nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE Y OTRO (ES PARTE: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

San Miguel, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Comparece el abogado Alejandro Morales Alegría en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad chilena, cédula de identidad N°RUT reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado interponiendo recurso de protección en contra del Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, General Inspector don nombre reservado y en contra del Mayor y Comisario de la 42va. Comisaría de Radio Patrullas e Intervención Policial, don nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos con ocasión de la notificación efectuada el 23 de noviembre de 2022 por medio de la cual se pone término a su relación laboral de forma repentina, inesperada y arbitraria al fundamentarla en la causal descrita en el artículo 57 N°4 de la Orden General de Carabineros N°1957 de 18 de agosto de 2010, que regula la Directiva del Personal Contratado por Resolución; conculcándose de este modo sus garantías constitucionales contempladas en los N°2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Funda su recurso en el acta de notificación personal de 23 de noviembre de 2022, que puso término a sus servicios, ordenó la entrega de su credencial, sacar sus especies personales de inmediato del interior de la comisaria, quedar liberada del servicio y se le hizo entrega de una copia incompleta de la Resolución Exenta Nº110207/3830/2022, de 21 de noviembre de 2020, adjunta al acta y emitida por la Dirección Nacional de Personal (P5) de fecha 21 de noviembre de 2022, que en lo pertinente resuelve no prorrogar su designación a contrata en el cargo de cocinera grado 13° de la Escala de Carabineros, la que se encontraba vigente hasta el 31 de diciembre de ese año, conforme a la causal de vencimiento del plazo establecida en el N°4 del artículo 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (CPR), aprobada por Orden General N°1957, de 18 de febrero de 2010.

Expone la recurrente que fue contratada en Carabineros de Chile para prestar servicios como ranchero (cocinera) en dependencias de la 42° Comisaría de Carabineros de Radiopatrullas e Intervención Policial, bajo la modalidad C.P.R. (civil contratado por resolución) mediante Resolución N°838 de 13 de agosto de 2015, de la Dirección Nacional de Personal de la institución.

Indica que en los primeros 5 años siempre fue evaluada en lista 1 de méritos, siendo considerada en ítems y criterios de calificación destacable durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 por sobre una puntuación no menor de 45 puntos, cumpliendo siempre sus obligaciones de manera eficiente y esmerada.

Sostiene que su desvinculación es ilegal y arbitraria, ya que se fundamenta vagamente en un supuesto desempeño deficiente de su función y por contar con anotaciones disciplinarias.

Agrega que dichas sanciones no habrían sido el resultado de un debido proceso, que le permitiese defender sus derechos correctamente. Explica que en forma injustificada se le responsabilizó de haber faltado el respeto a un superior jerárquico (alzando la voz), imponiéndole de plano el Comisario de la 42° Comisaría don nombre reservado una “censura”, sanción que apeló sin que a la fecha se haya resuelto su recurso administrativo; agrega que a ello se sumaron los malos tratos del Subcomisario de la unidad.

Expone que “nunca fui notificada correctamente, en menor medida se me hicieron entrega de las copias de las evaluaciones de desempeño, por ello evidentemente nunca pude contrarrestar e impugnar aquellos criterios de evaluación de desempeño tenidos en cuenta, según opiniones genéricas de los dos Oficiales Calificadores en mis dos últimos períodos Calificatorios año 2021 y 2022 respectivamente.”, agregando que al acceder a las copias, tomó noticia que las causas de fondo de su no renovación del contrato son consecuencias de su baja calificación.

Afirma que desde fines de abril de 2022, fue víctima de actos persecutorios por parte del Mayor nombre reservado y el Subcomisario González, los que, a su juicio, importaron acoso laboral, como cambios de horario, asignación de otras tareas no establecidas en el contrato, lo que afectó su integridad física y psíquica, la llevó a tener licencias médicas psiquiátricas, que fueron cuestionadas en forma reiterada por el Mayor nombre reservado, ya que no creía en su enfermedad señalando que ella era la causante de problemas en el funcionamiento administrativo de la unidad, ya que otros carabineros debían asumir sus funciones.

Estima que ha existido ilegalidad y arbitrariedad en la medida, toda vez, que en primer lugar, su desempeño fue evaluado años 2021 y 2022 por dos Oficiales Subalternos distintos, del escalafón de orden y seguridad, respecto de quienes nunca estuvo bajo su dependencia ni control jerárquico o laboral, los que describieron en sus conclusiones de manera arbitraria factores como: “es sancionada con una censura”, sin embargo dicha apelación está aún pendiente; que “presenta deficiencias y baja calidad en el servicio en la 42° Comisaría de Radiopatrullas, siendo sus labores asumidas por otros funcionarios, lo que ha conllevado a un trastorno del rodaje administrativo.” Y, “demuestra falta de compromiso y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, máxime los años de servicio en la institución.”

