nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

San Miguel, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

A los folios 11 y 12: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, ex funcionaria municipal de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, fundado en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala, respecto a los antecedentes de hecho del recurso que, el 19 de diciembre de 1991 ingresó a la planta del personal de la Municipalidad de nombre reservado y siempre fue calificada en lista 1, que significa excelencia.

Indica que, el 5 de mayo de 2025 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) resolvió que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable. Y que el 27 de junio de 2025, el alcalde declaró vacante el cargo perteneciente a la Dirección de Desarrollo Social, por medio del decreto alcaldicio N° 533, en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 letra a) de la Ley 18.883.

Argumenta que dicho decreto contradice lo dispuesto en el artículo 148 inciso final del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Respecto a la vulneración de las garantías constitucionales indica que, el artículo 19 N° 16, establece que está prohibida cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Por otra parte, el artículo 19 N° 24 asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Sostiene que el despido practicado por el decreto alcaldicio que se impugna, genera perjuicios a su patrimonio, privándola de su derecho a remuneración. Y, además, esta facultad debe ejercerse dentro del marco regulatorio del artículo 148 del estatuto municipal referido, es decir, debe requerir a la COMPIN, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud.

Advierte que, en este caso el organismo evaluador, declaró su salud recuperable.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, Directora jurídica de la Municipalidad de nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso con condena en costas.

Señala que la decisión alcaldicia impugnada no es ilegal ni arbitraria, puesto que cumple con los requisitos de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Explica que el artículo 147 de la Ley 18.883 que contiene normas sobre el estatuto administrativo, establece que procede la declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; y a su vez, el artículo 148 del mismo cuerpo legal, dispone que se podrá considerar como salud incompatible el hecho de usar licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, pese a que no se declare la salud irrecuperable durante ese periodo.

Aduce que la sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema, rol Rol 33.377 del año 2024, en su considerando quinto, se refiere a la declaración de vacancia por salud incompatible y en ese sentido explica que, ella se dispone cuando la autoridad técnica establece que la salud es recuperable. Luego, manifiesta que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se refiere – salvo las excepciones legales – a que la condición médica “resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”.

Sostiene que la recurrente trata como sinónimos los conceptos de salud irrecuperable e incompatible, sin embargo, se trata de nociones diferentes, con requisitos distintos.

Defiende que el decreto alcaldicio fue correctamente fundado, considerando una serie de antecedentes, tales como, decretos aprobatorios de las licencias médicas y dos resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). También se tuvo a la vista diversas consideraciones de hecho y de derecho como, por ejemplo, que la recurrente hizo “uso de licencias médicas por enfermedad común, no profesional por un periodo superior a 180 días, continuos o discontinuos, dentro de los dos últimos años”.

Expone que en el decreto alcaldicio N° 533/2025 se explicó un factor relevante, que es consecuencia de la ausencia reiterada de la funcionaria “quien cumplía funciones en un comienzo en la Dirección de Desarrollo Social, ha provocado un grave retraso en las obligaciones y funcionamiento de la Municipalidad de nombre reservado” (considerando N° 9).

Por otra parte, se remite al considerando N° 10 del mismo decreto, el cual expresa que “A ello se suma la Resolución emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que concluyó que su estado de salud es recuperable, lo que impide a esta administración mantener vigente su nombramiento sin transgredir los principios de eficiencia, responsabilidad y continuidad del servicio público que rigen la actuación municipal (…)”.

En otro sentido, indica que el decreto alcaldicio N° 655/2025, que rechazó la reposición en contra de dicha decisión, demuestra que, conforme al certificado emitido por el Jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de 14 de julio de 2025, se acredita que la recurrente hizo uso de 439 días de licencia por enfermedad común, a partir del 30 de junio de 2020.

