nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 12: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Juan Pablo Mardones Manosalva, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad haitiana, quien recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, sociólogo, en contra de la resolución que rechazó la solicitud de permanencia temporaria y decretó su abandono del país, la que le fue notificada el 25 de agosto pasado, por conculcar dicho acto el principio de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 21.325, además de haberse infringido el debido proceso.

Indica que el 4 de marzo de 2018, se le otorgó visa temporaria, por lo que su situación migratoria era de carácter regular. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2021, se acogió al proceso de regularización extraordinaria dirigido a aquellos extranjeros que habiendo ingresado por pasos habilitados se encuentren en situación migratoria irregular a través de la Plataforma web con el número de solicitud 31113386.

Agrega que el 19 de octubre de 2022, el Servicio le otorgó plazo para remitir antecedentes, puesto que su solicitud sería incompleta o insuficiente, específicamente le solicitó acompañar un certificado antecedentes penales del país de origen, legalizado, apostillado, agregando en su párrafo final “sólo en caso de no contar con los antecedentes solicitados, deberá adjuntar carta explicativa.”, por lo que presentó la mencionada carta explicativa mediante plataforma dispuesta por el servicio dentro de plazo.

Expone que el 25 de agosto de 2023, mediante resolución exenta 23325295, se rechazó solicitud de visa temporaria y se dispuso el abandono del extranjero que indica, puesto que analizados los antecedentes no habría cumplido con los requisitos.

Señala que el criterio sostenido del Servicio, en especial con personas de nacionalidad haitiana que han ingresado al país por pasos habilitados y se encuentren regulares, es el dar por satisfecho el requisito de certificado de antecedentes penales con la presentación de una carta explicativa, más aún cuando la propia resolución así lo permite, por lo que no se entiende el cambio de criterio y la consecuente interpretación que a todas luces perjudica al extranjero, nacional de Haití, que pudiendo acogerse a su derecho al refugio no lo hizo, porque a su ingreso cumplía con todos los requisitos para la obtención de una visa temporaria.

Concluye solicitando se acoja la acción impetrada dejando sin efecto la resolución impugnada, ordenando a la recurrida se pronuncie sobre la misma dentro del plazo de 30 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, informa que el 23 de septiembre de 2021, el recurrente solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325 y mediante Resolución Exenta N°21154554, de fecha 23 de septiembre de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por el extranjero. En virtud de la misma resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria y se le otorgó permiso de trabajo mientras la postulación se encuentre en trámite.

Agrega que mediante Comunicación Electrónica N°30052397, de fecha 18 de octubre de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones informó al recurrente que su solicitud se encontraba incompleta, atendido que no acompañó un certificado de antecedentes penales de su país de origen con la debida legalización o apostilla, por lo que se le otorgó un plazo de 60 días para subsanar su solicitud, sin embargo, no remitió el documento requerido en el plazo conferido sino que acompañó a su expediente administrativo como certificado de antecedentes, una copia de su cédula de identidad para extranjero.

Expone que, sin perjuicio de lo anterior, mediante Notificación Electrónica N°45185413, de 10 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones informó al recurrente que su solicitud se encontraba en causal de rechazo, toda vez que no adjuntó el certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos respectivos a la causal de rechazo señalada, pudiendo acompañar el documento en la forma requerida, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 21.325. Sin embargo, refiere, el recurrente no remitió el antecedente por que mediante Resolución Exenta N°23325295, de 25 de agosto de 2023, se rechazó su solicitud de regularización extraordinaria presentada, y se decretó orden de abandono del país en un plazo de 30 días a contar de la notificación, toda vez que no presentó un certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que la misma Resolución Exenta recurrida reservó al extranjero los recursos administrativos contemplados en la ley N° 19.880 sobre las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, los cuales no han sido interpuestos.

Expone que es la Ley N° 21.325, en su artículo 8° transitorio la que establece el procedimiento extraordinario de regularización migratoria, el cual se encuentra regulado con mayor detalle en la Resolución Exenta N° 1.769 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Explica que dentro de los requisitos para acceder a esta regularización está el de no tener antecedentes penales ni en su país de origen ni en territorio nacional, de acuerdo al punto resolutivo N° 2 letra c) de la Resolución Exenta N°1.769 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que se acredita mediante el certificado vigente respectivo, debidamente legalizado o apostillado, en virtud de los artículos 345 N°2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que en el marco del procedimiento administrativo, el Servicio le alertó al recurrente en dos oportunidades que tenía que acompañar el documento señalado precedentemente. De igual manera, agrega, nada obstaba al recurrente a acompañar el documento faltante durante todo el procedimiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 letra g) de la Ley 19.880.

Concluye señalando que la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 inciso 4° de la Ley 21.325.

Finaliza solicitando se rechace el recurso de marras toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por su parte.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese derecho.

Cuarto: Que, conforme se observa, el acto recurrido corresponde a la resolución que denegó el permiso de permanencia provisoria al recurrente, el que fue adoptado por la autoridad competente para ello, de conformidad con la normativa vigente; en efecto, es a la recurrida a quien le corresponde dirimir las solicitudes como la efectuada por el peticionario, y en la especie la denegó por no cumplir con un requisito establecido en el punto resolutivo N° 2 letra c) de la Resolución Exenta N°1.769 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esto es, acompañar su certificado de antecedentes penales de su país de origen, con el objeto de acreditar que carece de anotaciones de esa naturaleza. En tal entendido, no se advierte que la recurrida haya incurrido en una conducta que pueda considerarse como ilegal o arbitraria, desde que ha obrado en materias de su competencia con plena sujeción a la normativa vigente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 3287-2023 Protección