Protección contra Ilustre Municipalidad de San Joaquín

San Miguel, ocho de Abril de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 35, con fecha 31 de Enero de 2014, comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, en favor de los funcionarios públicos doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su Alcalde don Sergio Echeverría García, y de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, representada por doña nombre reservado.

Señalan que recurren porque los días 02, 03, 06 y 08 de Enero del año en curso, se comunicó a los 13 funcionarios ya señalados, la decisión de cesar los servicios que prestaban como personal a contrata de salud o plazo fijo en el CESFAM Santa Teresa de Los Andes y en el CESFAM A. nombre reservado, ambos de la comuna de San Joaquín, acciones que, en su opinión, constituyen privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 N°s 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Refieren que en las fechas antes mencionadas, las personas en cuyo favor accionan concurrieron a sus lugares de trabajo y pusieron su huella dactilar en el reloj control de asistencia; sin embargo, a partir de las 11:00 horas del día 02 de Enero, fueron avisados por sus jefaturas que debían concurrir a una de las salas del CESFAM Santa Teresa de Los Andes, tras lo cual fueron reunidos en una misma dependencia, donde se les indicó que se prescindía de sus servicios a contrata de salud y que, al respecto, se les había enviado una carta de notificación despachada con fecha 30 de Diciembre de 2013 a sus domicilios, en la que se les informaba su desvinculación. Dicha comunicación contenía 3 argumentos: que su contrato de trabajo a plazo fijo expiraba el 31 de Diciembre de 2013 y no sería renovado para el año 2014, que el ajuste de dotación no obstaba a que en el futuro tomaran contacto con ellos si se requirieran nuevamente sus servicios y que sus cotizaciones previsionales se encontraban al día por todo el período trabajado para dicha Corporación.

Agregan que sus representados tienen la calidad de funcionarios públicos, siéndoles aplicable la Ley N° 19.378 relativa al Estatuto de Atención Primaria de Salud, que regula la administración, régimen de autofinanciamiento y coordinación de los establecimientos creados por las municipalidades; asimismo, en forma subsidiaria, se les aplican las normas de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto de los Funcionarios Municipales. Refieren que también, por expresa disposición del legislador, su vínculo laboral con las Corporaciones Municipales se determina como empleados a contrato indefinido, empleados con contrato a plazo fijo y empleados a honorarios, situación que por analogía equivale a los cargos de planta, contrata y honorarios que establecen tanto la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, como la Ley N° 18.883, ya aludida.

De este modo, al reconocer la ley que los funcionarios de la Atención Primaria de Salud son funcionarios públicos, les rigen todas las normas estatutarias correspondientes. Y en este ámbito, conforme lo establece el artículo 10 del Estatuto Administrativo, los empleos a contrata se caracterizan por su transitoriedad, pues duran como máximo hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en la que el empleo expira por el solo ministerio de la ley, salvo que se hubiere dispuesto la prórroga y tal situación se haya notificado previamente por escrito al funcionario. Este carácter también se contempla en la Ley N° 19.378 respecto de los funcionarios a contrata de salud o plazo fijo.

Señalan que la ilegalidad del acto denunciado se manifiesta en la decisión de cesar a los funcionarios públicos a contratas de salud o plazo fijo ya referidos, infringiéndose con ello el marco normativo pertinente, a saber:

1.- Circular № 31-2013 del Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de Noviembre de 2013, denominado "Instructivo a Jefes de Servicios sobre Proceso de Renovación del Personal a Contrata", cuyo texto transcribe, vulneración que se ha producido ya sea por desconocimiento o por negligencia de la autoridad, en circunstancias que esta circular se encuentra vigente desde el año 2012 (informado mediante Circular № 44-2012), en la que se establecen los criterios de excepcionalidad y objetividad en la no renovación del personal a contrata o plazo fijo. En este contexto, hace presente además que ninguno de los funcionarios desvinculados ha podido hacer uso de su feriado legal, pese a contar con más de un año de servicio de conformidad al artículo 18 de la Ley N° 19.378, en circunstancias que la Circular en comento permite que los funcionarios cuyas contratas no fueren renovadas ejerzan su derecho a tal feriado con goce de sus remuneraciones y por el término de 15 días hábiles.

