insiste que la integración del Consejo Superior de Disciplina que sancionó al señor nombre reservado, no contraviene el artículo 553 del Código Civil, toda vez que su aplicación a los cuerpos de Bomberos es sólo de manera supletoria, ya que estos se rigen por la Ley 20.564 ya referida, en cuyo artículo 1° define dicha institución en los términos que indica y determina claramente las normas por las que se rigen. Ley que fue publicada y promulgada con posterioridad a la Ley 20.500, para precaver conflictos de interpretación como el dado por el recurrente.

Así, repite que los Cuerpos de Bomberos se rigen: primero, por la Ley Marco, N° 20.564; en segundo término, por el Reglamento de la anterior; en tercer lugar, por sus propios Estatutos y, finalmente, de manera supletoria, por las reglas del Código Civil. Lo que imposibilita la revisión de los Estatutos y Reglamentos de los Cuerpos de Bomberos únicamente a la luz de la Ley 20.500, que como ha indicado, sólo se aplica en lo no previsto en dichos estatutos y reglamentos.

Señala tras hacer una analogía con el artículo 17 de la Ley 18.959, y citar una sentencia tanto del Tribunal Constitucional como de esta Corte, que dada su naturaleza derivada de los fines que cumplen, los Cuerpos de Bomberos tienen un régimen distinto al de las demás personas jurídicas, siendo por lo mismo, lo que está regulado en sus estatutos la norma fundamental para sus miembros, revistiendo ello especial importancia en relación al régimen disciplinario de dichas entidades.

Por último, concluye sosteniendo que el recurrente fue sometido a un proceso racional y justo, sustanciado por los organismos disciplinarios establecidos en los estatutos, en aplicación de la Ley Marco de Bomberos, sin arbitrariedad ni infracción alguna a las garantías constitucionales del mismo, por lo que solicita se rechace el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de lo precedentemente expuesto y para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso recordar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo anterior se deduce, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por lo mismo, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, específicamente en este caso, de aquellos contemplados en los números 2 y 3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

QUINTO: Que al respecto, de la lectura del libelo recursivo y lo manifestado por el recurrente y recurrido en estrado, es manifiesto que el acto por esta vía reprochado, es la Resolución de 27 de junio del año en curso, pronunciada por la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Curacaví, que sancionó al entonces Capitán de la Primera Compañía de Bomberos de la aludida comuna, don nombre reservado, recurrente en estos antecedentes, con suspensión por 90 días, y, consecuentemente a ello, con la pérdida de su cargo de Capitán de la Primera Compañía de Bomberos de dicha localidad. Acto respecto de cuya existencia no se visualiza cuestionamiento, controversia ni discusión alguna entre recurrente y recurrido y se corrobora de los documentos allegados por los recién mencionados a fojas 3 y siguientes, y a fojas 50 vta. y siguientes, lo que hace que este deba tenerse por cierto.

SEXTO: Que por consiguiente, habiéndose establecido la efectiva ocurrencia del hecho o acto denunciado de ilegal y/o arbitrario por el recurrente, se hace necesario determinar la efectividad de aquello.

