nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Y OTRO

San Miguel, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, funcionario municipal, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción constitucional de protección, contra la I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO y su CESFAM DR. RAÚL BRAÑES representados respectivamente por su Alcalde la primera y Directora el segundo, a quienes individualiza, domiciliados en domicilio reservado la primera y en domicilio reservado el segundo, ambos de la comuna de San Bernardo, a fin de que esta Corte adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ante el acto que califica de ilegal y arbitrario, respecto del que recurre, con el que se vulneran los derechos fundamentales del señor nombre reservado resguardados en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refiere que dicho acto consiste en la resolución sin número de fecha 28 de noviembre 2024, que dispuso la no renovación de su contratación a plazo fijo afecta a la ley 19.378 para todo el año 2025; puso término a su relación laboral con el Municipio con fecha 31 de diciembre de 2024 y dispuso la no renovación de su contrata por la anualidad indicada del año 2025, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025. Con motivo de ello, pide a esta Corte que acoja el recurso, declare ilegal y/o arbitraria la resolución sin número de 28 de Noviembre de 2024, ordene la reincorporación del señor nombre reservado a sus funciones, que la recurrida proceda al pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales desde la separación hasta la efectiva reincorporación del antes nombrado, reintegro que pide se ordene realizar en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculado, y, además, declare expresamente que la renovación de la contrata del señor nombre reservado es de carácter indefinida. Todo ello con costas.

Expone que ingresó “a la I.Municipalidad con fecha (sic no indica) en calidad de contrato a plazo fijo de 44 horas cronológicas afecto a la ley 19.378 de salud primaria municipal“, desempeñándose desde el 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2024 en el Sapu Doctor Raúl Brañes Farmer, donde ha realizado toda su carrera funcionaria, trabajando en el CESFAM respectivo.

Afirma no tener calificaciones deficientes ni haber sido objeto de sumario administrativo alguno y que “a la fecha [tiene] legítima confianza por tener una antigüedad de 3 años en [sus] funciones.”

Sostiene que de lo referido queda de manifiesto que cumplió con todas sus responsabilidades, realizando incluso labores adicionales, dado su compromiso con el municipio y el tiempo que sirvió al ente edilicio, siendo siempre sus informes y calificaciones “muy buenos.” Tras ello, señala que “la resolución es vaga, imprecisa y no tiene una adecuada fundamentación de los motivos y razones de [su] no renovación no cumpliendo el estándar de la confianza legítima.”

Prosigue reseñando sus calificaciones y habilidades que le han sido reconocidas, manifestando que en su caso, le renovaron el contrato tres veces, desempeñándose durante tres años consecutivos, por lo que lo “protege el principio de legítima confianza.”

Señala que “en la notificación de término de su contrato se indica que este se da por el solo ministerio de la ley y la propia resolución expresa que no debe fundamentar nada para [su] no renovación.”

Continúa indicando que “la fundamentación del decreto es precaria, débil, imprecisa y que produce un vicio de ilegalidad y arbitrariedad en la decisión pues esta nada dice mas(sic) que la enumeración de la normativa aplicable en confianza legítima y que esta no se [le] aplicaría.”

Asegura que no puede formularse ningún reproche a su labor como funcionario, la que siempre ejerció de manera eficiente y esmerada, y que “sin lugar a dudas es necesaria.”

Destaca que desde su primer nombramiento a contrata, “a contar del año de esa anualidad, se renovó [su] contrata ininterrumpidamente hasta el último nombramiento con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2024.”

Luego, tras reiterar su condición de funcionario intachable, con tres años de servicios, contratado a plazo fijo por 44 horas cronológicas en el Sapu, afecto a la Ley 19.378, siendo siempre bien calificado, insiste que “el decreto tiene una descripción de las leyes y dictámenes aplicables a la legítima confianza, pero no da razón de sus dichos ni establece porqué de [su] salida, violando directamente todo lo dispuesto por nuestra CGR (sic) y nuestros tribunales de justicia.” Estableciéndose que [su] salida “es por el mero cumplimiento del plazo del artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, pero en el contenido a la resolución que notifica se [le] determina que es por el no cumplimiento del perfil de cargo como funcionario afecto al Sapu lo cual es al por (sic) desempeño y contradictorio con [sus] calificaciones obtenidas.”

Manifiesta que el 28 de noviembre de 2024 fue notificado de la “no renovación de su contratación a plazo fijo de la Ley 19.378”, decisión contenida en la Resolución sin número de la misma fecha, notificada con fecha 5 de diciembre de 2024 (sic).

Asegura que para ello se argumenta la transitoriedad de sus servicios, inherentes al cargo a contrata y que no serían necesarios. Agrega que en la resolución en comento no se dice nada más, careciendo ésta, por consiguiente, de fundamentación, infringiendo así los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880. Adiciona el recurrente, que con una expresión genérica se pretende cumplir con el estándar de legalidad exigido para estos actos “infraccionándolos patentemente” señalando que no [cumple] el perfil para ser funcionario del Sapu lo cual es una imputación a [su] desempeño, totalmente contradictoria a [su] real compromiso y calificaciones.