2.- Dictamen 3994/162 de la Inspección del Trabajo, de fecha 31 de Agosto de 2004, motivado en una solicitud de pronunciamiento realizada por la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, en que si bien se reconoce la facultad de la recurrida para renovar al personal de salud tantas veces como estime necesario, destaca que el funcionario que continúa prestando servicios después del vencimiento del plazo -como ocurre en el caso de los desvinculados, quienes prestaron servicios entre los días 01 al 08 de Enero de 2014- debe entenderse que se ha renovado su contrato por otro periodo igual o inferior a un año, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2014, situación que a todas luces los recurridos infringieron.

3.- Artículos 156 y siguientes de la Ley № 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República, a cuyo respecto esta última ha resuelto que dichas normas están orientadas a proteger la estabilidad en el empleo, y en consecuencia, constituyen una limitación o un mecanismo de restricción al ejercicio las facultades relacionadas con el término de relaciones laborales, salvo aplicación de sumario administrativo por parte del propio organismo contralor. En este caso, los funcionarios han sido desvinculados dentro del periodo eleccionario o fuero electoral correspondiente al año 2013, determinado por los treinta días anteriores y sesenta días siguientes a los días 17 de Noviembre y 15 de Diciembre, respectivamente, por cuanto las comunicaciones de desvinculación fueron entregadas entre los días 02 al 08 de Enero de 2014.

A continuación, expresan que la arbitrariedad de la decisión impugnada queda de manifiesto en que la dotación para el CESFAM Santa Teresa de los Andes y CESFAM Dr. Baeza Goñi de la Municipalidad de San Joaquín, según el presupuesto aprobado para este año, se ha mantenido en comparación al año 2013, de lo que se desprende que la desvinculación de los funcionarios en cuestión constituye una discriminación arbitraria, por cuanto no existe fundamento o antecedente técnico ni económico que justifique el actuar de los recurridos, sin que existan parámetros objetivos y razonables sobre la medida adoptada, más que una intención soterrada de los recurridos de debilitar a las Asociaciones de Funcionarios de los establecimientos de salud de la comuna de San Joaquín, por cuanto todos los funcionarios desvinculados son socios de aquellas y, curiosamente, dicha decisión no afectó a ningún no asociado, no obstante no existir diferencia alguna en cuanto a calificaciones u hoja de vida funcionaria.

Sobre la base de los antecedentes antes mencionados, concluyen que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 № 2 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la libertad de trabajo y su protección, garantizada por el N° 16 del artículo 19 del texto constitucional, precisan que su vulneración se produjo en tanto todos los funcionarios han sido calificados en lista Uno o Distinción durante el periodo 2013, no registran sanciones administrativas ni anotaciones de demérito, sus funciones son de alta responsabilidad y dichos CESFAM son los que tienen los mayores ingresos de pacientes en la comuna de San Joaquín.

Conforme los hechos expuestos, solicitan a esta Corte que ordene el reintegro inmediato de los funcionarios desvinculados a sus respectivos trabajos y funciones, restableciéndose sus contratas hasta el día 31 de Diciembre de 2014, disponiendo además el pago íntegro de todas sus remuneraciones por el tiempo que han permanecido desvinculados, con expresa condena en costas.

A fojas 68 doña nombre reservado, Alcaldesa (S) de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, evacúa informe al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Manifiesta que los recurrentes no son funcionarios municipales, pues la entidad que contrató con ellos es la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, de modo que el municipio no tiene relación alguna con el término de sus contratos de trabajo. Agrega que el personal que se desempeña en esta área tiene su propio estatuto jurídico, la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, por lo que no corresponde aplicarles la legislación establecida para los funcionarios municipales, como los actores plantean. En este ámbito, refiere que si bien el artículo 4° de la norma precitada establece la aplicación supletoria de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto de los Funcionarios Municipales, dicha remisión sólo opera en lo no regulado por aquélla y, en este caso, tratándose de las causales de término de la relación laboral, el artículo 48 en su letra c) contempla expresamente el vencimiento del plazo del contrato.

