ALEJANDRO VARELA SAGREDO EN REPRESENTACION DE CARNES RV LIMITADA CONTRA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO CORDILLERA

Fojas 67/sesenta y siete En Santiago, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 15 don Alejandro Varela Sagredo, en representación de Carnes RV Limitada, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Ordinario N°568 de 20 de julio de 2016, que el fuera notificado el 28 de julio de 2016, que declaró extemporáneo su recurso de reconsideración administrativo, al no haber sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de la notificación de la Resolución N°1782/16/24, de 10 de mayo de 2016, que la sancionó con sendas multa equivalente a 10 y 9 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción a los artículos 21 del D.S. 40 de 1969 en relación con el artículo 184 y artículo 32 y 506 del Código del Trabajo.

Considera que con tal actuación se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Ordinario N° 568 de 20 de julio de 2016, ordenando al órgano administrativo conocer su solicitud de reconsideración de la resolución de multa N°1782/16/24 presentada por su parte.

Explica que con fecha 28 de junio de 2016, solicitó la reconsideración a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, la que la recurrida declaró extemporánea, mediante el Ordinario N° 568, porque “fue presentada fuera del plazo de treinta días de notificada la resolución de multa administrativa”, decisión que le fue notificada por medio de carta certificada el día 28 de julio de 2016.

Argumenta que lo resuelto por la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera constituye una actuación ilegal y arbitraria.

En cuanto a la ilegalidad afirma que la correcta interpretación de la ley es aplicar el plazo como de días hábiles, pues si bien el artículo 512 del Código del Trabajo no señala si el plazo es de días corridos o hábiles, se debe relacionar ese vacío con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado que establece que los plazos del procedimiento administrativo son de días hábiles (entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos). Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad, señala que el acto por el que recurre no tiene sustento fáctico ni jurídico valedero, más aún cuando la jurisprudencia judicial ha sido clara y tajante al respecto.

En cuanto a las garantías vulneradas, expone que la del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental se ve afectada pues impone una forma de cómputo del plazo que no es la que previó el legislador, siendo la ley igual para todas las personas. A su vez, respecto a la del artículo 19 N° 3 el derecho al debido proceso se ve lesionado, pues no se ha respetado el plazo legal para ejercer determinadas defensas o prerrogativas, privándolo de una defensa jurídica pertinente.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dar curso a la reconsideración en referencia.

A fojas 43, la abogada Edith Del Rosario Delgado Hinojosa, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera, informa el recurso de autos, solicitando su íntegro rechazo, con costas.

Sostiene que la acción cautelar se ha interpuesto en contra de tres ordinarios que rechazan una reconsideración administrativa de multa (sic), en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo y que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, por lo expuesto solicita se declare que el recurso incoado es improcedente.

En subsidio de lo anterior, argumenta que su representada actuó en ejercicio de sus facultades, limitándose a decidir en forma clara, precisa y determinada la solicitud de reconsideración administrativa de la multa, resolviendo que era inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo. Así, considera que el recurrente impugna el ordinario -legalmente pronunciado- por el solo hecho de ser desfavorable a sus intereses, utilizando un procedimiento impropio, pues debió impugnar lo resuelto ante el juez de fondo competente según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

De todo lo expresado, concluye que el recurso carece de objeto y causa, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder del Servicio.

Luego, en subsidio de los dos planteamientos esgrimidos, informa el recurso y señala que con fecha 10 de mayo de 2016, la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera cursó la Resolución de Multa N° 1782/16/24-1 y 2, notificadas de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, por medio de carta certificada con fecha 17 de mayo de 2016. Explica que, respecto de todas, el reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 28 de junio de 2016. Sin embargo, dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada "dentro del plazo de 30 días corridos de notificada", es decir a más tardar el día 16 de junio de 2016.

En atención a lo anteriormente expuesto, con fecha 20 de Julio de 2016, y mediante Ordinario N° 568, el Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, le comunicó a la recurrente que no se acogería a tramitación la solicitud de reconsideración, en atención a que ésta se habría presentado fuera del plazo.

En lo que hace a las garantías que sustentan la acción de protección afirma que la Dirección del Trabajo no privó, perturbó ni amenazó los derechos del actor y, para sustentar sus aseveraciones, cita variados dictámenes de la Contraloría General de la República que darían al plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo el carácter de días corridos.

Finaliza solicitando el completo rechazo del recurso de protección incoado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se ha amagado los derechos garantizados en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Tercero: Que la recurrente acompañó los siguientes documentos:

a) Copia de la resolución de multa N°1782/16/24 de 10 de mayo de 2016.

b) Copia del Ord N°568 de 20 de julio de 2016 de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera.

c) Copia del recurso de reconsideración de 28 de junio de 2016.

Por su parte la recurrida acompañó los mismos instrumentos.

Cuarto: Que por la presente acción cautelar, la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, que estima arbitraria e ilegal, por la que se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Sexto: Que como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en los autos Roles N° 8384-2014 y 18414-2015, entre otros, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Ello se explica porque se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 28 de junio de 2016, por lo que el mismo fue deducido dentro del plazo aludido en el considerando anterior, desde que la resolución impugnada le fue notificada el día 17 de mayo del mismo año.

Octavo: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio.

En atención a dichas consideraciones y lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido en lo principal de fojas 15 por el abogado don Alejandro Varela Sagredo, en representación de Carnes RV Limitada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N°568 de veinte de julio del año en curso, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente, respecto de la Resolución de Multa N°1782/16/24, de 10 de mayo de 2016.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROL N°3086-2016-pro.

Redacción de la ministra señora Lazen.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros señor José Ismael Contreras Pérez, señora Claudia Lazen Manzur y abogado integrante señor Carlos Espinoza Vidal.

En Santiago, treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.