nombre reservado con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ Y OTRO

San Miguel, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Constanza Javiera Rodríguez Castro, abogada, comparece en calidad de heredera de nombre reservado, fallecido el 21 de diciembre de 2025, ejerciendo actio iure hereditatis conforme al artículo 951 del Código Civil y al principio de continuación de la persona del causante, e interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Seguridad Social, por actos que califica como ilegales y arbitrarios en perjuicio de la sucesión del causante.

Expone que nombre reservado se desempeñó como conductor de transporte público, actividad que exige estabilidad psíquica y atención permanente, y que desde el año 2024 se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por Trastorno de Estrés Postraumático y Depresión Mayor, patologías diagnosticadas y tratadas por su médico psiquiatra. Señala que, debido a la gravedad y persistencia del cuadro clínico, se le extendieron diversas licencias médicas de carácter psiquiátrico, las que fueron sucesivamente rechazadas por la COMPIN Región Metropolitana.

Agrega que el causante falleció el 21 de diciembre de 2025 en el Hospital Barros Luco Trudeau, a causa de falla orgánica múltiple, paro cardiorrespiratorio e infarto agudo al miocardio.

Indica que las licencias médicas correspondientes a los folios N°116158733-4, 117589592-9, 119209400-K, 120416099-2, 121639187-6, 122751389-2, 124176695-7 y 125286294-K fueron rechazadas por la COMPIN RM. Dichas decisiones fueron reclamadas administrativamente ante la SUSESO, la que mediante Resolución Exenta N°R-01-DC-173704-2025, de 16 de diciembre de 2025, confirmó el rechazo de las licencias N°116158733-4 y 119209400-K, y no emitió pronunciamiento respecto de las restantes licencias, poniendo término al procedimiento administrativo. Sostiene que dicho dictamen constituye un acto administrativo terminal que priva a la sucesión del derecho a percibir subsidios por incapacidad laboral, los que integran el patrimonio hereditario.

En cuanto a la legitimación activa, señala que comparece como hija del causante, en resguardo de los derechos de su sucesión y especialmente considerando la existencia de un hijo menor de edad del causante, quien dependía económica y materialmente de su padre. Agrega que el fallecimiento del titular del derecho, ocurrido cinco días después del dictamen de la SUSESO, generó una imposibilidad absoluta y objetiva de continuar oportunamente las gestiones administrativas y judiciales, configurando una situación de fuerza mayor. Por ello, refiere que el recurso se interpone dentro de plazo, pues tomó conocimiento cierto y efectivo del dictamen con posterioridad al fallecimiento, al acceder a los antecedentes médicos y administrativos durante enero de 2026.

Afirma que el fallecimiento del causante constituye un hecho sobreviniente de especial gravedad, toda vez que los rechazos reiterados de licencias médicas lo privaron del acceso oportuno al subsidio por incapacidad laboral y de los recursos necesarios para solventar su tratamiento médico y subsistencia. Añade que los efectos patrimoniales de tales decisiones recaen actualmente sobre la masa hereditaria y afectan directamente al hijo menor de edad, configurándose una vulneración actual y persistente de derechos fundamentales y del interés superior del niño.

Respecto de la actuación de la SUSESO, sostiene que ésta reconoció no haber emitido pronunciamiento sobre varias licencias médicas por supuestas deficiencias procedimentales internas o falta de resolución previa de COMPIN. Estima que dicha omisión vulnera el principio de impulso de oficio, el deber de resolver y el principio de inexcusabilidad administrativa, dejando a la sucesión en un estado de indefensión patrimonial manifiesta.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, afirma que los actos recurridos infringen el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, al desatender informes médicos especializados sin una evaluación técnica suficiente que los contradiga, vulnerando además los principios de fundamentación y debido proceso administrativo de la Ley N°19.880. Sostiene que las decisiones carecen de razonabilidad y proporcionalidad, al desconocer la gravedad del cuadro psiquiátrico del causante y omitir pronunciamiento sobre diversas licencias, afectando las garantías del artículo 19 N°1, N°9, N°24 y N°2 de la Constitución.

