nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, veintisiete de setiembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Sergio Aburto Mayorga, abogado, en favor de nombre reservado, cubano, técnico electricista, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, pues sostiene que se incurrió en una afectación ilegal y arbitraria de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, al omitir pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva de 25 de mayo de 2022, lo que le ha impedido acceder al mercado crediticio que lo necesita con urgencia para contratar un crédito hipotecario y acceder a la vivienda propia, y ha infringido lo dispuesto en los artículos 7 y 27 de la Ley 19.880, solicitando, en definitiva, que se ordene a la recurrida informar el estado de solicitud.

Segundo: Que la recurrida opone excepción de cosa juzgada indicando que idéntico recurso se presentó ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que se tramitó con el rol 2276-2023, siendo acogido en primera instancia, pero que luego fue revocado por la Exma. Corte Suprema en la causa rol 68507-2023, rechazando, en definitiva, el recurso, por lo que se cumplen los requisitos de triple identidad que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, solicitando que se acoja la excepción deducida y, en consecuencia, se rechace el recurso de protección.

Tercero: Que evacuando el traslado la parte recurrente reconoce que efectivamente se tramitó idéntico recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el que, en definitiva, por sentencia de la Exma. Corte Suprema fue rechazado el 23 de junio pasado, pero que ha quedado sin empleo y su situación migratoria le afecta para obtener nuevo trabajo, conculcándose por la omisión de la recurrida su libertad de trabajo.

Cuarto: Que evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, refiriendo que la petición se encuentra en la etapa de “Análisis I” desde el 25 de mayo de 2022.

Añade que el artículo 38 de la Ley 21.325 establece expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones. Además, en virtud del artículo 45 de la misma norma, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente y aun cuando se encuentre vencida, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43.

Indica que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento de la función pública, de propia iniciativa ha remitido Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación, refiere que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país tuvo como consecuencia un alza importante en la cantidad de solicitudes recibidas, que significó un retraso irresistible para la autoridad, circunstancia que ha sido reconocida como una situación de caso fortuito, previsto como excepción al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880. Agrega que dicho plazo no corresponde a un plazo fatal para la Administración, lo que refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Concluye que se ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las leyes, por lo que se estima que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que genere privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Sexto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que resolviendo la alegación del Servicio respecto de la excepción de cosa juzgada, aquella no puede prosperar desde que por la naturaleza especial que tiene la presente acción constitucional, lo resuelto en ésta, sólo sería asimilable a una situación de cosa juzgada meramente formal, no sustancial, ya que, tratándose de los fallos dictados en recursos de protección, sólo se impide que dentro del mismo proceso en el cual fue dictada, se pueda renovar la discusión de lo resuelto. Por consiguiente, la excepción en comento será desestimada.

Octavo: Que, en cuanto al fondo de la acción deducida, cabe precisar que se tilda de ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento del Servicio Nacional de Migraciones en relación con la petición migratoria efectuada.

Noveno: Que, según se desprende de los antecedentes, ha transcurrido en exceso el plazo para que la autoridad recurrida se pronuncie sobre la solicitud que se le planteara sin que a la fecha lo haya hecho.

Décimo: Que, en consecuencia, la autoridad administrativa ha demorado en pronunciarse sobre la petición de la recurrente, sin que haya informado la falta de antecedentes o consideraciones que justifiquen esta excesiva tardanza en el pronunciamiento de fondo respecto al beneficio migratorio solicitado, lo que torna su actuación en arbitraria.

Undécimo: Que, así las cosas, el actuar de la recurrida deviene en ilegal por cuanto infringe lo dispuesto en los artículos 4 y 27 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que no son sino expresión normativa de los principios de celeridad, economía procedimental, impulso de oficio y conclusivo establecidos en la misma ley.

Duodécimo: Que, con dicho actuar ilegal se vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el principio de igualdad ante la ley, por lo que el recurso de protección interpuesto ha de ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se declara:

I.- Se rechaza la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte recurrida.

II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que dicha repartición deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, previa verificación de la identidad del recurrente y requisitos pertinentes que deban concurrir al caso, dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde que la sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Nº 3205-2023 Protección