Protección contra la I

Foja:77 Setenta y Siete San Miguel, veintisiete de diciembre de dos mil once.

Vistos A fojas 3 comparece don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de dicha comuna, representada por su Alcalde don Claudio Arriagada Macaya, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se ordene a la entidad edilicia dejar sin efecto el cobro de las patentes municipales que detalla.

Manifiesta haber concurrido a la Municipalidad recurrida el día miércoles 16 de noviembre de 2011, con el objeto de consultar por la patente municipal que había solicitado para un local de venta de repuestos, partes y piezas para automóviles, ubicado en los límites de la comuna, oportunidad en la que se le indicó que no podrían otorgársela ya que mantenía una deuda por no pago de patentes, ascendente a la suma de $11.211.507 (once millones doscientos once mil quinientos siete pesos).

Agrega que no le informaron el motivo de la deuda que supuestamente mantiene con la Municipalidad y sólo le dijeron que la única forma de dejarla sin efecto era recurrir judicialmente, que es lo que por esta vía pretende. Hace presente que tiene su domicilio particular en la comuna de La Granja, pero se trata de un inmueble habitacional en el que nunca se ha desarrollado actividad comercial alguna.

En consecuencia, estima que la Municipalidad de La Granja, a través de un acto ilegal y arbitrario, le imputa una deuda por pago de patentes municipales a pesar de no haber desarrollado nunca una actividad económica en esa comuna y le niega la patente para abrir un local comercial, todo ello sin señalar la causa de las supuestas patentes comerciales impagas, con lo cual está infringiendo sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Al efecto, expresa que al cobrársele patentes de manera impropia e indebida, por una parte se le imposibilita la obtención de una patente municipal para el local de venta de repuestos que desea abrir en la comuna y por otra, se lesiona su patrimonio privándosele de parte de él a través de una exacción legal.

Igualmente, expone que el acto de cobro de las patentes es ilegal ya que no existe norma que justifique su accionar y arbitrario, puesto que no se han señalado las causas por las cuales se habría supuestamente devengado el pago de las patentes que se pretenden impagas por parte de la Municipalidad recurrida.

A fojas 54, informa al tenor del recurso don Claudio Arriagada Macaya, Alcalde de la I. Municipalidad de La Granja, solicitando el rechazo del mismo fundado para ello en que don nombre reservado ejerce su actividad económica de venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos en domicilio reservado-E de la comuna, contando con su respectiva patente municipal que le fuera conferida mediante Decreto Alcaldicio N° 1140 de fecha 28 de marzo de 2011; en que las deudas impagas por concepto de patentes desde el segundo semestre del año 1993, son materias de juicios de lato conocimiento y, por tanto, absolutamente ajenas a la finalidad propia del recurso de protección; y, por último, en que la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades contempla en el artículo 141 y siguientes el Recurso de Reclamación por Ilegalidad como la vía idónea para recurrir de las actuaciones de los Alcaldes.

Añade que según lo ha reconocido una invariable jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, la finalidad propia de la acción de protección es la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental, tratándose de una acción cautelar de origen constitucional, que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y palmario, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución protectiva. Por lo mismo, expone que no se advierte que lo obrado por la Corporación Edilicia, dentro de su competencia, al conferir una patente comercial y del mismo modo cobrar retroactivamente patentes impagas desde que el recurrente registra iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, pueda configurar una actuación arbitraria e ilegal susceptible de ser impugnada por la vía de la acción de protección intentada.

Por otra parte, manifiesta que llama su atención el hecho de que el recurrente afirme que nunca ha desarrollado una actividad económica en la comuna, en circunstancias que cuenta con patente municipal para ejercer libremente su actividad económica de venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos en domicilio reservado-E de la comuna de La Granja y sus declaraciones de impuestos a la renta presentados por el recurrente ante el Servicio de Impuestos Internos indican que desde el año 1993 realiza actividades remuneradas, a lo que se añade que el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063, Ley de Rentas Municipales dispone que: "el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, señalando la jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República, contenida en dictámenes que resultan vinculantes para los órganos que componen la administración del estado, mediante dictamen N° 24.948 del año 2008, ha sido clara en señalar que: "Las municipalidades que sorprendan a contribuyentes realizando actividades afectas (pago de patente municipal) sin haber requerido la correspondiente autorización están obligadas a aplicar las sanciones que la ley establece por dicha omisión y cobrar, con los reajustes e intereses pertinentes, el monto de la patente que corresponda por el tiempo durante el cual el contribuyente estuvo ejerciendo dicha actividad.

Arguye finalmente que lo anterior es sin perjuicio del derecho que le asiste al Sr. nombre reservado, de solicitar ante un tribunal civil la declaración de prescripción en un juicio ordinario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.521 del Código Civil, o bien, acudir al procedimiento específico para recurrir de resoluciones u omisiones de los Municipios, es decir, el recurso de reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 141 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2°) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o mas de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3°) Que se ha estimado como ilegal y arbitrario la actuación de la Municipalidad de La Granja mediante la cual ha dispuesto el cobro de patentes comerciales adeudadas por el recurrente, sosteniéndose también, que la recurrida habría negado el otorgamiento de patente para comercializar repuestos de automóviles fundado ello en la deuda que mantiene con el referido ente municipal;

4°) Que informando la recurrida sostiene, que no es efectivo que se haya negado el otorgamiento de patente municipal para comercializar repuestos de vehículos motorizados, por cuanto el recurrente tiene vigente permiso municipal para estos efectos. Y en cuanto al cobro de patentes municipales atrasadas, ello es motivo de un juicio de lato conocimiento en el cual se puede oponer la acción de prescripción de la deuda, considerando que a la Municipalidad le asiste la obligación legal de perseguir el cobro de los tributos que se le adeuden, conforme lo disponen la Ley de Rentas Municipales y la Ley Orgánica de Municipalidades 5°) Que el recurso constitucional de protección está dirigido a cautelar los derechos y garantías constitucionales que se encuentren, conforme a los antecedentes hechos valer, vulnerados o amenazados en su ejercicio, y exista, en consecuencia, un derecho indubitado al que debe brindarse protección, y ninguna de estas circunstancias ha podido tenerse por acreditada;

6°) Que en efecto, consta de los antecedentes que la recurrente actualmente está haciendo uso de una patente para comercializar repuestos de vehículos motorizados y que respecto al cobro que de las patentes atrasadas estaría realizando la recurrida, no se indica la forma en que ello se estaría efectuando y que por lo demás esta situación requiere de un juicio de lato conocimiento donde el recurrente podrá hacer valer las excepciones que estime pertinentes.

7°) Que en consecuencia, la recurrida como ente de la administración descentralizada del Estado tiene la obligación legal de perseguir el cobro de todos aquellos tributos que pudiesen adeudarse, y es precisamente esto lo que ha realizado, en consecuencia, al ejercerse un derecho que franquea la ley ello no puede revestir el carácter de ilegal, como tampoco puede sostenerse que la misma tenga la calidad de arbitraria al no fundarse la actuación en el mero arbitrio de quién ejerce un legítimo derecho;

8°) Que conforme con lo razonado y del mérito de los antecedentes, no puede desprenderse la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales esgrimidos como vulnerados por el recurrente, y siendo el recurso de protección de naturaleza excepcional y eminentemente cautelar, necesariamente debe ser rechazada la acción impetrada;

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 3, por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado Integrante.

Rol Corte 316 – 2011. PRO.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministro señora Lya Cabello Abdalá e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

En San Miguel, a veintisiete de diciembre de dos mil once, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.