nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE EL nombre reservado

Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 1, la SUCESIÓN DE DON nombre reservado, representada por doña nombre reservado, pensionada, domiciliada en domicilio reservado, Villa don nombre reservado, comuna de El nombre reservado, y don nombre reservado, comerciante, cuyo domicilio no proporciona, deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL nombre reservado, representada por su Alcalde, don FRANCISCO GÓMEZ RAMÍREZ y en contra de este último, cuya profesión y oficio dice desconocer, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la misma comuna, a fin de que esta Corte ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1007 de 21 de julio de este año, por el que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 959 de 27 de septiembre de 2013, que aprobó el traslado de la patente de alcoholes que indica, del domicilio ubicado en domicilio reservado, ambos de la Comuna de El nombre reservado, decreto el primero con el que según sustenta, se vulnera el derecho cautelado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

Explica que la entidad municipal y su edil, incurrieron en acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que afectan el legítimo ejercicio por la recurrente de los “derechos y garantías constitucionales reconocidas por la Ley 17.105, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, el DL N° 3063 sobre rentas municipales y la Constitución Política de la República, toda vez que la sucesión de don nombre reservado tiene un derecho adquirido sobre la patente de alcoholes N° 400085 que ampara el funcionamiento del local ubicado en domicilio reservado, la que ha sido explotada en el tiempo, ya sea directamente por los integrantes de la sucesión o por terceros a quienes se les ha dado en arriendo, mediante el ejercicio de la actividad comercial de Distribución de Vinos y Licores al por mayor.

Refiere que a través del Decreto Alcaldicio N° 959 de 27 de Septiembre de 2013, se aprobó el traslado de dicha patente al domicilio ubicado en domicilio reservado señalada comuna, el que se pretende dejar sin efecto mediante la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1007 de fecha 21 de julio del año en curso, actuación que estima ilegal y arbitraria y con la que se violenta el legítimo ejercicio de su derecho resguardado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

Señala que el Decreto Alcaldicio N° 959 que aprobó el traslado, fue acordado por la autoridad edilicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 letra ñ) de la Ley N° 18.695, es decir con el acuerdo del Concejo Municipal, cumpliendo al efecto con el procedimiento a que se refiere el Decreto Ley N° 3063-79 de Rentas Municipales y la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Agrega que hasta la fecha de dictación del Decreto recurrido, ha pagado la patente municipal, tal como lo dispone el mencionado Decreto Ley N° 3063, por lo que a su juicio, al haberse autorizado por los recurridos el funcionamiento del local comercial de propiedad de la sucesión, enrolar su patente y recepcionar (sic) el pago de la contribución correspondiente, ha adquirido el derecho de arrendar en el inmueble ubicado en domicilio reservado, dicha patente y asimismo a ejercer la actividad comercial amparada por ésta, como también a participar de las actividades productivas dentro de la comuna, sin ser discriminados en su trato por la Municipalidad recurrida.

Añade que la arrendataria de la patente comercial en comento, concurrió ante el Jefe de Rentas y Patentes de la recurrida, a fin de realizar su pago, siendo autorizada para hacerlo, pero registrando como domicilio para su explotación el correspondiente a domicilio reservado, consumándose de esta forma la conducta ilegal y arbitraria de los recurridos, ya que no aceptaron el pago de los tributos en el domicilio donde funciona la patente municipal, no obstante haber sido ello autorizado mediante el Decreto Alcaldicio N° 959.

Razona que el actuar de los recurridos constituye una afectación en grado de amenaza, perturbación e incluso privación en el legítimo ejercicio por la recurrente de derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, específicamente los derechos de igualdad ante la ley, a desarrollar actividades económicas y de propiedad.

Afirma que el primer derecho se vulneraría al haberse discriminado a su representada, caducándose su patente e impidiéndole el pago de la contribución, pese a encontrarse en situación de igualdad a los otros contribuyentes, esto es, contar con autorización para funcionar y la patente correspondiente.

Agrega que el acto recurrido también conculcaría el derecho a desarrollar actividades económicas, ya que para poder ejercerlas se requiere la patente pertinente y que ella misma se encuentre pagada conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales y 144 de la Ley de Alcoholes.

Finalmente arguye que el derecho de propiedad de la sucesión se encontraría vulnerado, al no poder ejercer el derecho de dominio sobre el inmueble y sobre la patente comercial que le habilitan para desarrollar en aquel la actividad comercial oportunamente autorizada por la autoridad municipal.

