Protección contra la I

119/ciento diecinueve.

En Santiago, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A fojas 10, con fecha 1 de septiembre de 2016, doña nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de amparo económico en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, representada por su Alcalde don José Miguel Arellano Merino, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios de que ha sido objeto y que han ocasionado una grave amenaza, violación, privación y perturbación en el ejercicio de su legítimo derecho a ejercer la actividad económica de explotación de un local comercial ubicado en domicilio reservado, como discoteca.

Funda su recurso señalando que con fecha 30 de agosto de 2016, en horas de la tarde, y en circunstancias que se encontraba parte del personal contratado para trabajar en la discoteca ya indicada, a dicho inmueble, llegaron personas que se identificaron como funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, quienes informaron verbalmente a los trabajadores la existencia de una orden de clausura respecto del local, advirtiéndoles que, en caso de producirse su apertura (programada para el día 2 de septiembre del presente) se procedería a su clausura con el auxilio de la fuerza pública.

Agrega que los funcionarios municipales no exhibieron credencial alguna y menos la resolución a la cual aludían, de la cual, en el caso de que exista, ignoran absolutamente su contenido.

Indica que de 1 julio de 2016, celebró con don nombre reservado, un contrato de arrendamiento respecto del inmueble y la estructura cubierta en la que funciona la discoteca, propiedad que es parte de otro inmueble de mayor extensión. Dicho contrato incluía el uso y el arrendamiento de la patente rol 400057, de Padre Hurtado, la cual a la fecha se encuentra vigente. El contrato tiene una duración de 1 año y seis meses, plazo que se contaría a partir del 15 de julio del presente año.

Refiere que el arrendador, antes referido, cuenta sobre la propiedad dada en arrendamiento, con un contrato de arrendamiento, que consta en escritura de 22 de septiembre de 1982, suscrita ante el Notario Público de Santiago, don nombre reservado, y, por medio del cual, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, le dio en arrendamiento, por el plazo de 99 años, a don nombre reservado, los lotes de terreno signados, como lotes 3 y 4 del plano de loteo protocolizado al final del Registro del año 1982 de la antes mencionada Notaría, los cuales cuentan con una superficie total de 4.0064,67 metros cuadrados, ubicados en la localidad de Santa Rosa de Chena, actual comuna de Padre Hurtado, antes comuna de Peñaflor. En el antes referido contrato se faculta expresamente al arrendatario para efectuar en el terreno las construcciones que estime convenientes, así como también, para ceder total o parcialmente sus derechos a favor de terceros. Se contempla además, en el contrato antes citado, la suscripción de una promesa de compraventa respecto del inmueble dado en arrendamiento, sujeta a la condición de que la empresa arrendadora regularice el dominio del inmueble.

Hace presente que en el inmueble arrendado, han funcionado, a lo largo de los años, y sin mayores inconvenientes, una serie de discotecas, siendo la última Sala Murano Oeste, empresa que funcionó en el lugar hasta el mes de agosto de 2015, fecha en la cual, el señor nombre reservado puso término al contrato de arrendamiento que lo unía con la antes mencionada empresa, por falta de pago de arrendamiento.

Indica que ha efectuado una enorme inversión con la finalidad de dar inicio a la actividad comercial de explotación de la discoteca ubicada en el local arrendado, hemos pagado arriendos de manera adelantada por la suma de $ 19.500.000 (diecinueve millones quinientos mil pesos), efectuado trabajos de adecuación al interior del recinto arrendado, contratado personal, comprado insumos y productos, efectuado una campaña publicitaria, todo ello con la finalidad de inaugurar nuestro negocio el día viernes 2 de septiembre. A pesar de ello, el día 30 de agosto y aproximadamente a las 17:00 horas, se presentaron en el inmueble arrendado, personas que dijeron ser funcionarios de la Municipalidad de Padre Hurtado, quienes no se identificaron de manera individual ni exhibieron credencial alguna, y, le indicaron que no era posible abrir la discoteca, debido a que existía una orden de clausura respecto de ella, de tal manera de que si abrían, serian clausurados inmediatamente, con auxilio de Carabineros de Padre Hurtado.

Añade que las personas que concurrieron el día 30 de agosto a su negocio no señalaron a que departamento municipal pertenecían, ni exhibieron copia de la orden de clausura del local o resolución judicial alguna que así lo haya decretado y además, señala que efectuadas algunas consultas con los parientes y cercanos al señor nombre reservado, estos nos han señalado no saber nada respecto de una orden de clausura que pese en contra de la discoteca, y que consultado el arrendador, este ha manifestado sorpresa respecto de la situación producida, indicando que no ha recibido noticia de una posible clausura y menos una notificación.

Concluye que se encuentra en una situación en la cual esta ad portas de iniciar su actividad comercial de explotación de un recinto destinado a una discoteca, el cual cuenta con las correspondientes patentes comerciales y de alcoholes, las cuales expirar recién el 31 de enero de 2017, por lo cual, a lo menos hasta dicha fecha podrían trabajar amparados por ella. Además, no tienen noticia alguna relacionada con la existencia de una orden de clausura en contra de la infraestructura de la discoteca, y su arrendador tampoco tiene conocimiento de dicha situación.

En relación al derecho señala que los hechos objeto de la presente denuncia, claramente vulneran el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, toda vez que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, le impediría realizar una actividad económica lícita (explotación de un local comercial como discoteca), la cual no es, en caso alguno contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y respeta las normas legales que la regulan la actividad.

Cita además el principio de confianza legítima, como el principal límite a la potestad invalidatoria. La protección de la confianza legítima se deduce de los principios constitucionales de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica y entrega un marco dogmático suficiente para enfrentar la tarea de delinear los límites al ejercicio de tal potestad, que se deduce desde los principios constitucionales de Estado de Derecho (arts. 5, 6 y 7 CPR) y de seguridad jurídica (art. 19 N° 26 CPR) y se liga muy estrechamente con la doctrina de los actos propios. Indica que este principio se traduce en que un órgano administrativo no puede, sin cumplir los requisitos legales pertinentes, emitir una resolución opuesta y contradictoria respecto de otra anterior que reconociera derechos subjetivos.

