nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

San Miguel, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Ana Fullerton Castro en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, representada legalmente por su secretario ejecutivo nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la Resolución N° 112, de 15 de abril de 2024, que declaró la vacancia de su cargo en atención lo dispuesto por la Resolución N° 98, de 11 de mayo de 2023, que dispuso la medida disciplinaria de destitución, actos que estima infringen las garantías reconocidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente es funcionario de la atención primaria de salud municipal dependiente de la recurrida, regido por el Estatuto de Atención Primaria, Ley N° 19.378, y que en virtud de su artículo 4 se rige supletoriamente por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Añade que tenía la calidad de dirigente gremial de conformidad con la Ley N° 19.296, por lo que estaba amparado por el fuero hasta seis meses después del término de su periodo.

Afirma que se instruyó sumario en su contra por su relación de amistad con nombre reservado, funcionario al igual que él, por lo que se trataba de una relación simétrica u horizontal. Indica que entre ellos se hacían bromas y comentarios de mal gusto y que su amigo lo denunció por abuso sexual cuando las bromas comenzaron a incomodarlo.

Sostiene que se formularon en su contra cargos por infracción a los artículos 58 letra g) —fata de probidad— y 82 letra l) —conductas de acoso sexual— ambos de la Ley N° 18.883. Los cargos formulados son los siguientes:

1.- Efectuar comentarios al denunciante acerca de su aspecto físico, su forma de vestir, su personalidad e insinuaciones de carácter sexual, los cuales fueron presenciados por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y se habrían producido en el establecimiento CESFAM San Joaquín, principalmente en extensión horaria de manera reiterada y continuada en el tiempo hasta que el denunciante realiza denuncia.

2.- Realizar contacto físico inadecuado de parte del investigado hacia el denunciante, actos que fueron presenciados por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y se habrían producido en el establecimiento CESFAM San Joaquín, principalmente en extensión horaria.

Afirma que por Resolución Exenta N° 98, de 11 de mayo de 2023, se resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución, la que fue confirmada mediante Resolución Exenta N° 113, de 14 de junio de 2023, por la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto.

Expresa que el expediente sumarial fue remitido a la Dirección del Trabajo, ingresando el 18 de julio de 2023. Explica que la sanción de destitución es afecta, no exenta, lo que quiere decir que requiere la previa toma de razón de la Contraloría General de la República, y que en el caso de las instituciones de derecho privado como la recurrida el organismo revisor es la Dirección del Trabajo, que no ha emitido pronunciamiento.

Finalmente, indica que el pasado 15 de abril se dictó la Resolución Exenta N° 112 que declaró la vacancia del cargo del actor.

Afirma que el acto en cuestión es ilegal y arbitrario ya que los cargos formulados no se acreditaron en el sumario. Acusa que la sanción aplicada es excesiva ya que se trató de hechos que el propio denunciante consintió y de los que participó activamente. Sostiene que la destitución solo es procedente por infracción grave a la probidad, esto por el principio de proporcionalidad en materia sancionatoria y que, en este caso, no hubo falta a la probidad ni menos una calificable como grave. En cuanto a los actos de acoso sexual, sostiene que se trató de bromas de mal gusto en un contexto de diversión en que no hubo un resultado perjudicial en el empleo para el trabajador, además de no haber sido debidamente tipificada.

Acusa que la decisión adoptada evidencia ausencia de razonamientos, pues no da cumplimiento a los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad, vinculado al principio de imparcialidad. Indica que no se explicó por qué se desecharon los argumentos de la defensa y que el sancionador debió hacerse cargo de ellos. Además, estima que la resolución carece de análisis probatorio y que el fiscal solo citó a uno de los testigos ofrecidos por el recurrente, privándolo de prueba que califica como determinante.

Estima vulnerado su derecho de igualdad ante la ley por la errónea aplicación de la sanción más gravosa, del debido proceso y, finalmente, del derecho de propiedad sobre los intereses anexos a su empleo.

Solicita se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por la Resolución N° 98, de 11 de mayo de 2023, que se ha materializado mediante la Resolución N° 112, de 15 de abril del año en curso, que declaró la vacancia de su cargo, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional, y su reincorporación con el pago de todas las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir en el tiempo intermedio entre la desvinculación y el día efectivo de su reincorporación.