Finalmente, expresa que se vulnera su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, ya que se le ha tratado de manera diversa a como se trata a otras personas que se encuentran en su misma situación, especialmente por el hecho de no respetar la confianza legítima ganada al prestar funciones por un lapso superior a 2 años. Afecta también el derecho fundamental establecido en el número 16 del precitado artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le discrimina en materia laboral. Por último se afecta el derecho resguardado en el número 24 del artículo precitado de la carta fundamental, porque se le priva de la propiedad que tiene sobre su empleo.

Por lo expuesto, pide lo más arriba indicado.

SEGUNDO: Que por su parte, tanto la Ilustre Municipalidad de San Bernardo como la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de sus respectivos representantes, evacúan el informe que al tenor del recurso les fue requerido, aduciendo iguales argumentos y peticiones, por lo que a fin de evitar repeticiones inoficiosas se tratarán estos en forma conjunta.

Así, ambas reparticiones solicitan el rechazo de este arbitrio con costas.

Esgrimen al efecto, que la acción constitucional de que se trata se dirige contra el Municipio, no obstante que el recurrente no tenía vínculo contractual alguno con la entidad edilicia recurrida, sino que con la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Organismo distinto a la Municipalidad, cuya finalidad, entre otros, es la administración de los establecimientos de salud de la comuna.

De otro lado, aducen que el recurso es extemporáneo, desde que con fecha 28 de noviembre de 2024, la Corporación Municipal envió por carta certificada al señor nombre reservado, el aviso en el que se le informaba que su contrato a plazo, cuyo vencimiento era el 31 de diciembre de 2024, no sería renovado.

Relatan que dicho aviso fue notificado al recurrente por carta certificada el 28 de noviembre de 2024, de modo que entendiéndose realizada dicha notificación el tercer día después de haber sido enviada la carta, es manifiesto que la referida notificación debe entenderse realizada el uno de diciembre del año recién pasado. De lo que se sigue, que habiéndose presentado el libelo recursivo el 4 de enero del año en curso, es irredargüible que la acción constitucional en análisis fue deducida fuera del plazo establecido en el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia.

De otro lado, luego de hacer una síntesis del libelo recursivo, arguyen que de acuerdo a lo sostenido por nuestro máximo Tribunal sobre la confianza legítima, contrariamente a lo aseverado por el demandante de protección, éste no estaba amparado por ella. Ello por cuanto intenta aplicar en sede judicial jurisprudencia administrativa, que, además, desde Noviembre de 2024, conforme al Dictamen N° E561358/2024, la Contraloría General de la República dejó de aplicar, expresando que “omitiría pronunciarse sobre la confianza legítima, ya que la materia se ha vuelto litigiosa y compete a los Tribunales de Justicia.”

Aseveran que al respecto, el señor nombre reservado omite la jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema que dice que “la confianza legítima sólo opera al haberse renovado la contrata de un funcionario durante cinco años, y, recién a partir de ese período, la Administración se encuentra obligada a fundamentar la no renovación de la contrata. Refrenda lo anterior citando la sentencia de 13 de Septiembre de 2024, dictada por el máximo Tribunal en la causa Rol N° 6.613-2024, parte de la cual reproduce.

Así, el basamento décimo segundo de dicho fallo señala: “Que se concluye de lo dicho que, si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un período de desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la autoridad se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el período siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el período de designación, ésta concluye por el solo ministerio de la Ley al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario.”

Exponen que en este caso, el recurrente no cuenta con cinco años de renovación de su contrata, sino que sólo tres, ya que ingresó a prestar servicios al Departamento de Salud de la Corporación en diciembre de 2021.

Por otra parte, en lo referente a la conculcación de alguno de los derechos resguardados por la Constitución Política de la República, señalan que no existe amenaza, privación ni perturbación de aquellos.

Al efecto, dicen que el recurrente indica como vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, mas en forma genérica, sin una relación circunstanciada de la forma en que dicha conculcación se habría producido.

Al respecto indican, que el demandante de protección sólo sostiene que la falta de fundamentación del acto administrativo vulnera el derecho al generar una aplicación desigual de lo que la ley establece y que a todas luces, es contraria a derecho; en lo atingente al derecho a la libertad de trabajo y su protección, no se entrega ningún indicio de cómo ella se infringiría; y, en lo relativo al derecho de propiedad, no se advierte ningún acto arbitrario de la autoridad, que de alguna forma, prive injustificadamente al demandante de protección, de algún aspecto o atributo del derecho de dominio.

Por lo expuesto y demás argumentos que vierten en sus respectivos informes, solicitan lo más arriba señalado.

TERCERO: Que de lo referido y para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario reiterar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, para que en su caso, se adopten las medidas de resguardo necesarias al restablecimiento del imperio del derecho asegurándose la debida protección del perjudicado.