Expone que existe en este caso una situación en la cual se vulnera por parte del órgano administrativo, el principio de la confianza legítima, debido a que existen actos contradictorios emanados desde la Municipalidad de Padre Hurtado, la cual, por una parte, concede al arrendador, don nombre reservado, patentes que amparan al ejercicio de una actividad comercial, las cuales han sido constantemente renovadas, permitiendo, por tanto la explotación del local arrendado, al menos hasta el día 31 de enero de 2017, y, por otra parte, una amenaza, sin exhibir resolución o decreto alguno, y sin notificar o haber notificado en el pasado, acto administrativo de ninguna especie, de clausurar el recinto arrendado para desarrollar la actividad de discoteca.

Agrega que las acciones ejecutadas por los funcionarios de la Municipalidad de Padre Hurtado, el día 30 de agosto de 2016, son ilegales, y no cuentan con una justificación valedera, pues no se basan en una resolución o decreto alguna, o en un acto administrativo debidamente tramitado, y en cuya génesis se haya respetado el debido proceso administrativo.

Pide en definitiva acoger el presente recurso, por constituir, las acciones ejecutadas por la recurrida, una actuación ilegítima y que vulnera el artículo 19 N° 21 de la ley fundamental; sin perjuicio de disponer las demás medidas que estime pertinentes y que sean conducentes al amparo de dicha garantía constitucional, todo ello con expresa condenación en costas.

A fojas 26, la sala tramitadora de esta Corte estima que los hechos relatados se encuadran dentro de las materias propias del recurso de protección, ordenando su tramitación conforme a dicha acción constitucional.

A fojas 29, se declaró la admisibilidad del recurso y se ordenó requerir informe a la recurrida.

A fojas 37 y con fecha 8 de septiembre del presente año, comparece Álvaro Fernández Ponce, abogado en representación de nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado, y recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado representada legalmente por don José Miguel Arellano Merino, funcionario quien, mediante decreto alcaldicio N° 3400 de fecha 02 de Septiembre de 2016, ordenó clausurar el local comercial destinado a discoteca, ubicado en domicilio reservado, de la misma comuna, señalando que este acto administrativo es arbitrario e ilegal y atenta en contra de las garantías de los N° 21° y 24° del art. 19 de la Constitución Política.

Indica que se ha privado a su representado, arbitrariamente, tanto del derecho a desarrollar una actividad económica lícita, como el derecho de propiedad sobre este inmueble, por lo que procede restablecer el imperio del derecho.

Expone que don nombre reservado suscribió una escritura pública de fecha 22 de septiembre de 1982 ante el Notario Público de Santiago, don nombre reservado por medio de la cual la empresa de Ferrocarriles del Estado, le dio en arrendamiento por el plazo de noventa y nueve años, los lotes de terreno signados como lotes tres y cuatro del plano de loteo protocolizado al final Del Registro del año 1982, de la mencionada notaría, con una superficie total de 4.0064, 67 metros cuadrados. El referido contrato autoriza y faculta expresamente al arrendatario, para efectuar en el terreno las construcciones que estime convenientes así como también para ceder total o parcialmente sus derechos a favor de terceros. Contempla la factibilidad de suscribir una promesa de compraventa respecto del inmueble dado en arrendamiento, sujeta a la condición de que la arrendadora regularice el dominio del inmueble.

Agrega que con fecha 1 de julio de 2016, su representado celebró un contrato de arrendamiento respecto del inmueble y la estructura cubierta en la que funciona la discoteca ubicada en domicilio reservado, propiedad que es parte de otro inmueble de mayor extensión. Dicho contrato incluía el uso y el arrendamiento de la patente rol 400057, de Padre Hurtado, la cual a la fecha se encuentra vigente. El contrato tiene una duración de 1 año y seis meses, plazo que se contaría a partir del 15 de julio del presente año. El canon mensual por este arriendo es de $ 6.000.000.

Hace presente que en el inmueble arrendado, han funcionado, a lo largo de los años, y sin mayores inconvenientes, una serie de discotecas, siendo la última Sala Murano Oeste, empresa que funcionó en el lugar hasta el mes de agosto de 2015, fecha en la cual, el señor nombre reservado puso término al contrato de arrendamiento que lo unía con la antes mencionada empresa, por falta de pago de arrendamiento.

Recalca que el inmueble materia de autos cumple a cabalidad con la normativa vigente, incluso con el certificado de recepción final, hecho que queda en evidencia, al contar con las patentes de alcoholes y comercial. Las cuales requieren para su otorgamiento recepción final del inmueble y el último arrendatario agrego una terraza la cual no se encuentra regularizada en su totalidad.

Refiere que el día 3 de septiembre del año en curso, a las 22:02 horas, funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, acompañados de personal de carabineros entre ellos el Mayor Giordi nombre reservado , ordenan el cierre del local ya individualizado, clausurándolo posteriormente. Ante esta sorpresiva aparición los funcionarios del local señalaron y exhibieron tanto la patente comercial al día, la patente de alcoholes y todo documento existente, intentando acreditar que el local, cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento y ante esto los funcionarios municipales notifican en ese acto, el decreto alcaldicio N° 3400, de fecha 02 de septiembre del año 2016 , el cual expone muy sucintamente que la obra ubicada en San Alberto Hurtado número 601, carece de recepción final, ordena el desalojo y cláusula del local.

Indica que se entabla este recurso por la violación al derecho a desarrollar una actividad económica, consagrada en el artículo 19 N° 21, de la carta fundamental, toda vez que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado impide realizar una actividad económica lícita (explotación de un local comercial como discoteca), la cual no es, en caso alguno contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y respeta las normas legales que la regulan la actividad, ya que tal y como se indicó en la relación de los antecedentes de hecho, el local comercial arrendado se encuentra amparado por una patente comercial y por patentes de alcoholes, las cuales, recién caducan el día 31 de enero de 2017, es por ello que el impedimento a iniciar la actividad comercial proyectada, impuesto por la Municipalidad de Padre Hurtado, sin lugar a dudas, es vulneratorio de su libertad de ejercer una actividad económica lícita.

Añade como vulnerado el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que dispone que "toda" infracción a las disposiciones de la LGUC, a su Ordenanza General y a los instrumentos de planificación territorial , será sancionado con multa a beneficio municipal. Evidentemente que dicha sanción pecuniaria debe emanar de un Tribunal que en este caso es el Juzgado de Policía Local respectivo, cuyo procedimiento se inicia o acciona por una denuncia la cual puede ser realizada por "la Municipalidad que corresponda", la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva o por cualquier persona, esta denuncia "deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios de que se dispongan. Todo lo anterior, en el marco del debido proceso.

