nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO PONIENTE

San Miguel, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Mario Andrés Morales Ibáñez, en representación de nombre reservado cédula nacional de identidad N°RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por el acto que se califica de ilegal y arbitrario consistente en la anotación Nº4113, de 11 de julio de 2025, que bloquea su cuenta para realizar trámites ante el recurrido, lo que estima vulnera la garantía constitucional prevista en el número 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 4 de agosto de 2025 ingresó a la plataforma web del Servicio de Impuestos Internos, oportunidad en que se percató que registra la anotación Nº4113, de 11 de julio de 2025, en virtud de la cual se encuentra bloqueada para realizar trámites ante el Servicio.

Afirma que nunca se le explicó los motivos de la medida, el alcance, ni las formas de solución para poder recuperar el acceso, lo que constituye una vulneración a sus derechos, pues, al bloquear su cuenta se ve imposibilitada de llevar a cabo declaraciones de impuestos, emitir documentos tributarios o realizar solicitudes de cualquier tipo.

Arguye que se infringen los numerales 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario según los cuales las actuaciones del Servicio no pueden afectar el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas y el derecho del contribuyente de ser informado de toda clase de anotaciones. Agrega que la medida de bloqueo de la cuenta personal del portal del servicio, no se encuentra contemplada en ninguna norma de rango legal Solicita se ordene eliminar todo tipo de restricciones que afecten el acceso y uso del portal web del SII, desbloqueando todas las aplicaciones de la plataforma, con costas.

Segundo: Que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos informa que la recurrente registra inicio de actividades el 01 de enero de 2025, con la actividad económicas vigente de “Servicios Funerarios”. Es socia y representante legal de las siguientes sociedades: RRHH MARTÍNEZ DONOSO LIMITADA, RUT Nº RUT reservado, fecha de incorporación 24-03-2017; FUNERARIA SENDERO SPA, RUT Nº RUT reservado, fecha de incorporación 07-02-2017; CONSTRUCTORA DONOSO SPA, RUT Nº RUT reservado, fecha de incorporación 05-01-2018. Precisa que la actora es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios) y del Impuesto de Primera Categoría.

Sostiene que la contribuyente presenta la anotación negativa en el Sistema Integrado Cumplimiento Tributario (SICT): Anotación N°41132, de 11 de julio de 2025, atendido que tiene la calidad de socio y/o representante legal de una sociedad que registra la anotación por alguna de las causales 4110, 4111 ó 4112.

Refiere que lo anterior se traduce en que la contribuyente tiene vínculos, de los señalados en el párrafo a anterior, con: a) Contribuyentes que no han emitido documentos tributarios afectos a IVA y cuyos antecedentes declarados en el inicio de actividades, presentan inconsistencias o existen fundadas sospechas de que sus operaciones comerciales futuras no serán efectivas; b) Contribuyentes que han emitido documentos tributarios afectos a IVA, cuyos antecedentes permiten concluir que la totalidad de sus operaciones comerciales no se han realizado; o c) Contribuyentes que han emitido documentos tributarios afectos a IVA, cuyos antecedentes permiten concluir que parte de sus operaciones comerciales no se han realizado.

Precisa que la sociedad FUNERARIA SENDERO SPA, RUT Nº RUT reservado, (en la que participa la contribuyente como socia y representante) registra la anotación 4111, esto es, por figurar como emisor de documentos tributarios, con antecedentes suficientes para determinar que sus operaciones podrían no ser efectivas.

Afirma que la recurrente busca el levantamiento de los efectos de la anotación 4113, para dicha discusión y resolución el legislador ha previsto el procedimiento de vulneración de derechos del contribuyente, cuyo tribunal competente es el Tribunal Tributario y Aduanero, de acuerdo al artículo 155 del Código Tributario.

Niega que le haya “bloqueado” el acceso a la plataforma de internet del Servicio de Impuestos Internos, ya que como se encuentra en la situación en la que es representante de una contribuyente respecto de la cual se tienen antecedentes que podría estar haciendo mal uso de documentación tributaria, se le ha impuesto el deber de concurrir a efectuar algunos trámites de manera presencial.