Segundo: Que, previo a evacuar su informe, la recurrida alega la extemporaneidad de la acción deducida. Explica que la resolución que ordenó la destitución del recurrente fue la N° 98, de 11 de mayo de 2023, notificada por correo certificado al actor el 23 de mayo de 2023, y que aquella que rechazó el recurso de reposición deducido N° 113, de 14 de junio de 2023, le fue notificada, del mismo modo, el 27 de junio de 2023, época desde la cual comenzaron a producir efectos jurídicos.

Afirma que, del petitorio del recurso, es posible entender que solo está recurriendo de la Resolución Exenta N° 98, de 11 de mayo de 2023, por lo que el presente arbitrio, interpuesto el 22 de mayo del año en curso, resulta extemporáneo.

En cuanto al fondo del recurso, solicita su rechazo, indicando que el actor fue contratado mediante diversos contratos de reemplazo a contar del 2 de febrero de 2009, posteriormente a plazo fijo, para pasar a contratación indefinida a contar del 1 de enero de 2016.

Refiere que la directora del CESFAM remitió el 2 de noviembre de 2022 una denuncia formulada por el funcionario nombre reservado en contra del recurrente por acoso sexual, por lo que el 9 de noviembre de 2022 se instruyó sumario en su contra. Sostiene que con las probanzas rendidas quedó acreditada, fuera de toda duda razonable, la efectividad de los hechos denunciados y que en aplicación de los protocolos vigentes —Resolución N° 13 de 12 de mayo de 2022 que aprobó el Protocolo de Actuación en Casos de Maltrato, Acoso Sexual y Acoso Laboral—.

Afirma que mediante la Resolución Exenta N° 98, de 11 de mayo de 2023, se resolvió aplicar al inculpado la medida disciplinaria de destitución, decisión que le fue notificada por correo certificado remitida al domicilio del recurrente el 23 de mayo de 2023. Añade que en contra de dicha resolución el actor dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado por Resolución Exenta N° 113, de 14 de junio de 2023, quedando firme la sanción impuesta. Dicho acto procesal, le fue notificado también por carta certificada al actor, despachada el 27 de junio del mismo año.

Agrega que el recurrente integraba el Directorio de la asociación de funcionarios, por lo que se remitió el expediente a la Dirección del Trabajo el 14 de julio de 2023. Precisa que el certificado de 8 de noviembre de 2023, emitido por la Dirección del Trabajo, dio cuenta de la composición de un nuevo directorio de la Asociación de Funcionarios de Salud Comunal San Joaquín a contar del 24 de octubre de 2023, entendiéndose que, a contar de esa fecha, el recurrente dejaba de pertenecer a él. A fin de resguardar el fuero del señor nombre reservado, y con la finalidad de resguardar el ambiente laboral, se destinó al denunciante a otro centro de salud y, a falta de respuesta de la Dirección del Trabajo, transcurridos más de nueve meses desde el ingreso del oficio remitido, se dictó la Resolución Exenta N° 112, de 15 de abril de 2024, por la que la Corporación toma conocimiento del vencimiento del plazo legal de fuero y, en consecuencia, declaró vacante el cargo del recurrente a contar del 25 de abril del año en curso. Precisa que la causa del acto administrativo en cuestión es el término del fuero y no la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, causa que no ha sido controvertida por el actor.

Sostiene que la medida de destitución procede en materia de acoso sexual y que el protocolo sobre la materia, vigente a la época de los hechos, describía conductas como las acreditadas durante la investigación sumaria, por lo que no existe ausencia de tipicidad como pretende el recurrente.

Finalmente, indica que la decisión adoptada cuenta con la debida fundamentación, por lo que también debe ser descartada esta alegación.

Tercero: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido en rebeldía de la recurrente y se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Quinto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Sexto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Séptimo: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Octavo: Que, como se ha señalado en el basamento segundo, la recurrida alegó, en primer término, la extemporaneidad de la presente acción constitucional, aduciendo que la resolución que ordenó la destitución del recurrente fue la N° 98, de 11 de mayo de 2023, notificada por correo certificado al actor el 23 de mayo del mismo año, e impugnada a través del correspondiente recurso de reposición, el que fue rechazado por Resolución N° 113, de 14 de junio de 2023, y notificada el día 27 del mismo mes y año. Razona el recurrente que la presente acción constitucional fue interpuesta el 22 de mayo de 2024, esto es, habiendo transcurrido con creces el “plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”, según dispone el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Noveno: Que la excepción de extemporaneidad alegada por el actor será desestimada, desde que el acto administrativo que el recurrente impugna es la Resolución N° 112, de 15 de abril del año 2024 que declara la vacancia del cargo, y que le fuera notificada el día 22 del mismo mes y año, por lo que a la fecha de interposición del presente recurso —hecho acaecido el 22 de mayo del año en curso— no había aún transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos que el auto acordado sobre la materia establece para ello.