Por lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, solicita lo más arriba indicado.

SEGUNDO: Que a fojas 46, don Francisco Gómez Ramírez, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado, evacúa el informe que le fuera requerido, remitiéndose principalmente a lo resuelto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 65.434 de 2 de septiembre recién pasado, por referirse específicamente al caso de los señores nombre reservado y en el que se rechazó la reconsideración planteada por estos respecto del Dictamen N° 35.478 de 2003, que concluyó que no es procedente arrendar una patente de alcoholes de manera independiente del respectivo establecimiento de expendio de dichas bebida, toda vez que según los reclamantes, dicho pronunciamiento fue emitido antes de la entrada en vigencia de la actual Ley de Alcoholes, cuyo texto normativo permitiría el traslado de la patente y no prohibía tácitamente el arriendo de dichas patentes, infringiéndose con el señalado Dictamen los artículos 2 y 3 de la Ley 18.575, importando aquello una vulneración a las garantías fundamentales contenidas en los N°s 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. cuya reconsideración se planteó.

Adiciona como cuestión previa, que el aludido Dictámen indicó que si bien las patentes de alcoholes no pueden arrendarse en forma independiente del negocio respectivo, atendida su particular naturaleza jurídica, los dueños de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas pueden transferir su dominio o entregarlos en arrendamiento conjuntamente con sus respectivas patentes comercial y de alcoholes.

Agrega que en el Dictamen N° 11.112 de 2016, la Contraloría General de la República resolvió una presentación de doña nombre reservado, (arrendataria de la patente en cuestión) aplicando el pronunciamiento recién señalado, concluyendo en lo que interesa, que dado que las patentes de alcoholes no pueden arrendarse en forma independiente del establecimiento de expendio de dichas bebidas, no es procedente que se haya autorizado el traslado de dicha patente fundado en el contrato de arrendamiento, celebrado entre los dueños de la misma y doña nombre reservado, disponiendo además, perentoriamente, que la Municipalidad debe regularizar la situación.

Sostiene que la normativa que regula la materia está contemplada en términos similares, tanto en la Ley 17.105, vigente a la época en que se emitió el pronunciamiento impugnado, como en la actual Ley de alcoholes, aprobada en el artículo 1° de la Ley 19.925, conforme a la cual el órgano contralor emitió el Dictamen 3.596 de 2008, que concluyó en el mismo sentido, en cuanto a la improcedencia del arriendo de patentes de alcoholes con independencia del establecimiento comercial.

Manifiesta que a diferencia de lo aseverado por quienes interponen el presente recurso, el dictamen cuya reconsideración se solicita ha mantenido su vigencia y su aplicación bajo la actual normativa que regula la materia.

También recuerda que la letra ñ) del artículo 65 de la Ley 19.695 exige el acuerdo del Consejo para que el Alcalde otorgue, renueve o traslade patentes de alcoholes. Norma que en lo relativo a la exigencia para el traslado de patentes, fue incorporada por la Ley 19.602, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, encontrándose aún vigente la Ley 17.105, por lo que durante la vigencia de la antigua Ley de Alcoholes y a la época de emisión del dictamen impugnado, existían las mismas condiciones y requisitos para el traslado de la patente de que se trata. Razón por la que no es posible sostener que la legislación actualmente vigente, a diferencia de la normativa anterior, autorice el arrendamiento de las patentes de alcoholes con independencia del establecimiento en que se ejerce la actividad comercial.

Finaliza sosteniendo que pese a no indicar los reclamantes, la forma o manera en que el Dictamen N° 35.478 de 2003 infringiría los artículos 2 y 3 de la Ley 18.575 y vulneraría el artículo 19 N°s 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, produciría tales trasgresiones, hace presente que conforme a lo estatuido en la Carta Fundamental, estas últimas sólo pueden ejercerse respetando las normas legales que las regulan, lo que como se indicó en el Dictamen N° 11.112 de 2016, no ocurrió en la especie.

Por último, indica que, como es sabido, los Dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios para los entes de la administración, en particular para las Municipalidades, por lo que no puede sino concluirse que tanto el Decreto Alcaldicio N° 1007 de 21 de Julio de 2016, como el actuar municipal y de sus funcionarios, se ajustó plenamente a derecho al cumplir lo ordenado por el ente Contralor al regularizar la situación, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 959 de 27 de septiembre de 2013.

