nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veintiseis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, para interponer acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales y el 29 de julio de 2025, la recurrida le notificó el rechazó de la misma, fundándose en que requiere “Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La constancia de afiliación al IVSS no se encontraba vigente al momento de ingresar la solicitud. Es importante señalar que este documento cuenta con una vigencia de 120 días.”.

Explica que se le reclamó que el certificado de afiliación estaba vencido, pero es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, la recurrida incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico o profesional solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por cuanto se le impide disponer de sus fondos. Sostiene que el acto impugnado se funda en una interpretación excesivamente formalista y contraria al propósito de la ley, afectando injustificadamente su patrimonio.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, señalando que el actor solicitó el 25 de julio de 2025, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sin embargo, sostiene que el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Señala que el mismo oficio indica la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas refiriendo que, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen y que dicho oficio concluye señalando expresamente que: “En consecuencia, los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 ni N°24 de la Constitución.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, la Superintendencia de Pensiones expuso que nombre reservado no registra reclamos previos ante dicho organismo sobre los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Indicó que la normativa aplicable -Ley N°18.156- establece un régimen excepcional de exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, sólo procedente respecto de trabajadores extranjeros dependientes, técnicos o profesionales, que cumplan copulativamente los requisitos señalados en su artículo 1°, esto es: estar afiliados a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en el contrato de trabajo la voluntad de mantenerse en dicho sistema.

La Superintendencia explicó que dicha ley debe interpretarse restrictivamente y sólo procede cuando se acredita el cumplimiento íntegro de las condiciones legales. Añadió que, en el caso de autos, según indicó el propio recurrente, acompañó a su solicitud de retiro de fondos ante AFP Planvital, una Constancia de Afiliación al IVSS debidamente legalizada, sin embargo, expresa que según se desprende del documento adjuntado por el recurrente, tal constancia fue emitida el 20 de mayo de 2024 con fecha de vigencia por 120 días, es decir, su plazo de vigencia expiró en septiembre de 2024, mientras que la presentación de la solicitud de retiro se ingresó el 25 de julio de 2025, según informó la recurrida.

Por otra parte refiere que en cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, que habría aportado el recurrente ante la Administradora, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla y, además, dicho documento no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile. Por lo tanto, no es un documento útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Explica que lo anterior, encuentra su fundamento en que la devolución de fondos previsionales se Superintendencia de Pensiones dispone precisamente atendiendo al hecho de que el trabajador técnico extranjero que tuvo cobertura para los cuatro siniestros contemplados en la ley durante el periodo en que prestó servicios en Chile, no requería de la cobertura que le entrega el Sistema Previsional chileno, regulado en el D.L. N° 3.500, sin embargo, si durante ese tiempo no tuvo una cobertura efectiva en su país de origen, sí pudo hacer uso de los beneficios que entrega el sistema en Chile, por lo cual no procede la devolución de los fondos destinados a ese fin.

Sostiene que, en consecuencia, si el trabajador extranjero pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales respecto de los servicios prestados en Chile, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°18.156, deberá acreditar ante la AFP el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal, en la forma que la ley exige, y conforme a la norma administrativa y a la jurisprudencia de ese servicio.

Por último, la Superintendencia señaló no contar con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente señora nombre reservado, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Planvital constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que, la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019 y el N° 12.954, de 15 de julio de 2025, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia de Afiliación al IVSS que no se encontraba vigente al momento de ingresar la solicitud, y si bien acompañó a este recurso una Constancia Electrónica de Cotizaciones de agosto de 2025, lo cierto es de fecha posterior al rechazo de su solicitud, y, además se aprecia que no tiene una firma autorizada y tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Noveno: conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas legales y administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3323-2025 Protección.