Señalan que en la actualidad, ni don nombre reservado ni sus arrendatarios tienen conocimiento, de denuncia alguna entablada en el Juzgado de Policía Local de la comuna de Padre Hurtado, excepto claro está de la notificación realizada por los funcionario municipales, el día Sábado 3 de septiembre de 2016, a las 22:03 horas.

Alega la Prescripción de las eventuales infracciones señaladas en el decreto alcaldicio ya individualizado, en relación con la LGUC. En consideración que el decreto alcaldicio notificado con fecha 03 de septiembre del 2016, se basa en otro decreto alcaldicio pero de fecha 27 de diciembre del año 2013, que declara la supuesta inhabilidad de la obra.

Refiere la vulneración al principio de confianza legítima, reconocido como el principal límite a la potestad invalidatoria, debido a que existen actos contradictorios emanados desde la Municipalidad de Padre Hurtado, la cual, por una parte, concede al arrendador, don nombre reservado, patentes que amparan al ejercicio de una actividad comercial, las cuales han sido constantemente renovadas, permitiendo, por tanto la explotación del local arrendado, al menos hasta el día 31 de enero de 2017, y, por otra parte, un decreto alcaldicio que declara la inhabilidad del local y su clausura.

Explica que el decreto recurrido resulta arbitrario porque en el inmueble afectado existe una sola construcción claramente individualizada, la terraza, que carece de los permisos que hoy se exigen en la Dirección de Obras y si bien el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones autoriza la declaración de inhabilidad en su inciso 3º, tal inhabilidad se encuentra referida a la obra que carezca de la recepción definitiva total o parcial y, en el caso propuesto, tendría que ser solamente la terraza que se ubica en el exterior del inmueble principal y la interpretación extensiva que da la municipalidad evidentemente están en contraposición a lo expresado claramente por los tribunales de Justicia. Cita fallos en este sentido de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2.668/99.

Manifiesta que igualmente se atenta contra el derecho de propiedad del recurrente establecido en el N° 24 del Artículo 19 de la Constitución ya que como se ha señalado, don nombre reservado es titular del contrato de Arriendo con Ferrocarriles del Estado, y como tal dueño de la uso y goce del inmueble materia de autos, en consecuencia tal derecho forma parte del patrimonio del arrendador Sr. nombre reservado, y su propiedad sobre estos derechos nacidos del contrato de arriendo se ha visto afectada con la medidas arbitrarias e ilegal de la recurrida, pues al imponer la cláusula del local , priva del derecho legalmente adquirido por el contrato de arriendo de percibir el pago del canon mensual, ya señalado.

Concluye señalando que existe un grave acto arbitrario e ilegal emanado del recurrido don José Miguel Arellano Merino, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, ya señalado, que ha privado gravemente a su parte de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a desarrollar una actividad económica libremente y el derecho de propiedad sobre el contrato de concesión de que es titular, protegidos expresamente por esta acción constitucional , por lo que procede se reestablezca el imperio del derecho y se le otorgue la debida protección, ordenando la modificación del decreto alcaldicio, en lo pertinente y la medida decretada por la recurrida.

Pide en definitiva, ordenar que se levante la clausura del local individualizado y que se deje sin efecto definitivamente el Decreto Alcaldicio N°3400, de fecha 02 de septiembre de 2016, con costas del recurso; y con reserva de sus derechos de cobrar perjuicios, en la forma ya señalada.

A fojas 50 de declara admisible el presente recurso, requiriendo informe a la recurrida junto con los antecedentes que obren en su poder que digan relación con la acción deducida.

A fojas 104, con fecha 3 de octubre de 2016, doña nombre reservado, factor de comercio, en representación de SOCIEDAD RODRÍGUEZ nombre reservado E HIJOS LIMITADA, sociedad con giro de sus estatutos, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, recurre de Protección en contra de don José Miguel Arellano Merino, Alcalde de la Municipalidad de Padre Hurtado y en contra de Rafael nombre reservado en su calidad de Secretario Municipal de dicha Municipalidad, ambos domiciliados en domicilio reservado, a objeto de que esta Corte conociendo del presente recurso, le ampare en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales las que se han visto privadas, perturbadas y amenazadas a raíz de las actuaciones arbitrarias e ilegales de los recurridos; quienes, por medio del Decreto Alcaldicio Nº 4441, de 02 de Septiembre de 2016, declaró la inhabilidad de la obra ubicada en domicilio reservado hasta la obtención de su recepción y el desalojo de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública en conformidad a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo que atenta contra las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 1 de Julio de 2016, su representada Rodríguez nombre reservado e Hijos Ltda., suscribió un contrato de arriendo con don nombre reservado, respecto a parte de un inmueble ubicado en domicilio reservado, comuna de Padre Hurtado y conforme se precisa en el artículo primero del contrato en referencia el arrendador don nombre reservado suscribió con fecha 22 de Septiembre de 1982 un contrato de arriendo con Empresa de Ferrocarriles del Estado por estos terrenos, por un plazo de 99 años, correspondiente a los lotes 3 y 4 del plano del loteo protocolizado en el registro del año 1982 con una superficie de 4.064 metros cuadrados ubicados en la localidad de Santa Rosa de Chena, hoy comuna de Padre Hurtado, antiguamente Peñaflor. Dichas partes pactan además una promesa de compraventa de dicho terreno condicionado a que la empresa arrendadora, estos es Ferrocarriles del Estado "regularice" el dominio del inmueble. Luego, con fecha 07 de octubre de 1993, la dirección de obras envía una orden N°472/241, al señor nombre reservado en la cual se suscriben ciertas consideraciones en relación a los aspectos técnicos que involucraban en ese entonces la obra que en el marco del esparcimiento y turismo al anteproyecto de un Centro de Eventos y Discoteca, para lo cual era indispensable el solicitar el cambio de uso de suelo. Con posterioridad a esta solicitud en el año 1996 de parte del Jefe de Departamento Desarrollo Urbano, se resuelve favorablemente el cambio de uso de suelo solicitado para uso exclusivo de equipamiento turístico. Siendo este un requisito necesario para la I Municipalidad de Padre Hurtado, requisito que ya está en regla según se demuestra en los documentos acompañados en un otrosí de este libelo.

Señala que es de suma importancia para su parte, dejar en claro que están dispuestos a realizar y cumplir todos los trámites y requisitos necesarios para poder continuar con el proyecto de discoteca que iniciaron hace un tiempo y hasta la fecha les ha sido imposible realizar.

