Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

San Miguel, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se recurre de protección en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta NUM000, de 31 de julio de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por supuestos incumplimientos formales y de plazo. Expone el recurrente que ingresó irregularmente a Chile en julio de 2022, huyendo de Venezuela debido a persecución política. Señala que fue miembro de la Armada Bolivariana y que, tras negarse por razones de conciencia a participar en labores represivas contra la oposición política, fue detenido y sometido a control por organismos de contrainteligencia, logrando posteriormente huir del país.

Afirma que, de retornar a Venezuela, arriesgaría graves represalias, incluso la pena de muerte por traición a la patria. Relata que, al llegar a Santiago, concurrió al Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de formalizar su solicitud de refugio, lo que no pudo concretar debido a que se le exigió previamente una autodenuncia ante la Policía de Investigaciones por su ingreso clandestino.

Añade que solicitó dicha autodenuncia, obteniendo una constancia en la que se le indicó que sería contactado por la autoridad policial para completar el trámite, lo que nunca ocurrió. Esta situación de indefinición lo llevó a interponer un recurso de protección anterior, rol N° 2277-2024, el cual fue acogido por esta Corte, ordenándose al Servicio permitirle formalizar su solicitud de refugio. Indica que, en cumplimiento de lo resuelto, fue citado en abril de 2025 y finalmente presentó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 3 de julio de 2025. Sin embargo, posteriormente fue notificado de la resolución recurrida, que tuvo por desistida dicha solicitud, fundándose en el ingreso por paso no habilitado y en el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, estimando no subsanados los defectos formales advertidos.

El recurrente sostiene que esta decisión resulta arbitraria e ilegal, por cuanto le imputa la demora en la presentación de su solicitud, pese a que esta fue ocasionada por exigencias y dilaciones atribuibles al propio Servicio y a la Policía de Investigaciones, circunstancia ya reconocida por esta Corte en el fallo anterior. Afirma que con ello se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, el derecho a buscar asilo y el principio de no devolución, consagrado tanto en la legislación interna como en tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile.

Solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar continuidad al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándole la visa temporaria correspondiente mientras se resuelve su situación por la autoridad competente.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, sosteniendo que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere garantías constitucionales.

Expone que el recurrente no registra ingreso regular al país, presumiéndose su ingreso por paso no habilitado, circunstancia corroborada por un parte policial de la Policía de Investigaciones de abril de 2022. Añade que el extranjero no manifestó intención de solicitar refugio al momento de ingresar al territorio nacional, pese a existir dicha posibilidad conforme a la normativa vigente.

Señala que recién el 10 de abril de 2025, esto es, aproximadamente tres años después de su ingreso irregular, el recurrente formalizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones. En el marco del procedimiento, fue citado a entrevista personal y se le entregó el formulario correspondiente, realizándose la revisión de los antecedentes acompañados. Mediante resolución exenta de 3 de julio de 2025, el Servicio resolvió no dar curso a la solicitud, por incumplimiento de requisitos formales mínimos, en particular: haber excedido el plazo legal de siete días hábiles para solicitar refugio desde su ingreso al país y no acreditar el cumplimiento de las exigencias especiales aplicables a quienes ingresan por paso no habilitado. No obstante, se le otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud. El recurrente acompañó algunos antecedentes —entre ellos, una carta explicativa, un certificado de antecedentes penales, una tarjeta de identificación de extranjero infractor y un diploma—, los que fueron analizados por la autoridad, estimándose que no resultaban suficientes para desvirtuar las causales de inadmisibilidad.

Concluye que, mediante resolución exenta de 31 de julio de 2025, se declaró desistida la solicitud de refugio, resolución que fue debidamente notificada y respecto de la cual el interesado no interpuso recursos administrativos.

Finalmente, el Servicio hace presente que no se ha dictado en contra del recurrente ninguna medida sancionatoria, como orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión, y concluye que el procedimiento se ajustó estrictamente a la Ley N° 20.430, a sus modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655 y, supletoriamente, a la Ley N° 19.880, descartando toda vulneración de garantías constitucionales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal - contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que se tilda de ilegal y arbitraria la resolución que tuvo por desistido al recurrente sobre su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.

Quinto: Que, según se desprende de los antecedentes, el recurrente no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430, que le exigía presentar su solicitud en el plazo de siete días hábiles, contados desde su ingreso al territorio nacional, lo que ocurrió aproximadamente tres años después de dicho ingreso, sin que tampoco acreditara en su oportunidad -en el nuevo plazo otorgado en el procedimiento administrativo- alguna justificación de tal incumplimiento formal, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y 35 del D.S. N°837, que establece el Reglamento de la citada Ley N°20.430, motivo por el cual no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la resolución que lo tuvo por desistido de su solicitud, ya que con ello se ha dado aplicación a lo preceptuado en el artículo 31 inciso primero de la Ley N°19.880, de modo que la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3150-2025.

En San Miguel, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.