COMERCIAL Y TRANSPORTES TRAFYCO SPA CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL MAIPO

En Santiago, veintidós de junio de dos mil dieciocho.

Primero: Que comparece Ricardo Rojas Menares, abogado, mandatario judicial de la empresa Comercial y Transportes Trafyco SpA, persona jurídica del giro de transporte de carga por carretera, representada a su vez por su gerente general don nombre reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales, contra la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario, correspondiente a la dictación del Ordinario Nº399, de fecha 30 de abril del año en curso, que no dio curso a la reconsideración de multa que su parte presentó, por estimar que no fue presentada dentro del plazo legal.

Señala que dicho acto ha vulnerado las garantías constitucionales de los números 2º y 3º del artículo de la Constitución Política de la República y que se ha desconocido el plazo legal expresamente dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo y en el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Explica que la recurrida realizó una visita inspectiva en dependencias de la sociedad recurrente el día 26 de octubre de 2017, y que se le cursó una multa de 10 ingresos mínimos mensuales, por no haber exhibido toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, multa que fue notificada a su parte con fecha 15 de enero de 2018.

Indica que el día 23 de febrero pasado, la sociedad solicitó al Inspector Provincial del Trabajo de Maipo la rebaja de la multa aplicada a mi representada, por las razones expresadas en dicha presentación.

Sostiene, entonces, que dicha reconsideración se presentó dentro del plazo legal establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, pero que sin embargo el Inspector Provincial resolvió no dar curso a la reconsideración de multa planteada por considerarla, a su parecer, interpuesta fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación que impuso la sanción y cita la resolución recurrida.

Arguye que al plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, tal como lo han fallado ya de manera sistemática los tribunales superiores de justicia, debe aplicarse para su cómputo lo dispuesto el artículo 25 de la Ley N° 19.880; esto es, se trata de un término de treinta días hábiles siguientes a la notificación de la multa, considerando como inhábiles los días sábados y domingos, toda vez que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y no existe norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo. Cita, al efecto, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y lo prevenido en el aludido artículo 25.

Concluye que lo sostenido por la Excma. Corte Suprema se ajusta a las normas legales y principios que protegen el derecho a defensa que tienen las personas, respecto de los actos emanados de los órganos de la administración del Estado; más aún, si se considera que la Dirección del Trabajo, atiende por medio de sus agencias provinciales, de lunes a viernes y sólo hasta las 14:00 horas, por lo que los plazos para hacer las presentaciones de esta índole y otras, no sólo reducirían en horas, sino en días, la posibilidad de ejercer el derecho a defensa efectiva que por ley tienen los recurrentes.

Añade que la circunstancia de efectuar una excepción respecto de los actos de la Dirección del Trabajo en relación a las normas aplicables a todos los organismos administrativos no tiene asidero jurídico alguno y, que no procede que el citado Servicio efectúe interpretaciones contradictorias.

A continuación, se refiere a las garantías constitucionales que estima conculcadas y afirma que al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión, ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado y que como consecuencia de ello, su representada no ha podido rebatir y acreditar ante el organismo correspondiente los fundamentos que dieron origen a la multa cursada y cuya reconsideración se desestimó.

Solicita, en definitiva, se declare que la recurrida ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios, que han provocado privación y perturbación de las garantías invocadas y se disponga que se deja sin efecto la Resolución Ordinaria Nº 399, por medio de la cual se declara presentada fuera del plazo legal la reconsideración de multa administrativa incoada, todo con expresa condena en costas, para el caso de oposición.

Acompaña como antecedentes; 1.- Copia de la resolución de multa N°8514/17/43, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, con fecha 26 de octubre de 2017, con sobre de envío por correo certificado; 2.- Copia de Formulario de Solicitud de recurso administrativo y de la presentación efectuada para ante la Inspección del Trabajo de Maipo mediante el cual se solicitó la reconsideración de multa, con timbre o cargo de la Oficina de Partes de la Dirección del Trabajo Inspección Provincial Curicó de fecha 23 de febrero de 2018; 3.- Copia de la Resolución Ordinaria N°399 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, con fecha 30 de abril de 2018, con sobre y notificada a mi parte con fecha 09 de mayo de 2018.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don Felipe Palma González, abogado en representación de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, quien solicita el íntegro rechazo de la acción cautelar intentada, con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de la resolución impugnada la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo. Asevera que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias que la legislación contempla y que requieren, por su especial condición, el aportar pruebas de distinta naturaleza y un juicio de lato conocimiento. Cita, al efecto, jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (№ 24.408-2011, 137087-2013) y enfatiza que dicha tendencia jurisprudencial es compartida por la Excma. Corte Suprema.