Explica que el bien dado en arriendo a su representada, conforme a la cláusula segunda del contrato, correspondía al inmueble y estructura cubierta que funciona como discoteca ubicada en domicilio reservado, propiedad que es parte de otro inmueble de mayor extensión. Se hace presente que el contrato de arrendamiento solamente incluye la estructura de discoteca actualmente edificada. La cláusula tercera precisa además, que la propiedad dada en arrendamiento podrá ser destinada al rubro de discoteca. El contrato incluye el uso y arrendamiento de la patente rol N°400057, de Padre Hurtado, la parte arrendataria se obliga a pagar semestralmente el valor de dichas patentes se hace presente que el recinto de la discoteca cuenta con los permisos sanitarios necesarios para su funcionamiento.

Indica que con fecha 30 de agosto del presente año en horas de la tarde se presentaron en el inmueble objeto del arriendo, funcionarios de la municipalidad de Padre hurtado, quienes no se identificaron ni exhibieron identificación legal alguna que permitiera a su parte relacionarlos con el respectivo municipio y en dicho acto de forma verbal se les comunicó que no sería posible inaugurar la discoteca, ello por cuanto existía una orden de clausura, advirtiéndoles que si procedían a su apertura serian clausurados de forma inmediata con auxilio de la fuerza pública.

Agregan que ante dicho suceso y lo sorpresivo que fue para su parte, se indagó al respecto y conforme los antecedentes recabados, durante la vigencia del contrato con el arrendatario anterior del inmueble se dio comienzo a la ejecución de una obra menor, consistente en la construcción de una terraza abierta por sobre el ingreso al galpón arrendado, del cual tienen conocimiento que se iniciaron las gestiones respectivas ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Padre Hurtado, desconociendo si hubo observaciones por parte la dirección de obras respecto de la misma y si estos fueron subsanados tanto por el arrendatario anterior como por el arrendador.

Afirman que en razón de los antecedentes de que dicha propiedad correspondían originalmente a la Municipalidad de Peñaflor, el rol entregado por su parte fue obtenido del propietario del terreno Ferrocarriles del Estado, quien a su vez dio en arriendo el inmueble a don nombre reservado, quien en definitiva subarrendó a su representada. Dichos antecedentes deben existir previamente en toda Dirección de Obras, sin embargo, entendemos al tiempo de traspasar la información desde la Municipalidad de Peñaflor a Padre Hurtado hubo manifiesta pérdida de antecedentes, no tan solo del inmueble arrendado por su representada sino de todo el sector aledaño, donde existen una serie de locales y establecimientos comerciales e incluso espacios recreativos de la etnia mapuche.

Expresan que su parte realizó todas las gestiones posibles y necesarias para la obtención de los permisos respectivos ante la Dirección de Obras Municipales, sin embargo dicha institución no cuenta con antecedentes suficientes y básicos para la tramitación de dichos permisos, no cuenta con el registro del rol de la propiedad, no cuenta con planchetas de ubicación de los terrenos ubicados dentro de su propia jurisdicción, ni con antecedentes mínimos que permitan a su representada "tramitar" los permisos a que se hace referencia.

Señala que en razón de lo anteriormente expuesto, la infracción de norma a que se hace referencia el decreto alcaldicio número 4441, de fecha 2 de septiembre de 2016, en el cual se da orden de clausura al local, por infringir lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuya norma señala "que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total", es totalmente ajeno, no siendo imputable a su representada, quien en calidad de subarrendatario del inmueble en comento ha realizado todos los trámites posibles para la obtención de los permisos pertinentes, con el desconocimiento de que dichos permisos no se encontraban regulados al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, confiando en la buena fe del arrendador de que el inmueble objeto del arriendo, se encontraba en óptimas condiciones y en el cumplimiento de todos los permisos correspondientes y necesarios para su funcionamiento como discoteca.

Alude que sin perjuicio de lo expuesto el propietario del inmueble en comento es ferrocarriles del Estado, quien arrendó el inmueble a don nombre reservado y conforme a ello, es importante manifestar que las obras que se solicitan sean regularizadas, se realizaron al interior del local comercial, sin afectar el uso, goce o disposición de los bienes de los demás locatarios, arrendatarios y propietarios y estas fueron realizadas con anterioridad a la suscripción del contrato de arrendamiento de esta parte con el señor nombre reservado, no obstante ello, entienden que dicha construcción, no altera, interrumpe, lesiona o amenaza los derechos, usos y goces de los demás copropietarios del inmueble, que en este caso en particular seria el arrendador con local comercial destinado al rubro gastronómico "Restaurant La Carreta", en el entendido que si el permitió la construcción del muro y autorizo al arrendatario anterior, es porque hubo un consentimiento expreso del mismo, sin sentir ningún menoscabo o perjuicio en sus derechos dentro del recinto, hecho que esta parte asintió de manera tal que confió en que todos los antecedentes que tuvo a su vista al momento de firmar el contrato se encontraban en orden y evidentemente en la palabra del arrendador quien le manifestó que ello era cierto.

Agrega que iniciaron una enorme inversión con la finalidad u objetivo de dar inicio a la actividad comercial de rubro discoteca, han pagado rentas de forma anticipada al señor nombre reservado por la suma total de $19.500.000, además de todos los trabajos de adecuación al interior del recinto, el personal contratado, los insumos y productos adquiridos, la gestiones publicitarias tendientes a promocionar el negocio y atraer a un gran número de clientes, cuyas cifras han involucrado un alto costo de dinero por su parte, y con mayor importancia el número de personas que fueron contratadas para un trabajo digno y bien remunerado, que en la actualidad se encuentran sin trabajo.

Refieren que es evidente que la actitud del Sr. nombre reservado, Alcalde y el Sr. nombre reservado, secretario municipal de la I. Municipalidad de Padre Hurtado, reflejada en la dictación de una orden de clausura, es arbitraria, por lo que se amenazan 2 garantías constitucionales, en primer lugar, la garantía del Artículo 19 N° 21 inciso 1°de la Constitución Política de la República, derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen." , la que se ha visto amenazada ante el eventual cierre del local comercial objeto de este recurso, por la conducta arbitraria del recurrido y en segundo término, la garantía del artículo 19 N° 24 incisos 1, 2 y 3, que señalan: "La Constitución asegura a todas las personas (...) N° 24, (inciso 1, 2 y 3) El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, lo que en la especie ha ocurrido es que dichos funcionarios, pretenden coartan el uso y goce del inmueble señalado y el ejercicio de la libre actividad económica, arbitrariamente, siendo necesario recalcar que el inmueble materia de autos cumple a cabalidad con la normativa vigente hecho que queda en evidencia al contar con las patentes de alcoholes y comercial, las cuales requieren para su otorgamiento imprescindible recepción final del inmueble.

