nombre reservado con 12° JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO

San Miguel, diez de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Don nombre reservado, funcionario público, recurre de protección en contra del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, fundándose para ello en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber sido sometido a un procedimiento disciplinario en que se le aplicó una sanción con infracción a la Constitución y las leyes, afectando sus garantías y derechos constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, respeto y protección a la honra, libertad de trabajo y el de propiedad.

Refiere ser funcionario del Poder Judicial desde 2019, habiendo desempeñado diversos cargos en distintos tribunales, sin haber sido sancionado con anterioridad y que, desde el 10 de mayo del actual y hasta el 31 de diciembre próximo, se encontraba ejerciendo funciones en el Duodécimo Juzgado de Garantía, en calidad de suplente.

Sostiene que, durante la madrugada del 2 de julio pasado, su ex pareja envió maliciosamente correos injuriosos en su contra a distintos funcionarios del juzgado en mención, acusándolo de maltratos y consumo de marihuana, y que el 5 del mismo mes se le notificó el inicio de una investigación disciplinaria a su respecto, a fin de investigar la existencia de responsabilidad administrativa que pudiera derivarse de esos hechos, procedimiento en el que fue suspendido de sus funciones.

Arguye que la investigación, “inquisidora a su respecto”, contraviene normas legales y constitucionales y, también, el Acta 108-2020 de la Excma. Corte Suprema. El 7 de agosto último –continúa- se le formularon cargos aludiendo a la derogada Acta 15-2018 sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los miembros del Poder Judicial, pese a que en esa época ya regía el Acta 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, y que los cargos que se le formularon refirieron a faltas graves al principio de probidad en el ejercicio de la función pública y a los principios de ética judicial, fundados en que registra una causa vigente en el sistema penal -RUC 2300481728-1, RIT 5706-2023, seguida ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- originada por el mismo motivo denunciado por doña nombre reservado –su ex pareja-, y otra causa pendiente de judicializar -RUC 2300718354-2-.

Añade que la primera de esas causas se encuentra concluida por aplicación del principio de oportunidad desde el 21 de julio del presente año, y que ello fue informado por el Ministerio Público.

Reclama el recurrente que en la investigación a que alude se le ha exigido un estándar ético superior al resto de los ciudadanos, contraviniendo el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, que asegura el derecho a la igualdad ante la ley y que prohíbe establecer diferencias arbitrarias (sic) y, a mayor abundamiento, refiere que no existen antecedentes en el proceso investigativo para inferir una falta a la probidad de su parte, y se le califica, igualmente en forma injustificada, como una persona violenta, vulnerando su derecho a la honra.

Seguidamente, expresa que el 18 de agosto se le impuso la sanción disciplinaria de suspensión de funciones por un mes, con goce del 50% de sus remuneraciones, de la cual apeló, sin haber sido reintegrado a sus funciones, no obstante que con esa cautelar se había superado con creces el plazo de la sanción, con lo que, en su concepto, se afectó su derecho a la libertad de trabajo, discriminándolo arbitrariamente pese a que fue entrevistado y seleccionado anteriormente para ocupar el cargo vacante. Además –continúa quien recurre- se le ha apartado de sus funciones y de sus compañeros de trabajo con afectación a su honra, atendido que todos están en conocimiento del sumario administrativo.

El actor afirma que la sanción se ha impuesto sin invocar normas jurídicas y sin que existan elementos probatorios que permitan determinar la existencia de responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones, castigándolo por hechos por los que no fue condenado, en un procedimiento derogado.

Añade a lo anterior que en la investigación seguida en su contra se vulneró la garantía de la igualdad ante la ley, pues se le acusa por sus citaciones a declarar en sede penal, porque ello sería una conducta poco adecuada para un funcionario judicial, es decir, se le exigió un estándar superior al que opera para el común de los ciudadanos.

Luego, en relación con la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, aduce que la investigación disciplinaria se inició por una denuncia de hechos constitutivos de delito ocurridos fuera de su horario laboral y que lo investigado no estuvo referido al desempeño de sus funciones, desconociéndose en forma arbitraria la sentencia que puso término a la causa RIT 5706-2023 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a pesar de que el recurrente y el Ministerio Público lo comunicaron al investigador.

En cuanto a su derecho a la honra y el respeto a la vida privada, señala que su infracción ocurrió al ser acusado sobre la base de prejuicios de ser una persona violenta, sin que se valoraran los informes psicológicos allegados al proceso; que fue segregado de sus funciones y de su equipo de trabajo de manera injusta, proyectando una mala imagen respecto de su persona.

En lo referido a su derecho a la libertad de trabajo, el recurso señala que se ha visto infringida al estar próximo a cumplir dos meses separado de sus funciones, en circunstancia que la sanción fue la suspensión por un mes.