SÉPTIMO: Que al respecto y a fin de acreditar sus respectivas alegaciones y defensas, tanto el recurrente como el recurrido allegaron a la causa, además del instrumento más arriba indicado, los elementos de convicción que rolan de fojas 1 a 14; 42 a 56 y 67 a 68, consistentes en lo que interesa, en: copias de las Resoluciones del Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, datadas los días 28 de abril, 25 de mayo y 27 de junio del año en curso, de cuya lectura se constata que todas dicen relación con los sucesos ocurridos el 25 de enero de este año, durante un incendio en el sector Los Naranjos, en los que participó el demandante de protección, por las que, en la primera, se sanciona con amonestación escrita al Capitán de la Primera Compañía de Bomberos de dicha localidad, don nombre reservado, “por no mantener calma en momentos de trabajo al estar al mando de cuadrilla en incendio denominado Los Naranjos de nuestra comuna, se le recomienda al oficial tomar conocimiento de los valores que debe tener un líder que al contrario de un jefe este no manda, convence y de esa forma los dirigidos le respetan y los siguen por la seguridad que este les trasmite. El tono que usa al instruirles de ansiedad y stress en las emergencias podría poner en peligro no alcanzar el objetivo y de esta forma no ocurran episodios como el analizado en este Consejo.”; a través de la segunda, se invalida el veredicto de la Primera Sala de la aludida instancia disciplinaria, corrigen errores de procedimiento, e impone al recién nombrado, la sanción de separación por 90 días, que conlleva por sí misma la pérdida de su cargo de Capitán de la Primera Compañía, se indican las razones por las que se aplica dicha medida disciplinaria en lugar de la anteriormente impuesta, y citan distintas normas estatutarias y reglamentarias; en la tercera y última, se indica que ella recae en la apelación deducida por el señor nombre reservado contra la Resolución de la Primera Sala del Consejo de Disciplina, adoptada en Sesión de 25 de mayo recién pasado, por la que de acuerdo a los antecedentes que se mencionan, relativos a “incidentes ocurridos el 25 de enero de 2017 en que se ve involucrado el Capitán de la Primera Compañía en donde, por una parte emite comentarios descalificatorios contra personal de la Segunda Compañía, los cuales se corroboraron con personal que estaba presente en el lugar de los hechos. Por otro lado, el altercado que sostiene principalmente con la voluntaria de la Primera Compañía nombre reservado, en donde se produce un intercambio de palabras que incluyen insultos por ambas partes finalizando este con la devolución al cuartel de la involucrada junto al voluntario nombre reservado.” También se deja constancia de lo obrado en la sesión y reduce el castigo de separación por 90 días impuesto por la Primera Sala del Consejo Superior de Disciplina, a 90 días de suspensión, contabilizados en la forma que se indica, como también que dicha sanción conlleva por sí misma, la pérdida del cargo de Capitán de la Primera Compañía. Por último se especifica que dicha medida se sustenta en que si bien el sancionado reconoce haber tenido un problema con la voluntaria nombre reservado, “no reconoce en ningún momento que sí hubo malas palabras y ofensas mutuas (garabatos) de por medio, situación que si pudo ser comprobada por esta Sala, así como también no reconoce los dichos mencionados en carta de reclamo enviada por el Director de la Segunda Compañía, los que también pudieron ser comprobados.” Razones por las que junto a las demás que se consignan, llevan al Consejo a adoptar la medida ya indicada.

También, entre los documentos antes indicados, se adjunta el Recurso de Anulación presentado el 3 de mayo de este año por el señor nombre reservado al Honorable Consejo Superior de Disciplina, fundado en defectos en el plazo de entrega de la citación que se le practicó para el 27 de abril recién pasado, como también en el contenido de ella, que según afirma, no incluye el motivo de la misma; del mismo modo, reclama por no haber sido oído y habérsele entregado la Resolución del Consejo en un tiempo distinto al que reglamentariamente correspondía y no ser efectivas algunas de las afirmaciones plasmadas en la resolución cuya nulidad perseguía. Además, se adjuntó el Recurso de Apelación entablado contra la resolución de 25 de mayo de este año, por los argumentos que en él se vierten. Asimismo, se allegaron copias simples de dos sentencias pronunciadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 23 de marzo de 2015 y tres de abril de este año, en las que se acogen los recursos de protección deducidos por voluntarios de diversos cuerpos de bomberos, sancionados con las medidas que se indican por las razones que se expresan.

Del mismo modo, se aparejó copia del Estatuto del nombre reservado, en cuyo Título XIV, artículo 52 y siguientes, se regula “el Régimen Disciplinario del Cuerpo y de las Compañías”, determina los organismos a los que corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos disciplinarios que afecten a los miembros del Cuerpo y de las Compañías, siendo el Consejo Superior de Disciplina, “el organismo jurisdiccional superior”, cuya integración y permanencia en el cargo se especifica; también se indica su forma de funcionamiento, las materias de sus respectivas competencias, las medidas disciplinarias que puede adoptar, y las prohibiciones que se establecen en relación a las resoluciones de las salas. También se especifica lo pertinente al Consejo de Disciplina de cada Compañía, y, el artículo 64 expresamente dispone que “el Reglamento General del Cuerpo deberá contemplar las disposiciones complementarias que sean necesarias para asegurar a sus participantes la existencia de un procedimiento justo, que garantice el oportuno ejercicio de sus derechos.” De igual modo se allegó copia de una sentencia dictada por esta Corte con fecha 20 de junio de 2016, que rechazó un recurso de protección deducido en contra de una resolución del Consejo Superior de Disciplina de otro nombre reservado, por los argumentos que en ella se consignan. Por último, entre los aludidos instrumentos se lee copia de la Circular PR 15/04 remitida por los señores Presidente Nacional y Secretario Nacional de Bomberos a los señores Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos del país y Presidentes Regionales, fechada el 29 de enero de 2015, por la que se reitera la necesidad de revisar y modificar los estatutos de los respectivos cuerpos de Bomberos para adecuarlos a la legislación vigente, especialmente en cuanto a la “composición y facultades de los organismos disciplinarios, en cuya integración está prohibido por el artículo 553 del Código Civil, la participación de miembros del Directorio General, así como en lo referido a las sanciones disciplinarias y su extensión al sistema eleccionario.” Ello por la reiterativa presentación de Recursos a los Tribunales de Justicia y al Ministerio de Justicia ante la aplicación de medidas disciplinarias por Consejos de Disciplina u otros organismos en los que participan miembros del Directorio General. Finaliza la circular recalcando que “los Cuerpos de Bomberos son Corporaciones de Derecho Privado, Servicios de Utilidad Pública que se rigen por las normas de la Ley 20.564, el Decreto 95/2013 de Justicia, las normas de sus estatutos y del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, no siéndoles aplicables las disposiciones de la Ley 20.500, salvo en la parte que modificó el Código Civil.