Concluyen que de esta manera, entonces, los establecimientos cuyas patentes de alcoholes hubieren sido otorgadas de manera previa a una nueva zonificación, cumpliendo la totalidad de las exigencias legales para ello, podrán mantenerse en funcionamiento en su ubicación original, debiendo revisarse, en todo caso, al momento de su renovación, el resto de los requisitos contemplados al efecto y en este caso, las patentes en comento fueron renovadas y otorgadas por la I. Municipalidad de Padre Hurtado, hasta el 31.01.2017, dada así las cosas, no existe impedimento alguno para el normal funcionamiento del local discoteca por cuanto si se ha hecho efectiva la renovación de las mismas, es porque estás cumplen con los requisitos suficientes y exigidos por dicho municipio.

Por lo anterior pide se ordene dejar sin efecto la orden de clausura que pesa sobre el local comercial ubicado en calle camino san Alberto padre hurtado N°601, comuna de Padre Hurtado, condenando en costas al recurrido.

Acompañan los recurrentes: Contrato de arriendo de fecha 1 de Julio del presente año suscrito entre esta parte y don nombre reservado, copia orden N° 472/241 de fecha 07 de Octubre de 1993; copia de resolución, orden N° 16 de fecha 16 de Mayo de 1996, copia de patentes municipales número de orden 20875 y 20874, copia decreto Alcaldicio número 3400 y copia decreto Alcaldicio número 4441.

A fojas 113 se ordena la acumulación de los presentes recursos, al ser los mismos hechos alegados.

A fojas 73, informa al tenor del recurso don José Miguel Arellano Merino, Alcalde de la Municipalidad de Padre Hurtado, señalando que con fecha 27 de diciembre del año 2013, por decreto Alcaldicio N°4141, se declaró la inhabilidad de la obra ubicada en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, en conformidad con el inciso final del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo que fue notificado con 27 de diciembre del año 2013, según consta de la respectiva notificación que se acompaña a esta presentación. Luego, en atención a la inminencia de una nueva apertura de la discoteque ordenada deshabitar por el Decreto Alcaldicio citado en el párrafo anterior, con fecha 2 de septiembre del año 2016, por Decreto Alcaldicio N° 3400, se ordenó la clausura del local comercial ubicado en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, por infringir lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que señala que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. Este decreto de clausura fue notificado el día 3 de septiembre del 2016 y en compañía de carabineros se procedió a la clausura del local.

Expone que para explicar en los hechos y en el derecho la decisión alcaldicia y la dictación de los citados decretos de inhabilidad y clausura respectivamente, debe procederse a realizar una correlación de los hechos que desembocaron en la dictación del citado decreto y posterior clausura.

Agrega que tal como consta de los antecedentes que se acompañan a esta presentación, en los años ochenta Don nombre reservado (titular de las patentes materia de autos) obtuvo una patente de alcoholes para su . restaurant La Carreta y en los años noventa para su discoteque llamada, en esa época, "Dangerous", ambas ubicadas en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado. Estas patentes fueron otorgadas por la I. Municipalidad de Peñaflor, previo a la creación de la Municipalidad de Padre Hurtado. Este dato es tremendamente relevante, según se señalara, porque al crearse la Municipalidad que preside, ya la discoteque en cuestión tenía varios años funcionando y con patente de alcoholes.- Indica que cuando asumió la alcaldía en diciembre del año 2008, y en el mes de enero del año 2009 se procedió a revisar las patentes de alcoholes de la comuna, para su presentación al Honorable Concejo Municipal para la renovación o no de la patente. En aquel entonces se determinó que existían una serie de patentes de alcoholes otorgadas en la comuna que no tenían recepción final de los locales en donde funcionaban, dentro de las cuales se encontraban las patentes del señor nombre reservado y, revisando los antecedentes que se disponen en el municipio se pudo determinar que el citado señor nombre reservado, obtuvo una permiso de edificación en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor, por resolución N°29 de fecha 17 de mayo de 1996, en virtud del cual aparentemente luego de eso se le entregó su patente de alcoholes por parte de dicha Municipalidad y luego al crearse la Municipalidad de Padre Hurtado, según consta en la Resolución N° 011 de fecha 21 de julio del año 1999, se dejó sin efecto por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Padre Hurtado, la resolución N°29 de fecha 17 de mayo de 1996.

Expone que consta también en los antecedentes del Señor nombre reservado que el 14 Julio del año 1995, por Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Peñaflor N° 1478, se dispuso la clausura del local ubicado domicilio reservado ( hoy domicilio reservado), donde funcionaba la diecoteque denominada "Dangerous", hasta que se regularizara en forma legal dicha edificación. Luego de aquel decreto se presentó un recurso de protección en contra de la municipalidad de Peñaflor del cual desconocen su resolución por no constar en sus registros, pero luego de lo cual se otorgó patente a la tantas veces citada discoteque y siguió funcionando (se hace esto presente para evidenciar que los problemas de contractibilidad del local clausurado y la legalidad del mismo vienen desde hace muchos años), para luego traspasarse los antecedentes y la patente a la Municipalidad de Padre Hurtado posterior a su creación y se le asigno en nuestro municipio en aquellos años la patente N° 400057.- Manifiesta que, volviendo al año 1999, en su municipio se determinó que la Patente del Señor nombre reservado tenía más de dos años de otorgada y como reza el dictamen de Contraloría General de la República, N° 19.682 de fecha 04 de mayo del año 2007, y que es vinculante para este Municipio, "No procede disponer la invalidación, conforme lo dispone el art/53 de la ley 19880, de patente de alcoholes de cabaré otorgada en el año 2003, con infracción del art/153 de la ley 17105. Ello, por cuanto de los antecedentes se advierte que desde el desarrollo de las actividades autorizadas por la referida patente, no se ha suscitado controversia alguna sobre la notificación del respectivo acto administrativo y habiendo transcurrido más de dos años desde esa notificación no sería admisible su invalidación." Esto en aplicación de lo prescito por la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s. 19.682, de 2007 y 9.820, de 2009, que han señalado que no procede la invalidación de una patente de alcoholes, en el caso que desde su otorgamiento, aunque erróneo, haya transcurrido el plazo de dos años para invalidar un acto contrario a derecho, según lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.880.- Explica que por los motivos antes expuestos, es que se decidió presentar los antecedentes de la Patente de alcoholes del señor nombre reservado y otras que tenían el mismo problema y situación, al Honorable Concejo Municipal, para que en uso de la prerrogativa que dispone la Ley de Alcoholes, renovara o no las citadas patentes. Pues bien, desde esa época que el H. Concejo Municipal ha renovado las citadas patentes y les ha otorgado un plazo que se ha prorrogado desde entonces para que todos los que estén en esta circunstancia puedan regularizar su situación. Es así, que desde el año 2009 se le ha solicitado en diversas oportunidades al señor nombre reservado que regularice la situación de sus patentes de alcoholes, lo que es reconocido y aceptado por el citado contribuyente, tal como consta de la declaración jurada de fecha 14 de enero del año 2014, en que el señor nombre reservado solicita un plazo de 6 meses para regularizar "la situación relacionada con la Recepción Final de las construcciones del local comercial amparado en su respectiva patente" . Para muestra de la misma situación se acompaña a la presente las constancias de citación del Señor nombre reservado para entrevistarse con el Director Jurídico Municipal, reunión en que se dejó constancia en que se le notifico que su patente de alcoholes no cumple con los requisitos legales y que debe regularizar su situación.