De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos y/o garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que para clarificar el asunto de que se trata, cabe señalar que del examen de los antecedentes precedentemente referidos, especialmente el recurso entablado, los informes evacuados por las entidades a las que les fueron requeridos y los documentos allegados por los intervinientes, es manifiesto que conforme consta del comprobante de remisión de carta certificada a don nombre reservado emitido por Correos de Chile, consistente en la comunicación de la no renovación del contrato a plazo fijo, con jornada laboral de 44 horas cronológicas semanales, cuya fecha de expiración es el 31 de diciembre de 2024, fue recibida en Correos el 28 de noviembre de 2024.

Siendo ello así, y reconociendo además el recurrente haber sido notificado de la resolución de la que reclama en la fecha precedentemente indicada, necesariamente se sigue, que la notificación de aquello se entiende practicada el día 1 de Diciembre del mismo año, por lo que habiéndose interpuesto el recurso el día 5 de enero de este año, conforme a lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, el que aquí se trata resulta extemporáneo y desde ya hace que deba ser rechazado.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, aún de estimarse que dicho plazo no hubiere transcurrido, del mérito de los antecedentes ya señalados, es incuestionable que según reza el libelo recursivo, la entidad contra la que se dirige esta acción cautelar constitucional es la I.Municipalidad de San Bernardo. Sin embargo, el contrato de cuya no renovación se reclama, fue celebrado entre don nombre reservado y la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Ente que como es sabido, es una persona jurídica completamente distinta, regida por normas diferentes, con funciones, personal y patrimonio propios, lo que ciertamente impide considerar a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo legitimada pasivamente en esta causa, y, en consecuencia, necesariamente conduce a que la acción constitucional así planteada, no pueda prosperar.

SEXTO: Que no obsta a lo recién concluido, la circunstancia que se hubiere pedido informe a la aludida Corporación y ésta lo hubiere evacuado, toda vez que habiéndose dirigido la acción de que se trata contra la Municipalidad, ciertamente excede la competencia de esta Corte cualquier decisión respecto de una institución diversa de aquella contra la que se dirigió este recurso, el que por ende debe ser rechazado.

SEPTIMO: Que, no obstante lo precedentemente concluido, en otro orden de ideas, del examen del libelo recursivo, informes evacuados, lo sostenido por los intervinientes a través de sus demás presentaciones y ante estrados, y el mérito de los antecedentes allegados, es incuestionable que el acto reprochado por el demandante de protección es la decisión de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, de no renovar el contrato a plazo fijo celebrado entre dicha repartición y don nombre reservado el 1 de enero de 2024, cuya duración, según se lee de su cláusula séptima, se convino desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del mismo año. También, se acordó en la estipulación primera, que los servicios para los que se contrató al antes nombrado, eran labores de enfermería, especificando en el apartado quinto la cuantía de las remuneraciones, en tanto que en el tercero se determina la jornada y horario en el que se prestarían dichos servicios. A su vez, en los demás acápites se detallan las demás estipulaciones convenidas por las partes.

OCTAVO: Que de lo dicho, unido al tenor de las peticiones que el recurrente solicita a esta Corte más arriba especificadas, es inconcuso que la materia a dilucidar radica en determinar, entre otros, la procedencia o no de la confianza legítima, invocada por el recurrente como argumento de su acción, la existencia, naturaleza y término de la relación habida entre el recurrente de protección y quien aparece como contraparte, y el derecho o facultad de esta última para no renovar el contrato de que se trata. Asuntos que ciertamente requieren ser ventilados y conocidos en un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento, en el que los interesados puedan expresar sus pretensiones, alegaciones y defensas acorde a sus derechos e intereses y rendir las pruebas que estimen conducentes a aquello. Lo que necesariamente lleva a concluir, que esta acción cautelar constitucional excede con mucho el marco de acción de este Tribunal de alzada ante la acción de protección aquí intentada, la que ciertamente no es la vía para la resolución de la cuestión aquí planteada, por lo que necesariamente se rechazará el recurso de protección planteado.

NOVENO: Que por lo expuesto en los anteriores razonamientos, no concurriendo en la especie los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de este recurso de protección, se hace innecesario por improcedente, referirse a la legalidad y/o arbitrariedad del acto del que se reclama, como también respecto de la conculcación de algún derecho o garantía con resguardo constitucional del recurrente, de todo lo cual forzoso es concluir, que el presente recurso deberá ser desestimado.

En mérito de lo precedentemente razonado, y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el Recurso de Protección deducido por don nombre reservado contra la Ilustre Municipalidad de San Bernardo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra señora María Soledad Espina Otero.

N° 34-2025. Protección Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte, integrada por la ministra señora María Soledad Espina Otero, ministro señor Mauricio Olave Astorga y abogada integrante señora Gabriela Carrasco Tobar.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa no firma la ministra señora Espina por estar con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, tampoco lo hace la señora nombre reservado por no encontrarse en funciones en la audiencia de hoy.