nombre reservado con AFP UNO S.A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en representación de nombre reservado, ciudadana venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente, de 18 de agosto de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la extranjera solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156. Añade que el 18 de agosto de 2025 fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud, fundado en que el documento presentado, esto es, el certificado de afiliación a una Institución de Seguridad Social, no cumplía con los requisitos legales.

Refiere que la recurrida le exige el cumplimiento de una obligación que no puede cumplir, toda vez que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para apostillar el documento en cuestión.

Sostiene que la recurrente cumple con los requisitos señalados en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y que, en la especie, la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley.

Añade que acompañó al procedimiento una constancia electrónica de cotizaciones que puede ser verificada en línea y emana de un organismo público, por lo que sería forzoso concluir que la recurrente se encuentra afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen.

Señala, en definitiva, que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia acompañada, adoptando una decisión contraria a derecho.

Solicita se acoja la presente acción constitucional y se reconozca como válida la documentación acompañada, instruyendo a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Explica que el 8 de agosto pasado, la recurrente inició su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.516, respecto del empleador “Negocios Onlina S.A.”. Refiere que, el 18 de agosto, se le informó el rechazo del ingreso indicando que el certificado de cotizaciones acompañado no cumple los criterios de aceptación para su solicitud.

Afirma que en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en Chile, se le aplican las leyes laborales y previsionales del país, salvo dos excepciones, una de ellas consistente en que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que den cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Señala que, para aplicar dicha norma de excepción, los trabajadores extranjeros deben reunir las siguientes condiciones: (i) detentar la calidad de técnicos; (ii) encontrarse afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, exigencia que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; (iii) en el contrato respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social.

Menciona el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y añade que mediante el Oficio Reservado N°2966 de 3 de agosto de 2023, la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Superintendencia de Pensiones una serie consideraciones. De conformidad a dicha normativa, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que se encuentren actualmente afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, aunque el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Sostiene que en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte de la recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva y/o formalista del marco normativo aplicable. Por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes al exigir un certificado de afiliación debidamente legalizado.

Refiere específicamente a la situación de Venezuela, señalando que, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. Afirma que la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países es una circunstancia de hecho que no habilita a prescindir de una exigencia legal expresa.

Por tanto, afirma que la actuación de la AFP se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Quinto: Que La Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si la recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por una entidad de su país de origen –documento no legalizado ni apostillado–, y una declaración jurada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Además, la situación del país de origen del recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Décimo: Que, finalmente, cabe hacer presente que los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3322-2025 Protección