Indica que luego de todos los hechos descritos en el año 2013, el señor nombre reservado, procedió a arrendar su dicoteque y se efectuaron modificaciones de gran magnitud en la construcción de la misma, razón por la cual la Dirección de Obras Municipales, dicto la resolución N° 25 de fecha 19 de noviembre del año 2013 (que se adjunta), que ordenó la paralización de las obras. Luego de esta resolución se cursaron diversas citaciones por el Departamento de Inspecciones Municipal ( que se adjuntan) y producto de la falta de acatamiento de la instrucción de la Dirección de Obras se procedió a dictar con fecha 27 de diciembre del año 2013, por Decreto Alcaldicio N'4141 que declaro la inhabilidad de la obra ubicada en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, hasta que se obtenga su recepción, lo cual fue debidamente notificado. Consta esta notificación y es de conocimiento del señor nombre reservado, ya que como consta en documentos adjuntos, este mismo contribuyente efectuó una presentación al municipio en que pide a sus arrendatarios que regularicen las construcciones efectuadas en la discoteque, lo que consta de la orden de ingreso municipal 1168 de fecha 29 de mayo del 2015.

Añade que por otra parte y a propósito de la dictación de la resolución N° 25 de fecha 19 de noviembre del año 2013, que ordenó la paralización de las obras de la discoteque y de las denuncias efectuadas por el departamento de Inspecciones Municipales, el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado abrió una causa por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en que dictó sentencia en que se decretó la inhabilidad de la obra, conforme lo establece el artículo 145 de Ley General de Urbanismo y Construcciones.- Refiere por último que han existido y constan en los antecedentes de la Dirección de Obras de la Municipalidad, que el Señor nombre reservado ha iniciado los trámites para regularizar la situación de sus locales pero también consta que sus intentos fueron por el mismo abandonados y por tanto perdió sus permisos de edificación y por esta razón es que a la fecha no tiene permiso alguno, es decir por la propia decidía del señor nombre reservado. El último intento de regularización lo efectuaron los arrendatarios anteriores del señor nombre reservado, pero según consta de los antecedentes que se acompañan a estos autos a la fecha eso es imposible ya que la zona donde está emplazada la discoteque está ubicada en una zona destinada a "espacio público y aéreas verdes" según el plano regulador de la Comuna de Padre Hurtado, por lo cual en la actualidad el último expediente presentado fue rechazado.

Alega en cuanto al recurso en primer término que este es extemporáneo , ya que como se puede apreciar de los documentos y de los hechos relatados por esta parte, el arrendatario de la Discoteque en cuestión don nombre reservado, ya tuvo conocimiento de la inhabilidad del local en cuestión en el año 2013 o a lo sumo el año 2014, y no puede ser de responsabilidad y cargo de esta parte que el arrendador de la recurrente no la pusiera en conocimiento de la situación del local y de su patente de alcoholes por los hechos largamente descritos en esta presentación y en especial del Decreto Alcaldicio N°4141, de fecha 27 de diciembre del año 2013, que declaró la inhabilidad de la obra ubicada en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, en conformidad con el inciso final del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo que fue notificado con 27 de diciembre del año 2013.

Afirma que la recurrente ha deducido su acción de protección de las garantías constitucionales con fecha 01de septiembre del año 2016, más de dos años después de la dehabilitacion del local arrendado por la recurrente por lo que su acción es extemporánea al tenor de lo dispuesto por el artículo 1º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema y conforme a la Jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia (que cita), en razón de haber interpuesto el recurso de protección fuera del plazo fatal establecido.

En segundo término alega la improcedencia de la acción constitucional entablada por la recurrente, por ser su pretensión invalidatoria o de nulidad de derecho público lo que es materia de lato conocimiento, toda vez que en el libelo del presente recurso de protección, la recurrente solicita a Vuestro llustrísimo Tribunal, ordenar se declare ilegitimo el actuar de este alcalde y que vulnera la carta fundamental. En otros términos, lo que jurídicamente solicita la recurrente es la nulidad de la inhabilidad y clausura decretada al amparo de lo señalado en artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, confunde la recurrente la finalidad -eminentemente- cautelar, de urgencia, del recurso o acción de protección de las garantías constitucionales con su pretensión declarativa de lato conocimiento, relativa a la revocación o invalidación de un acto administrativo, ya que, pedir revocar un acto administrativo legítimo y que se retrotraigan sus efectos se traduce en una verdadera nulidad de ese acto y no en una medida cautelar urgente de protección constitucional y nuestro Ordenamiento Jurídico, la Jurisprudencia y la Doctrina, están contestes en que la acción idónea para obtener la declaración de nulidad de un acto administrativo es la Acción de Nulidad de Derecho Público que es una materia de competencia de los jueces de fondo y de lato conocimiento.