Agrega que la licencia médica constituye el instrumento jurídico-sanitario que justifica la ausencia laboral y habilita el acceso al subsidio por incapacidad laboral, y que los antecedentes emitidos por el profesional tratante solo podían ser desestimados mediante evaluación médica fundada, realizada por profesionales competentes y basada en criterios técnicos objetivos. En el caso concreto, afirma que COMPIN y SUSESO desconocieron el diagnóstico y la indicación terapéutica del psiquiatra tratante, quien certificó un cuadro grave de Trastorno de Estrés Postraumático y Depresión Mayor, respaldado por informes clínicos, controles periódicos y ajustes farmacológicos progresivos.

Asimismo, indica que el rechazo de las licencias psiquiátricas privó injustificadamente al trabajador y, actualmente, a su sucesión de los beneficios previsionales que la ley contempla para situaciones de incapacidad temporal. Invoca jurisprudencia que estima arbitrario el rechazo de licencias psiquiátricas sin fundamentos técnicos suficientes o en contradicción con informes del médico tratante, señalando que ello vulnera la integridad psíquica, la protección de la salud y el acceso a prestaciones necesarias para el tratamiento médico.

Solicita acoger el recurso, declarar que los actos administrativos impugnados son ilegales y arbitrarios, por vulnerar las garantías constitucionales de los artículos 19 N°1 y 19 N°9 de la Constitución Política de la República, con efectos directos en el patrimonio y derechos de la sucesión; dejar sin efecto las resoluciones de rechazo de las licencias médicas indicadas; ordenar su aprobación y el pago íntegro de los subsidios por incapacidad laboral en favor de la masa hereditaria; y disponer todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña informes médicos, certificados médicos, resoluciones de rechazo de COMPIN, Resolución Exenta SUSESO N°R-01-DC-173704-2025, certificados de tratamiento del CESFAM Raúl Cuevas Palma, certificado de defunción y certificado de nacimiento de la recurrente.

Segundo: Que nombre reservado, mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, informa que la justificación del rechazo por parte de COMPIN RM quedó incorporada en el expediente administrativo y registrada en la cartola médica del usuario.

Señala que las licencias fueron rechazadas porque el paciente acompañó informe médico de especialista en salud mental con diagnóstico de patología psiquiátrica, pero dicho documento no acreditó adecuadamente evolución clínica, ajustes terapéuticos recientes, intervenciones psicosociales complementarias, seguimiento psicológico ni plan de reintegro laboral progresivo, elementos considerados esenciales conforme a guías clínicas y normativa vigente.

Agrega que el reposo médico indicado sobrepasaba el rango estimado como clínicamente adecuado, afectando negativamente el proceso de recuperación funcional y la oportuna reintegración laboral, razón por la cual se dispuso el rechazo, sin perjuicio de la posibilidad de apelar ante la SUSESO con antecedentes completos. Asimismo, informa que el usuario interpuso recurso de reposición respecto de las licencias N°116158733-4, 119209400-K y 122751389-2; en cuanto a las dos primeras, se mantuvo el rechazo por acompañarse los mismos antecedentes médicos y clínicos ya evaluados, mientras que la licencia N°122751389-2 se encontraba aún en proceso de revisión.

Señala que la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de última instancia administrativa, mediante Resolución Exenta N°R-202313-2025, de 16 de diciembre de 2025, rechazó el reclamo del usuario y confirmó nuevamente el rechazo de las licencias médicas individualizadas. Menciona que la SUSESO indicó que el reposo prescrito por las licencias N°116158733-4 y 119209400-K no se encontraba justificado, pues los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitían establecer incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo consecutivos ya autorizados por la misma patología.

Añade que, según lo informado por la SUSESO, los múltiples informes médicos complementarios revisados entre abril y octubre de 2025 presentaban diagnósticos diversos, sin documentación objetiva de incapacidad funcional severa; existía variabilidad en los tratamientos informados, sin registro de respuesta clínica, sin plan terapéutico claro y con ausencia reiterada de fecha probable de reintegro laboral, salvo algunos informes que la situaban en plazos extensos. Agrega que también se señaló que ciertos informes consignaban compromiso funcional moderado, pero sin describir síntomas severos ni descompensación aguda que justificara reposo prolongado, ni intervenciones intensivas como hospitalización, derivación a programas especializados o tratamiento multidisciplinario.

