Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

San Miguel, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad cubana, titular de visa temporaria como solicitante de refugio, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por estimar vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó irregularmente a Chile por Colchane el 22 de abril de 2019, se autodenunció ante la PDI y luego formalizó solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada ante la Sección Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que ha obtenido sucesivas visas temporarias como solicitante de refugio entre el 1 de julio de 2020 y el 17 de febrero de 2026 mediante diversos estampados electrónicos, y que desde su llegada ha residido y trabajado en Chile, formando desde abril de 2023 una convivencia estable con un ciudadano chileno, nombre reservado, con quien comparte domicilio y núcleo familiar.

Señala que, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 17 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones denegó su solicitud de refugio, fundando que no se habría establecido un temor fundado de persecución en caso de retorno a Cuba, que la recurrente habría manifestado no estar de acuerdo con el gobierno de su país pero sin describir actos persecutorios, amenazas ni detenciones vinculadas a ese pensamiento y que su salida obedecería principalmente a razones económicas.

Indica que el 9 de noviembre de 2022 fue sometida a entrevista de elegibilidad, en la cual relató que trabajó como asistente de enfermería en el Hospital Pediátrico “Mártires de las Tunas”, que renunció en 2017 tras detectar sustracción de insumos para evitar conflictos con su jefatura y que, al no obtener licencia de cuentapropista para instalar una “paladar” en su domicilio, abrió igualmente el negocio, siendo sorprendida y denunciada a los dos meses, decomisándose la mercadería, permaneciendo detenida dos días y siendo amenazada con cárcel por comercio ilegal.

Sostiene que, si bien no sufrió maltrato físico ni psicológico directo, quedó “marcada” en su provincia, sin poder acceder a trabajo formal y bajo vigilancia policial para evitar que reabriera el negocio, situación que la llevó a emigrar a Chile, sin embargo, estos antecedentes no fueron recogidos íntegramente en acta, limitándose el funcionario a consignar que nunca tuvo problemas con la autoridad y que solo buscaba mejores expectativas económicas.

Expone que los días 6, 7 y 8 de agosto de 2025 concurrió personalmente a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones en domicilio reservado de Santiago para solicitar audiencia con un abogado, con el objeto de explicar la parcialidad del registro de su entrevista y las consecuencias que tendría para su situación si se mantiene el rechazo del refugio. Señala que el personal de guardia le informó que ningún abogado atendía público de manera directa y que debía canalizar sus inquietudes únicamente por correo electrónico, lo que a su juicio constituye una omisión que la deja en un “limbo jurídico”, sin orientación sobre su estatus, sin la protección derivada de la calidad de solicitante de refugio y expuesta a ser devuelta a Cuba.

Alega que, en el contexto político y de vulneración de derechos humanos que describe en su país de origen, el retorno implicaría un riesgo cierto para su vida e integridad, por cuanto podría ser detenida y encarcelada por el ejercicio de comercio ilegal, sin garantías de debido proceso ni respeto a sus derechos fundamentales.

En cuanto al derecho invoca los artículos 2, 4, 5, 30 y 43 de la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados, destacando el concepto de refugiado, el principio de no devolución y las reglas sobre entrevista individual y expulsión, así como el artículo 139 de la Ley N° 21.325 y el artículo 17 letra g) de la Ley N° 19.880 sobre el derecho de las personas a formular alegaciones y aportar antecedentes en cualquier fase del procedimiento antes del trámite de audiencia, los que deben ser considerados al redactar la propuesta de resolución.

Solicita que se acoja el recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y se ordene a dicho órgano reevaluar la Resolución Exenta N° NUM000 de 17 de julio de 2025 que denegó su solicitud de refugio, a fin de que se consideren íntegramente sus antecedentes y se resguarde su vida e integridad.

Segundo: Que, al evacuar informe, los abogados del Servicio Nacional de Migraciones nombre reservado y nombre reservado solicitan el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, por estimar que no existe acto ni omisión ilegal o arbitraria atribuible a dicha autoridad.

Exponen que la recurrente, de nacionalidad cubana, ingresó al país el 30 de abril de 2019 por paso no habilitado y que el 26 de junio de 2020 formalizó petición de reconocimiento de la condición de refugiada ante la Sección de Refugio y Reasentamiento, ingresando al procedimiento de refugio conforme a la Ley N° 20.430 y a su Reglamento.

Señalan que, en ese contexto, se le otorgaron sucesivas visas temporarias mientras se tramitaba su solicitud, se realizó la entrevista de elegibilidad y la Secretaría Técnica elaboró un informe técnico con base en sus declaraciones, información del país de origen y demás antecedentes, proponiendo el rechazo por no configurarse los supuestos del artículo 2 de la referida ley.

Indican que, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 17 de julio de 2025, el Subsecretario del Interior rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada al concluir que la interesada no acreditó fundado temor de persecución ni amenazas a su vida, seguridad o libertad por las causales previstas en la Convención de 1951 ni en la Ley N° 20.430, sino que su salida de Cuba respondió principalmente a motivos económicos y al deseo de regularizar su situación migratoria en Chile. Precisan que en dicha resolución se le reservaron los recursos administrativos de reposición y jerárquico del artículo 43 de la Ley N° 20.430, que la recurrente no interpuso, y que el Servicio no ha dictado orden de abandono, expulsión ni otra sanción que afecte su libertad personal.

Añaden que el procedimiento se desarrolló con estricto apego a la normativa vigente. Detallan el marco regulatorio del refugio contenido en la Ley N° 20.430 y su Reglamento, así como las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655, y recuerdan que, al momento de la solicitud, regía el sistema que exige formalización personal de la petición, entrega de formulario, revisión de requisitos y comunicaciones escritas al correo electrónico registrado, de acuerdo con la Ley N° 19.880.

Hacen presente que, en cumplimiento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 115.005-2022, el Servicio dictó la Resolución Exenta N° 21.726 de 11 de mayo de 2023 que aprobó el Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento, el cual regula la atención de quienes manifiestan intención de solicitar refugio.

Sostienen que, conforme a dichos estándares, la solicitud de la recurrente fue tramitada correctamente y que la decisión de rechazo se fundó en que, según su propio relato, vivió más de treinta años en Cuba sin hechos de persecución, obtuvo pasaporte y salió por paso habilitado sin impedimentos, no participó en partidos u organizaciones políticas ni en actividades de oposición ni en marchas, y declaró que pidió refugio porque otros connacionales le señalaron que era el mejor mecanismo para regularizar su permanencia tras ingresar por paso no habilitado, lo que revela la ausencia de un riesgo grave y actual que haga procedente la protección internacional.

Concluyen que la Resolución Exenta N° NUM000 fue dictada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con debida fundamentación, que no priva ni amenaza las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución y que, por tanto, el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de derecho a la vida e integridad física y psíquica, en razón de haberse rechazado por la autoridad administrativa la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Quinto: Que, atendido que el reconocimiento de la condición de refugiado es un beneficio constitucional que concede el Estado de Chile, que importa el otorgamiento de un reconocimiento eventual, en razón de las circunstancias particulares de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, aparece que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

Sexto: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, resulta concluyente que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en el actuar de la recurrida, ya que la misma dictó la resolución atacada obrando dentro del ámbito de las facultades legales y en el ejercicio de su competencia, fundando su decisión en la normativa vigente, motivo por el cual la acción en cuestión no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3211-2025 Protección Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Sylvia Pizarro Barahona, María Alejandra Rojas Contreras y Nora Rosati Jerez.