Refiere que en consecuencia, siendo la pretensión de la recurrente la invalidación del acto administrativo, esto es, que se declare la nulidad de Derecho Público del decreto alcaldicio impugnado -cuya revocación se solicita en la parte petitoria de su libelo-entonces la acción o recurso de protección no es la vía correcta para estos efectos ni el Tribunal de S.S.I. sería el competente por el mismo motivo.

Pide por tanto, que como primera cuestión declare la improcedencia de la acción o recurso de protección deducido por la recurrente en contra del citado decreto alcaldicio, por tratarse la pretensión anulatoria de la recurrente, materia de lato conocimiento que debe ser sometida al procedimiento ordinario y de conocimiento de un juez de letras en lo civil.

Razona en cuanto al fondo, que la patente comercial es un impuesto municipal establecido por la denominada Ley de Rentas Municipales, que debe ser pagado por todo aquél que ejercite una actividad lucrativa sea profesional, industrial o comercial, por lo cual es del todo procedente el cobro de la patente y en el caso en cuestión a pesar de no tener la recepción final del local por disposición de Contraloría General de la República, el cual es vinculante para este Municipio, atendido el tiempo transcurrido no se le puede invalidar su patente municipal sino solo el Concejo Municipal puede denegar su renovación, lo que no ha acontecido hasta esta fecha, todo sin perjuicio de lo cual, para seguridad de la ciudadanía y en atención a la gran cantidad de gente que concurre a los locales nocturnos como esta discoteque, no puede este alcalde dejar que este local funcione sin tener constancia que cumple con todas las normas constructivas y de seguridad para funcionar.

Arguye que el decreto impugnado por vía de protección es completamente legal porque se ha dictado en ambos casos el de inhabilidad y el de clausura, en virtud de lo señalado en el artículo 145 de la Ley General de urbanismo y Construcciones, se ajusta absolutamente a Derecho, porque debían ser dictados en la forma efectuada por que el contribuyente y titular de la patente de alcohol rol 400057 materia de autos, nunca obtuvo recepción final del local donde funciona, que como ya se señaló no pudo ser invalidada, pero al efectuarse transformaciones en el local se decretó primero la paralización de las obras y al no acatarse dicha resolución se procedió a la deshabilitacion y luego a la clausura del local comercial, todo lo cual como se ha señalado se ajusta a derecho.

Indica por último, que si su Señoría ilustrísima considera que el actuar municipal vulnera algún derecho constitucional y por tanto deja sin efecto los Decretos alcaldicios de deshabilitación y posterior clausura del local de marras por existir una patente de alcoholes renovada por el Honorable Concejo Municipal y pagada por el contribuyente, es de creencia de este informante que a pesar del riesgo de funcionamiento del local de la recurrente, es el H. Concejo Municipal quien deberá revisar la renovación de la patente otorgada, tal como señala el artículo 5° de la Ley Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en relación a lo señalado en el artículo 65, letra ñ), de la Ley 18.695, por lo cual se solicita a S.S.I. así lo determine.

Pide en definitiva el rechazo en todas sus partes del recurso de protección expuesto, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos: 1.- Copia del Decreto Alcaldicio N°4141, de fecha 27 de diciembre del año 2013, que declaro la inhabilidad de la obra ubicada en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, en conformidad con el inciso final del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y los antecedentes de su dictación. 2.- Copia Notificación de fecha 27 de diciembre del año 2013, del decreto Decreto Alcaldicio N°4141, de fecha 27 de diciembre del año 2013.- 3.- Copia de resolución N°25 de fecha 19 de noviembre del año 2013, del Director de Obras de la Municipalidad de Padre Hurtado, que ordena la paralización de las obras en el local ubicado en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado.- 4.- Copia de los partes N° 518 de fecha 12-11-2013; N° 519 de fecha 14-11-2013; N° 539 de fecha 13-12-2013; N° 542 de fecha 14-12-2013; N° 543 de fecha 17-12-2013; N° 552 de fecha 19-12-2013; N° 553 de fecha 21-12-2013; N° 559 de fecha 23-12-2013 todos del departamento de inspecciones municipales que dan cuenta de las construcciones efectuadas en el Local de la Discoteque del señor nombre reservado. - 5.- Copia de la declaración jurada de fecha 14 de enero del año 2014, en que el señor nombre reservado solicita un plazo de 6 meses para regularizar "la situación relacionada con la Recepción Final de las construcciones del local comercial amparado en su respectiva patente" 6.- Copia de la citación, certificación y notificación al señor nombre reservado, respecto de la entrevista con el Director Jurídico Municipal, reunión en que se dejo constancia en que se le notifico que su patente de alcoholes no cumple con los requisitos legales y que debe regularizar su situación. 7.- Copia del oficio N° 1293 del Juzgado de Policía Local al Director de obras municipales, que remite sentencia y antecedente de la causa ROL 87.864-U, seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado, que entre otras sanciones, declara la Inhabiliad del local (dicoteque) del señor nombre reservado.- 8.- Copia del oficio N° 700/901/2014 en que se notifica al arquitecto don nombre reservado que el expediente del permiso de edificación del edificio ubicado en San Alberto Hurtado (ex camino Melipilla) N° 601, esta rechazado. 9.- Copia de la resolución Dictada por el Director de Obras Municipales de Padre Hurtado, N° 011 de fecha 21 de julio de 1999, donde se anula la resolución N° 29 de fecha 17/05/1996, respecto de la construcción ubicada en San Alberto Hurtado (ex camino Melipilla) N° 601.- 10.- Copia de la resolución Dictada por el Director de Obras Municipales de Peñaflor N° 29 de fecha 17/05/1996, que otorga permiso provisorio la construcción ubicada en San Alberto Hurtado (ex camino Melipilla) N° 601.- 11.- Copia del Decreto Alcaldicio N° 1478, de fecha 14 de julio 1995, dictado por el alcalde de Peñaflor en que dispuso la clausura del local ubicado domicilio reservado ( hoy domicilio reservado), donde funcionaba la diecoteque denominada "Dangerous", hasta que se regularizara en forma legal dicha edificación y sus antecedentes.- 12.- Copia de la orden de ingreso municipal 1168 de fecha 29 de mayo del 2015, que da cuanta de una presentación al municipio en que el señor nombre reservado pide a sus arrendatarios que regularicen las construcciones efectuadas en la discoteque ubicada en San Alberto Hurtado (ex camino Melipilla) N° 601.- 13.- Copia del Decreto Alcaldicio N° 3400 con fecha 2 de septiembre del año 2016, que ordeno la clausura del local comercial ubicado en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado y los antecedentes de su dictación.- 14.- Copia del memorándum N° 1/3/1/ 2016, de fecha 05 de septiembre del 2016, del encargado de la oficina de Inspecciones Municipal donde da cuenta de la notificación del Decreto Alcaldicio N° 3400 con fecha 2 de septiembre del año 2016, y sus antencedentes.- 15.- Copia del Certificado de informes previos emitido por le Director de Obras de la Municipalidad de Padre Hurtado, donde consta que el predio ubicado en Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino a Melipilla) N° 601 de la comuna de Padre Hurtado, está gravado como "espacio público y áreas verdes".

