nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

San Miguel, trece de marzo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, auxiliar Grado 10, domiciliado en domicilio reservado, para interponer acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de San Miguel, representada legalmente por su Alcaldesa, Erika Martínez Osorio, ingeniera civil, ambas con domicilio en domicilio reservado, con motivo de la desvinculación del servicio municipal mediante la terminación de su nombramiento a contrata, acto que estima arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías de igualdad ante la ley, juez natural, respecto y protección a la vida privada y la honra, libertad de trabajo y propiedad, consagrados en los numerales 2, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que desde el 1 de agosto de 2017, desempeñó ininterrumpidamente funciones para el municipio, hasta el 31 de marzo de 2022, bajo modalidad a honorarios, y a partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, en calidad a contrata.

Luego el 30 de noviembre de 2022, fue notificado del Decreto Alcaldicio N°1560, de la misma fecha, mediante el cual se pone término a sus funciones, aludiendo entre sus fundamentos la transitoriedad del nombramiento y que la contratación no goza de confianza legítima que obliga a mantener el vínculo contractual.

No obstante, refiere que no ha concurrido ninguna causal para poner término a sus funciones, tornando la decisión en ilegal y arbitraria, toda vez que invocar la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” como fundamento, contraviene el principio de confianza legítima que lo favorece, al haber prestado servicios ininterrumpidamente desde de agosto de 2017, producto de sucesivas renovaciones.

Añade que existiría afectación a su garantía de igualdad, en tanto existen varios funcionarios en su misma situación que se han mantenido en sus funciones; a su garantía al juez natural, al serle aplicada una sanción de expulsión sin que haya emanado de una autoridad legalmente constituida que ejerza jurisdicción; a su vida privada y honra, en tanto, su desvinculación se constituye en un pésimo antecedente en su hoja de servicios que provocará dudas respecto de su desempeño laboral; a su libertad de trabajo, en la medida que se atenta contra su fuente de sustento económico y su derecho de propiedad sobre la estabilidad en empleo en la Administración del Estado.

Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1560, se disponga el reintegro a sus funciones y se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios que procedan desde la fecha en que ha permanecido privado de sus funciones, con costas.

Segundo: Que evacua informe al tenor del recurso, el abogado Gustavo Canessa Toro, en representación de la I. Municipalidad de San Miguel, quien solicita el rechazo de la acción interpuesta.

Sostiene que la I. Municipalidad de San Miguel no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, por cuanto la decisión de no renovar la contrata del señor nombre reservado se ha ajustado al marco normativo vigente, en tanto se ha fundado en la transitoriedad de los servicios prestados y el cumplimiento del procedimiento interno dispuesto para tales efectos, consistente en requerir informes tendientes a verificar la existencia de investigaciones disciplinarias o la mantención de deudas con el municipio, cuestión que se habría cumplido a través del Memorándum E N°48/2022, de 22 de noviembre de 2022, del Jefe del Departamento de Personal (S).

Refiere que resultaron de especial relevancias las cartas remitidas, en el marco de dicho procedimiento, por la Directora(s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y una funcionaria a honorarios, que pusieron en conocimiento del municipio hechos que darían cuenta de una cuestionable ética del recurrente, consistentes en reproches a la capacidad o aptitud de sus pares o usuario del servicio o arrogarse la representación de colegas para efectuar peticiones a la autoridad, sin tenerla, contribuyendo a generar un mal ambiente de trabajo en un área de permanente atención al público, como lo es el Departamento de Higiene Ambiental, en que ello resulta especialmente perjudicial. Añade que, ponderada tales circunstancias conforme a los previsto en el artículo 35 y 41 de la Ley 19.880, se estimaron suficientes para dictar el acto administrativo que se impugna.

Cuestiona la alegación del recurrente en orden a verse amparado por confianza legítima conforme al Dictamen N°E173171 de la Contraloría General de la República, pues el referido dictamen no limita las potestades que tienen las municipalidades para renovar las contratas, y en cualquier caso, habiendo sido el recurrente contratado para cumplir labores en un programa comunitario, como los es el programa de tenencia responsable de mascotas, su anterior contratación a honorarios se encuentra excluida de la posibilidad de mutar a una contrata amparada por la referida confianza, encontrándose, en consecuencia, debidamente ajustada a derecho la decisión de su no renovación.

