nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y arbitrario que consiste en rechazar, mediante comunicación de 25 de julio de 2025, su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156.

Señala que pidió la devolución a través del portal web de la administradora y que ésta rechazó el retiro por estimar que el título presentado corresponde a formación para el trabajo y no a nivel técnico profesional, y porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acreditar la cobertura previsional en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de servicios en Chile, ni sería suficiente la declaración jurada acompañada.

Afirma que su título técnico de asistente administrativo en administración de empresas, de dos años y seis meses de duración, se ajusta al concepto de “técnico” del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y que la constancia electrónica de cotizaciones fue emitida por la autoridad venezolana competente y contiene un código alfanumérico de verificación que permite corroborar en línea su afiliación al régimen de seguridad social, por lo que estima cumplidos los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156.

Sostiene que la constancia de afiliación electrónica puede ser verificada directamente en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya sea ingresando el código de verificación consignado al pie del documento o el número de cédula de identidad venezolana, de modo que la AFP cuenta con distintos medios tecnológicos para comprobar su autenticidad y cobertura.

Alega que Provida rechazó la solicitud sin realizar dichas verificaciones, agregando además exigencias no contempladas en la ley, como la vigencia específica del certificado o su legalización y apostilla, pese a tratarse de un documento electrónico emitido por organismo público extranjero y plenamente comprobable en línea.

Refiere que la Ley N° 18.156 solo requiere que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo exprese la voluntad de mantener dicha afiliación, sin imponer formalidades adicionales respecto de la fecha o forma del certificado. Añade que la exigencia de apostilla o legalización desconoce la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile y la dificultad objetiva de obtener tales documentos, configurando un obstáculo imposible de superar que contraviene el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor.

Califica el rechazo como acto ilegal y arbitrario por apartarse de la normativa especial y del sentido de la Ley N° 18.156, destinada a facilitar que técnicos extranjeros mantengan un solo sistema previsional y puedan luego disponer de sus ahorros en Chile. Afirma que la decisión recurrida infringe las garantías del artículo 19 N° 2, al otorgarle un trato desigual respecto de otros solicitantes en situación similar, del artículo 19 N° 24, al impedirle disponer de sus ahorros previsionales sin base legal suficiente, y del artículo 19 N° 26, al imponer condiciones y requisitos no previstos que afectan la esencia de dicho derecho.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitrario el acto de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que rechaza su solicitud de retiro de fondos para extranjero y ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponiendo que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho que permita la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable o el que esta Corte determine, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Sostiene, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para resolver cuestiones de lato conocimiento y carácter contradictorio, pues no existe un derecho indubitado sino controvertido, relativo a la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156. Indica que el recurso pretende, en los hechos, discutir en sede cautelar la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500 y del régimen del sistema de pensiones, lo que excede el objeto del artículo 20 de la Constitución.

Expone que ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente de fecha 25 de julio de 2025 porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida y no cumplía las exigencias de legalización o apostilla ni de detalle de coberturas previsionales, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla.

Señala que la Ley N° 18.156 es una norma excepcional que solo permite la exención de cotizar y el retiro de fondos a técnicos extranjeros que acrediten copulativamente su calidad de técnicos mediante títulos debidamente legalizados, su afiliación previa a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte mediante certificación igualmente legalizada y la manifestación expresa en el contrato de mantener dicha afiliación.

Afirma que la documentación aportada por la actora no cumple estos requisitos y que la administradora debe observar estrictamente la normativa legal y las instrucciones de la Superintendencia, por lo que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario ni ha privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así́ como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no acredita que hubiese podido acceder a la cobertura, y el titulo presentado corresponde a un certificado de trabajador calificado para un oficio, no cumpliendo con las exigencias legales establecida. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3216-2025 Protección