Protección contra Colegio nombre reservado

San Miguel, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 17 y 18: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Boris Antonio Silva Navarro, abogado, en representación de nombre reservado y su hermana nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en los hostigamientos que ha sufrido la estudiante sin que el establecimiento adopte los protocolos correspondientes. Pide que se acoja el presente recurso, ordenando al establecimiento adoptar las medidas de resguardo psicosocial efectivas, destinadas a proteger a la estudiante, revisando el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato escolar; implementar medidas concretas de prevención, acompañamiento y seguimiento, orientadas a evitar la reiteración de hechos de maltrato, hostigamiento o discriminación; realizar capacitaciones en el establecimiento educacional en materia de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y, adoptar medidas de reparación simbólica en favor de la adolescente afectada; con costas.

Expone que el 22 de mayo de 2025, su representada envió un correo electrónico al profesor jefe de la alumna, solicitando una entrevista dado que ésta estaba siendo hostigada por un compañero de curso. Dicha conversación se concretó el 2 de junio de ese año, momento en que se comentó que la adolescente había decidido alejarse de su compañero. Sin embargo, posterior a ello, empezó a recibir mensajes amenazantes tales como “si no haces el trabajo conmigo, me enojare”, o “si no te juntas conmigo me mataré”, lo que generó angustia en su hermana, especialmente en un momento en que comenzó un proceso de cambio de identidad y de género. Producto de lo anterior, el profesor jefe adoptó medidas como separar a los estudiantes, derivar los asuntos a psicología escolar y, si no había respuesta, iniciar la instancia de convivencia escolar.

Sin embargo, refiere que dichas medidas no fueron eficaces, ya que el hostigamiento se intensificó, siendo molestada constantemente por su peso, corte de pelo, color de piel e identidad de género. Esta situación implicó el envío de un nuevo correo el 9 de julio de ese año, dando cuenta de la intensificación del hostigamiento, lo que implicó una entrevista formal con la encargada de convivencia, quien solo se limitó a instruir a la alumna a que tuviera más autoestima y que no tomara en cuenta los comentarios que le realizaban, minimizando la situación vivida. Sin embargo, posteriormente, el 11 de julio, se cita a la recurrente a entrevista, en donde se le indica que se activará el protocolo por maltrato/acoso escolar, entrevistando a los estudiantes y sus apoderados y docentes, terminando la sesión. A pesar de ello, se la citó el 24 de julio, comunicándole el resultado de la investigación, en donde se le informó que nadie escuchó nada, no acreditándose el maltrato, a pesar de que su hermana cayó en depresión, requiriendo atención psicológica.

Añade que grande fue su sorpresa al comunicarse con la apoderada del estudiante agresor, quien le indicó que nunca se le informó el inicio de un procedimiento en contra de su hijo y que, al ser citada al establecimiento por otro motivo, la encargada de convivencia escolar le indicó que el trato ofensivo era mutuo. Esta situación la llevó a presentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación e iniciar un proceso de cierre del año académico, dada la condición de salud de su hermana. En ese escenario, se enteró, además, que el director del establecimiento no se encontraba enterado del proceso seguido a favor de la alumna. Finalmente, recibió una notificación por parte de la Superintendencia -el 31 de diciembre de 2025- en donde se le informó que el colegio actuó tardíamente al momento de activar el protocolo, y cuando lo hizo, no fue de manera completa.

Entiende que la situación descrita vulnera las garantías fundamentales de los numerales 1, 2 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide, por lo tanto, que se acoja el recurso en los términos descritos.

Segundo: Que, Fernando Medina Vaslcarcel, abogado, en representación de la Corporación nombre reservado, informa al tenor del recurso que, en mayo de 2025, la recurrente, hermana de la estudiante, solicitó la intervención de su representada por molestias que recibiría ésta por parte de un compañero. Ante ello, se realizó una entrevista y se tomaron medidas inmediatas (separación de los puestos de la sala y observación de los alumnos), aunque la denunciante no era apoderada formal.