Por último, en cuanto al derecho de propiedad, aduce que se le ha privado de sus derechos contemplados en los números 2°, 3° inciso quinto, 4° y 16 de la Constitución Política.

En opinión del recurrente, el recurrido también transgredió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puntualmente, su integridad psíquica y moral, la presunción de inocencia, la honra y la igualdad ante la ley, del mismo modo que considera vulneradas las normas contenidas en el Acta N° 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, al haber aplicado las normas de la derogada Acta N° 15-2018, con lo que se vulneró el debido proceso. En efecto, en cuanto a la suspensión de la persona investigada el Acta 108, con reglamentaciones distintas en materia de suspensión al investigado, el plazo para investigar, al acceso a la investigación y el formato de la misma, a la que solo pudo acceder el 8 de agosto de 2023.

Reclama por una serie de deficiencias en la formulación de cargos, diciendo que no precisan el precepto legal aplicable respecto de la conducta reprochada, no indican la norma que califica su conducta como falta grave al desempeño de la función pública, sino que se limitó a hacer una referencia genérica a las normas de los artículos 389F y 532 del Código Orgánico de Tribunales, Acta N° 262-2007 y Acta N° 15-2018 (derogada) –ambas de la Excma. Corte Suprema- y al artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Termina el recurrente solicitando que se deje sin efecto la sanción disciplinaria impuesta en su contra.

Informando al tenor del recurso, la Juez Presidente del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, señora Alejandra Muñoz Sánchez, señala que el 5 de julio del año en curso solicitó investigación sumaria, a fin de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria por los hechos denunciados mediante correos electrónicos suscritos por doña nombre reservado en los que dio cuenta de una situación que ella titulaba como “abusador y golpeador de mujeres”, lo que dio origen a la investigación sumaria Rol N° 3-2023, en la que se pudo establecer que: a) diversos funcionarios del tribunal recibieron a través de un correo electrónico el 2 de julio del año en curso una denuncia en la que doña nombre reservado refería abusos y maltratos recibidos de parte del sumariado, funcionario suplente del tribunal; b) el investigado fue formalizado en causa RUC 2201060876-0, RIT 11.979-2022 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, mientras se desempeñaba como funcionario suplente en el Juzgado de Garantía de Castro, según consta en Resolución Exenta 202-2022, incorporada en el expediente administrativo el 2 de agosto del año en curso, siendo puesto a disposición del tribunal en la audiencia de control de detención de 26 de octubre de 2022, en la que fue formalizado por el delito de amenazas en contra de doña nombre reservado, ausentándose a sus funciones los días 25 y 26 de octubre de ese año, según consta en el Decreto Económico 179-2022 del 2 de noviembre de 2022, y que ese proceso terminó con la comunicación de no perseverar en el procedimiento; c) el señor nombre reservado registra una causa en calidad de denunciado correspondiente al RIT N°5706-2023 RUC 2300481728-1 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, mientras se encontraba realizando una suplencia en el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, por hechos dados a conocer por la misma denunciante, y que ese proceso terminó conforme al artículo 170 del Código Procesal Penal el 21 de julio del año en curso; d) además, el recurrente mantiene una causa pendiente de judicializar, correspondiente al RUC 2300718354-2, ingresada en la Fiscalía Centro Norte, por los hechos denunciados en el tribunal mediante los correos electrónicos que dieron origen a la investigación materia de este recurso; ninguna de estas situaciones y procesos penales fueron comunicados al tribunal por parte del investigado.

Agrega que el recurrente no aportó medios de prueba en la investigación para desestimar lo concluido en la misma.

Señala que la decisión de iniciar el proceso disciplinario y la imposición de una sanción al actor se enmarca en la legislación vigente y, en cuanto a la supuesta aplicación de un procedimiento que perdió vigencia acorde al Acta N° 15-2018, se trató de un error de transcripción que fue oportunamente subsanado, toda vez que en el procedimiento investigativo se aplicaron las normas contenidas en el Acta N° 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, conforme con la cual, el recurrido evacuó sus descargos, sin ofrecer medios de prueba.

Indica que el comité de jueces desechó la alegación del recurrente en el sentido que no sería posible aplicar una sanción disciplinaria si es que no fue condenado en las causas penales aludidas. Especifica que el aludido comité dictó la Resolución N°2, de 18 de agosto de 2023, en la que confirmó la medida disciplinaria impuesta al actor, aplicada en un proceso legalmente tramitado y en uso de las facultades que la ley confiere y que la circunstancia de no estar condenado no es óbice para ello, considerando que la responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal, según lo establece el propio artículo 2 del Acta N°108 ya mencionada.

