nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 11: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en favor de Mariolys Yineth nombre reservado Puerta, ciudadana venezolana, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta N°2600100397567, de 9 de julio de 2026, que ordenó el archivo de su solicitud de carta de nacionalización por abandono del procedimiento, acto que estima ilegal y arbitrario y que vulneraría la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que la recurrente ingresó al país en calidad de turista y que, encontrándose en el territorio nacional, modificó su condición migratoria a residente temporaria, obteniendo finalmente el beneficio de residencia definitiva. Agrega que, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, presentó solicitud de carta de nacionalización con la finalidad de obtener la nacionalidad chilena.

Indica que, con posterioridad, tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°2600100397567, que ordenó el archivo de su solicitud por abandono del procedimiento, fundándose en que, con fecha 10 de marzo de 2026, se le habría informado que su solicitud se encontraba incompleta y se le habría otorgado un plazo de 60 días hábiles para acompañar los documentos faltantes, bajo apercibimiento de declarar el abandono y ordenar el archivo transcurridos 7 días adicionales sin que reanudara la tramitación.

Sostiene que el acto recurrido es contrario a derecho, por cuanto la recurrente dio cumplimiento a todos los requisitos dispuestos por el legislador y acompañó la información idónea para complementar su solicitud. Afirma que la resolución resulta arbitraria, antojadiza y desproporcionada, pues ordenó el archivo sin notificarle previamente para subsanar la falta de los documentos respectivos, dejándola en un estado de indefensión, y que el requerimiento de antecedentes adicionales que invoca la recurrida no sería efectivo.

Añade que la resolución no explica de manera fundada las razones de hecho y de derecho en que se sustenta ni señala cuáles serían los documentos que harían incompleta la solicitud, lo que evidenciaría una contradicción con el principio de imparcialidad.

Solicita que se acoja la acción, se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene dar curso a su trámite, restableciéndose el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al país el 1 de septiembre de 2017 y que, por Resolución Exenta N°97005, de 25 de mayo de 2020, se le otorgó permiso de permanencia definitiva, actualmente vigente, de modo que su situación migratoria es regular. Añade que el 14 de mayo de 2023 la recurrente presentó una solicitud de carta de nacionalización, la que avanzó a la etapa de análisis.

Refiere que, mediante comunicación electrónica de 10 de marzo de 2026, enviada al correo correo reservado, que la propia interesada registró al presentar su solicitud, se le informó que ésta no reunía los requisitos exigidos, en cuanto debía acompañar certificado de deuda personal emitido por la Tesorería General de la República y carpeta tributaria electrónica del Servicio de Impuestos Internos, otorgándosele un plazo de 60 días hábiles para subsanar, esto es, hasta el 6 de junio de 2026. Agrega que, según sus registros, la recurrente no remitió documentación alguna dentro del plazo, y que el correo aparece entregado y abierto con fecha 10 de marzo de 2026, a las 13:22 horas, según consta en la fotocaptura del Registro Nacional de Extranjeros que acompaña.

Señala que, transcurrido el plazo sin que se acompañaran los antecedentes, hizo efectivo el apercibimiento del artículo 43 de la Ley N°19.880 y, mediante Resolución Exenta N°2600100397567, de 9 de julio de 2026, tuvo por desistida la solicitud, reservando el recurso de reposición, que no consta haya sido interpuesto.

Precisa que la Ley N°21.325 establece que la notificación de sus procedimientos administrativos se practica por correo electrónico, con la carta certificada como forma supletoria, según su artículo 146, en armonía con los artículos 30 y 46 de la Ley N°19.880, y que la recurrente designó voluntariamente como medio de notificación la casilla ya individualizada.

Concluye que, habiendo sido válidamente notificada y no habiendo acompañado los antecedentes requeridos dentro del plazo, correspondía declarar el abandono y archivar la solicitud conforme al artículo 43 de la Ley N°19.880, sin que ello importe un pronunciamiento de fondo, pues la recurrente, en situación migratoria regular con permanencia definitiva vigente, puede presentar una nueva solicitud acompañando la documentación pertinente. Descarta, entonces, la existencia de acto arbitrario o ilegal y la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Cuarto: Que, la parte recurrente funda la acción cautelar en el hecho de haberse archivado su solicitud de carta de nacionalización por abandono del procedimiento, mediante Resolución Exenta N°2600100397567, de 9 de julio de 2026.

Quinto: Que, en primer término, en cuanto a la notificación válida del requerimiento de documentación, cabe tener presente que el artículo 146 de la Ley N°21.325 dispone que las resoluciones que se pronuncien sobre una solicitud sujeta a dicha ley, serán notificadas por correo electrónico, estableciéndose como forma supletoria la notificación por carta certificada dirigida al último domicilio registrado. En ese sentido, en la especie, consta que la recurrente designó voluntariamente la casilla correo reservado como medio de notificación al presentar su solicitud, y que a dicha dirección se remitió la comunicación de 10 de marzo de 2026 por lo que, en tales condiciones, la notificación fue practicada en el correo electrónico que la propia interesada fijó, con arreglo a las normas citadas.

Sexto: Que, ahora bien, en cuanto a la resolución que archivó su solicitud de carta de nacionalización por abandono del procedimiento, cabe tener presente que la declaración de abandono se ajusta a lo previsto en el artículo 43 de la Ley N°19.880, norma que, ante la inactividad del interesado, faculta a la Administración para advertirle que, de no efectuar las diligencias de su cargo, declarará el abandono del procedimiento y ordenará su archivo. En la especie, la recurrida requirió los antecedentes tributarios, otorgó un plazo de 60 días hábiles con el apercibimiento correspondiente y, transcurrido dicho plazo sin que se acompañara documentación alguna, hizo efectivo el apercibimiento y declaró el abandono mediante la resolución impugnada.

Séptimo: Que, así las cosas, dicha actuación se enmarca dentro de las atribuciones legales de la recurrida, a quien corresponde tramitar las solicitudes de carta de nacionalización conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, y aparece motivada en la inactividad del interesado y en la norma legal citada, de modo que no puede calificarse de ilegal ni de arbitraria, en los términos precisados.

Octavo: Que, por lo demás, el archivo dispuesto no importa un pronunciamiento de fondo respecto de la nacionalización ni la pérdida definitiva del derecho a impetrarla, pues tanto la resolución impugnada como el informe dejan constancia de que la recurrente, encontrándose en situación migratoria regular con permanencia definitiva vigente, puede presentar una nueva solicitud acompañando la documentación pertinente, entre ella los antecedentes tributarios que ahora acompaña en estos autos. De este modo, no se advierte una privación, perturbación o amenaza actual del ejercicio legítimo de un derecho indubitado que haga procedente la cautela impetrada.

Noveno: Que, en consecuencia, no habiéndose configurado un acto u omisión ilegal o arbitrario de la recurrida, la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Mariolys Yineth nombre reservado Puerta, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3302-2026 Protección