Sostiene que lo anterior es una apreciación carente de motivos, reiterando que la circunstancia de que otros funcionarios asumieran sus labores -lo que también se indica en la resolución recurrida-, se debe a los reposos médicos tanto por la lesión sufrida en el trabajo como por sus licencias psiquiátricas a causa del acoso laboral sufrido. Insiste que no hay ningún otro antecedente válido, certero que diga lo contrario, como tampoco existen otros que den cuenta de alguna deficiencia en su desempeño laboral, solo se enuncian “poco compromiso” “poca acuciosidad”, “baja calidad” sin darle contenido a aquello, reiterando que todo ello es causal de sus licencias médicas.

Enfatiza que, en este contexto, no se le permitió deducir alegaciones o presentar sus descargos respecto de tales evaluaciones con puntuaciones y apreciaciones deficitarias, ello por falta de notificación de tales calificaciones; toda vez que no le fueron notificadas personalmente, no tuvo acceso a sus evaluaciones en los años 2021 y 2022, solo lo hizo fuera de plazo, desconociendo el motivo de no entregarlas personalmente, solo se indica que fueron notificadas por carta certificada a través de Correos de Chile y que no presentó recurso alguno, quedando de esta forma en la más absoluta indefensión.

Luego, indica las normas reglamentarias infringidas por los recurridos, que dicen relación con las notificaciones de las evaluaciones.

Señala que el acto que le perjudica carece de razonabilidad y afecta el principio “confianza legítima” “en la renovación de acuerdo a un criterio general de funcionamiento del servicio y de su permanencia en el cargo por más de siete años.”

Reitera que la medida disciplinaria de “censura” considerada en su calificación del año 2021 no se encuentra afirme, puesto que está pendiente la resolución de su recurso administrativo.

Refiere que por lo expuesto, el acto impugnado se vuelve arbitrario e ilegal, al vulnerar la confianza legítima en la renovación de su cargo que ejerce por varios años, siendo insuficientes las razones que se señalan en el mismo para fundar su no renovación, lo que afecta su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre el cargo en cuestión.

Finaliza el recurso solicitando que se deje sin efecto el acta de notificación de 23 de noviembre de 2022 emitido por la 42° Comisaría de Radiopatrullas, se anule la Resolución Exenta 110207/3830/202 de la Dirección Nacional de Personal de 21 de noviembre de 2022 y se elimine la medida disciplinaria de censura de su hoja de vida al no encontrarse ejecutoriada, todo ello con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso, don nombre reservado, General Inspector y Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, señalando que se contrató a la recurrente a contar del 13 de agosto de 2015, como ranchero (cocinera) con contrato por resolución, grado 14º de la Escala de Sueldos de Carabineros de Chile, para prestar servicios en la 42° Comisaria dependiente de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial; nominación que se mantuvo hasta el 26 de marzo de 2019, en que se renovó su contrato en grado 13º, el que fue prorrogado anualmente y en los mismos términos hasta el año 2022. Posteriormente, la Dirección Nacional de Personal, mediante la Resolución Exenta Nº 110207/3830/2022, de 21 de noviembre de 2022, resolvió poner término al contrato de la recurrente, por no renovación, conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.), notificada de manera personal el 23 de noviembre de 2022.

Indica que los nombramientos a contrata son de carácter transitorio y tienen por objeto la satisfacción de determinadas necesidades institucionales, de acuerdo al artículo 7° de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros y demás normativa reglamentaria al efecto.

En este contexto, refiere que por medio de diversos dictámenes que señala, la Contraloría General de la República precisó que el Personal Contratado por Resolución, calidad que detentaba la recurrente, se rige por lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 18.961; 10, 36 y 37 del DFL N°2 (ex Interior) de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y, complementariamente, por las pertinentes órdenes generales de la Institución.