Encontrándose la causa en estado, se decretó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión, que afecte a una o más de las garantías protegidas, que revista los caracteres de ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él.

Segundo: Que, además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

Tercero: Que primeramente, es necesario hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad en la interposición del recurso, que reclama la parte recurrida. Sobre este particular se deberá considerar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Así, como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad, poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Cuarto: Que en el caso de autos, hay que distinguir en qué época habría tomado conocimiento de los hechos, cada uno de los tres recurrentes de protección.

En el caso del arrendador, nombre reservado, es indesmentible que tomó conocimiento de la declaración de inhabilidad, mediante Decreto Alcaldicio N° 4141 que le fuera notificado el 27 de diciembre de 2013. Del mismo modo se acreditó que el 14 de enero de 2014, el recurrente Sr. nombre reservado, presentó ante el ente edilicio, una declaración jurada solicitando un plazo extraordinario para regularizar las obras. Su recurso, es presentado el 8 de septiembre de 2016, cuando el plazo para hacerlo ya había vencido hace más de dos años.

En el caso de la sociedad denominada Sociedad Rodríguez nombre reservado e Hijos Limitada, su representante reconoce abiertamente haber tomado conocimiento de los hechos el día 30 de Agosto de 2016. Y la sociedad recurrente, ha interpuesto su recurso recién el día 3 de Octubre de 2016, por lo que también debe considerarse extemporáneo.

En cuanto a la recurrente nombre reservado, quien compareció ejerciendo, inicialmente otra acción, cuya tramitación fue corregida por esta Corte, ha realizado su presentación el día 1 de septiembre de 2016, alegando haber tomado conocimiento de los hechos, el día 30 de agosto del mismo año.

Aun cuando pudiera formularse discusión en torno al momento en que esta recurrente toma conocimiento de los hechos, no deja de ser cierto que celebró el contrato que le serviría de título para ocupar el inmueble el día 1 de julio de 2016, pagando según señala, la suma de $19.500.000.- por concepto de arriendos adelantados. Es decir, se trata de una persona que celebrando un negocio jurídico que le iba a reportar utilidad, debía obrar conforme un estado de cuidado y cautela, propio de un buen padre de familia, realizando las averiguaciones mínimas que son necesarias para poder desarrollar una clase de negocio como el que pretendía efectuar, como por ejemplo, saber si el inmueble que iba a destinar a discoteca, tenía o no autorización para ser usado para tal fin. Y tal y como lo reconoce en su presentación, se habría constituido ante la Municipalidad, pero no pudo hacer ninguna averiguación, porque según relata, los antecedentes no estaban disponibles como consecuencia de desorden y extravío al cambiarse los antecedentes desde la Municipalidad de Peñaflor a la de Padre Hurtado. En este sentido, la recurrente reconoce, que intentó hacer algunas averiguaciones y no logró saber nada, y que pese a ello, celebró el contrato de todos modos.

Esta argumentación no resulta creíble y contraviene el estándar de responsabilidad civil que resulta exigible para esta clase de negocios, conforme el artículo 44 del Código Civil, por lo que la conducta de la recurrente parece enmarcarse más bien, en el ámbito del descuido.

A mayor abundamiento, resulta poco creíble que haya sido de esta forma y que la recurrente, Sra. nombre reservado, no haya sabido de la inhabilidad del terreno.

Del mismo modo, y más allá de la escasa exigencia formal a este tipo de acciones, es necesario tener presente que esta recurrente comparece invocando la afectación de sus derechos propios, en circunstancias que la comparecencia de la sociedad recurrente, deja en evidencia, que eso no es efectivo, pues los supuestos derechos afectados serían los de la sociedad y no de una de sus socias, pues constituyen de suyo y por definición, personas distintas.

Quinto: Que, por último, resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

Sexto: Que, por otro parte, esta Corte estima que los derechos que reclama la parte recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece del examen del proceso y de las presentaciones de las partes, así como de la abundante documentación acompañada, todo según se señaló extensamente en los considerandos expositivos precedentes.

Por lo tanto, atendida la materia en la que recae el recurso sub judice, cabe concluir que la sede naturalmente llamada a conocer de la materia a que se refieren estos autos, es la justicia ordinaria a través de un procedimiento de lato conocimiento; ya que estando en controversia derechos, elementos, requisitos, facultades, tanto de la recurrente como de la recurrida, respecto de todo lo cual existen posiciones antagónicas como ha quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión no es indubitado, sino que, por el contrario, se encuentra en entredicho, siendo por lo tanto un procedimiento de lato conocimiento el que debió haber utilizado la actora, que le habría otorgado la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no le resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como aquel con el que se tramitan estos autos.

Séptimo: Que, sobre la base de lo razonado se concluye que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar y debe rechazarse, lo que hace, además, innecesario emitir pronunciamiento en relación con las garantías constitucionales que la actora sostiene le han sido vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales y legales citadas y de acuerdo, además, a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida en lo principal de fojas10 por doña nombre reservado, la de fojas 37 deducida por don nombre reservado y, la de fojas 104, deducida por Sociedad Rodríguez nombre reservado e Hijos Limitada, todas en contra de don José Miguel Arellano Merino, como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado y el último de estos, también en contra de Rafael nombre reservado, en su calidad de Secretario Municipal de dicha Municipalidad, sin costas.

Regístrese y oportunamente, archívense estos autos.

Redacción del Abogado Integrante don Pablo Hales Beseler.

Rol N° 3338-2016-PRO (acumulados 3374-2016 y 3619-2016)

Pronunciado por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros señora Carolina Vásquez Acevedo, Señora Ana María Arratia Valdebenito y el Abogado Integrante señor Pablo Hales Beseler. No firma la Ministra señora Arratia no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.