A fojas 71, doña nombre reservado, Secretaria General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, informa que es efectivo que, a fines del mes de Diciembre de 2013, fueron cursadas notificaciones de no renovación de contratos de plazo fijo, a 13 funcionarios que se desempeñaban en los consultorios administrados por su representada, lo que se comunicó a través de cartas certificadas que fueron enviadas con el día 30 de Diciembre recién pasado y que posiblemente llegaron a sus destinatarios en las fechas que se indican en el recurso. Añade que en todos los casos la causal invocada fue el vencimiento del plazo convenido, la que se encuentra expresamente contemplada por el artículo 48 letra c) del Estatuto de Atención Primaria de Salud, Ley N° 19.378, siendo ésta la normativa aplicable en la especie.

Indica luego que actualmente existe una menor disponibilidad de recursos presupuestarios para la aludida Corporación, hecho que tiene su origen en dos situaciones:

· la disminución de la cantidad de beneficiarios validados a nivel comunal para los efectos de la percepción de la subvención denominada per cápita, la que, como se sabe, representa la mayor fuente de ingresos para el funcionamiento de los consultorios comunales, y precisamente la señalada baja tendrá un efecto estimado para el año 2014 del orden de los $234.000.000.-.

· el menor aporte municipal para el año 2014, del orden de los $200.000.000, que se suma a la baja de $100.000.000 ya efectuada en el curso del año 2013.

Como consecuencia de lo anterior, refiere que la deuda con sus proveedores se ha agravado, especialmente en el rubro de farmacia, lo que ha derivado en la obligación de maximizar los recursos humanos y materiales, además de adoptarse otras medidas de racionalización, tales como reorganización de algunas jornadas laborales y el cierre de algunos cargos que aparecen con funciones duplicadas. Y el hecho que estos ajustes afecten al personal contratado a plazo fijo, obedece a que precisamente es la propia ley la que da a estos contratos un carácter temporal o transitorio -lo que ha sido admitido por la parte recurrente en su libelo-, siendo mucho más complejo desvincular al personal titular.

Hace presente que en el recurso se alude a una persona de nombre nombre reservado, sin que exista un funcionario con dicho nombre entre las personas a quienes se ha invocado la causal de vencimiento del plazo.

A continuación se refiere, en particular, a los motivos en que se sustenta la desvinculación de cada uno de los funcionarios afectados, entre las cuales se encuentra la innecesariedad o duplicidad del cargo de operador de montacargas-ascensor, la baja de ingresos en el respectivo CESFAM, la rebaja de media jornada y la falta de financiamiento del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) por parte del Ministerio de Salud.

Argumenta la legalidad de la decisión adoptada, toda vez que los funcionarios contratados bajo la modalidad de plazo fijo no gozan del derecho a la estabilidad consagrado en el artículo 16 de la Ley N° 19.378 sólo para el personal titular. En consecuencia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 43 letra c) del mismo texto legal, las corporaciones municipales se encuentran facultadas para poner término a la relación laboral de los funcionarios contratados a plazo fijo una vez que se ha producido el término del plazo pactado en el respectivo contrato.

A mayor abundamiento, mediante el Ordinario № 6598/298 del año 1998, la Dirección del Trabajo –único ente con competencia legal para interpretar la normativa laboral- resolvió que los funcionarios que laboran para las corporaciones municipales en el ámbito de la atención primaria de salud no poseen la calidad de funcionarios públicos, lo que es refrendado porque los nombramientos del personal de salud primaria que labora para una corporación municipal no van a trámite de registro ante la Contraloría General de la República, organismo que tampoco interviene en las cuestiones sobre aplicación e interpretación de las normas estatutarias de dicho personal y sobre legalidad de los concursos públicos.