Finalmente sostiene, que no existe vulneración de ninguna de las garantías invocadas, toda vez que la decisión adoptada se basó principalmente en el desempeño de los servicios funcionarios y la consideración de no verse amparado el recurrente por la confianza legítima, tal como ocurrió con otros funcionarios en situaciones similares, que no ha existido atribución alguna de funciones jurisdiccionales, intensión de afectar su honra, atentar contra su libertad de trabajo o su propiedad, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto, como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, en estos autos el recurrente reclama que con fecha 30 de noviembre de 2022, fue notificado del Decreto Alcaldicio N° 1560, a través del cual la recurrida decide poner término a sus funciones de manera arbitraria, ilegal y vulneratoria de sus garantías de igualdad ante la ley, juez natural, respecto y protección a la vida privada y la honra, libertad de trabajo y propiedad, consagrados en los numerales 2, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pidiendo a través del presente arbitrio, se disponga el reintegro a sus funciones, se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios que procedan desde la fecha en que ha permanecido privado de sus funciones, con costas.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes allegados a los autos, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que a contar del 1 de agosto de 2017, el recurrente comenzó a prestar servicios para la recurrida, en virtud de un contrato a honorarios, vinculación que se fue renovando de manera sucesiva en el tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021, según da cuenta Decreto Alcaldicio N° 181 de 12 de febrero de 2021.

2.- Que consta en Decreto Alcaldicio N°532 de 8 de abril de 2022, que se contrata en calidad de contrata al demandante por el período comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre, ambos de 2022 y mientras sean necesarios sus servicios.

3.- Que en virtud de la calificación profesional del recurrente, médico veterinario, y mientras prestaba servicios en calidad de honorarios ejecutó labores en Actividades Programa Tenencia Responsable de mascotas, las que desarrolló durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.- 4.- Que el Director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, o quien lo subrogue era el responsable de velar por el cumplimiento de tales funciones.

5.- Que la calidad de contrata que adquirió el recurrente en abril de 2022, lo fue para cumplir funciones en el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

6.- Que con fecha 30 de noviembre de 2022, mediante comunicación escrita se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2022.

Séptimo: Que a fin de dilucidar la controversia planteada, corresponde dejar establecido de manera previa, que según los hechos asentados a través de los medios allegados al expediente digital y antes singularizados, es posible constatar que la relación entre recurrente y recurrida se extendió desde el 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2022 y, que, sin perjuicio de la denominación que tal vinculación contractual adquirió en el transcurso del tiempo, lo cierto es que el recurrente desde siempre se desempeñó en el mismo programa, ejecutó las mismas labores y estuvo bajo la dirección del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, antecedentes de hecho que permiten sostener que las labores que ejecutó el recurrente eran actividades propias del departamento de aseo y ornato.

Octavo: Precisado lo anterior y a fin de hacerse cargo de las alegaciones del recurrente, también importa dejar consignado que el cargo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, los que duran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. En consecuencia, tal contratación tiene como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

Así también con ocasión del Dictamen N°22.766 de 24 de marzo de 2016, emanado por la Contraloría General de la República, se estableció que si la Administración a través de sus actuaciones ha renovado una contrata de manera recurrente, ello genera en el funcionario público la confianza legítima que se repita en lo sucesivo, al ser el comportamiento habitual del servicio.

En este dictamen entonces se aplica a esta materia el principio de la protección de la “confianza legítima”, que se traduce en la expectativa y creencia que no se cambiará una práctica reiterada por parte de la Administración, dado que se genera la convicción que se seguirá actuando de manera similar.

