SERVICIOS, ASESORÍA Y GESTIÓN ALTO RUMAY LIMITADA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE MELIPILLA

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que el abogado don Pedro Julio Martínez, en representación de Servicios, Asesoría y Gestión Alto Rumay Limitada, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce Recurso de Protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en no haberle notificado las multas aplicadas con ocasión de un procedimiento de fiscalización, lo que estima constituye vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y debido proceso, consagradas en los numerales 2, 24 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que en el mes de septiembre de 2017 la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla dio inicio a un procedimiento de fiscalización en su contra, debido a un accidente sufrido por un trabajador, detectándose seis infracciones. Explica que el inspector que realizó la fiscalización, en las oficinas de la empresa, les informó que se aplicarían sanciones económicas, las cuales se les notificarían en su oportunidad, fecha a partir de la cual comenzaría a correr el plazo para la interposición de los recursos administrativos correspondientes.

Indica que a fines de diciembre de 2017 al obtener certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa (certificado F 30) advierten que la empresa registra seis multas ejecutoriadas, las que no fueron notificadas a la empresa ni por carta certificada ni personalmente.

Agrega que, por lo anterior, con fecha 23 de enero de 2018 se interpuso recurso extraordinario de revisión, de conformidad al artículo 60 de la Ley 19.880, el que fue rechazado por la Dirección Regional, teniendo en consideración que se había remitido carta certificada notificando las multas cursadas, que ésta había sido en la respectiva sucursal, puesta en reparto y entregada a una persona identificada como nombre reservado, habiendo así transcurrido los plazos legales para recurrir. Precisa que dicha resolución le fue notificada con fecha 7 de mayo del presente año por correo electrónico.

Alega que según lo que le fuera informado por Correos de Chile las entregas en el sector en que se encuentra la empresa se realizan en la oficia de Correos para que el cliente retire la correspondencia y que, además, de acuerdo a lo que ha podido averiguar, nombre reservado es funcionario de Correos de Chile, todo lo que corrobora que efectivamente la carta certificada nunca fue recibida por la empresa, por lo que no fue notificada de las multas aplicadas.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción constitucional, ordenando a la Dirección del Trabajo dejar sin efecto las multas ejecutoriadas y ordenar se le notifique personalmente de dicha resolución de multa, con costas.

SEGUNDO: Que doña nombre reservado, abogada de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, evacua informe al tenor del recurso, reconociendo, en síntesis, que la carta certificada por medio de la cual se notificaba a la empresa recurrente de la aplicación de las multas fue devuelta por correos de Chile con fecha 17 de noviembre de 2017 y que por un error ésta no se adjuntó en el expediente administrativo, de ahí que tal antecedente no fue tenido a la vista por la Dirección Regional Metropolitana Poniente, al resolver el recurso revisión jerárquico.

Indica que al haberse iniciado esta acción jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, la Inspección está impedida de modificar de oficio los actos administrativos, por lo que pide se declare como fecha de notificación aquella que se estime pertinente o la que corresponda al fallo del recurso, para los efectos de dar a la recurrente la oportunidad que le corresponde para los efectos de solicitar los beneficios que procedan.

TERCERO: Que, para que proceda el recurso de protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

CUARTO: Que, previo al análisis de la acción constitucional en estudio, es preciso consignar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, como surge de lo recién expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto de ésta precisado en el artículo 1° del Código Civil; o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso protector, como el que es materia de estos antecedentes.

SEXTO: Que el acto que se califica como ilegal o arbitrario corresponde a la dictación de la Resolución N°209 de fecha 13 de febrero de 2018, que resolvió recurso extraordinario de revisión presentado por la recurrente ante la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, que le fuera notificada a la misma el 07 de mayo del 2018, según señala en su presentación.

SEPTIMO: Que, corresponde a estos sentenciadores, dilucidar si al rechazar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la recurrente, en contra de la notificación de la Resolución de Multa N°8048/17/92-1-2-3-4-5-6 de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, la Directora Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente (S) y, consecuencialmente, si ha existido o no, una vulneración a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental.

