nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

San Miguel, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios N°s 20 y 21: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, por haber dictado los Decretos Alcaldicios N°538 de 27 de junio de 2025 y N°575 de 21 de julio de 2025 que corresponde a la Reposición Administrativa, mediante los cuales se declaró la vacancia de su cargo y se calificó su salud como incompatible para el desempeño de sus funciones, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto carece de fundamentación suficiente y desconoce los antecedentes médicos y administrativos del caso, vulnerando con ello las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 inciso segundo, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto dichos actos y se ordene su reincorporación a las labores que desempeñaba, junto con el pago de las remuneraciones adeudadas.

Expone como hechos previos que, el 1 de julio de 2025, fue informada informalmente por el Jefe de Gestión de Personas que había dejado de pertenecer a la dotación municipal, recibiendo dos días después carta certificada notificando el decreto que declaró salud incompatible y la consecuente vacancia de su cargo. Refiere que interpuso recurso de reposición administrativa, el cual fue rechazado mediante el Decreto Alcaldicio N°575, dictado con base en las mismas razones previamente esgrimidas. Añade que ambos actos carecen de fundamentos específicos, limitándose a señalar genéricamente la existencia de un “grave retraso en las obligaciones y funcionamiento” del municipio, sin describir hechos concretos, lo que le impidió ejercer adecuadamente su defensa. Indica luego que las funciones que desempeñaba fueron cubiertas sin dificultad por su equipo de trabajo, compuesto por cuatro administrativos, y que sus labores eran de carácter mecánico y fácilmente sustituibles. Además, señala haber mantenido calificaciones sobresalientes, renovaciones sucesivas de contrata y una reincorporación exitosa tras su reposo médico, sin objeciones de sus superiores.

Refiere extensamente su trayectoria laboral, el contexto de sus licencias médicas y el origen de las patologías que motivaron los reposos, destacando que derivaron de complicaciones de su embarazo y parto, encontrándose actualmente recuperada. Indica que se reintegró a sus funciones en septiembre de 2024, siendo renovada su contrata sin que se hiciera mención alguna a los supuestos graves retrasos en las obligaciones y funcionamiento de la Municipalidad de San Joaquín, destacando que desde septiembre a noviembre de 2024 tuvo licencia solo de media jornada. Sostiene que su salud es plenamente compatible con el cargo, como lo habría confirmado la COMPIN. Agrega que el municipio no consideró su estado de gravidez al modificar su lugar de trabajo, que las condiciones del nuevo destino afectaron su salud y que, tras su reincorporación, cumplió cabalmente sus labores sin generar perjuicios.

Sostiene que la autoridad aplicó de manera infundada y extensiva la causal de salud incompatible prevista en el artículo 148 de la Ley N°18.883, desconociendo el carácter restrictivo que se deriva de las reformas introducidas por la Ley N°21.050 y de la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, que exigirían fundamentar técnicamente la incompatibilidad y respetar el informe de la COMPIN.

Argumenta que la determinación impugnada desconoce el sentido y alcance del dictamen técnico que calificó su salud como recuperable, lo que impide jurídicamente declarar la vacancia del cargo por salud incompatible. Afirma que la actuación municipal presenta arbitrariedad y discrecionalidad, por carecer de motivación suficiente, apartarse de los antecedentes médicos y omitirse el análisis de su desempeño efectivo.

Asimismo, denuncia que la medida vulnera el fuero maternal aplicable al momento en que sus licencias médicas completaron el período legalmente relevante, afirmando que el municipio habría postergado deliberadamente la decisión de terminación de funciones para eludir la exigencia de desafuero judicial previo. Finalmente, invoca jurisprudencia administrativa y judicial que, según refiere, prohíbe declarar la vacancia del cargo sin expresar razones específicas que expliquen por qué la salud del funcionario sería incompatible con las labores asignadas.

Expresa que los actos impugnados vulneran su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria, por fundarse en apreciaciones genéricas e injustificadas vinculadas a su estado de salud; su libertad de trabajo, al privarla injustamente del ejercicio de su empleo; su derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones correspondientes; y la protección de la vida del que está por nacer, por estimar que la decisión municipal desconoce las garantías de maternidad y el fuero aplicable durante el período en que ocurrieron los hechos que motivaron la desvinculación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto los Decretos Alcaldicios N°538 y N°575, se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba, se disponga el pago de las remuneraciones y estipendios devengados durante el tiempo en que estuvo separada de funciones, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su directora jurídica, solicita el rechazo del recurso de protección, señalando que el acto administrativo impugnado se dictó en el ejercicio legítimo de las facultades que la ley confiere al Alcalde, cumpliendo íntegramente con las exigencias formales y sustantivas previstas en la Ley N°19.880 y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

La recurrida expone que el decreto alcaldicio fue emitido por escrito, por órgano competente, contiene una decisión de carácter terminal, se apoya en una declaración de voluntad fundada en hechos y normas precisas y no contraviene el ordenamiento jurídico, satisfaciendo así los requisitos que la Ley N°19.880 establece para la validez de los actos de la administración. Hace presente que en sus considerandos se individualiza a la funcionaria, se detalla la causal aplicada, se enumeran las licencias médicas tenidas a la vista, se reseñan las funciones propias del cargo y se explican los efectos que la prolongada ausencia de la recurrente produjo en la Dirección de Desarrollo Social, particularmente en términos de retraso de gestiones, sobrecarga del equipo y afectación del principio de continuidad del servicio público.

