nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION
- Fecha
- 10 de julio de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 3373-2024, sentencia de 10 de julio de 2024
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse en 90 días corridos sobre la solicitud de permanencia definitiva, por la demora que vulnera la igualdad ante la ley y el principio de celeridad.
Texto íntegro
San Miguel, diez de julio de dos mil veinticuatro.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que ha deducido recurso de protección nombre reservado, a favor de nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la conducta que califica de ilegal y arbitraria, consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la Solicitud de Permanencia Definitiva, presentada el día 5 de septiembre de 2022, por afectar el derecho a la igualdad ante la ley de la persona por quien recurre, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la persona afectada.
Funda su acción en que el extranjero ingresó su solicitud en la fecha señalada, quedando bajo el N°49094404, sin embargo, el servicio recurrido no ha emitido respuesta alguna sobre la solicitud de visa planteada, ni se ha liberado la orden de pago de derechos.
Previo análisis sobre la procedencia del recurso, citas de la Ley N°19.880, principios y jurisprudencia, solicita que se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud en un plazo razonable.
Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, por el Servicio recurrido, y solicita su rechazo en todas sus partes, pide, en primer término, que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección por estimar que no existe una actuación u omisión ilegal y arbitraria de su parte, conforme a fallos de la Excma. Corte Suprema que cita, ni aún en grado de amenazas, excediendo la naturaleza cautelar de la acción intentada.
Enseguida, en subsidio de lo anterior, alega la falta de legitimación pasiva del Servicio recurrido, dado que no existe un acto ilegal y arbitrario que remediar mediante esta acción, por cuanto la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados.
Por último, informa derechamente al tenor del recurso, señalando que la persona por quien se recurre ingresó al país el 20 de marzo de 2005, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta, por motivos de trabajo, el 2 de junio de 2009, se otorgó al recurrente la Permanencia Definitiva y el 27 de abril de 2021, se dejó constancia en informe de viajes por Policía de Investigaciones, de la revocación tácita de la Permanencia Definitiva del extranjero, por haberse ausentado de país por más de un año, sin haber solicitado su prórroga ante algún consulado de Chile en el exterior, sin embargo el 9 de junio de 2021, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, otorgó al recurrente una nueva visa de residencia temporal, en calidad de titular, por mantener un vínculo civil con persona chilena, que se mantuvo vigente hasta el 6 de julio de 2022.
Respecto de la solicitud de residencia definitiva realizada por el recurrente, ID N°51928030, señala que el 25 de junio de 2022, la recurrente solicitó ante la autoridad el beneficio de la residencia definitiva, la que se encuentra actualmente pendiente, en etapa de resolución, desde el 5 de septiembre de 2022.
Previas citas legales y de jurisprudencia, solicita tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de la autoridad administrativa que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente la condena en costas.
Tercero: Que la parte recurrente evacuó traslado, solicitando el rechazo de la excepción de inadmisiblidad y de falta de legitimación pasiva, argumentando que esta no es la oportunidad procesal oportuna para solicitar la inadmisibilidad, y que, en la especie, es la recurrida la que ha demorado la dictación del acto administrativo y, por lo tanto, quien ha ejecutado el acto arbitrario e ilegal denunciado.
Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Quinto: Que, en cuanto a la inadmisibilidad alegada por la recurrida, ella no puede ser acogida, porque la presente acción constitucional fue declarada admisible por la sala tramitadora por resolución del cuatro de junio pasado, la que no fue objeto de recurso alguno, por lo que no corresponde efectuar un nuevo pronunciamiento sobre dicha alegación formal, teniendo además en cuenta lo dispuesto en el artículo 66 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la recurrida, cabe tener presente que la omisión que se reprocha es la falta de pronunciamiento de la autoridad respecto de la solicitud formulada ante ella, y, siendo el Servicio Nacional de Migraciones precisamente la autoridad competente para dictar el acto terminal que se pronuncie sobre tal petición, su legitimación pasiva resulta evidente.
Sexto: Que, del mérito del proceso, consta que la solicitud de visa de permanencia definitiva fue presentada el 25 de junio de 2022 y si bien al evacuar el informe se indicó que la petición se encontraba en la etapa de “resolución”, no ha acompañado antecedentes emanados de dicho servicio que den cuenta del avance en la tramitación del requerimiento efectuado hace más de 24 meses.
Séptimo: Que, en la forma señalada, la recurrida ha demorado en resolver la solicitud de la recurrente, apartándose de los dictados que informan el principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que en razón del mismo le corresponde ejercer.
Octavo: Que la ilegalidad referida afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en la medida que transgrede la ley abstracta y general aplicable a todos quienes se encuadren en el supuesto legal, sin que tal omisión pueda justificarse en el exceso de solicitudes de la misma índole recibidas por la recurrida, lo que no ha sido obstáculo para que otros actos administrativos hayan podido culminar su tramitación oportunamente.
Por ello puede concluirse que, para salvaguardar el imperio del derecho y el principio constitucional de igualdad ante la ley, que en el presente caso se advierte conculcado, el recurso de protección debe ser acogido.
Por estas consideraciones, de conformidad a lo expuesto, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que:
I.- Se rechaza solicitud de inadmisibilidad del recurso;
II.- Se rechaza excepción de falta de legitimación pasiva;
III.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se dispone que dicha repartición deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, dentro del plazo de noventa días corridos, contado desde que la sentencia quede ejecutoriada, con los antecedentes que tenga disponibles al efecto.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N°Protección-3373-2024.