Añade, que en ese orden de ideas, el artículo 1° de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.) aprobado mediante la Orden General N°1.957 de 18.08.2010, señala: “este personal es aquel que desempeña determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, por el lapso o periodo que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año.” Por su parte, el artículo 50 de la Directiva de Personal Contratado por Resolución, establece que “las Comisiones Evaluadoras, después de terminado su funcionamiento, confeccionarán actas respectivas, que tendrán entre otros aspectos, la propuesta de renovar o no al personal que se indique, conforme a los antecedentes que deben adjuntar y que hayan tenido a la vista para tal decisión”, indicando su artículo 56 que para el caso de no renovación, la decisión se notificará al personal a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

En cuanto al principio de la confianza legítima que alega la recurrente, expresa que la Contraloría General de la República ha sostenido mediante su dictamen N°22.766 de 2016, que “las funciones de los empleados a contrata expiran el 31 de diciembre de cada año, o en el plazo determinado que dentro del mismo año señale la designación, sin perjuicio de que en aquellos casos en que el personal tenga reiteradas renovaciones, la autoridad debe emitir un acto administrativo fundado, por medio del cual exprese sus consideraciones respecto de los fundamentos legales y técnicos para adoptar tal resolución, debiendo notificar al funcionario de la decisión adoptada.”

Asimismo, indica que en el dictamen N°6.400 de 2018, el Órgano Fiscalizador impartió instrucciones y fijó criterios para los casos de no renovación de personal en calidad de contrata para los servicios públicos que indica, entre ellos, Carabineros de Chile, señalando en lo pertinente, que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, la misma Contraloría General de la República ha expresado “que el hecho que la contrata genere confianza legítima no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en lo pertinente, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación de conformidad con las disposiciones legales respectivas. (Aplica los dictámenes N° 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017). Agrega que, cuando se haya generado en el funcionario la expectativa legítima que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice la decisión de no renovar la designación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en la Ley N°19.880”. Cita además diversos dictámenes del órgano fiscalizador en los cuales se ha sostenido que “sin perjuicio de las continuas prórrogas de las contratas -desde la segunda al menos- generan en los empleados que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, para adoptar una decisión diversa es necesario que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan esa determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta y, siempre que se disponga la no renovación de la designación dentro del límite temporal del 30 de noviembre”.

Sostiene, que a su vez, el artículo 57 N°4 de la citada Directiva establece como causal de término del contrato del referido personal, el vencimiento del plazo de la contratación; lo que ha sido ratificado por el órgano contralor mediante dictamen N° 43.658 de 2010 que señala “que la no renovación de las designaciones de que se trata constituye una facultad privativa de las autoridades de Carabineros de Chile, no existiendo para aquellas la obligación de efectuar la renovación pertinente una vez vencido el plazo de duración de sus contratos.” Precisa que es posible verificar en la resolución impugnada cada una de las exigencias de la normativa señalada precedentemente.

En relación a la falta de fundamentación del acta de notificación impugnada, aduce que ella cumple con los requisitos necesarios, informando a la recurrente su no renovación por vencimiento de plazo, además de acompañar la Resolución Exenta con el detalle de los fundamentos de hecho y de derecho tenidos en cuenta para dicha decisión. Agrega que la notificación no puede calificarse como un acto administrativo, toda vez que da cuenta de un mero trámite, y que en este caso dicha acta se encuentra suscrita en los términos establecidos en el artículo 56° de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, la cual fue efectuada personalmente.

En relación a la Resolución que decreta la no renovación de la recurrente, señala que ésta se encuentra debidamente fundamentada, en ella se indican los razonamientos de hecho y de derecho que la motivan, indicándose los distintos factores que se tuvo en consideración para adoptar tal decisión, tales como la baja evaluación de desempeño correspondiente al año 2022 en que la recurrente obtuvo 13 puntos, de un total de 48, con opinión desfavorable del calificador y recomendación de no renovar el contrato, según razones expuestas por su mando directo.

Indica que en esa evaluación se tuvo en cuenta el bajo rendimiento en sus competencias, calidad y efectividad de la función que desarrolla y, que más allá de registrar dos sanciones de censura en su hoja de vida, el evaluador del último proceso calificatorio consignó: “se insta a la funcionaria a mejorar su desempeño profesional, compromiso y acuciosidad en las tareas que desarrolla”; y la recomendación de su jefe directo que “estima no ser conveniente no renovar su contrato” de acuerdo a las razones que expone, esto es, que no son necesarias sus funciones y la deficiencia y baja calidad de sus servicios, lo que se refleja en las dos últimas calificaciones, Niega la falta de notificación de las calificaciones de desempeño del año 2022, la que fue materializada mediante carta certificada a su domicilio ubicado nombre reservado, comuna Estación Central bajo el código de despacho 1179931129292, cuyo comprobante adjunta.