Atendido lo reseñado, pide lo anteriormente indicado.

TERCERO: Que de lo referido, y para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de los recurridos, un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a los reclamantes de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que al efecto los recurrentes allegaron a la causa, en lo que es atingente al recurso, los documentos guardados en custodia de esta Corte con el N° 164-2016, consistentes en: copia debidamente autentificada por el señor Conservador de Bienes Raíces de Talagante, de la inscripción en su registro de Propiedad, de la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de don nombre reservado, concedida por resolución de 24 de noviembre de 1986 del 5° Juzgado Civil de Santiago, a los señores nombre reservado y nombre reservado, ambos nombre reservado, a don nombre reservado y a doña nombre reservado, los tres primeros hijos del fallecido y la última cónyuge sobreviviente del mismo; copia también debidamente autentificada, de la reinscripción en el Registro de Propiedad del referido Conservador de Bienes Raíces, de la Inscripción Especial de Herencia practicada a nombre de los herederos más arriba señalados, relativa al inmueble que se indica; copia dada en la forma precedentemente dicha, de la reinscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces ya indicado, de la cesión de los derechos hereditarios que le correspondan o puedan corresponder a don nombre reservado, en la herencia quedada al fallecimiento de don nombre reservado; copia también autentificada de la escritura de Cesión de Derechos de Patente de Alcoholes otorgada con fecha 30 de Agosto del año en curso, por la que don nombre reservado vende, cede y transfiere a doña nombre reservado, quien acepta para sí, la totalidad de los derechos hereditarios en la Patente Distribuidora de Vinos, Licores y Cervezas al por Mayor, Rol N° 400085, clasificada según la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas, en el artículo 3° letra J y ante el Servicio de Impuestos Internos, con el N° 62.111, según Decreto Alcaldicio N° 1007 de 21 de julio de este año, de la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado en el domicilio ubicado en domicilio reservado, de dicha comuna, todo ello conforme a las estipulaciones que en dicho instrumento se pactan; copia simple de contrato de arrendamiento celebrado el 1 de Junio de 2013, entre doña nombre reservado como arrendadora y doña nombre reservado en calidad de arrendataria, por el que la primera, en representación de la Sucesión nombre reservado, da en arrendamiento a la segunda de las mencionadas, quien acepta para sí, la patente de alcoholes de giro Distribuidora de Vinos y Licores al por Mayor, según clasificación del artículo 3 letra J de la Ley 19.925, sobre Expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas, Rol N° 400085 de la I. Municipalidad de El nombre reservado, que en lo que interesa, según se indica en la cláusula segunda, “será instalada por esta (la arrendataria) en el local comercial ubicado en domicilio reservado, Comuna de El nombre reservado… realizando bajo su costo la tramitación respectiva del cambio de domicilio de dicho instrumento comercial ante la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado, en virtud a la legislación que rige para estos efectos”; copia de la modificación de dicho pacto efectuada el 30 de noviembre de 2015, relativa sólo al monto de la renta de arrendamiento; fotocopia simple de Acuerdo N° 83 del Concejo Municipal de El nombre reservado, fechado el 11 de septiembre de 2013, en el que se indica que en Sesión Ordinaria del ente emisor, se aprueba por unanimidad el traslado de la Patente de Alcoholes del Giro Distribuidora de Vinos y Licores al por mayor de la sucesión nombre reservado, para que funcione el Local Comercial ubicado en domicilio reservado, de la contribuyente nombre reservado; copia simple de Decreto Alcaldicio N° 959 de 27 de septiembre de 2013 de la Municipalidad de El nombre reservado, por el que se otorga el traslado de la Patente de Alcoholes del Giro “Distribuidora de Vinos y Licores al por mayor”, a nombre de Sucesión nombre reservado, de domicilio reservado El nombre reservado a domicilio reservado también El nombre reservado, Rol N° 400085, categoría J I; copia también autentificada del Dictamen N° 35.478 de la Contraloría General de la República, de 18 de Agosto de 2003, en el que el ente Contralor pronunciándose respecto al arrendamiento de las patentes de alcoholes, por las razones que expresa, establece que “las patentes de alcoholes sólo pueden arrendarse con el respectivo establecimiento”, indicando al efecto que “atendida su particular naturaleza jurídica, los dueños de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas pueden transferir su dominio o entregarlos en arrendamiento con sus respectivas patente comercial y de alcoholes.”; dos copias, una autentificada y otra simple, del Dictamen N° 11.112 de la Contraloría General de la República, de 11 de Febrero del año en curso, dirigida al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado, que en lo pertinente y pronunciándose precisamente sobre el traslado de la patente de alcoholes motivo de este recurso, perentoriamente indica: “…las patentes de alcoholes no pueden arrendarse en forma independiente del establecimiento de expendio de dichas bebidas, por lo que no resultó procedente que se haya autorizado el traslado respecto de aquella, fundado en el referido convenio, correspondiendo que esa entidad edilicia adopte las medidas tendientes a regularizar la situación en que se encuentra la señora nombre reservado, de las cuales informará a este Organismo Contralor en iguales términos a los ya indicados (aplica criterio contenido en Dictamen N° 35.478, de 2003)”; Ord. N° 788 de 11 de Noviembre de 2015, dirigido por el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado al señor Contralor General de la República, por el que se remite a este último la información requerida en relación a la presentación de la señora nombre reservado ante la autoridad de control y que originó el Dictamen recién reseñado; copia autentificada del Decreto Alcaldicio N° 1007 de 21 de Julio de este año, por el que considerando el Decreto Alcaldicio N° 959 de 27 de septiembre de 2013, el Acuerdo N° 83 de 11 de septiembre de 2013, el contrato de arrendamiento de patentes de alcoholes de 1 de junio de 2013 entre la Sucesión nombre reservado y doña nombre reservado, el Dictamen N° 11.112 de 2016 de la Contraloría General de la República, todos más arriba pormenorizados, la sesión del Consejo Municipal de 20 de julio de este año, los Dictámenes de la Contraloría General de la República y normas legales que se citan, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 959 ya señalado, que aprueba el traslado de la Patente de Alcoholes precedentemente indicada desde y hacia el domicilio antes referido, “en conformidad al Dictamen de la Contraloría General de la República que señala lo siguiente ‘Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al contrato de arrendamiento que se celebró en la especie respecto de la patente de distribuidora de vinos y licores al por mayor, es menester señalar que las patentes de alcoholes no pueden arrendarse en forma independiente del establecimiento de expendio de dichas bebidas, por lo que no resultó procedente que se haya autorizado el traslado respecto de aquella, fundado en el referido convenio, correspondiendo que esa entidad edilicia adopte las medidas tendientes a regularizar la situación en que se encuentra la señora nombre reservado, de las cuales informará a este Organismo Contralor en iguales términos a los ya indicados (aplica criterio contenido en Dictamen N° 35.478, de 2003)”; por último, una serie de declaraciones juradas, peticiones de renovación de patente y certificados de antecedentes tanto de los recurrentes como de la señora nombre reservado, relativa a la patente de alcoholes de que se trata.