Respecto de las licencias N°117589592-9, 120416099-2, 121639187-6, 122751389-2, 124176695-7 y 125286294-K, informa que la SUSESO no emitió pronunciamiento. En relación con las licencias N°117589592-9, 120416099-2, 121639187-6, 124176695-7 y 125286294-K, ello se debió a que, revisado el sistema de licencias médicas de FONASA, no constaba la interposición de los respectivos recursos de reposición ante la COMPIN competente; y respecto de la licencia N°122751389-2, porque COMPIN aún no había emitido dictamen sobre el recurso de reposición interpuesto por la parte reclamante.

Finalmente, sostiene que sus actuaciones, al decidir aprobar o rechazar licencias médicas, se enmarcan en parámetros objetivos establecidos por la ley y la normativa vigente, con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla efectivamente su finalidad terapéutica y transitoria mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso, por estimar que no existió actuación ilegal o arbitraria de su representada que vulnerara o amenazara garantías constitucionales, toda vez que la Superintendencia se limitó a resolver, dentro de sus competencias legales y reglamentarias, los reclamos deducidos contra la COMPIN Región Metropolitana por el rechazo de licencias médicas fundadas en reposo no justificado.

Como alegación previa, sostiene la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia discutida corresponde al derecho a la seguridad social, regulado en el artículo 19 N°18 de la Constitución, garantía que no se encuentra protegida por la acción cautelar del artículo 20. Expone que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, las reconsideraciones o apelaciones ante COMPIN o SUSESO, y el eventual pago del subsidio por incapacidad laboral pertenecen al campo de la seguridad social, respecto del cual existe un procedimiento especial y reglado de revisión administrativa.

Agrega que el sistema de seguridad social contempla mecanismos específicos para enfrentar incapacidades laborales permanentes o transitorias, incluyendo pensiones de invalidez y subsidios por incapacidad laboral, cuya calificación se somete a órganos técnicos competentes. En ese sentido, afirma que el recurso de protección tiene carácter excepcional y solo procede respecto de los derechos taxativamente indicados en el artículo 20 de la Constitución, por lo que no puede utilizarse para revisar materias propias del derecho a la seguridad social. Por ello, solicita declarar la improcedencia de la acción antes de entrar al fondo.

En subsidio, al informar el fondo del asunto, señala que nombre reservado recurrió ante la Superintendencia mediante presentación de 11 de noviembre de 2025, solicitando reconsiderar el dictamen N°R-01-S-115683-2025, que había confirmado lo resuelto por COMPIN RM respecto del rechazo de la licencia médica N°116158733-4, extendida por 30 días desde el 29 de marzo de 2025. Asimismo, refiere que reclamó por el rechazo de las licencias N°117589592-9, 119209400-K, 120416099-2, 121639187-6, 122751389-2, 124176695-7 y 125286294-K, extendidas por un total de 210 días, todas por la causal de reposo no justificado.

Expone que, analizados los antecedentes médicos y administrativos, la Superintendencia concluyó que el reposo prescrito en las licencias N°116158733-4 y 119209400-K no se encontraba justificado, pues los antecedentes evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo consecutivos ya autorizados por la misma patología. Señala que los informes médicos complementarios revisados entre abril y octubre de 2025 presentaban diagnósticos diversos, sin documentación objetiva de incapacidad funcional severa, con variabilidad en los tratamientos, sin registro de respuesta clínica, sin plan terapéutico claro y con ausencia reiterada de fecha probable de reintegro laboral, salvo algunos informes con plazos extensos.

