nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

San Miguel, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que comparece el abogado José Ignacio Díaz, quién interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, representada por su alcalde Gustavo Toro Quintana, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión que estima arbitraria e ilegal y que consiste en no haber acatado las instrucciones impartidas por la Contraloría Regional Metropolitana, en cuanto a dar cumplimiento al Oficio de 6 de diciembre de 2022, lo que estima vulnera sus derechos constitucionales contemplados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado fue contratado en el Departamento de Educación de la municipalidad recurrida y, en septiembre de 2021, se le puso término a su contrato de trabajo en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, motivo por el que interpuso un reclamo ante la Contraloría Regional Metropolitana la que instruyó, mediante Oficio N°E284458 de 6 de diciembre de 2022 que, en el evento de que el recurrente, efectivamente tuviese la calidad jurídica de asistente de la educación, no corresponde que el cese de funciones se funde en la causal de necesidades de la empresa, atendido que el ordenamiento jurídico no prevé dicha causal en virtud del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.109, por lo que la entidad edilicia deberá regularizar el vínculo con el recurrente en los mismos términos de su última designación, reincorporándolo a sus funciones y pagándole la remuneraciones correspondientes, por el tiempo que se vio separado de sus labores.

Añade que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo instruido por el órgano contralor, sin que exista fundamentación para ello, atendido la obligatoriedad de sus dictámenes y resoluciones por lo que califica dicha omisión como arbitraria e ilegal, al no encontrarse amparada en normativa alguna.

Pide que se acoja el presente recurso, restableciendo el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida debe dar íntegro cumplimiento a lo señalado por la Contraloría Regional Metropolitana, el 6 de diciembre de 2022, con costas.

Segundo: Que el abogado Víctor Figueroa Parra, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, solicita se rechace el presente recurso, con costas.

En primer lugar, estima que esta Corte carece de competencia para conocer de la acción de protección interpuesta por el señor nombre reservado, pues se trata de una situación que está siendo conocida por el ente contralor, por el cual se le exigió a la recurrida la realización de un análisis fáctico y jurídico para determinar si el recurrente tiene la calidad de asistente de la educación, sin que exista un acto terminal.

Luego explica que le ha sido muy difícil ubicar la documentación y los antecedentes del recurrente, dada la masiva pérdida de carpetas funcionarias en el Departamento de Educación Municipal con las que se encontró la nueva administración al asumir sus funciones en agosto de 2021, lo que generó un procedimiento sumario que se encuentra en tramitación. Agrega que cuando se cuente con los antecedentes necesarios, se recurrirá en contra de lo resuelto por la Contraloría Regional Metropolitana, por estimar improcedente la reincorporación del actor. En todo caso, si el recurrente consideraba que se ha incumplido las medidas señaladas condicionalmente por la autoridad contralora, debió recurrir a dicha instancia administrativa.

Por lo anterior, estima que no ha habido vulneración alguna de las garantías constitucionales señaladas por el actor, insistiendo en que su reincorporación y el consecuente pago, se encuentra condicionado a que se le considere como asistente de la educación, lo que aún no ha sido establecido.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, en este orden de ideas, tal como aparece de los antecedentes que obran en el expediente digital, el hecho que motiva la presente acción constitucional constituye el fundamento sobre la base del cual el recurrente interpuso un reclamo ante la Contraloría Regional Metropolitana, que mediante Oficio N° E284458, de 2022, de 6 de diciembre de 2022, dispuso que “en el evento que el recurrente efectivamente tenga la calidad jurídica de asistente de la educación, no corresponde que el cese de funciones se funde en la causal de necesidades de la empresa, toda vez que el ordenamiento jurídico no ha previsto dicha causal desde la fecha fijada en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la ley N° 21.109, por lo que la entidad edilicia de que se trata deberá regularizar el vínculo con el recurrente, en los mismos términos de su última designación, reincorporándolo a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor, no imputable a aquel, debiendo la Municipalidad de San Ramón informar de ello en el plazo de quince días hábiles, contado desde la recepción de ese oficio…”, cuya omisión se reclama por la presente acción cautelar.

Quinto: Que, de este modo, queda en evidencia que el asunto planteado por la parte recurrente se encuentra sometido al imperio del derecho, a través de un procedimiento dotado de las etapas necesarias para garantizar la adecuada defensa del interés que aquí se persigue amparar.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que no existe acto terminal, pues la resolución dictada por la entidad recurrida, se encuentra condicionada a que el recurrente tenga efectivamente la calidad de asistente de la educación, lo que aún no se ha determinado en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por José Díaz Maldonado en representación de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón.

Redacción de la Fiscal Judicial Anamaria Quintero Harvey.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3271-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señora María Soledad Espina Otero, señora María Alejandra Pizarro Soto y la fiscal judicial señora nombre reservado.