nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del extranjero, de 12 de agosto de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 8 de julio de 2025 el actor solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo y anexos con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cedula de identidad vigente y constancia del Seguro Social de su país de origen.

Añade que el 12 de agosto pasado fue notificado del rechazo de su solicitud, fundado en que “(…) En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 01 de julio de 2025 no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 06 de noviembre de 1996 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Además, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, por lo que tampoco se puede considerar la declaración jurada, para dar continuidad a su trámite (…)”.

Estima haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, imponiéndosele una condición imposible de cumplir, lo que constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Afirma que el recurrente sigue estando afiliado al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de seguros Sociales.

Denuncia que la negativa de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, se reconozca como válida la documentación acompañada, se instruya a la recurrida a seguir con la tramitación de la petición y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, sosteniendo que esta acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

Afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, y que su actuación se ha ajustado estrictamente a la normativa legal y administrativa vigente. Expone que la devolución de fondos previsionales solicitada por el recurrente se rige por la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional que establece requisitos copulativos y estrictos para su procedencia, cuyo cumplimiento debe ser verificado rigurosamente por las administradoras de fondos de pensiones, en atención a la naturaleza del beneficio y al resguardo del sistema previsional.

Señala que, conforme a dicha normativa y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, resulta indispensable que el solicitante acredite, de manera fehaciente, su afiliación efectiva y vigente a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante el período en que prestó servicios en Chile. Indica que la documentación acompañada por el recurrente –consistente en una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y declaración jurada– no permite verificar con certeza tales extremos, por carecer de legalización o apostilla que asegure su autenticidad y validez, y por no contener una certificación expresa de vigencia de la afiliación durante el período laboral relevante.

Añade que la exigencia de apostilla o legalización no constituye un requisito arbitrario ni antojadizo, sino una medida mínima de control destinada a verificar la autenticidad de documentos emitidos en el extranjero, exigencia que se aplica de manera uniforme a todos los solicitantes y que resulta necesaria para evitar devoluciones improcedentes de fondos previsionales.

Concluye solicitando se rechace el recurso de protección en todas sus partes, por inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida.

Tercero: Que, asimismo, informa la Superintendencia de Pensiones y detalla que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterados en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Afirma que, como se evidencia tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que el “certificado electrónico de cotizaciones” aportado por la parte recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el actor, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que La Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por una entidad de su país de origen –documento no legalizado ni apostillado y que además se encuentra vencido–, y una declaración jurada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Además, la situación del país de origen del recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Undécimo: Que, finalmente, cabe hacer presente que los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3244-2025 Protección