Precisa que la regulación administrativa de la anotación N°4113, que afecta a la contribuyente, produce única y exclusivamente los siguientes efectos: a) Quedará constancia en MiSii (informativo para el contribuyente afectado). b) Se incluirán en la “Nómina No Condonables”. c) Se ingresarán a la Nómina de Difícil Fiscalización, d) Producirán un otorgamiento condicionado de autorización de documentos que den derecho a crédito fiscal del IVA, debiendo el contribuyente concurrir presencialmente a la Dirección Regional, para solicitar autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos.

Explica que el Servicio tiene la facultad de efectuar anotaciones a los contribuyentes de acuerdo con el artículo 2°, del D.F.L. N° 3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación, que dispone: “La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos. Dicho Rol Único se llevará en la Dirección Nacional, en la cual deberá concentrarse y mantenerse la información de todos los contribuyentes del país, sin perjuicio de que puedan confeccionarse duplicados o copias parciales del mismo para uso en las diversas Oficinas de Impuestos Internos y Tesorerías, con el objeto de facilitar las actuaciones de los contribuyentes.” Agrega que el artículo 6° del Código Tributario dispone que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.”

Sostiene que por medio del ejercicio de su potestad normativa a través de diversos Oficios ha regulado dicha facultad, disponiendo que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda.

Concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el asunto que se somete a conocimiento de este tribunal; que no existe la medida de bloqueo a la plataforma del SII, como señala la contribuyente; que no existe acto ilegal o arbitrario del Servicio de Impuestos Internos, que sea impugnable mediante la presente acción y, por último, que no existe afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, en cuanto a la conducta imputada en el libelo de protección, según se adelantó, en la especie corresponde a la anotación efectuada por la recurrida en el registro correspondiente a la actora, Nº4113, de 11 de julio de 2025, en virtud de la cual se encontraría bloqueada para realizar trámites ante el Servicio, por lo que pretende que se elimine todo tipo de restricciones que afecten el acceso y uso del portal web del SII, desbloqueando todas las aplicaciones de la plataforma.

Quinto: Que, como ha quedado expuesto en los fundamentos que anteceden y, de acuerdo con lo manifestado por el Servicio de Impuestos Internos tanto en su informe como ante este estrado, la anotación que ha servido de sustento a la acción -y que por tanto se erige como la conducta reprochada en la presente acción cautelar- carece del efecto manifestado por la recurrente, sino que corresponde a una medida conducente a que el contribuyente concurra presencialmente a las oficinas competentes del recurrido para aclarar posibles dudas de fiscalización propias de la competencia y atribuciones del referido servicio estatal, así como para realizar, en caso de que ello sea necesario, diversas gestiones ante dicho órgano estatal.

En tales condiciones, dicho requerimiento no puede entenderse, primeramente, como un acto arbitrario, desde que es consecuencia del comportamiento observado en la materia por parte de la sociedad relacionada con el recurrente, respecto del cual importa un resguardo destinado a obtener directamente por la entidad certeza sobre las operaciones de que se trata. Luego, en segundo término, tampoco aparece como una actuación ilegal, en tanto la exigencia que subyace a la limitación en comento, cae dentro de las facultades que la ley otorga a la recurrida.

Por otra parte, cabe tener presente que la correspondiente necesidad de relación directa entre el contribuyente y el servicio estatal recaudatorio y sus objetivos orgánicos, suponen la realización de actividades de fiscalización.

Por lo anterior, no vislumbra esta Corte vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados.

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio no puede prosperar.

Séptimo: Que la parte recurrente será eximida del pago de costas por estimar esta Corte que tuvo motivo plausible para impetrar la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado en contra de Servicio de Impuestos Internos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Caneo.

Rol 3140-2025 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por el ministro señor Danilo Quezada Rojas, la ministro señora Nora Rosati Jerez y el abogado integrante Hugo Caneo Ormazábal.