Por otra parte, también sostiene la inaplicabilidad de las normas sobre fuero electoral a los recurrentes, dado que se trata de una institución que sólo es aplicable a los funcionarios públicos, sin que proceda hacerla regir supletoriamente a su respecto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° inciso primero de la Ley N° 19.378, ya que esta norma sólo hace mención a la Ley N° 18.883. en este contexto, refiere que el artículo 156 de la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República tampoco se aplica al personal de salud de las corporaciones municipales, toda vez que el ente contralor no puede instruir sumarios en su contra.

En cuanto a la Circular N° 31 del Ministro de Hacienda, expresa que tal documento no fue distribuido ni a la Municipalidad de San Joaquín, ni a la Corporación que representa, por lo que mal pudo ser tenido en consideración al momento de adoptarse las decisiones impugnadas; es más, dicha autoridad no tiene potestad jerárquica sobre las municipalidades, y que éstas son corporaciones de derecho público, con patrimonio propio.

En lo relativo a los efectos que pueda producir la fecha de notificación de las desvinculaciones, señala que ésta en una materia de competencia de los Juzgados del Trabajo, conforme lo previsto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo. A su vez, las Cortes de Apelaciones sólo se han pronunciado en los casos en que se ha vulnerado un derecho indubitado y ello ha ocasionado un perjuicio reparable sólo por la vía de la acción de protección, lo que no ocurre en la especie, pues el término de los contratos se produjo por vencimiento del plazo convenido.

Precisa que tampoco es posible que algunos recurrentes, una vez informados de la no renovación de sus contratos, continuaran marcando el registro de asistencia, por cuanto después de dejar la respectiva constancia ante la Inspección del Trabajo, se deshabilitaron las claves del sistema informático pertinente a partir del día 02 de Enero recién pasado, de modo que dichos funcionarios, en caso alguno, continuaron prestando servicios con conocimiento o con la aquiescencia del empleador, sino que por el contrario, el empleador realizó acciones de orden administrativo concordantes con una situación de término de contrato al 31 de Diciembre de 2013. A mayor abundamiento, la propia Dirección del Trabajo ha señalado, mediante el Ordinario № 3658/218 del 19 de julio del año 1999, que las corporaciones municipales no están obligadas a dar aviso con una anticipación determinada al personal de salud primaria sujeto a contrato de plazo fijo, para que tenga efecto el término del contrato.

En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley que los actores estiman conculcada, señala que no existe un deber jurídico de considerar las calificaciones como mecanismo de selección de las personas a ser desvinculadas y el hecho de tener buenas calificaciones no impide al empleador invocar la causal de término que resulte procedente, todo lo cual evidencia que en este caso se ha aplicado correctamente lo dispuesto en los artículos 14 y 48 letra c) de la Ley N° 19.378.

En cuanto a la segunda garantía que se estima conculcada -la libertad de trabajo-, precisa que los casos que se han resuelto favorablemente por los Tribunales en esta materia, se refieren a discriminaciones ilegales, hipótesis que no concurre respecto de los actores, pues se trata de personas que han laborado para la Corporación durante varios años y que lamentablemente no tienen la titularidad en sus cargos, lo que se traduce en una situación de mayor precariedad laboral. Tampoco advierte de qué manera la llegada de un plazo, pueda transgredir dicha garantía constitucional.