Al efecto, estos sentenciadores, estiman que la controversia jurídica planteada, radica en dilucidar si la autoridad administrativa, Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, dio cumplimiento en la forma que corresponde a lo prescrito en el artículo 508 del Código del Trabajo, en cuanto la norma previene la forma en que se deben practicar las notificaciones por parte de la Dirección del Trabajo y desde cuando estas comienzan a contabilizarse. En efecto, dicha regla legal establece: “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

Igualmente, resultará pertinente al recurso, determinar si al dar curso y remitir los antecedentes al superior jerárquico que debía resolverlo, la recurrida infringió la Ley, al no enviar la totalidad de los antecedentes requeridos, como admite en su informe, para que fuera resuelto el mismo conforme a derecho.

OCTAVO: Que, al efecto, la problemática planteada es dable resolverla al amparo de lo informado por la propia recurrida, complementado con lo informado por Correos de Chile. La recurrida señala en su informe, respecto de los antecedentes que se remitieron para resolver el recurso de revisión por parte de la superioridad institucional, a saber, la Dirección Regional Metropolitana Poniente “ … Toda vez que en dicho expediente remitido no se encontraba el sobre en donde constaba devuelta la multa administrativa, toda vez que por un error involuntario de la Inspección Provincial, dicho sobre devuelto se confundió con otra correspondencia recibida y por lo tanto, la devolución de la carta certificada en que se notificaba la multa que incide en este recurso, no se remitió para la dictación de la Resolución N°209.”. Además, el Subgerente de Asuntos Legales de Correos de Chile don nombre reservado informó que don nombre reservado, se desempeña como Cartero del Centro de Distribución Postal de Melipilla e igualmente indica a través de lo referido por el Jefe del Departamento Soluciones a Clientes don nombre reservado, la forma en que se puede realizar el seguimiento de un envío a través de su servicio. Con la información anterior, de oficio esta Corte ordenó obtener de la página de internet el seguimiento de envío referido al número 1170200488157, que rola a fojas 62, del cual queda de manifiesto que no existió nunca un retiro del sobre respectivo por parte del interesado, en este caso el recurrente de marras, tal como da cuenta que es el procedimiento respecto de las localidades aledañas a Melipilla de Villa Alegre, Rumay, Alto Rumay y San José, conforme correo electrónico rolante a fojas 7, en que se informa al respecto a don nombre reservado, recurrente, por parte de doña nombre reservado de Servicio al Cliente de Correos de Chile.

NOVENO: Que, atendido lo anteriormente expuesto, resulta ilegal el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por el recurrente, toda vez, que es contrario al precepto normativo, ya citado, precedentemente, a saber, el artículo 508 del Código del Trabajo, ya que nunca le ha sido entregado al recurrente el sobre que contenía de resolución que pretendió impugnar y, además, el mismo no le fue remitido dentro de los antecedente que tuvo a la vista la autoridad que resolvió el recurso de revisión respectivo.

Lo expuesto precedentemente, debe ser complementado con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley N°19.880, que regla la forma de practicar las notificaciones de los actos administrativos, todas las cuales suponen la entrega de lo resuelto a quien se pretende notificar y no como en el caso sublite, que el documento nunca salió de la oficina de correos de Chile, pues estuvo en poder del cartero señor nombre reservado y luego fue devuelto a la propia recurrida, quien sin perjuicio de ello negó la posibilidad de recurrir de lo resuelto, resultando un acto arbitrario, pues mermó el legítimo derecho a impugnar, solo por el mero capricho de la autoridad, la cual, como manifiesta en su propio informe recursivo, siempre estuvo en conocimiento que el sobre, ya tantas veces referido, nunca fue entregado al recurrente, pudiendo la misma haber hecho uso de la facultad oficiosa que le otorga el artículo 61 de la Ley 19.880, para enmendar lo sucedido o informar oportunamente al superior jerárquico, previo a ser resuelto el recurso de revisión.

DECIMO: Que conforme se ha venido expresando, la autoridad recurrida ha privado del legítimo derecho de la recurrente a impugnar mediante el procedimiento administrativo una multa que le fue impuesta, sin que exista motivo legal alguno, vulnerando de esta forma lo preceptuado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que se acogerá el presente recurso, como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Pedro Julio Martínez, abogado, en representación de Servicio, Asesoría y Gestión Alto Rumay Limitada, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N°209-2018, de 13 de febrero de 2018, debiendo la recurrida en consecuencia, notificar legalmente la Resolución de Multa N°8048/17/92-1-2-3-4-5-6 de 01 de septiembre de 2017.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Castro Vargas Rol Nº 3328-2018 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por las ministros señora María Carolina Catepillan Lobos, señora Dora Mondaca Rosales y el abogado integrante señor Carlos Castro Vargas.