Señala en cuanto a los actos de acoso laboral denunciados en el recurso, que existiendo protocolos internos para su conocimiento e investigación, no constan denuncias de la recurrente al respecto.

Refiere que la recurrente no está en posesión de un derecho indubitado, precisamente por la naturaleza transitoria del vínculo, así como la facultad de la institución de poner término al mismo, de conformidad a la ley, según lo han resuelto variada jurisprudencia administrativa y de tribunales superiores de justicia.

Concluye, afirmando la falta de ilegalidad y arbitrariedad en la decisión impugnada, toda vez que la decisión de no renovar su vinculación para el año 2023, emana de la autoridad competente, dentro del ejercicio de sus facultades, se fundó en antecedentes fácticos y de carácter discrecional, como su evaluación de desempeño, sanciones disciplinarias en el periodo y opinión de su jefatura directa, fundados en máximas de actuación administrativa como son los principios de eficacia y eficiencia que rigen la actuación de los órganos de la administración del Estado, no constituyendo un actuar caprichoso ni falto de razón, sino que obedeció al ejercicio de las potestades resolutivas de la administración, razones por la cual solicita el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que informa al tenor del recurso, don nombre reservado, Mayor de Carabineros de Chile, Comisario de la 42° Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial Este, señalando en primer lugar que el acta de notificación impugnada fue debidamente practicada, indicándose en su último párrafo “Leída la presente acta, toma conocimiento y se le hace entrega de una copia íntegra de la precitada Resolución, firmando para constancia”; constando en esta la rúbrica de la recurrente.

Indica en relación a las sanciones que registra la actora, que un primer hecho fue informado mediante Oficio N°1 de 24.12.2020 por la Cabo 1°nombre reservado, motivo por el cual fue citada con el Mando de la Unidad a una audiencia el 13.01.2021, resolviendo aceptar las explicaciones vertidas, lo cual fue comunicado mediante Oficio N° 25 de 13.01. 2021. Que el segundo hecho fue informado mediante Oficio N°1 de 13.04.2021 por la Cabo 1° nombre reservado, por lo que fue citada con el Mando de la Unidad el 21.04.2021 y, mediante Resolución N°54 de 23.04.2021 se sanciona a la recurrente con una “censura”, notificada el 26.04.2021, manifestándose conforme y que no recurrirá. Que existe un tercer hecho respecto del cual el Mando de la Unidad resolvió aplicarle una “censura”, de la cual recurrió. Antecedentes que fueron remitidos a la Prefectura de Radiopatrullas el 25.05.2021, estando aún pendiente de resolución. Agrega que con fecha 04.02.2022, la recurrente fue notificada de la Resolución N°7 de 03.02.2022 mediante la cual se aplica una “censura” debido a que no se presentó a sus funciones habituales, la cual no recurrió.

En relación a los procesos calificatorios cuestionados señala que la evaluación de desempeño de 2021 fue confeccionada por el Jefe de la Comisión Rancho de la Unidad, Teniente nombre reservado, quien remitió dicha calificación mediante carta certificada debido a que la recurrente se encontraba con licencia médica; misma situación respecto de la evaluación de desempeño de 2022 que fue confeccionada por el Jefe de la Comisión Rancho de la Unidad, Teniente nombre reservado.

Niega los hostigamientos de acoso laboral que denuncia la recurrente, señalando que no se cuenta con antecedentes entregados por esta o por el Jefe de Comisión Rancho. Asimismo, niega haber cuestionado el estado de salud de la actora ante su presentación de licencias médicas, agregando que efectivamente la recurrente hizo uso de licencia médica por sufrir una lesión en acto de servicio el 11.03.2022.

Sostiene que la presente vía cautelar no es la vía idónea para impugnar el acto de comunicación de la no renovación de la contrata de la recurrida, en razón que registra deficiencias en su desempeño laboral y, siendo tal vínculo en esencia transitorio, contando Carabineros de Chile con la facultad privativa para determinar su persistencia, no existiendo para la institución la obligación de mantener dicho vínculo en ausencia de una necesidad objetiva para tales fines, no advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; acotando que además la recurrente no posee un derecho indubitado, toda vez que desconoce la naturaleza jurídica de su vínculo contractual transitorio, así como la facultad de la Institución de decidir no mantener el contrato de conformidad a la ley.

