Protección contra Contraloría General de la República

San Miguel, dos de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Marco Antonio Zepeda Risso, abogado, recurre de protección en representación de la I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el Oficio Nº E382170, de 18 de agosto de 2023, notificado el 21 de agosto de 2023, por el que se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio N°E274.989. de 2022, que, a su vez, declaró que el despido de la funcionaria don nombre reservado no se encontraba ajustado a derecho, ordenando su reincorporación y el pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo en que se mantuvo separada de sus funciones, lo que constituye una vulneración de los derechos consagrados en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que la señora nombre reservado ingresó a trabajar al Departamento de Educación de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda el 23 de junio de 2021, en virtud de un contrato de trabajo, para desempeñarse como conductora de vehículos de seguridad ciudadana. Añade que el 11 de marzo de 2022, se puso término a su contrato por la causal contemplada en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, materializándose administrativamente dicha situación mediante el Decreto N°5057, 31 de marzo de 2022.

Hace presente que el 20 de abril de 2022, la trabajadora firmó con reserva de derechos el respectivo finiquito en que se acredita el pagó de un total de $2.133.606, por concepto de mes de aviso previo, mes por años de servicio y vacaciones proporcionales.

Expone que la trabajadora reclamó del término de su contrato de trabajo ante la Controlaría General de la República, órgano que mediante el oficio N°274.989, de 2022 determinó que el término del contrato de trabajo de la señora nombre reservado no se ajustó a derecho, por cuanto dicha decisión no se apreciaba fundada, al no explicar por qué se prescindió exclusivamente del vínculo de la interesada, a propósito de una reestructuración.

Refiere que el 30 de mayo de 2023, el municipio repuso el acto administrativo en comento, siendo rechazado tal recurso administrativo por el Oficio N°E382.170/2023, de 18 de agosto pasado.

Sostiene que el acto recurrido infringe lo dispuesto en el artículo 6° inciso tercero de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, que indica que a dicho organismo no le corresponde intervenir en asuntos de carácter litigiosos o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, cuestión que ocurre en el presente caso, desde que previamente se interpuso un recurso de protección ante esta Corte con el mismo propósito, siendo declarado inadmisible por exceder la naturaleza cautelar de dicho arbitrio (Rol de Ingreso N°3432-2022) y porque, dada la naturaleza de lo reclamado y conforme dispone el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, el conocimiento de la correcta aplicación de una causal de término de un contrato de trabajo corresponde a los tribunales laborales.

Arguye que, en cualquier caso, se infringió el artículo 21 B de la Ley N°10.336, toda vez que la competencia de Contraloría General de la República para controlar los actos de los órganos de la Administración del Estado, se limita solo a un control de legalidad de los mismos, encontrándosele vedada la posibilidad de pronunciarse sobre el mérito de aquellos, como sucede en la especie.

En cuanto a los derechos constitucionales vulnerados, sostiene que se vulneró el debido proceso, al arrogarse la recurrida facultades que corresponden a los tribunales de justicia, así como la igualdad ante la ley, al darse un trato diferenciado respecto a otros casos, en que Contraloría General de la República se limita a efectuar un control de legalidad y no de mérito.

Pide acoger el recurso, y ordenar a la recurrida dejar sin efecto el Oficio Nº E382170, de 18 de agosto de 2023, Segundo: Que la recurrida, Contraloría General de la República, informó al tenor del recurso.

Explica que el oficio N°E274.289 de 2022 fue emitido con ocasión de un reclamo realizado por doña nombre reservado, ex trabajadora de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en relación con el término del contrato de trabajo que mantenía con dicho municipio por aplicación de la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo, fundada en una modificación y reestructuración de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Expone que el citado oficio concluyó que el término de contrato de trabajo de la señora nombre reservado no se encontraba ajustado a derecho y dispuso su reincorporación y pago de remuneraciones correspondientes al tiempo que se vio separada de sus funciones, por cuanto no se pudo verificar el motivo de la reestructuración alegada.

Añade que la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda interpuso un recurso de reposición en contra del mencionado oficio y que dicho recurso fue rechazado mediante el oficio N°E382.170, de 18 de agosto de 2023.

Argumenta que el recurso debe ser rechazado porque afecta los derechos de una persona que no ha sido emplazada en el presente recurso. Asimismo, sostiene que el recurso de protección no es la vía para eludir el control de legalidad que Contraloría General de la República ejerce respecto del municipio, ya que aceptar que una entidad sujeta a su control puede impugnar las decisiones que no comparte, interfiere con las facultades que le son conferidas por el ordenamiento jurídico; y que la pretensión del recurrente excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, al carecer el municipio de un derecho de carácter indubitado.