OCTAVO: Que del examen de dichos instrumentos se verifica, que en la resolución reprochada se acogió parcialmente la petición del señor nombre reservado, reduciendo la sanción impuesta de 90 días de separación de la institución, por la de 90 días de suspensión de la misma.

Asimismo, de la simple lectura de dicha resolución es manifiesto, que en ella se indican claramente los hechos por los que se sanciona al señor nombre reservado, los antecedentes conforme a los cuales se determinan estos, y, las razones por las que se concluye aquello, proporcionando también las normas que justifican lo anterior.

Todo lo cual impide estimar que la referida resolución carezca de fundamentación y menos aún que la medida disciplinaria impuesta sea arbitraria.

NOVENO: Que por otra parte, en lo que a la legalidad de dicha resolución es atingente, cabe señalar que la Ley 20.564, denominada “Ley Marco de los Bomberos de Chile” establece en su artículo 1° “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”

Preceptos estos últimos, que como es sabido, fueron modificados por la Ley 20.500, en cuyo artículo 38 modifica el Código Civil, concretamente y en lo que interesa, el artículo 553 de dicho texto normativo, agregando como inciso segundo de este el que sigue: "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.".

DECIMO: Que de las normas recién transcritas es claro, que la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública se promulgó el 4 de febrero de 2011 y publicó el 16 de febrero del mismo año, en tanto que la Ley Marco de Bomberos, se promulgó el 28 de enero de 2012 y publicó el 3 de Febrero del mismo año.

Por consiguiente, siendo esta última una ley especial, como lo destacan sino todos, varios Honorables Senadores y/o Diputados en sus respectivas intervenciones durante la tramitación del proyecto, además se dictó con posterioridad a la ley 20.500. Todo lo cual claramente hace que aquella prime por sobre esta última, lo que además, se corrobora de la historia fidedigna de la referida Ley 20.564, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras. Resaltando, además, varios H. señores Senadores y Diputados, la urgencia en la aprobación de dicha Ley Marco, ante la entonces próxima entrada en vigencia de la ley Nº 20.500, el 13 de febrero de 2012, por las dificultades que aquello importaría en el accionar de Bomberos, y la imperiosa necesidad de dar un marco jurídico, que regule la institucionalidad de Bomberos de Chile.

Así, entre otros, el H. Diputado señor Bobadilla señaló: “…la ley Nº 20.500 entrará en vigencia el 13 de febrero y permitirá que en las regiones exista más de un nombre reservado. Esto, sin duda, puede traer consigo serias dificultades para la coordinación del trabajo de las distintas compañías. Por lo tanto, resulta vital que el proyecto se apruebe y comience su vigencia antes de esa fecha. De lo contrario, habrá muchas dificultades en el trabajo operativo de Bomberos.”; a su vez, el H. Senador señor Pérez Varela expuso: “…”Ley Marco de los Bomberos de Chile", que tiene como objeto fundamental constituir el Sistema Nacional de Bomberos, el cual estará integrado por los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. De tal manera que se da un marco jurídico a los cuerpos de bomberos en su accionar.”, añadiendo: “lo que hoy está discutiendo el Senado es un hecho relevante, porque una institución tan señera, tan fundamental, como los Bomberos de nuestro país, tendrá un cuerpo legal, un sistema, se hallarán bajo una regulación legal, que verdaderamente les va a permitir desarrollar con mucho mayor autonomía y disciplina una actividad esencial para todos y cada uno de nosotros.” Por su parte, el H. Senador señor Sabag indicó: “…a raíz de la ley N° 20.500 (sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública), se estableció con que basta que las instituciones se inscriban en los registros de las municipalidades para que obtengan personalidad jurídica en forma inmediata. Y eso, por supuesto, iba a producir una gran distorsión en la organización de los cuerpos de bomberos. El establecimiento de una ley marco permite no solo reunir en un cuerpo legal normativas dispersas y darle cierta racionalidad a un debate posterior que se necesitará respecto a otras leyes, sino, por sobre todo, que se definan ciertas jerarquías y reglas básicas entre la sociedad y la mencionada institución.” A su turno, el H. Senador señor Letelier expuso: “resulta muy relevante clarificar quién determina el proceso de constitución de un nombre reservado; quién estipula, en particular, la formación de una brigada o compañía; bajo qué estructura se rige una institución por excelencia jerárquica; cómo se vinculan estas entidades a nivel territorial con los consejos regionales y, por cierto, con la Junta Nacional, y a la vez, cómo una institucionalidad con miles y miles de voluntarios a lo largo del país se relaciona con el Estado, en particular el Ministerio de Interior y la ONEMI, y, en ocasiones, con otros organismos que combaten incendios, como las brigadas forestales de la CONAF.”