Luego, desarrolla extensamente la defensa relativa al ejercicio legítimo de la facultad prevista en los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883. Sostiene que el ordenamiento distingue entre la “salud irrecuperable” y la “salud incompatible con el desempeño del cargo”, tratándose de causales diversas de cesación en funciones: la primera ligada a la imposibilidad permanente de ejercer la función y asociada a beneficios previsionales, y la segunda vinculada al uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin que ello suponga necesariamente una irrecuperabilidad de la salud, sino la incompatibilidad de tales ausencias con el adecuado funcionamiento del servicio. Señala que, conforme al tenor literal del artículo 148, el Alcalde “podrá” considerar configurada la causal cuando concurre dicho presupuesto objetivo, otorgándosele una potestad discrecional cuyo ejercicio exige ponderar, además, el impacto real en el servicio.

En este marco, la municipalidad explica que, para efectos del cómputo de la causal, se revisó el historial de licencias médicas de la recurrente, distinguiéndose entre licencias por reposo maternal y licencias por enfermedad común, lo que se consigna en las nóminas y cuadros incorporados al decreto. Concluye que, en el período relevante, la funcionaria hizo uso de licencias médicas que, sumadas, superan los seis meses continuos o discontinuos en los últimos dos años, sin considerar el permiso postnatal parental, de suerte que se satisfacen las condiciones que la ley exige para estimar su salud incompatible con el desempeño del cargo. Añade que, paralelamente, se ponderó la afectación concreta al servicio, evidenciada en retrasos de tramitación, sobrecarga del equipo y riesgo de errores operativos, todo lo cual se plasma en el informe de la Dirección de Desarrollo Social que fue tenido a la vista al dictar el acto impugnado.

La recurrida aborda asimismo las alegaciones de la actora relativas al informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y al fuero maternal. En lo que respecta al primero, sostiene que la reforma introducida por la Ley N°21.050 al artículo 151 del Estatuto Administrativo general sólo exige informe previo de la COMPIN para la declaración de salud irrecuperable, pero no para la configuración de la causal de salud incompatible regulada en el artículo 148 de la Ley N°18.883, de modo que el pronunciamiento técnico no constituye un presupuesto habilitante ni un límite a la potestad discrecional del Alcalde en esta materia. Agrega que, aun cuando la COMPIN haya calificado la condición de la funcionaria como recuperable, ello es plenamente compatible con la figura de salud incompatible, que se basa en el uso prolongado de licencias y en la afectación del servicio, y no en la imposibilidad definitiva de trabajar. En cuanto al fuero maternal, argumenta que la decisión de declarar la vacancia se adoptó en el ámbito estatutario propio de los funcionarios municipales, conforme a causales específicas de cese previstas en la ley, y que no se trata de un despido laboral regido por el Código del Trabajo ni de un término vinculado al ejercicio de derechos maternales, sino de la aplicación objetiva de una causal estatutaria por uso de licencias médicas.

El informe se hace cargo igualmente de las imputaciones de falta de motivación, discriminación y vulneración de garantías constitucionales. Sobre el primer punto, insiste en que el decreto alcaldicio contiene considerandos extensos en que se describen las funciones de la recurrente, se identifica el número y tipo de licencias médicas utilizadas, se reseñan los informes internos de la Dirección de Desarrollo Social y se explican las razones por las cuales la Municipalidad estimó que la prolongada ausencia de la funcionaria afectaba gravemente la continuidad y eficiencia del servicio, de modo que no puede hablarse de carencia de fundamentos. Respecto de la alegada discriminación, sostiene que la decisión no obedece a su condición de mujer, madre o persona con enfermedad, sino exclusivamente al cumplimiento del presupuesto objetivo fijado por la ley en materia de licencias y a la necesidad de resguardar el interés público y la continuidad del servicio municipal. Añade que tampoco se ha vulnerado la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad, por cuanto la cesación de funciones deriva de la aplicación de una causal legalmente prevista, conocida por la funcionaria y aplicada mediante un acto dictado por autoridad competente y debidamente fundado.

Finalmente, en relación con el recurso de reposición administrativo deducido por la actora en contra del Decreto N°538, la municipalidad expone que éste fue conocido y resuelto mediante el Decreto N°575, manteniéndose la decisión inicial luego de revisarse nuevamente los antecedentes de hecho y de derecho, por estimarse que no se había acreditado error alguno en el cómputo de las licencias ni en la apreciación del impacto de las ausencias sobre el servicio, ni tampoco la existencia de vicios de legalidad o arbitrariedad en la aplicación de la causal de salud incompatible.

Concluye el informe solicitando que, en definitiva, se rechace el recurso de protección en todas sus partes, declarando que los Decretos Alcaldicios N°538 y N°575 se ajustan a derecho, que no han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y que, en consecuencia, deben mantenerse íntegramente vigentes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, los actos que se califican como arbitrarios e ilegales son la dictación de los Decretos Alcaldicios N°538 de 27 de junio de 2025 y N°575 de 21 de julio de 2025, correspondiendo el primero al que declaró la vacancia de su cargo y calificó su salud como incompatible para el desempeño de sus funciones, y el segundo, al que rechazó el recurso de reposición adminsitrativa.

Quinto: Que preciso es señalar que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que en su artículo 147 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal establece en su inciso primero que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, agregando en su inciso tercero que “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de vacancia de su cargo corresponde a salud incompatible, declarado por la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, mediante el Decreto Alcaldicio N°538, de 27 de junio de 2025, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró recuperable la salud de la recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas por enfermedad común de la recurrente, contabilizando aquellas que otorgaron reposo parcial, como medio día, suman un total de 207 días, de manera que se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 148 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en el Decreto cuestionado se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria obstaculiza -ciertamente- la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Octavo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 148 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración, sin que se afectara su derecho a la maternidad, dado que la decisión se adoptó una vez que concluyó su fuero maternal.

Noveno: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar, resultando innecesario analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N°3293-2025