nombre reservado con nombre reservado

Certifico que se anunciaron y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso de protección el abogado Felipe Mora Fuentealba y contra el mismo el abogado Ricardo Uribe. San Miguel, 05 de marzo de 2024. Diego Muñoz Gaete, relator.

San Miguel, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 22 y 23: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Felipe Mora Fuentealba, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado por sí y en representación de la Sociedad Trasportes San José limitada, rol único tributario N°78.453.090-6, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistente en la negativa a permitir que sus trabajadores realicen labores en la línea de colectivos y la amenaza de eliminar sus vehículos del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, lo que vulnera las garantías reconocidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la sociedad de Transportes San José Limitada, es una empresa dedicada al transporte colectivo de pasajeros de la cual es socia desde 1997, detentando el 15% de participación en la sociedad. Explica que la compañía tiene dos líneas de colectivos y para trabajar en la línea solo se requiere el pago de las cuotas de incorporación y de “derecho a trabajo”.

Añade que se acordó que todos los socios tienen derecho a trabajar en las líneas con al menos 5 vehículos de su propiedad y que además tendrán descuento del 50% en los pagos de las cuotas respectivas.

Sostiene que cuenta con 3 vehículos propios con los que trabaja en las líneas haciendo uso de su derecho como socia.

Explica que la administración de la sociedad ha sido ejercida por nombre reservado y dado el ocultamiento de la información contable inició una causa judicial que se encuentran actualmente en tramitación ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, Rol C-5400-2022. Alega que a propósito de tales acciones ha sido hostigada por el recurrido poniendo trabas a sus conductores.

En concreto, denuncia que el 21 de agosto de 2023, al concurrir al inmueble en el que funciona la sociedad el recurrido le prohibió́ el ingreso junto a su hijo y los increpo por las acciones judiciales señalándoles que no permitiría que ninguno de sus vehículos y conductores trabaje en la línea. En tal marco ordenó retirar todos los vehículos de su representada.

Arguye que el recurrido no tiene la facultad para tomar tal decisión de exclusión, por lo que la misma es arbitraria e ilegal. Jurídicamente fundamenta el atropello al derecho desarrollar actividades económica y el derecho de propiedad sobre la sociedad que le permiten ejercer su actividad comercial.

Solicita ordene a la recurrida que la actora pueda ejercer su actividad económica y se le impida realizar gestiones ante el Ministerio de Transportes, tendientes a eliminar del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o cualquier otro registro de los vehículos de su propiedad, con costas.

Segundo: Que comparece el recurrido nombre reservado, representante de Transportes San José Limitada e indica que es el administrador de la sociedad y la recurrente tiene la calidad de socia de la compañía.

Explica que desde el año 2005 cuenta con un contrato de licitación en la que se adjudicó el servicio de transporte de pasajeros en la comuna de Puente Alto.

Sostiene que la actora el 21 de agosto de 2023 concurrió junto a su hijo al paradero de la empresa, con la finalidad que le rindiera cuenta por supuestas utilidades que habría obtenido la empresa. Expresa que de acuerdo al numeral 3 del artículo 352, del Código de Comercio y la Cláusula Sexta del estatuto social detenta la facultad para solicitarle que se retire de la oficina social.

Precisa que los socios encargados de la administración y del uso de la razón social tiene la facultad para solicitar tanto, la inscripción, como la cancelación de uno, o más vehículos del servicio licitado, por lo que es totalmente factible que solicite la cancelación de los señalados vehículos. Lo cual, no obstante, no ha ocurrido ni se ha amenazado con realizar.

Argumenta que no se configura un atentado al numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica ya que, aunque se cancelara los vehículos de la recurrente, de igual forma podrán seguir ejerciendo la actividad, en cualquier otra empresa.

Tercero: Que comparece Francisco Villegas Valle, abogado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones e informa el recurrido está registrado como responsable de los siguientes servicios de taxis colectivos urbanos: N° 234055, N° 234056 y N°234057.

Añade que la administración y la representación de la sociedad fue entregada a nombre reservado y nombre reservado. Puntualiza que de acuerdo al artículo 8 inciso 2° del D.S. N° 212 de 1992 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establece que el único interlocutor válido para relacionarse con la Secretaría Regional Ministerial para efectos de la inscripción y cancelación de vehículos es el representante legal del responsable del servicio. De modo que la facultad de inscribir o cancelar los vehículos del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (RNSTP) solo la tiene el titular de la inscripción del servicio de transporte.

Indica que la autoridad de transportes carece de herramientas para examinar los motivos de una cancelación solicitada por un representante legal, ya que la norma lo habilita para hacer dicho trámite.

Expresa que consultados los antecedentes del Registro Nacional Servicios de Transporte Público de Pasajeros indicamos respecto de las PPU señaladas en el recurso, la placa patente JWJS63 efectivamente figura cancelada de nuestros registros el 12 de octubre de 2023, de uno de los folios del recurrido (234057). Cancelación con traslado a Valparaíso. Respecto de la PPU: DGDV75, corresponde al folio N°204057, del recurrido desde 02 de junio de 2018, se encuentra vigente. Respecto de la PPU: FJFZ8, no pudo ser ubicada, pues la placa patente está incompleta.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente estima ilegal y arbitraria la negativa de permitir que sus trabajadores realicen labores en la línea de colectivos y la amenaza de eliminar sus vehículos del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.

Sexto: Que ponderados los antecedentes que obran en la causa conforme a las normas de la sana crítica es posible establecer que no se encuentran acreditados los presupuestos de hecho en los que se funda el recurso.

La aparente negativa a permitir que los trabajadores realicen funciones en la línea de colectivos fue expresamente negada por la parte recurrida en estrados, y no constan antecedentes fácticos arribados a la causa que acrediten lo contrario.

Asimismo, de lo informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solo se acredita la cancelación de la inscripción y traslado de uno de los vehículos de la recurrente, acto que se habría verificado por voluntad de la propietaria, que reconoció el abogado en estrados señalando que habría derivado su actividad a la ciudad de Valparaíso.

Séptimo: Que conforme al mérito de los antecedentes que se conocen, y lo expuesto en estrados por los abogados que han comparecido a esta instancia, existiendo asimismo controversia sobre los presupuestos de hecho del recurso, sin que sea ésta la vía para dilucidarlos, se concluye que no existe un derecho incontrovertido ni indubitado por parte de la recurrente, presupuesto indispensable para acoger una acción constitucional de protección.

Octavo: Que, de acuerdo a lo anterior no se configuran los presupuestos de la acción intentada por lo que la misma debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor nombre reservado, en contra de nombre reservado y la Sociedad Trasportes San José Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°3208-2023 Protección.