nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

San Miguel, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

A los folios 21 y 22: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, recurre de protección nombre reservado nombre reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente general nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el descuento efectuado en su liquidación de remuneración desde el mes de julio del presente año por la suma de $147.733, solicitando que cese todo tipo de retención o descuento, restituyendo los montos ya descontados, como los que pudieren descontarse durante la tramitación del presente recurso, con costas.

Expone que el 11 de marzo de 2021 suscribió un pagaré con la recurrida, por la suma de $4.352.734, monto que debía ser pagado en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $123.293. Sin embargo, dada la imposibilidad de pagar dicho crédito, se interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré en su contra, sustanciada ante el 1º Juzgado de Letras de San Bernardo, en causa ROL C-3725-2024, la cual fue interpuesta el 11 de noviembre de 2024.

Agrega que, a pesar de lo anterior, se procedió a practicar el descuento de las cuotas adeudadas en su liquidación desde enero de este año, sin que fuera informada de la decisión de la recurrida.

Refiere que la recurrida ha hecho un uso arbitrario e ilegal de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.883 ya que una Caja de Compensación debe ceñirse a lo dispuesto en la Constitución Política, no vulnerando -como ocurre en la especie-, el artículo 19 Nº24 del texto legal referido, ya que no resulta procedente que se perturbe el derecho de propiedad que recae sobre su remuneración, añadiendo asimismo que la recurrida optó por hacer uso de la cláusula de aceleración, al demandar el cobro del total de la deuda a través de la demanda ejecutiva interpuesta, resultando dicha facultad incompatible con el cobro de montos similares al de una cuota a su conveniencia.

Pide que se acoja el presente recurso, ordenando el cese de todo tipo de retención o descuento de la remuneración.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, haciendo presente que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, sin fines de lucro, como las define el artículo 1º de la Ley 18.833 -que fija su estatuto-, tienen como objeto exclusivo administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social, incluido el crédito social regulado en el artículo 22 de la mencionada Ley el que expresa textualmente lo siguiente: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Expone que el 11 de marzo de 2021 otorgó a nombre reservado el crédito código 038CON102990227, por la suma de $4.352.734.-, a una tasa de 1,81%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $123.293.- cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2022. Refiere que las 18 primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, existiendo retraso en las siguientes, por lo que se reprogramó el crédito el 6 de abril de 2023, por la suma de $3.708.533, manteniendo la tasa inicial en un plazo de 60 meses, con una cuota de $105.047 cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio de 2023. Posteriormente, las primeras 11 cuotas fueron pagadas regularmente, existiendo un desfase en las siguientes y dejando de pagar a partir de febrero de 2025.

Agrega que el 23 de febrero de 2022 se le otorgó a la recurrente otro crédito -cuyo código es el 038CON103458279-, por la suma de $1.032.722.-, a una tasa de 1,98%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $31.547.- cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2022. Destaca que dicho crédito también fue reprogramado el 6 de abril de 2023, por la suma de $1.036.406, a una tasa de 1.98%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $30.570, con vencimiento el 30 de junio de 2023, generando mora del mismo a partir del mes de marzo de 2025.

Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria por su parte y que actuó en conformidad al citado artículo 22 de la Ley N°18.833 tratándose de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita.

Finaliza señalando que no existe vulneración a garantía fundamental alguna, ya que se encuentra autorizada, en virtud de disposición legal, a solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social. Destaca en ese sentido que solo existiría un acto arbitrario e ilegal si se informaran deducciones a partir de créditos sociales en los que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que no ha sido declarado a favor del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes fluye que la recurrida ha ejercido dos vías para el cumplimiento de una misma obligación, originadas ambas en un mismo contrato de mutuo.

Quinto: Que, asimismo, del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procedía o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones de la recurrente de protección, con causa en el crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833: “…Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales…”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquellas Cajas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que les corresponda su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

Sexto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N.º 18.833 establece que las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación deben ser deducidas de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora y remesadas a la Caja acreedora conforme a las normas que rigen el pago de cotizaciones previsionales, en el caso de autos la Caja optó por judicializar el cobro, excluyéndolo del ámbito extrajudicial que ahora pretende retomar, al reactivar los descuentos a través del empleador del recurrente.

Tal proceder resulta arbitrario, pues implica reactivar un mecanismo de cobro excepcional conferido por la ley para situaciones específicas, condición que no se cumple en la especie. Al haber optado por la vía judicial, la recurrida renunció a utilizar el mecanismo extrajudicial del artículo 22, el cual, en razón de su carácter excepcional, debe interpretarse y aplicarse restrictivamente. En consecuencia, no le asiste la facultad de perseguir el cobro simultáneamente por ambas vías.

Séptimo: Que, conforme al principio de sujeción a la Constitución y a las leyes, la recurrida –en cuanto entidad que ejerce una función pública asistencial– debe actuar de manera motivada y racional. Por ello, estaba obligada, al menos, a comunicar previamente al recurrente sus decisiones, y no proceder de forma sorpresiva, haciendo uso abusivo de una potestad unilateral prevista en la ley y en el contrato, sin considerar la legítima expectativa del trabajador de percibir íntegramente sus remuneraciones.

Una vez elegida la vía judicial, la Caja queda impedida de ejercer el mecanismo previsto en el artículo 22, ya que, además, su actuar priva al recurrente del derecho a ejercer defensa patrimonial en sede judicial. Ello no obsta a que pueda ejercer las acciones ordinarias que le confiere el ordenamiento jurídico para perseguir el cumplimiento de la obligación.

Octavo: Que el actuar arbitrario de la recurrida importa la vulneración del derecho del actor consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, desde que afecta su patrimonio, reduciendo el monto del dinero que le corresponde percibir por su trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y se dispone que la recurrida deberá proceder al reintegro, debidamente reajustado, de todos los descuentos que haya realizado de las remuneraciones de la recurrente desde que se efectuó el requerimiento de pago en la causa Rol C-3725-2024 del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, esto es el día tres de enero de dos mil veinticinco, incluyendo la cuota del mes de agosto que la recurrida se comprometió a reintegrar.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°3118-2025 Protección.