nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP ProVida S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicada el 30 de julio de 2025.

Expone que requirió la devolución de sus fondos al amparo de la Ley N°18.156 y que la administradora le indicó primero por correo que existía “falta de documentación, incompleta o inconsistente” y luego, verbalmente, que el rechazo obedecía a que no acompañó un documento apostillado que acreditara su afiliación al sistema previsional de su país de origen.

Sostiene que esa exigencia no está prevista en la normativa especial y que, además, resulta particularmente gravosa para nacionales venezolanos. Alega que cumple con los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, por ser profesional extranjera, encontrarse afiliada a la seguridad social venezolana y haber manifestado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener esa afiliación. Añade que acompañó certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, cuya autenticidad puede verificarse electrónicamente en el portal oficial del IVSS mediante código alfanumérico o número de cédula, por lo que la AFP disponía de medios suficientes para comprobarlo y, sin embargo, omitió hacerlo.

Sostiene que la recurrida incorporó requisitos no contemplados en la ley, realizó una interpretación formalista y restrictiva de la Ley N°18.156 y con ello vulneró sus garantías de la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, porque se le habría dado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales condiciones, y del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por cuanto los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual le pertenecen y la negativa a restituirlos importa una retención injustificada.

Solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitrario el rechazo de 30 de julio de 2025 y ordenar a AFP ProVida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, dentro de un plazo razonable, que permita la devolución de los fondos solicitados y en general, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Daniel Santoni, abogado, en representación de AFP ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, con costas.

Sostiene, en primer término, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento y carácter contradictorio, pues la recurrente no hace valer un derecho indubitado sino una discrepancia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, materia que no puede definirse en sede cautelar.

Añade que, en subsidio, su representada no ha incurrido en actuación ilegal ni arbitraria, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la solicitud de devolución de fondos fue rechazada el 30 de julio de 2025 porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la autoridad administrativa. Señala que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente y que no indiquen las coberturas concretas ni el período de protección del afiliado no sirven para acreditar debidamente el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la Ley N°18.156. Agrega que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile y siendo Venezuela también Estado Parte, se exige que estas certificaciones vengan apostilladas para producir efectos en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al propio convenio internacional.

Explica además que el sistema de pensiones del Decreto Ley N°3.500 fue creado para financiar exclusivamente las prestaciones previsionales que la ley contempla, principalmente pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las AFP no pueden otorgar beneficios distintos de los que la ley autoriza. Destaca que la devolución de fondos para técnicos extranjeros constituye una excepción legalísima y de interpretación restrictiva, prevista solo para quienes cumplan copulativamente las exigencias del artículo 1 de la Ley N°18.156: tener calidad de técnico, encontrarse afiliados con anterioridad a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Afirma que el cumplimiento del requisito relativo a la afiliación y cobertura extranjera debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, y que el actuar de AFP ProVida no ha sido ilegal ni arbitrario, pues se ha limitado a observar si concurren esos presupuestos legales.

Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario, ni agravio, ni privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que solicita el rechazo total del recurso.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones informa que nombre reservado sí efectuó una consulta previa ante ese organismo el 30 de junio de 2025, en la que reclamó que AFP ProVida le exigía un certificado de afiliación al IVSS distinto de la constancia de cotizaciones que ella había presentado, pese a que estimaba suficiente dicha documentación y alegaba la imposibilidad práctica de obtener otros antecedentes por el cierre de la representación consular venezolana en Chile.

Señala que esa consulta fue respondida por correo de 1 de julio de 2025, indicándole que la constancia de cotizaciones no era suficiente para acreditar la cobertura exigida por la Ley N°18.156, porque, conforme al criterio de la Superintendencia, debe existir una certificación específica de la autoridad previsional competente que dé cuenta de que el trabajador contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Sostiene que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, aplicable solo si el trabajador extranjero acredita copulativamente afiliación a un sistema previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo trabajado en Chile, y la voluntad contractual de mantener dicha afiliación. Añade que, según su jurisprudencia administrativa, en materia de salud la cobertura debe ser integral, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias, y que no basta una referencia genérica al sistema previsional extranjero.

Afirma que la constancia electrónica del IVSS acompañada por la recurrente no sirve para acreditar ese requisito, porque no está firmada ni apostillada o legalizada por la autoridad competente venezolana y, además, no consigna en forma suficiente las coberturas concretas ni un período determinado de protección, limitándose a describir de manera general el sistema previsional venezolano. Añade que, por lo mismo, el documento no puede producir efectos en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones del IVSS” de 2 de abril de 2025, sin legalización ni apostilla.

Séptimo: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia y de apostilla de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3321-2025 Protección