Agrega el informe que la sanción en referencia es concordante con la gravedad de los hechos que fueron acreditados, constitutivos de una infracción grave a los deberes funcionarios acorde a los principios segundo, tercero y quinto del Acta N°262 de 2007 de la Excma. Corte Suprema, tal como se consignó en la resolución del Comité de Jueces.

Finaliza el informe suscrito por la señora jueza señalando que el pasado 31 de agosto, se presentó en dependencias del juzgado nombre reservado y denunció al recurrente, indicando, entre otros hechos, que habría utilizado información suya privilegiada, obtenida desde el sistema informático de causas judiciales, con el objetivo de denostarla y hacerla pública, con lo que se dio inicio a la causa RIT 3175-2023 de ese tribunal, remitiéndose al Ministerio Público los antecedentes respectivos el 7 de septiembre, por estimarse que podrían existir hechos que revisten el carácter de delito.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) El recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente, se corresponde con una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio;

2º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que acarree la privación, perturbación o amenaza a que se viene haciendo mención;

3º) Por consiguiente, constituye un presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental;

4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección radica en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

5º) Así entonces, la acción de protección supone la existencia de derechos indubitados que posibiliten actuar de forma extraordinaria y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela. Ello le hace poseer una naturaleza jurídica diversa a aquel que posee las características de un procedimiento de lato conocimiento;

6º) En la especie, el recurrente acude requiriendo la protección de variados derechos fundamentales, alegando ilegalidad o arbitrariedad por el inicio y sustanciación de una investigación administrativa en su contra por hechos denunciados por su ex pareja, falsos y sin relación con el desempeño de sus funciones, sino con ciertas causas penales, una terminada en virtud del ejercicio del principio de oportunidad por el persecutor y otras dos seguidas sin que todavía se hubiese dictado sentencia. Puntualmente –en lo más relevante-, acusa que la tramitación se habría llevado a efecto en conformidad con un procedimiento derogado y no conforme al vigente, por lo que no habría tenido acceso continuo al expediente virtual respectivo; que se lo sometió a la medida cautelar de suspensión de funciones, apartándolo de sus labores y compañeros de trabajo, todos en conocimiento de su situación; que la medida disciplinaria que se le impuso ya se encontraba absorbida por el tiempo en que había regido la suspensión de funciones y, no obstante, esta se mantenía en vigor; que la sanción impuesta no pormenoriza la infracción funcionaria a la que habría faltado; e insiste en que los hechos indagados carecen de veracidad.

El tribunal recurrido, por medio de su jueza presidenta, adujo –en síntesis- que el procedimiento disciplinario fue iniciado a raíz de una denuncia que catalogaba al recurrente como un abusador y golpeador de mujeres, dando cuenta de hechos por los cuales se abrió una causa penal y, en ese contexto, se conoció la existencia de otra causa previa, incoada cuando el recurrente laboraba como funcionario de un tribunal en la ciudad de Castro, por la misma denunciante y por hechos de similar carácter, procesos a los que se agregó otro originado en una denuncia recibida por una denunciante diversa durante la investigación disciplinaria materia de los antecedentes. Afirmó la recurrida que el procedimiento se llevó conforme al estatuto vigente dictado por la Excma. Corte Suprema, esto es, el Acta 108-2020, en tanto que las alusiones al Acta 15-2018 se debieron a un simple error de anotación; que el procedimiento se tramitó ante el órgano competente, sin que el sumariado aportase prueba, y terminó por sentencia que le aplicó una medida disciplinaria por infracción a los principios de ética que rigen a los funcionarios judiciales, con independencia de si son sancionados o no en sede penal y que, apelada que fue, dicha sanción fue confirmada por el comité de jueces;

7º) Con el mérito de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados con arreglo a los dictados de la sana crítica, se ha podido acreditar que:

i) Mediante Memorándum N° 02-2023 de 5 de julio de 2023, de la Administradora del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicitó el inicio de un procedimiento disciplinario en contra del recurrente, en virtud de los correos electrónicos recibidos por funcionarios del tribunal, que daban cuenta de maltratos y abusos atribuidos al mismo.

ii) El 7 de agosto del presente año se formularon cargos al recurrente por infracción al principio de probidad y a la ética judicial, los que le fueron comunicados oportunamente y ante los cuales, el aludido ejerció su derecho a defensa por medio de los respectivos descargos.

iii) Mediante Resolución N° 2, de 18 de agosto de 2023, se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de suspensión por el término de un mes y con goce del 50% de sus remuneraciones, por falta grave al principio de probidad y a la ética judicial, medida que le fue notificada y respecto de la cual apeló el 24 de agosto del año en curso.

iv) Mediante resolución de 31 de agosto pasado, el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía en referencia se pronunció respecto de la apelación deducida por el recurrente y, por medio de una resolución fundada, confirmó la decisión de la Administradora que le había impuesto la sanción disciplinaria mencionada con anterioridad.

v) Esos actos con determinaciones de índole disciplinaria, se encuentran fundados y fueron notificados al recurrente, a fin de que pudiera hacer valer las alegaciones que estimare conveniente en defensa de sus intereses.