Descarta finalmente la existencia de arbitrariedad en la decisión adoptada, toda vez que la Corporación no ha actuado por mero capricho al disponer la no renovación de los contratos de los 13 funcionarios, ya que tanto la causal de término invocada como el carácter transitorio de sus contratos eran conocidos por ellos desde el momento que suscribieron la documentación pertinente. Asimismo, para adoptar tal medida tuvieron en consideración razones de orden presupuestario, que condujeron a la racionalización de algunas jornadas de trabajo y a la supresión de cargos innecesarios, y otras razones de orden técnico dado el mal desempeño de algunos funcionarios, que obligó a reorganizar algunos equipos técnicos; todo lo cual se consultó con las direcciones de los consultorios a los que pertenecían y fue oportunamente informado a la comisión de salud del Honorable Concejo Municipal de San Joaquín, mediante carta de fecha 30 de Diciembre de 2013, en cumplimiento del acuerdo celebrado el día 03 del mismo mes y año con las asociaciones gremiales del personal no profesional, acuerdo en el cual expresamente la Corporación se comprometió a no adoptar represalias por el paro de actividades realizado por los funcionarios en el mes de Noviembre.

Por todo lo expuesto, la recurrida solicita el rechazo de la acción deducida en autos.

A fojas 107, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la Excma. Corte Suprema ha señalado que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición artículo 20 de la Carta Fundamental se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

Asimismo, que la acción que otorga la referida norma del artículo 20 de la Constitución Política de la República procura restablecer el imperio del derecho y asegurar la expedita protección al afectado sin perjuicio de los demás derechos que los sujetos implicados –recurrentes y recurridos-, puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, puesto que su evidente carácter cautelar supone se acredite la existencia de una necesidad de urgencia que así lo demande.

Segundo: Que apreciados los antecedentes de acuerdo a las reglas de la sana crítica permiten establecer los siguientes hechos:

1.- Los recurrentes nombre reservado y don nombre reservado a favor de los funcionarios doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado (debiendo decir nombre reservado, según contrato de trabajo allegado), doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, interpusieron la presente acción constitucional en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su Alcalde don Sergio Echeverría Gracía, y de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, representada por doña nombre reservado.

Tercero: Que los recurridos señalan que los días 2, 3, 6 y 8 de Enero del año en curso, se comunicó a los 13 funcionarios señalados la decisión de cesar los servicios que prestaban a contrata como personal de salud o a plazo fijo en el CESFAM Santa Teresa de los Andes y el CESFAM A. nombre reservado, ambos de la Comuna de San Joaquín, ya que estas acciones en su opinión vulneran las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 16 de la Constitución Política de la República y que en las fechas indicadas anteriormente los funcionarios señalados concurrieron a su lugar de trabajo colocando su huella digital para luego ser citados a la oficina en donde se les comunicó que se prescindiría de sus servicios a contrata y que al efecto se les había remitido carta de notificación de 30 de diciembre de 2013 a sus domicilios en que se les informa la desvinculación y contenía tres argumentos: que sus contratos eran a plazo fijo expiraban el 31 de Diciembre de 2013 y no serían renovados, que el ajuste de dotación no impedía que se pudiera solicitar sus servicios en el futuro y que sus cotizaciones se encontraba al día, a lo que los recurrentes argumentan que son funcionarios públicos que se les aplica la Ley N°19.378 relativa al Estatuto de Atención Primaria de Salud y en forma subsidiaria se le aplican las normas de la ley N° 18.883 sobre estatuto de los Funcionarios Municipales, normas que reconocen a los funcionarios de la salud como públicos y por lo tanto le rigen todas las normas estatutarias correspondientes y por lo tanto los cargos a contrata duran hasta el 31de Diciembre de cada año, salvo que se prorroguen, lo que habría ocurrido en la especie, ya que como se señaló los recurrentes restaron servicios los días 2, 3 7 y 8 de enero , por lo que el acto de desvinculación de cada uno de estos trabajadores infringe las normas de la Circular N° 31-2013 del Ministerio de Hacienda, dictamen 3994/162 de la Dirección del Trabajo respecto de las solicitud de pronunciamiento de efectuada por la propia Municipalidad de San Joaquín y artículos 156 y siguientes de la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República, normas que se infringieron por las recurridas y que afectan las garantías constitucionales invocadas.