Agrega que, tras las vacaciones de invierno, en julio de 2025 se denunciaron nuevos comentarios ofensivos de carácter discriminatorio hacia la adolescente. En atención a ello, el colegio activa el protocolo de maltrato escolar e inicia una investigación. Así, como parte de la etapa indagatoria, se realizan entrevistas a los involucrados y testigos, en donde la estudiante manifestó que su compañero le decía que “era negra” y que “tenía un corte de pelo de hombre”. Se constató a través de la indagatoria que los comentarios fueron aislados, no sistemáticos, y que ambos estudiantes continuaban relacionándose sin conflictos graves, manifestando el presunto agresor arrepentimiento inmediato respecto de las bromas que se hacían. De este modo, el 18 de julio se emitió un informe en donde se concluyó que no existía maltrato escolar, ya que los comentarios fueron de carácter aislado y no sistemáticos, sin que existiera relación de poder o subordinación. Sin embargo, y luego de la notificación practicada el 22 de julio de 2025, la denunciante no aceptó la resolución y anunció que recurriría ante la Superintendencia de Educación, sin interponer apelación en contra de la decisión adoptada por el colegio. Destaca que el 13 de octubre se cerró el año escolar de la estudiante siendo matriculada en otro colegio.

Indica, respecto a la fiscalización realizada por la Superintendencia de Educación, que si bien es cierto que se concluyó que se inició de manera tardía el protocolo de actuación, el órgano fiscalizador omitió en su apreciación que los hechos denunciados el 2 de junio fueron resueltos a través de medidas formativas y los de 9 y 10 de julio fueron investigados de acuerdo al procedimiento establecido en el protocolo de actuación.

Señala que el recurso de protección no es procedente, porque no se agotaron las instancias administrativas internas ni los recursos legales ante la Superintendencia de Educación. Añade que el plazo para interponer el recurso de protección estaría vencido, ya que los hechos terminaron en julio de 2025 y el año escolar se cerró en octubre de 2025, por lo que el recurso sería extemporáneo.

Refiere que, de este modo, no existió acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del colegio, ya que se actuó conforme a la normativa y protocolos vigentes, adoptando medidas inmediatas y proporcionales, no acreditándose una vulneración efectiva de garantías constitucionales como la integridad física y psíquica o la igualdad ante la ley.

Pide que se rechace el recurso en los términos descritos.

Tercero: Que informa al tenor del libelo, la Superintendencia de Educación, exponiendo que, analizados los antecedentes aportados por el denunciante y el establecimiento educacional, se pudo constatar que, si bien el establecimiento inició el protocolo por maltrato escolar, la activación fue tardía, ya que se había informado de la situación en el mes de mayo.

En cuanto a la activación iniciada, la misma resultó incompleta, ya que no se visualizó el cumplimiento de los plazos de investigación, no se elaboró un informe comunicando de ello al apoderado, no se adoptaron medidas pedagógicas, psicosociales y/o disciplinarias ni posibles derivaciones, por lo que se estimó que el establecimiento no actuó conforme a la normativa, al no aplicar completamente su protocolo de maltrato escolar.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la recurrente denuncia como hechos arbitrarios e ilegales de la recurrida las faltas en que habría incurrido el Colegio nombre reservado, al omitir realizar una investigación a propósito de sucesivas comunicaciones de hechos que afectaban a la alumna a favor de quien se recurre, ocurridos entre los meses de mayo y julio de 2025; y la aplicación tardía e incompleta del protocolo pertinente, descuidado la integridad física y psicológica de la afectada.

Sexto: Que, del tenor de lo expuesto, se advierte que desde la fecha de la ocurrencia de los hechos denunciados y la fecha de interposición del recurso de protección - el 24 de enero del presente año-, aparece que transcurrió en exceso el plazo de 30 días regulado en el auto acordado sobre la materia, motivo por el cual el recurso resulta extemporáneo.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que el recurso de protección es una acción de urgencia y no de declaración de derechos, por el que se persigue la adopción de alguna medida que permita el restablecimiento del derecho, cuestión que en este caso no es posible dado que actualmente la niña se encuentra cursando sus estudios en un establecimiento educacional distinto al de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que rige la materia, se acoge la excepción de extemporaneidad y, por ello, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de la adolescente nombre reservado en contra de del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°337-2026 Protección.