8º) De acuerdo con los diversos elementos de convicción aportados a la presente causa por ambos contradictores, así como de la base fáctica que ha quedado acreditada, ha quedado justificada la existencia de un procedimiento administrativo previo y finalizado por un acto de término, sin recursos pendientes, conocido por el recurrente, en el que se le reconocieron las oportunidades en que podría o pudo ejercer sus derechos, en un procedimiento que fue tramitado con apego y respeto al ordenamiento jurídico, dentro de las facultades que le son asignadas a los tribunales en relación con los funcionarios que ante ellos sirven, parte de las cuales están precisa y fuertemente ligadas a velar por la efectividad y observancia de las pautas éticas de probidad, integridad y debido cumplimiento de las funciones judiciales;

9º) Abundando en lo anotado en el motivo inmediatamente anterior, se tiene que, atento a la entidad y particularidades de los antecedentes recopilados en estos autos y que han sido reseñados en estos párrafos, esta Corte no alcanza a divisar la efectividad de haberse verificado las ilegalidades y/o arbitrariedades acusadas por quien recurre, capaces de vulnerar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales alegados en su libelo de protección, toda vez que fue sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de establecer su eventual responsabilidad disciplinaria –la que resultó constatada- en hechos de relevancia que lo había mantenido y lo mantenían sujeto a la sustanciación de sendas causas iniciadas en materia penal, sin que hubiese dado noticia de esa situación a sus superiores jerárquicos, dando pábulo a que una de las denunciantes presentase sus imputaciones a través de correos electrónicos remitidos de manera indiscriminada a distintos correos de integrantes del tribunal, infringiendo las directrices de la ética que rigen a los miembros del Poder Judicial, circunstancias que en modo alguno hacían menester que las mentadas causas penales hubiesen terminado por sentencia condenatoria, ni se traducen en que los hechos de relevancia jurídico penal denunciados tuviesen que haber resultado comprobados en esa sede disciplinaria, toda vez que se trata de ámbitos distintos, cada uno sujeto a sus respectivos parámetros y que, en lo tocante a lo puramente disciplinario trascendieron a la constatación de los quebrantamientos al correcto desempeño de la función judicial de los que, a su vez, surgió el mérito para aplicar una medida disciplinaria.

Por otro lado, tampoco quedó en evidencia que el procedimiento seguido hubiese sido defectuoso por haberse apegado a las reglas de un estatuto obsoleto, sino que aparecen acatadas las etapas y actos procedimentales de rigor, así como el resguardo de los espacios u oportunidades para que el sumariado –aquí el recurrente- ejerciera sus derechos en cuanto tal, como de hecho sucedió con su derecho al recurso, el que ejerció, derivando en la confirmatoria de la sanción disciplinaria que le había sido impuesta por el órgano competente de primer grado; todo ello en una secuencia de actos debidamente fundados, proporcionales y dados a conocer en forma suficiente y oportuna al sujeto pasivo de la investigación;

10º) Del mismo modo, se observa propicio dejar expresado que la presente acción cautelar no puede encaminarse a revisar el procedimiento a manera de superponerse al instructor o al resolutor respectivo, y llegar a dejar sin efecto lo decidido. En efecto, esta no es la vía idónea para sostener lo reclamado por el actor, pues la naturaleza de este arbitrio extraordinario no autoriza a revisar los antecedentes de la investigación disciplinaria, pues eso significaría -tal y como pretende en este caso- analizar nuevamente una situación ya sancionada.

Al respecto, de manera relacionada, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: “Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades. (SCS Rol 1952-2010);

11º) En conformidad con lo antedicho, no cabe más que concluir que no ha quedado comprobada la efectividad de haberse cometido por el tribunal recurrido –por algún acto u omisión atribuible a los órganos actuantes en el procedimiento disciplinario en que se sancionó al actor- las conculcaciones de los derechos constitucionalmente resguardados que en el recurso se han hecho valer, motivo por el que no queda sino desestimar el arbitrio cautelar en estudio;

12º) Así, al no configurarse los presupuestos que se requieren para que sea procedente el recurso de protección interpuesto, resulta inconducente ahondar en mayores reflexiones en torno a las garantías y derechos constitucionales que se dicen infringidos en el libelo cautelar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Décimo Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 3268-2023 Protección.- Pronunciado por la Cuarta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señora María Soledad Espina Otero, señora María Alejandra Pizarro Soto y señora Celia Catalán Romero. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa no firma la ministra señora María Soledad Espina Otero por encontrarse ausente.