Por su parte, la autoridad recurrida adjuntó los documentos que se leen de fojas 23 a 45, consistentes en los Decretos Alcaldicios N° 1007 y N° 959 ya reseñados; petición de informe de la Contraloría General de la República a la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado, en relación a la presentación de los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que también se adjunta, por la que piden reconsideración del Dictamen N° 35.478 de 2013; petición de la señora nombre reservado al señor Alcalde recurrido, a fin de que autorice el funcionamiento de “la patente de alcoholes” que motiva esta causa, en el local de domicilio reservado, hasta que el órgano de control emita su pronunciamiento definitivo sobre la reconsideración ya dicha; Ord N° 503 de 5 de Julio de este año, por el que el ente edilicio informa a la Contraloría General de la República lo requerido en relación a la señalada reconsideración; Dictamen N° 65.434 de 2 de Noviembre de 2015, del Organo Contralor, por el que se rechaza la petición de reconsideración anteriormente reseñada; Dictámenes N° 35.478 de 18 de Julio de 2003 y 11.112 de 11 de febrero recién pasado y el Acuerdo N° 83 del Consejo Municipal de El nombre reservado, los tres ya detallados en lo que antecede.

SEXTO: Que del examen de los elementos de convicción precedentemente pormenorizados, especialmente los Dictámenes de la Contraloría General de la República descritos en lo que antecede y los Decretos Alcaldicios precitados, unidos a los restantes antecedentes aportados y más arriba indicados, apreciados en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, llevan a dar por cierto que la Sucesión de don nombre reservado es titular de la Patente de Alcoholes N° 400085 del Giro Distribuidora de Vinos y Licores al Por Mayor, primitivamente autorizada para amparar el giro del negocio ubicado en domicilio reservado.