Concluye que la decisión alcaldicia fue fundada, legal y alejada de toda arbitrariedad, en consecuencia, no vulnera los derechos fundamentales denunciados, por lo que procede rechazar el recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el decreto alcaldicio Nº533 del 27 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba el actor, por salud incompatible. A su vez éste fue confirmado por el decreto alcaldicio N° 655 de 24 de julio de 2025 que se pronunció respecto al recurso de reposición interpuesto por la recurrente.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por ende, se observa, en las normas citadas, que la única limitante impuesta al jefe de Servicio para poner término a la contratación por la salud incompatible para el cargo es que la salud hubiere sido declarada irrecuperable por la Comisión de Medicina Preventiva, puesto que, en tal situación, la hipótesis que motivaría el cese de funciones sería diferente.

Sexto: Que, en el presente caso, el término de los servicios no acaeció por la invocación de salud irrecuperable, sino que se estimó por la autoridad competente, que se trataba de salud incompatible para el desempeño de la función.

Séptimo: Que es un hecho no controvertido que la duración de las ausencias de la recurrente, con motivo de las licencias médicas respectivas, corresponde a 439 días.

A su vez, de acuerdo a los antecedentes concretos aportados por las partes, aquéllas no tuvieron por causa un accidente en acto de servicio, enfermedad a consecuencia o con ocasión del desempeño de las funciones, ni reposo vinculado con la maternidad de la funcionaria. A esto se suma que no medió, en este contexto, una declaración de salud irrecuperable.

Octavo: Que la situación descrita se enmarca en los presupuestos previstos en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De lo que, necesariamente, se sigue que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

En efecto, se infiere, de las normas precedentemente transcritas, que es facultad privativa del Jefe Superior del Servicio, en este caso, el alcalde, calificar si el goce de licencia médica por parte de un funcionario durante un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad, importa o no tener salud incompatible con el desempeño del empleo.

Noveno: Que tampoco el acto impugnado resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan, claramente, los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, esto es, se observaron los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de base de sustentación, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Décimo: Que, de considerarse que para aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 debió mediar una declaración de salud irrecuperable, como postula la recurrente, tendría que aceptarse entonces que sus incisos 1° y 3° serían contradictorios, pues el primero daría la potestad al jefe de servicio de declarar vacante el cargo por salud incompatible, siempre y cuando no haya una declaración de salud irrecuperable; y el segundo le exigiría la existencia de salud irrecuperable para poder declarar vacante el cargo por salud incompatible. Esta interpretación significaría que no tendría efecto alguno aquella facultad que la ley otorga al jefe de servicio, para ejercer la prerrogativa de declarar vacante el cargo por salud incompatible de la funcionaria recurrente, careciendo de sentido la norma, al resultar abiertamente contradictoria.

Undécimo: Que, atendido lo razonado hasta ahora, se debe desechar la alegación de la actora en cuanto a que el acto carece de motivación válida, y de que se encuentra viciado por desviación de poder, por no haberse invocado antecedentes plausibles que permitan concluir su existencia.

Duodécimo: Que, finalmente, debe tenerse presente en lo que dice relación con la alegación de afectación del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, que dicha garantía constitucional, en la variante que ha sido invocada, no se encuentra cautelada por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, que sólo contempla el recurso de protección "en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación".

Décimo tercero: Que, desde esta perspectiva, es necesario dejar constancia de que la discrepancia en la interpretación normativa que se alega, a través de este libelo, no puede ser constitutiva de una actuación ilegal o arbitraria, puesto que importa la inexistencia de un derecho indubitado Décimo cuarto: Que, cabe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo; ello en armonía con el objetivo de dicha labor, que implica prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, la que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado.

Décimo quinto: Que, así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema ha resuelto, en su sentencia de 22 de abril de 2025, relativa al Rol 3940-2024, la que fundamenta, en lo pertinente:

“(…) Cuarto: Que, en consecuencia, esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”.

Décimo sexto: Que, finalmente, no está de más recordar que, en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

Décimo séptimo: Que, por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración, por todo lo cual, el recurso de protección intentado no podrá prosperar.

Que, conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°3156-2025 Protección.