Indica que, respecto de las licencias N°117589592-9, 120416099-2, 121639187-6, 122751389-2, 124176695-7 y 125286294-K, la Superintendencia no emitió pronunciamiento. En relación con las licencias N°117589592-9, 120416099-2, 121639187-6, 124176695-7 y 125286294-K, ello se debió a que no constaba en el sistema de licencias médicas de FONASA la interposición de los respectivos recursos de reposición ante la COMPIN competente; y respecto de la licencia N°122751389-2, porque COMPIN aún no había emitido dictamen sobre el recurso de reposición interpuesto. En definitiva, la SUSESO confirmó el rechazo de las licencias N°116158733-4 y 119209400-K, y no emitió pronunciamiento sobre las restantes, conforme a la Resolución Exenta N°R-01-DC-173704-2025, de 16 de diciembre de 2025.

Añade que los facultativos de la Superintendencia constataron un uso prolongado de reposo laboral, con más de 331 días de licencias autorizadas y no consecutivas, además de 240 días no autorizados, configurando un patrón de ausentismo extenso contrario a los principios de temporalidad y proporcionalidad. También señalaron que los informes revisados consignaban diagnósticos variables, tratamientos sin respuesta clínica documentada, ausencia de plan terapéutico claro, uso sostenido de benzodiacepinas en dosis altas sin plan de reducción, compromiso funcional moderado sin síntomas psicóticos activos, riesgo vital actual ni descompensación aguda, y ausencia de hospitalización, programas especializados, manejo de crisis o tratamiento multidisciplinario que justificara reposos prolongados y reiterados.

Desarrolla el marco jurídico aplicable, señalando que el sistema de seguridad social distingue entre incapacidades laborales permanentes, cubiertas por pensiones de invalidez, e incapacidades laborales temporales, cubiertas mediante licencia médica. Explica que la licencia médica, regulada en el D.F.L. N°1 de 2005 y en el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, es un derecho esencialmente temporal, destinado a justificar la ausencia laboral y permitir la recuperación de la salud para la reincorporación al trabajo, pudiendo generar subsidio por incapacidad laboral solo si se cumplen los requisitos legales y si la licencia es autorizada por la COMPIN o la ISAPRE correspondiente.

Sostiene que sus profesionales analizaron los antecedentes del caso y concluyeron que éstos eran suficientes para formar convicción médica, sin ser indispensable requerir nuevos informes. Agrega que lo resuelto es consistente con la Ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas y con las guías clínicas referenciales. En particular, cita el D.S. N°7 de 2013 del Ministerio de Salud, relativo a patologías mentales, que exige para reposos superiores a 60 días, prorrogables hasta 180 días, indicación por psiquiatra, peritaje, síntomas graves con dificultades laborales graves, refractariedad o resistencia al tratamiento, evaluaciones periódicas, y consideración de tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales.

Afirma que la Superintendencia actuó dentro de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, como autoridad técnica de fiscalización en materia de seguridad social, conforme al artículo 19 N°18 de la Constitución y a la Ley N°16.395. En tal sentido, sostiene que debe velar por el otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas y la adecuada protección de cotizantes y beneficiarios de FONASA e ISAPRE, descartándose cualquier actuación ilegal o arbitraria.

Asimismo, sostiene que la pretensión del recurrente de obtener la autorización de licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral excede los límites del recurso de protección, pues dicha acción protege derechos indubitados y preexistentes, condición que no se verifica en este caso. Explica que el solo otorgamiento de una licencia médica por un facultativo no genera por sí mismo un derecho adquirido al subsidio, ya que se requiere autorización de la licencia por el organismo competente y cumplimiento de los requisitos legales.

Concluye que no existió vulneración del derecho a la vida e integridad física o psíquica ni del derecho de propiedad, ni de ninguna otra garantía constitucional, pues la Superintendencia resolvió dentro de su competencia y fundó su decisión en el estudio y ponderación de los antecedentes médicos, administrativos y normativos aplicables.

Cuarto: Que, por último, la recurrente, hace presente un antecedente que estima relevante para la resolución de la causa, relativo a la licencia médica N°122751389-2, una de las ocho licencias cuya protección se invoca, señalando que ésta se encuentra en una situación jurídica particular que agrava el cuadro de arbitrariedad e ilegalidad denunciado, debido a que su recurso de reposición fue oportunamente interpuesto ante COMPIN RM, pero dicho organismo no ha emitido dictamen hasta la fecha.