Décimo: Que, en cuanto al fondo del recurso, de lo expuesto ut supra resulta que es un hecho pacífico que la recurrida inició un procedimiento sumarial y determinó que el recurrente tendría responsabilidad en los cargos que se le formularon, ordenando, mediante Resolución N° 98, de 11 de mayo de 2023, su destitución; decisión ratificada por la Resolución N° 113, de 14 de junio de 2023, que rechazó el recurso de reposición, y que por Resolución N° 112, de 15 de abril de 2024, se declaró la vacancia de su cargo.

Por consiguiente, es evidente que existe una estrecha vinculación entre el acto impugnado, que declaró la vacancia del cargo, y la primera de las resoluciones señaladas, que impuso la sanción de destitución del actor, por lo que resulta necesario analizar la legalidad de esta última para decidir la cuestión debatida, pues, de afectarle algún vicio que haga procedente su invalidación, traerá como consecuencia necesaria la invalidación de la resolución impugnada.

Undécimo: Que, como hemos dicho, la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que el recurrente ha manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos de la decisión.

Duodécimo: Que, en base a lo razonado, esta Corte estima que el carácter sumario y cautelar de la acción de protección no permite revisar y ponderar nuevamente, en la forma pretendida por el recurrente, los supuestos de hecho que sirvieron de fundamentos a la resolución que impuso al actor la sanción de destitución.

En efecto, el control a los actos administrativos requiere, en esta sede, la constatación de una ilegalidad o arbitrariedad que no concurre en la especie, ya que, de la revisión del procedimiento, se advierte que el mismo fue legalmente tramitado y las decisiones impugnadas fueron suficientemente fundadas, en atención a los cargos formulados y entidad de la sanción aplicada, los que fueron emitidos por la autoridad competente, dentro del marco de sus atribuciones y en cumplimiento a las obligaciones que le impone tanto la Constitución como la ley.

Decimotercero: Que, en estas condiciones, solo cabe concluir que la instrucción de un sumario administrativo con el objeto ya indicado y su sanción, al haberse acreditado los cargos, no puede ser calificada de una actuación arbitraria por parte de la autoridad, quien se ha limitado a hacer ejercicio de una norma legal que lo autoriza en tal sentido. Tampoco han resultado desvirtuados los cargos y la sanción resulta proporcional a la falta acreditada.

Por lo demás, no queda claro cuál es el reproche que formula el impugnante, desde que, por una parte, aduce que el acto cuestionado es ilegal y arbitrario porque los cargos formulados no se acreditaron en el sumario, para después sostener que la sanción aplicada es excesiva, ya que se trató de hechos que el propio denunciante consintió y de los que participó activamente.

Decimocuarto: Que, en cuanto a una supuesta ilegalidad por “ausencia de razonamientos” de los actos administrativos cuestionados, que también aduce el recurrente, esta Corte no advierte que se materialice dicho vicio en las resoluciones impugnadas, pues lo que motivó la instrucción del sumario administrativo es la existencia de los cargos formulados, y del análisis detallado de los mismos consta que se imputan las conductas determinadas que constituyen la infracción reprochada, la cual se estimó acreditada con el mérito de lo obrado en la investigación correspondiente.

En cuanto a la sanción aplicada, se señala en los motivos 34 y 35 de la Resolución N° 98 que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley N° 18.883, la medida disciplinaria de destitución procederá, entre otros casos, por infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82, norma que prescribe que el funcionario estará afecto a la prohibición de “[r]ealizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios”, agregando que “[s]e considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo […]”, esto es, “entendiéndose por tal el que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.

Por consiguiente, tampoco se aprecia la desproporcionalidad en la sanción impuesta que el recurrente alega, desde que la conducta acreditada —constitutiva de acoso sexual— lleva aparejada, precisamente, la sanción de destitución.

Decimoquinto: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide:

I. Que se rechaza la excepción de extemporaneidad interpuesta por la recurrida.

II. Que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 3164-2024 Prot.

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por la ministra María Teresa Díaz Zamora e integrada por el ministro Danilo Quezada Rojas y por el abogado Adelio Misseroni Raddatz.

Se deja constancia que no firman los ministros señora Díaz y señor nombre reservado, no obstante que concurrieron a la vista y posterior acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal, la primera y con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, el segundo, respectivamente.