Protección contra éste la abogada Rocío Catalina Fuentealba Pincheira

Dejo constancia que alegó por el recurso la abogada María José Mora Delgado y en contra de éste la abogada Rocío Catalina Fuentealba Pincheira. San Miguel, 5 de octubre de 2023. Florencia Sáez Bugmann, relatora.

San Miguel, cinco de octubre de dos mil veintitrés.

A los folios 12, 14, 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que la abogada María José Mora Delgado, deduce acción constitucional de protección en favor de CMV Soluciones Constructivas SpA, representada por nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, domiciliada en domicilio reservado, en razón de haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal consistente en haber informado a Equifax sobre una supuesta deuda que no se encuentra firme y ejecutoriada, siendo vulneradas las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad.

Explica que la empresa recurrente se encuentra en un procedimiento administrativo, el cual está vigente, en el cual se recurrió respecto del monto de una multa, siendo recién notificada de ese procedimiento el pasado 16 de agosto, y añade que dos días antes, aquello fue informado a Equifax, oportunidad en que la deuda no se encontraba ni siquiera ejecutoriada.

Esgrime que, debido a lo anterior, la empresa pasó de ser evaluada con el nivel menor de riesgo, que es 999, al nivel 1, que es el más precario, provocándole un perjuicio incuantificable, siendo necesario restablecer la imagen de la empresa en relación a su comportamiento en el cumplimiento de sus obligaciones.

Pide se acoja el presente arbitrio, dejando sin efecto la notificación a Equifax de la deuda, que se encuentra contenida en la multa que cursó la recurrida; que se ordene dejar sin efecto la información de deuda en el F30; y cualquier otra medida que esta Corte estime conveniente según el mérito de autos.

Segundo: Que, evacua el informe respectivo la abogada Rocío Catalina Fuentealba Pincheira, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

En primer lugar, refiere que el recurso no es claro en señalar cual sería el acto arbitrario e ilegal, estimando que éste es la Resolución Exenta N°477 de 16 de agosto de 2023.

Indica que a fines de abril la recurrida creó la comisión de fiscalización Nº1322/2023/2045, solicitada por el empleador por suspensión de labores por un accidente laboral, cursándose la multa N°1839/23/39 de 22 de mayo pasado, la cual fue notificada el 2 de junio último por haber reanudado las faenas sin que se haya verificado por el órgano fiscalizador que las deficiencias constadas por el accidente laboral, fueron subsanadas.

Afirma que en contra de esa multa, la empresa dedujo reconsideración administrativa la que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°477 de 16 de agosto de 2023, en que la Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Oriente, decidió mantener la resolución de multa, siendo notificada de aquella la empresa el 21 de agosto pasado de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo.

Sostiene que existe otra fiscalización, distinta a la ya referida, la N°1322/23/1563, en que se le cursó al recurrente la Resolución de Multa N°1839/23/36 de fecha 12 de mayo de 2023 por seis hechos distintos a los referidos en la multa señalada previamente, y respecto de la cual la empresa no ejerció acción de impugnación alguna, ni judicial ni administrativamente. Explica que una vez ejecutoriada aquella multa, se remitieron los antecedentes a la Tesorería General de la República, quien es el órgano encargado de realizar el cobro, y producto de que no fue pagada en el tiempo correspondiente, la empresa recurrente aparece en el Boletín de infractores respecto de esa multa.

Por otro lado, expone que la acción cautelar se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados con el fin de impugnar una resolución exenta, que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

Finalmente plantea que no ha existido ni acción u omisión por parte de la Inspección Comunal del Trabajo respecto de la recurrente, ya que, el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios, al haber sido dictado de conformidad a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, además de encontrarse razonado, argumentado y fundado conforme a derecho.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que del tenor del recurso como del informe aportado se desprende que la cuestión controvertida dice relación con haber informado a Equifax sobre la existencia de una deuda de la parte recurrente, la cual estima no estaría firme y ejecutoriada.

Quinto: Que conforme a lo informado por la recurrida y de los documentos aparejados al evacuar el traslado respectivo, se advierte que aquello que fue comunicado a Equifax corresponde a la deuda impaga de la empresa recurrente contenida en la Resolución de Multa N°1839/23/36 de fecha 12 de mayo de 2023, respecto de la cual la actora no ejerció ninguna acción judicial ni administrativa. Razón por lo cual al encontrarse ese acto administrativo firme y ejecutoriado se derivaron los antecedentes a la Tesorería General de la República y se informó al boletín de infractores de esta deuda impaga.

De manera tal que no puede sino concluirse que el fundamento de la presente acción no se verifica, al no existir un actuar ilegal y arbitrario de la parte recurrida, que vulnere garantías fundamentales de la parte recurrente, razón por lo cual se rechazará el recurso impetrado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de CMV Soluciones Constructivas SpA, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3172-2023-Protección