Refiere que por lo antes dicho, la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho, que en la especie la recurrente no posee, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto, supuesto fáctico que, tal como se dijera, tampoco se verifica; ello unido a que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada en la causal de vencimiento de plazo del numeral 4) del artículo 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.) y en la propuesta de la Comisión Evaluadora de no renovar el contrato a la recurrente, por el bajo rendimiento en sus competencias, calidad y efectividad de la función que desarrollaba, por lo que pide el rechazo de la presente acción, con costas.

Cuarto: Que la acción constitucional de protección constituye una medida de tutela urgente prevista para proporcionar remedio pronto y eficaz frente a la vulneración de los derechos y garantías que contempla el artículo 20 de la Carta Fundamental, causada por una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria. Este es el contexto que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, sin adentrarse en aspectos propios de un pronunciamiento de fondo, ordinario o especial.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos tutelados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amenazados, perturbados o privados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que el acto que motiva el presente recurso dice relación con dejar sin efecto la Resolución Exenta N°110207/3830/2022 de la Dirección Nacional de Personal de Carabinero de Chile de 21.11.2022, que dispuso la no renovación del contrato de la recurrente por vencimiento del plazo y el acta de su notificación y, además, que se elimine de su hoja de vida la sanción de censura.

Sexto: Que antes de entrar al análisis de la resolución impugnada, cabe consignar que la notificación efectuada a la recurrente respecto de dicha resolución fue practicada conforme a la ley, pues se le comunicó lo resuelto por la Dirección de Personal y se le entregó copia de la resolución que contenía los fundamentos de la decisión de no renovación, constando en dicha acta tal circunstancia, la que fue suscrita por la recurrente.

En relación a la eliminación de las sanciones de censura registradas en su hoja de vida, cabe señalar que ambas sanciones impuestas por Resolución N°4 de 23/04/2021 y Resolución N°7 de 03/02.2022, respectivamente, fueron debidamente notificadas a la recurrente, quien en ambas ocasiones se manifestó conforme; ello independiente de una tercera “censura” que aún está por resolver, por lo que las dos primeras sanciones se encuentran debidamente ejecutoriadas y no procede su eliminación.

Séptimo: Que, del examen de la Resolución RA N°110207/3830/2022 es posible observar que además del vencimiento del plazo de contratación, en su parte considerativa explicita los fundamentos de la no renovación de la contrata, los que dicen relación con su baja evaluación de desempeño, su ubicación en Lista N°3 de “Observación” por dos periodos consecutivos y, por la opinión del Oficial Evaluador. Así se desprende, de sus considerandos, que en lo pertinente indica: “6.1 Que en la Evaluación de Desempeño, la citada funcionaria C.P.R, obtuvo en los subfactores: “Aplicación de conocimiento”; “Calidad en el trabajo”; “Proactividad” y “Perfeccionamiento y aprendizaje”, un 2 (dos) de puntaje en cada uno de ellos; y en los Subfactores: “Productividad”; “Organización”; “Cumplimiento de normas”; “Compromiso”; “Orientación de servicio”; “Oportunidad”; “Relaciones interpersonales” y “Sentido de pertenencia”, un 1 (uno) de puntaje, obteniendo finalmente 16 puntos de un total de 48, siendo clasificada en definitiva en Lista N°3 de “Observación”, existiendo una concordancia entre las notas asignadas a los subfactores antes indicados y el fundamento de la opinión del Evaluador, en consideración a los antecedentes objetivos de la presente evaluación.

6.2. Así, el Oficial Evaluador la propuso en Lista N°3, de “Observación”, con 16 puntos, estableciendo en su opinión que “Se insta a la funcionaria a mejorar su desempeño profesional, compromiso y acuciosidad en las tareas que desarrolla”.

Notificada por carta certificada, a través de Correos de Chile, no presentó recurso alguno.

6.3. Que, de acuerdo al Anexo N°12, de fecha 16.09.2022, el Oficial Evaluador respectivo, señaló como fundamento de su no renovación, que la funcionaria presenta deficiencias y baja calidad en el servicio en la 42° Comisaría “Radiopatrullas”, lo que se ve reflejado en su calificación actual, la cual se reitera respecto de aquella del año precedente, siendo sus labores asumidas por otros funcionarios, lo que no ha conllevado un trastorno al normal rodaje administrativo.

7. De este modo, la evaluación de la funcionaria da cuenta de un desempeño bajo lo esperado, con deficiencias en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades propias de su cargo, demostrando falta de compromiso y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, máxime los años de servicio que ostenta en la Institución.