Señala también, que en caso que una autoridad administrativa, conforme a sus facultades, decida no renovar una contrata, debe hacerlo por una razón fundada y para ello tiene que emitir un acto administrativo que explique los fundamentos de tal decisión, fortaleciendo la estabilidad en el empleo público, pero al mismo tiempo reforzando la relevancia de considerar la eficiencia y el buen desempeño de los funcionarios, pues de lo contrario la respectiva jefatura tendrá fundamentos para la no renovación.

Noveno: Que, de esta forma considerando lo expuesto de manera precedente, la circunstancia que el demandante se desempeñó por más de dos años en el servicio, cumpliendo idénticas funciones en el mismo programa dependiente del Departamento del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, no resulta atendible el argumento planteado por la recurrida en este caso, en el sentido de no computar para la configuración del principio de confianza legítima aquel periodo servido por el actor bajo contrato a honorarios, por cuanto el desarrollo posterior de la relación contractual habida entre las partes deja en evidencia que don nombre reservado, no prestó labores accidentales e inhabituales, tal como lo exige el artículo 4 de la Ley Nº 18.8883, sino todo lo contrario, pues continuó desempeñando sus funciones en iguales condiciones con motivo de su vinculación a contrata.

Décimo: Que, en este escenario entonces, se exige que en la resolución que contenga la decisión de no renovación de la contrata, se considere lo previsto en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la que se asegura un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880.

Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo deba realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Undécimo: Que en consecuencia, la decisión administrativa que por esta vía se impugna resulta ilegal y arbitraria. Ilegal pues va en contra de la normativa ya citada que debió observar la recurrida, y también es antojadiza al decidir la separación de funciones del recurrente invocando únicamente la transitoriedad del nombramiento realizado y que su contratación previa, no goza de confianza legítima, circunstancias que fueron desvirtuadas a través del presente recurso, constituyendo en consecuencia tal decisión una vulneración al derecho de la igualdad, contenido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al imponer diferencias arbitrarias a la hora de fundamentar los actos administrativos, como es el no disponer la renovación de la contrata.

A mayor abundamiento la decisión de la recurrida se estima arbitraria, por cuanto el Decreto Alcaldicio que por esta vía se impugna indica en el punto 7 de la parte considerativa, referencia a un hecho subjetivo, ajeno al parámetro objetivo que determina la normativa aplicable, pues aquel hace alusión al actuar del recurrente y su vinculación con los demás funcionarios del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, señalando: “7.- Que, la alcaldesa infrascrita hará suya las conclusiones y la antecedentes señalados por el Sr. nombre reservado, de fecha 28 de noviembre de 2022, a través del cual se da cuenta, de lo antecedentes tenidos a la vista exhiben conductas reprochables ética y profesionalmente por parte del funcionario abajo indicado, tales como cuestionamientos a la labor profesional de sus pares y ausencia de competencias necesarias para una adecuada relación laboral entre los mismos.

En resumida síntesis, se aprecia que el funcionario en cuestión genera un mal ambiente laboral que perjudica la recta marcha del servicio que debe brindar el Departamento de Higiene Ambiental a la comunidad, motivo por el cual no se renovará su contrata para la anualidad siguiente.”

Sin duda y a partir de los mismos informes, bien pudo la administración municipal utilizar las herramientas disciplinarias que el estatuto jurídico administrativo contempla y ajustar su actuar al debido proceso que una situación de esta naturaleza conlleva.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de San Miguel, y se dispone:

I. Que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1560 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictado por la Sra. Alcaldesa de la I. Municipalidad de San Miguel, y las actuaciones administrativas que de él se deriven, procediendo en consecuencia a la reincorporación de don nombre reservado, en pleno ejercicio de sus derechos, deberes y obligaciones, en la Municipalidad de San Miguel;

II. Que se ordena a la Municipalidad de San Miguel el pago de todas las remuneraciones y estipendios que le correspondan, debidamente reajustados, desde la fecha en que estuvo separado de sus funciones y hasta la fecha de su efectiva reincorporación.

Redacción ministra (S) Alondra Castro Jiménez Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°32273-2022 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte, integrada por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora Alondra Castro Jiménez y señor Carlos Hidalgo Herrera.