DECIMO PRIMERO: Que de los expuesto, es inequívoco, que los Cuerpos de Bomberos de Chile, entre ellos, el recurrido, se rigen por la tantas veces citada Ley 20.654 o Ley Marco de Bomberos de Chile, su Reglamento, los Estatutos del ente bomberil respectivo, en este caso de Curacaví, y Leyes especiales, y sólo de manera supletoria, por las normas contenidas en el Titulo XXXIII del Código Civil, vale decir, estas últimas, únicamente en lo no regulado por las normas anteriormente indicadas.

DECIMO SEGUNDO: Que en consecuencia, apareciendo nítidamente de la simple lectura de los Estatutos del nombre reservado, que en su Título XIV denominado “Del Régimen Disciplinario del Cuerpo y de las Compañías”, establece en sus normas los distintos organismos a quienes compete el conocimiento y resolución de los asuntos disciplinarios de sus miembros, la integración o composición de ellos, su forma de funcionamiento, las sanciones que pueden ser aplicadas, el sistema recursivo ante sus decisiones y la forma y oportunidad en que los afectados deben ser emplazados, entre otros, imperioso es concluir, que encontrándose regulado el régimen disciplinario al que están sujetos los miembros del nombre reservado recurrido, y que la resolución de 27 de junio de este año cuestionada, fue adoptada en un procedimiento acorde a lo establecido en el estatuto ya indicado, durante el cual el señor nombre reservado conoció los hechos por los que fue sancionado, ejerció el derecho a presentar sus descargos y rendir prueba, consistente en “informes y documentación relacionada con el incidente del 25 de enero de 2017”, como también a recurrir, imposibilita visualizar alguna infracción a la legislación vigente que regula la materia.

DECIMO TERCERO: Que por lo expuesto en los anteriores considerandos, habiéndose determinado en lo que antecede que la resolución de 27 de Junio de este año, pronunciada por la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Curacaví, no es arbitraria ni ilegal, forzoso es concluir que este arbitrio deberá ser desestimado.

DECIMO CUARTO: Que por otra parte, del examen de los antecedentes, no es posible atisbar alguna conculcación al ejercicio de los derechos del recurrente, contenidos en el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, no se aprecia indicio alguno que amerite siquiera suponer que, de algún modo, el señor nombre reservado hubiere recibido un trato distinto al de cualquier otra persona por la Institución Bomberil recurrida.

Lo propio ocurre con haber sido sometido al juzgamiento de una comisión especial, o que durante el procedimiento disciplinario, de alguna manera, se hubiere infringido el debido proceso, o que aquel no fuere racional y justo. Pues como ya se ha dicho, todo ello se realizó conforme a las normas establecidas en los Estatutos del nombre reservado.

Todo lo cual también lleva a rechazar el presente recurso.

DECIMO QUINTO: Que por lo expresado en los anteriores razonamientos, no apareciendo del mérito de los antecedentes, que en este caso, el acto que se reprocha sea ilegal o arbitrario y menos aún que con él se perturbe, amenace o prive al recurrente en el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante le ley, a no ser juzgado por comisiones especiales, y a que tal juzgamiento se realice en un procedimiento racional y justo con cabal respeto al debido proceso u otro con resguardo constitucional, impide dar por concurrentes los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para la procedencia de la acción de protección impetrada, motivo por el que necesariamente se rechazará el presente recurso de protección.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas el recurso de protección deducido a fojas 15 por don nombre reservado, en contra del nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora María Soledad Espina Otero, concurriendo al acuerdo el Ministro señor René Cerda Espinoza y don nombre reservado.

No firma el Ministro señor Cerda por haber cesado en sus funciones.

Nº 3411-2017-pro