En cuanto al fondo del asunto, expresa que dicho órgano de control ha actuado conforme a la ley y dentro de sus facultades, por lo que no existe un acto ilegal o arbitrario. Expone que el deber de abstención se refiere a litigios pendientes o en los que haya pronunciamiento de fondo, lo que no ocurre en la especie, por cuanto el recurso de protección interpuesto por la trabajadora con anterioridad fue declarado inadmisible, de modo que con su pronunciamiento no ha infringido lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N°10.336.

Añade que, con su pronunciamiento, no se ha inmiscuido en las competencias de los Juzgados del Trabajo, desde que conforme a la normativa aplicable, y particularmente, los artículos 98 de la Constitución, 1, 5 y 6 de la Ley N°10.336 y artículos 51 y 52 de la Ley 18.695, Contraloría General de la República se encuentra facultada para interpretar los estatutos aplicables a los funcionarios municipales, en este caso, el Código del Trabajo.

Indica que, en el caso particular, la recurrente no acreditó la concurrencia de la causal invocada para poner término al contrato de trabajo de la señora nombre reservado, de modo que el reproche formulado dice relación con una cuestión formal y no de mérito, atendido el deber del municipio de fundar debidamente los actos administrativos que emita.

Finalmente señala que no existe vulneración a los derechos fundamentales mencionados por la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que todo Estado de Derecho descansa en un presupuesto fundamental como lo es la sumisión de la Administración al ordenamiento jurídico, lo que se manifiesta, entre otros, en el denominado principio de legalidad, que es reconocido en nuestra Constitución Política en sus artículos 6 y 7 y en el artículo 2º de la Ley 18.575. Por su parte, el artículo 98 de la Carta Fundamental, establece que “la Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades…”; principio reconocido en el artículo 1 de la Ley N° 10.336, Ley Orgánica que dispone: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades…”. Por su parte, el artículo 51 de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, dispone que “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República…”, expresando en su artículo 52 que: “En el ejercicio de sus funciones de control de legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control”. A mayor abundamiento, el artículo 156 de la Ley N° 18.883, regula el derecho de los funcionarios municipales a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos regulados en ese mismo cuerpo de normas.

Sexto: Que las disposiciones citadas llevan a concluir que la entidad contralora recurrida actuó en el ejercicio de sus potestades legales, dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley, al haber emitido el Oficio Nº E382170, de 18 de agosto de 2023, pues en él se expresan acabadamente los fundamentos en que se sustenta, los que son concordantes con los criterios sentados en su propia jurisprudencia administrativa, de modo tal que no resulta posible reprochar en su contra ilegalidad ni arbitrariedad, motivos suficientes para concluir que el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar. En efecto, recae en el órgano contralor la vigilancia de la legalidad de los actos municipales que rigen a los funcionarios públicos, sin importar que estos se encuentren vinculados por contratos regidos por el Código del Trabajo, toda vez que tal vínculo laboral tiene una esfera pública, relacionada no sólo con la función que desempeñan, sino que también en relación con el erario de tal naturaleza que es desembolsado para pagar sus remuneraciones. Es así, como el órgano sujeto a fiscalización, debe observar en la emisión de todos sus actos administrativos el principio de juridicidad, que es aquello que, precisamente, fiscaliza el órgano contralor.

Séptimo: Que, no es obstáculo para la conclusión precedente, el tenor del artículo 21 letra B de la Ley N° 10.336, que dispone: “La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas”, pues del tenor del Oficio Nº E382170, de 18 de agosto de 2023, no fluye que el órgano contralor haya realizado un examen de mérito de fondo del acto administrativo, toda vez que aquello que reprocha se vincula con falta de antecedentes que puedan sustentar la decisión, los que deben ser de carácter objetivo, pues no es admisible que el ente municipal pretenda dictar actos desmotivados, por ende, arbitrarios, infringiendo los artículo 11 y 42 de la Ley N° 19.880, por la sola circunstancia de estar en presencia de una persona que ejerce funciones en la Municipalidad en virtud de un contrato regido por el Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Albornoz.

N°3356-2023 Protección Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Danilo Quezada Rojas y señor Carlos Hidalgo Herrera y Abogado Integrante señor Santiago Albornoz Pollman, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.