También es incuestionable que previo acuerdo del Consejo Municipal, el señor Alcalde recurrido, a través del Decreto Alcaldicio pertinente, autorizó el traslado de dicha patente para proteger el ejercicio del negocio en domicilio reservado de la misma comuna, perteneciente a doña nombre reservado, quien para tal propósito arrendó dicha patente a su titular en junio de 2013.

Asimismo, es inconcuso que la Contraloría General de la República conociendo de los antecedentes, y acorde a lo sostenido por ella en relación al arrendamiento y traslado de las patentes de alcoholes, a la luz de las normas que rigen y han regido la materia, a lo menos desde el año 2003, constató y declaró la improcedencia del traslado de la patente antes anotado, por obedecer este a un contrato de arrendamiento celebrado sólo respecto de la patente, vale decir de manera independiente del establecimiento que ampara. Razón por la que ordenó imperativamente a la autoridad edilicia, regularizar la situación de la señora nombre reservado. Requerimiento que claramente fue cumplido por los recurridos mediante la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1007 del año en curso, a través del cual se dejó sin efecto el Decreto que autorizaba el señalado traslado.

SEPTIMO: Que este último constituye exactamente el acto denunciado por los recurrentes como ilegal y arbitrario y que amenaza, perturba y le priva el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y el derecho de propiedad, resguardados respectivamente en el artículo 19 N° 16, 21 y 24.

OCTAVO: Que por consiguiente, habiéndose establecido la efectiva ocurrencia del hecho o acto denunciado de ilegal y/o arbitrario por la recurrente, se hace necesario determinar la efectividad de aquello.

NOVENO: Que al respecto, teniendo especialmente presente lo señalado en el motivo sexto de esta sentencia, específicamente lo resuelto por la máxima autoridad de control de los entes de la Administración del Estado, entre ellos, los Municipios, en los Dictámenes precitados, en los que por lo razonado y concluido en ellos, perentoriamente se ordena al ente edilicio adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación de la señora nombre reservado en relación al arriendo y traslado de la patente N° 400085, forzoso es concluir que la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado y su Alcalde, al dictar el Decreto Alcaldicio N° 1007, cuya invalidación se solicita, actuaron con perfecto apego y en cabal cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República en cuanto al traslado de la señalada patente. Lo que claramente imposibilita estimar que la dictación de dicho Decreto y el contenido del mismo sea ilegal y menos aún arbitrario.

DECIMO: Que por otra parte, tampoco es posible visualizar perturbación, amenaza o privación del legítimo ejercicio por la recurrente de los derechos con resguardo constitucional contenidos en el artículo 19 N°s 16, 21 y 24, ni algún otro, desde que no se vislumbra la forma o manera en que se afecte el derecho “a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”; “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, ni el derecho de propiedad. Puesto que como se ha establecido en lo que antecede, al Decreto Alcaldicio del que se reclama, en todo caso, sólo afecta el traslado de la patente a un determinado domicilio, por no cumplirse los presupuestos legales para ello. Lo que no impide de manera alguna a la reclamante ni a sus representantes, su libre contratación y elección de algún trabajo, a desarrollar alguna actividad económica con arreglo a las normas que la regulan, ni el derecho de propiedad en sus diversas formas, también con estricta sujeción a la ley.

UNDECIMO: Por consiguiente, no encontrándose establecida la realización por los recurridos de un acto ilegal o arbitrario que haya podido conculcar el legítimo ejercicio por la recurrente o sus representantes de alguno de los derechos o garantías constitucionales cautelados por esta acción, impide dar por concurrentes en este caso, los supuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección en análisis, lo que necesariamente conduce a que este deberá ser desestimado.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 1 por la Sucesión de don nombre reservado, representada por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de El nombre reservado, representada por su Alcalde, don Francisco Gómez Ramírez, y en contra de este.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

ROL N° 3264-2016.

Pronunciado por las Ministros señora María Teresa Letelier Ramírez, señora María Soledad Espina Otero y señora Adriana Sottovia Giménez. Se deja constancia que que no firman las Ministras señora María Soledad Espina Otero y Adriana Sottovia Giménez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.

En Santiago a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.