Cuarto: Que como se expuso anteriormente, las recurridas rechazan los argumentos de las recurrentes manifestando que no son funcionarios municipales , puesto que la entidad que los contrató es la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, de modo que el Municipio no tiene relación alguna con sus contratos de trabajo y que el personal del área de salud tiene su propio estatuto que es el de la Ley N° 19.378 que establece el estatuto de Atención primaria de salud, por lo que no corresponde y si bien el de los funcionarios municipales se aplica de manera supletoria, sólo opera ante el silencio del primer estatuto referido , y en el presente caso el artículo 48 letra c de la Ley N° 19.378 contempla expresamente el vencimiento del plazo del contrato.

Quinto: Que por su parte la recurrida nombre reservado, Secretaria General de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, señaló que efectivamente en diciembre del 2013 fueron notificados los términos del contrato de trabajo de las recurrentes por tener uno a plazo fijo, lo que se comunicó a través de cartas certificadas las que fueron enviadas el 30 de diciembre del 2013 y que en todos los casos la causal invocada fue la del término del plazo convenido, la que se encuentra expresamente establecida en el artículo 48 letra c) de la ley N° 19.378.

Sexto: Que, acorde con lo anterior habrá que resolver si lo pretendido por las recurrentes guarda relación o es coincidente con el fin tutelar de la acción deducida, es decir, si de los antecedentes del recurso se constata una acción u omisión arbitraria o ilegal que devenga en una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que dicen amagadas o vulneradas los recurrentes.

Séptimo: Que sobre este segmento del recurso, resulta de manifiesto del estudio de los antecedentes que el acto impugnado en que se basa el arbitrio denunciado, consiste en que se les puso término a sus trabajos a pesar de que se habrían prorrogado aquellos por tratarse de empleados público, es decir, que efectivamente existió una prorrogación de los contratos de trabajo a plazo fijo de las recurrentes y que no haya existido una notificación del término de los servicios por parte de la recurrida.

Octavo: Que como consta de autos y no es posible soslayar, ya que no hay controversia en ese punto, que los recurrentes se vincularon con la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, en virtud de contratos a plazo fijo y que por lo tanto su vigencia o término queda regulada por la norma del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, estableciendo el término del contrato a plazo fijo, acuerdo de voluntades que tiene la esencia de ser temporal y que no cuenta con las características de un funcionario con cargo titular, ya que no ha existido concurso público previo al nombramiento y que establece una dotación permanente al contrario de la modalidad a plazo fijo.

Noveno: Que, en la especie, los recurrentes se incorporaron a la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín como funcionarios contratados a plazo fijo, por lo que no gozaban de estabilidad en el empleo, lo que fue siempre conocido por los recurrentes, desde el comienzo de la prestación de sus servicios.

Décimo: Que la calidad transitoria de los vínculos laborales de las recurrentes con la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, tanto para la contratación como para la desvinculación de los mismos, confirman la precariedad del vínculo contractual, en términos de estar en condiciones de exigir la mantención del estatus, al que se encontraban temporalmente adscritos y que no pueden desconocer.

Undécimo: Que, teniendo presente lo anterior, la decisión de no renovar los contratos a plazo fijo de las recurrentes, se ajusta a las facultades que la ley reconoce a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, conforme al artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378; y no son arbitrarias desde que además existen antecedentes objetivos para la no renovación de los vínculos laborales de las recurrentes con la recurrida, materia de la presente acción constitucional.

Duodécimo: Que como corolario de lo relacionado y considerado precedentemente, la presente acción constitucional no puede prosperar al no existir acto ilegal o arbitrario, por lo que no corresponde adoptar medida cautelar alguna por esta vía, sin perjuicio de otros derechos de las recurrentes.

Y visto el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre “Tramitación y Fallo del Recurso de Protección”, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y don nombre reservado a favor de los funcionarios doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su Alcalde don Sergio Echeverría García, y de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, representada por doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Stella Elgarrista Álvarez N° 31-2014.-PROT.

Pronunciada por los Ministros señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora María Carolina Catepillán Lobos y Abogado Integrante señor Nicolás Arrieta Concha.

En San Miguel, a ocho de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.