Expone que la licencia médica N°122751389-2 fue rechazada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, al igual que las otras siete licencias objeto del recurso, y que contra dicho rechazo se interpuso oportunamente recurso de reposición ante la COMPIN RM, cumpliéndose con la exigencia del procedimiento administrativo aplicable. Sin embargo, señala que dicho organismo no ha dictaminado sobre el recurso, según consta en el propio informe evacuado por COMPIN en autos, donde reconoció que la licencia aún se encuentra en proceso de revisión.

Agrega que, precisamente por esa falta de pronunciamiento de COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social declaró en su Resolución Exenta N°R-202313-2025, de 16 de diciembre de 2025, que no emitía pronunciamiento respecto de la licencia médica N°122751389-2, por cuanto la COMPIN respectiva no había dictado resolución sobre el recurso de reposición interpuesto.

Estima que ello configura una doble omisión administrativa: por una parte, la falta de resolución del recurso de reposición por COMPIN RM, y por otra, la negativa de SUSESO a pronunciarse, dejando al causante y actualmente a su sucesión sin acceso a la última instancia administrativa ni posibilidad real de impugnar el rechazo.

Sostiene que dicha situación no constituye un hecho aislado, sino una expresión de una conducta sistemática de dilación, omisión e inacción de los organismos recurridos durante el procedimiento administrativo y también en el proceso judicial. Afirma que COMPIN RM rechazó las ocho licencias mediante una fórmula estereotipada, sin evaluación médica directa del paciente; que SUSESO confirmó el rechazo de solo dos licencias y se negó a pronunciarse sobre las seis restantes; que COMPIN no resolvió el recurso de reposición de la licencia N°122751389-2, manteniéndola en tramitación indefinida.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que dicha disposición contempla.

Sexto: Que la decisión impugnada por la presente vía, según se denuncia en la acción constitucional intentada, es la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-DC-173704-2025, de 16 de diciembre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas decidido por la COMPIN de la Región Metropolitana.

Séptimo: Que respecto de la alegación de improcedencia de la acción, alegada por la Superintendencia, por incidir en materias propias de la seguridad social, esta Corte sistemáticamente la ha desechado, por cuanto no es el derecho a obtener una prestación de servicio o derecho propio de ese ámbito lo que se persigue con la acción incoada en estos autos, sino que la legítima pretensión de obtener de la Administración una resolución que se encuentre suficiente y razonablemente fundada en el mérito de los antecedentes.

Octavo: Que, en cuanto al fondo, del mérito de los antecedentes acompañados, se desprende que la decisión de la autoridad administrativa fue adoptada sobre la base de un análisis técnico de la información médica aportada, la que fue considerada insuficiente para establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal en el período reclamado. Asimismo, los documentos acompañados en esta sede no permiten a esta Corte determinar, en sede de protección, que el reposo debió aprobarse, por exigir una valoración técnica propia de las autoridades recurridas.

Noveno: Que, en ese contexto, no se advierte ilegalidad en el actuar de las recurridas, por cuanto, particularmente la Superintendencia, entidad que dictó el acto recurrido, se encontraba facultada legal y reglamentariamente para revisar y eventualmente rechazar y/o confirmar el rechazo de licencias médicas, según lo dispone el artículo 2 letra c) de la Ley N°16.395.

Décimo: Que, tampoco se configura la arbitrariedad, ya que la decisión se encuentra debidamente fundada, no aparece desprovista de razonabilidad ni basada en elementos caprichosos, sino en una ponderación técnica de los antecedentes clínicos tenidos a la vista.

Undécimo: Que, en consecuencia, la inexistencia de un actuar arbitrario o ilegal hace innecesario entrar a analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental, todo lo cual conduce a desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Constanza Javiera Rodríguez Castro, en calidad de heredera de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°339-2026 Protección