8. Que, en razón a lo expuesto, la Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño, luego de analizar la totalidad de la documentación remitida, se ha formado la convicción que resulta factible la no renovación de contrato de la Ranchero C.P.R. nombre reservado, nombre reservado, en razón que registra deficiencias en su desempeño laboral, según da cuenta la presente evaluación de desempeño y la opinión del Oficial Evaluador.”

Octavo: Que, en consecuencia, es posible colegir que la Resolución Exenta impugnada por esta vía, fue dictada por la autoridad competente, en uso de las facultades que le otorga la normativa vigente, basada en fundamentos objetivos descritos en el motivo anterior, por lo que no puede estimarse que dicho acto sea ilegal o arbitrario, toda vez que se expusieron las razones que condujeron a tal decisión, señalando las circunstancias fácticas y jurídicas que la sustentan.

Ello unido al carácter transitorio de una contrata, lo que conlleva implícita la facultad de no renovarla por otro período, debiendo comunicar oportunamente al afectado con dicha medida la determinación de no renovarla, lo que se cumplió en este caso, en tiempo y forma de acuerdo a la normativa vigente, no divisándose, por ende, irregularidad en el procedimiento adoptado.

Noveno: Que en relación a la vulneración del principio de la legítima confianza alegada, cabe señalar que si bien éste le asiste a la recurrente por cuanto su vínculo contractual duró más de dos años, no es menos cierto que la Contraloría General de la República mediante diversos dictámenes sobre este punto ha resuelto que el hecho que la contrata genere confianza legítima no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas en cuanto a la atribución de decidir su renovación, de conformidad a las disposiciones legales respectivas; señalando que en este caso el acto que materialice su no renovación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en la Ley N°19.880, lo que ocurrió en la especie, puesto que la Resolución impugnada que contiene los fundamentos que decidieron la no renovación de la contrata al término del plazo, fue dictada el 21 de noviembre de 2022 y notificada el 23 del mismo mes en forma personal a la recurrente.

Décimo: Que el artículo 3º, letra c), de la ley 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, señala que el empleo a contrata es “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. Más adelante, el artículo 10 de esa ley dispone: “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Asimismo, es relevante referir que, según el artículo 1º de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R) de Carabineros de Chile, estatuto al que ambas partes aluden, “Se entiende por Personal Contratado por Resolución aquel que desempeñe determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, sin constituir escalafones ni ocupar plazas de la planta institucional fijada por la Ley N° 18.291 y sus modificaciones, por el lapso o período que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año”.

A su vez, el artículo 57, número 4, de ese ordenamiento expresa: “Son causales de término del contrato por resolución: 4) El vencimiento del plazo del plazo de la contratación”.

De lo anotado, se obtiene que los empleados a contrata de la Administración del Estado se distinguen de los “de planta” por la transitoriedad de sus cargos y, puntualmente, en el caso del personal contratado de Carabineros de Chile, su normativa dispone que expiran cada 31 de diciembre, salvo que medie su prórroga;

Undécimo: Que acorde a lo expuesto en el motivo precedente, se ha hecho evidente que el término del contrato por medio de la Resolución Exenta N°110207/3830/2022 de 21 de noviembre de 2022, cuestionado por la recurrente, se apega, tanto a la naturaleza del cargo al que atañe, así como a las normas que lo rigen, contando, además, con un fundamento explicitado, referido a la evaluación de su desempeño y la propuesta de no renovación derivada de lo informado por el evaluador.

Duodécimo: Que atento a lo que se viene razonando, no existe un acto ilegal o arbitrario que hubiere quebrantado los derechos fundamentales de la recurrente, puesto que el tratamiento que le ha brindado la recurrida al constatar el término de su nombramiento a contrata por el solo ministerio de la ley, resulta ajustado al ejercicio de sus funciones y competencias legales, fruto de un procedimiento administrativo preestablecido; con expresión de las razones que lo fundan, asociadas al desempeño demostrado por la actora; y sin que se hubiese encontrado ligada a un deber jurídico en el sentido de proceder a su renovación.

Decimotercero: Que, en consecuencia, al no verificarse los presupuestos de la presente acción, ésta no podrá prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, General Inspector don nombre reservado y en contra del Mayor y Comisario de la 42va. Comisaría de Radio Patrullas e Intervención Policial, don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Celia Catalán Romero.

Rol N° 32.133-2022 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por las ministras María Soledad Espina Otero, María Alejandra Pizarro Soto y Celia Catalán Romero. Se deja constancia que no firma la ministra Catalán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.