En subsidio, razona que el recurso es improcedente por cuanto no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios. Afirma que los ordinarios que se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de las solicitudes de reconsideración administrativa de multas, se dictaron razonada y fundadamente en virtud de los artículos 512 y 508 del código del ramo. Añade que se aprecia claramente de su texto y redacción que el acto fue razonado, argumentado y fundado conforme a Derecho.

A continuación, se refiere al "Principio de Legalidad" y sostiene que no cabe duda alguna que su representada actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las aludidas disposiciones legales, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto a la solicitud de reconsideración administrativa de la multa.

En subsidio de las alegaciones anteriores informa sobre los hechos y circunstancias que dieron lugar a la acción incoada y, en síntesis, explica que la doctrina vigente del Servicio, en materia de contabilizar el plazo para presentar una solicitud de reconsideración de multa administrativa, es de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que aplicó la respectiva multa administrativa.

Finalmente asevera que los derechos fundamentales invocados no se vieron afectados por la dictación del Ordinario ya mencionado, debido a los mismos argumentos señalados anteriormente. Hace presente que en virtud de la Circular № 73 de 8 de junio del año 2010 de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en el Dictamen № 064985 de 20 de noviembre de 2009, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos y, reitera que en contra del Ordinario № 399 correspondía utilizar la vía judicial, o bien la vía administrativa, en virtud del Recurso de Reposición establecido en el artículo 59 del al Ley 19.880.

Acompaña a su presentación lo siguientes documentos: 1.- Copia de Ordinarios № 399, de fecha 30 de abril de 2018, que declara la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa y guía de despacho de correspondencia certificada; 2.- Resoluciones de multa № 8514/17/43 de fecha 26 de octubre de 2017, con guía de despacho de correspondencia certificada, de correos de chile, con cargo 08 de enero de 2018; y, 3.- Solicitud de Reconsideración Administrativa de la multa № 8514/17/43, presentado por la empresa recurrente con fecha 23 de febrero de 2018.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que en relación a la alegación de improcedencia del recurso por existir otros mecanismos jurisdiccionales para atacar el acto impugnado, parece relevante tener presente que la naturaleza jurídica de la acción cautelar contemplada en nuestra carta fundamental radica precisamente en su carácter tutelar, pues está destinada a disponer las providencias necesarias para restablecer el impero del Derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando se ha afectado un derecho esencial garantizado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”; es decir que la posibilidad que tenga el afectado de ejercer otras acciones, no puede constituir por sí solo, el único fundamento para rechazar la acción constitucional, de modo que se deje al recurrente sin la debida protección de un derecho fundamental, en tanto se pueda llegar a ejercer una acción de lato conocimiento.

Quinto: Que como ya se ha resuelto de manera sistemática por la Excelentísima Corte Suprema, el plazo de treinta días a que se refiere el citado artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, es un plazo de días hábiles, en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, esto es, no se deben computar los días sábados, domingos ni festivos.

Abona este raciocinio, el que evidentemente se trata de una instancia administrativa, que carece de una regulación legal específica, en el Código del Trabajo, en otro sentido diverso, de manera que tal materia debe regirse por la regla general contemplada en la citada ley N° 19.880, que regula los procedimientos administrativos.

Sexto: Que teniendo presente que la resolución cuya reconsideración se solicitó fue notificada el día quince de enero del año en curso y que la petición administrativa fue presentada el día veintitrés de febrero del presente año, queda establecido que esta fue presentada dentro del plazo legal.

Séptimo: Que en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues infringiendo la forma de cómputo de los plazos prevista en la ley, se ha negado a tramitar un recurso presentado dentro del plazo, afectando de esta forma la garantía prevista en los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio que no puede ser afectado y ha privado además al recurrido de su derecho a ser juzgado en el marco de un debido proceso legal.

Octavo: Que en nada afecta lo resuelto, las consideraciones vertidas por las partes en relación al fondo de la reclamación administrativa ya referida, pues aquello deberá ser resuelto por la entidad correspondiente, en el marco de un proceso debidamente tramitado.

Noveno: Que en estas condiciones y concurriendo los demás requisitos previstos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso debe ser acogido.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido a lo principal de fojas 10 y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 399, pronunciada el treinta de abril del año dos mil dieciocho, por la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, y en consecuencia se le ordena a la recurrida, dar debida tramitación a la reclamación administrativa deducida por Comercial y Transportes Trafyco S.p.A., la que ha sido interpuesta dentro de plazo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Pablo Hales Beseler.

Rol 3264-2018-PRO Pronunciado por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las Ministros señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y el abogado integrante Señor Pablo Hales Beseler.